Publicado originalmente en Revista Cuestiones de Sociología Nº9, 2013. ISSN 2346-8904
A tres décadas de la recuperación democrática en la Argentina y de la cristalización de otros procesos de transición a la democracia en América Latina, este número especial de la Revista Cuestiones de Sociología está orientado a reflexionar críticamente sobre diferentes debates y conflictos acaecidos a lo largo de estos treinta años en nuestro país. En tal sentido, formulamos las siguientes preguntas a un conjunto de sociólogos destacados de nuestros medio.
Consolidación de la autoridad civil sobre el poder militar. Fue un proceso de avances y retrocesos que se extendió a lo largo de veinte de estos treinta años y culminó exitosamente con la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final; y, simbólicamente, con el jefe del Ejército ejecutando personalmente la orden presidencial de descolgar los retratos de Videla y Bignone en el Colegio Militar. Asimismo son destacables la separación de las funciones y responsabilidades en materia de defensa nacional (FF.AA.) y seguridad interior (fuerzas policiales y de seguridad), y el desarrollo de las respectivas doctrinas y estrategias de defensa y seguridad. En este último punto, destaco el desarrollo de enfoques de seguridad ciudadana y de involucramiento participativo de actores de la sociedad civil, que relativizan el tradicional monopolio del saber alegado por las fuerzas de seguridad. Durante gran parte del siglo pasado, el poder militar, lejos de ser “el brazo armado de la Constitución”, fue el instrumento político de los grupos de poder económico más concentrados y mejor articulados con el exterior, y de la defensa de intereses corporativos. El modo en que se procesó la crisis de fines de 2001, y sobre todo la intensa polarización social en el invierno de 2008, demuestran que treinta años de democracia con todas sus limitaciones, han conseguido ubicar al poder militar dentro del marco institucional adoptado por el pueblo argentino. Al mismo tiempo, acontecimientos como los del Parque Indoamericano y tropelías similares en varias provincias indican la complejidad del camino que se está transitando.
Ampliación de la agenda democrática: Se observan tanto en el aspecto normativo-constitucional y legal como en la efectivización de un arco amplio de derechos de “segunda” y “tercera” generación, como también la recuperación de derechos de “primera” generación (sociolaborales) arrasados por la dictadura y puestos en suspenso por los experimentos neoliberales. Debo destacar que los referidos retrocesos en materia de derechos sociales y laborales tuvieron lugar con plena vigencia de las instituciones democráticas. En general, en estos treinta años hemos retomado, también aquí con alzas y bajas, la “historia larga” de las luchas populares por una democracia de eficacia social, en la que el principio del gobierno de la mayoría se efectivice en la capacidad de transformación de la realidad en un sentido de progreso, de acuerdo a las demandas de amplios sectores de la población. Es, en este sentido, una democracia expansiva y de transformación social, y por lo tanto también de conflictividadsocial y política, porque reformar la realidad supone enfrentarse a quienes se benefician dejando las cosas como están. Todo esto, a la manera de una democracia capitalista; vale decir, compitiendo cada dos años por el voto ciudadano y avanzando en la toma de decisiones y en la gestión pública en medio de las múltiples restricciones derivadas de las delimitaciones paramétricas de los poderes fácticos hegemónicos y sus articulaciones internacionales.
El protagonismo de los movimientos puede ser visto como una consecuencia no querida de los experimentos neoliberales. Tradicionalmente, “lo social” en la política argentina giraba en torno a las organizaciones sindicales, contrapartida de las políticas estatales. La ilegalización y la represión durante la dictadura, la desestructuración del mercado de trabajo, la desindustrialización y el deterioro del mercado interno minaron las bases y la eficacia reivindicativa de las principales organizaciones sindicales, o directamente condujeron a su desaparición, como fue el caso de grandes sindicatos vinculados a empresas estatales que fueron privatizadas. La “cuestión social” se trasladó de la fábrica al barrio y a la ruta, con modificaciones profundas en las estrategias, los actores y las proyecciones.
La recuperación económica de la última década trajo de vuelta la “cuestión social” a los centros de trabajo y a sus organizaciones específicas. La recuperación del empleo –incluyendo el empleo “en negro”- reubicó el centro del conflicto social en el mercado de trabajo: la discusión colectiva del contrato de trabajo y asuntos conexos. Se recuperó el poder de negociación sindical a la par que se crearon condiciones para el cuestionamiento, en nombre de mayor democratización, o de especificidades técnico-laborales, de los estilos y protagonistas tradicionales del sindicalismo; así como se creó un amplio espacio para la regulación estatal de las relaciones capital-trabajo y la ampliación de la agenda de políticas públicas que retomó muchas de las demandas sociales al tiempo que relevó de su carga financiera al mundo empresarial.
Los partidos políticos mayoritarios se desenvolvieron con dificultad en este proceso: por lealtad o disciplina hacia los gobiernos a cuya elección habían contribuido o por desorientación ideológica; la aceptación de la consigna “no hay alternativas” los desarmó frente a la implacable dialéctica social. La “nueva cuestión social” con su demanda ampliada de derechos económicos, sociales y culturales creó tensiones y alimentó crisis y divisiones internas, y también la formación de nuevas denominaciones de suerte electoral variada. Al mismo tiempo, la colaboración de partidos de convocatoria electoral mayoritaria, como el justicialismo y el radicalismo, y otros de creación más reciente, como el Frepaso, con el proyecto neoliberal, condujo a que la caída del gobierno que lo impulsó arrastrara consigo a los partidos que lo sustentaron. Los pequeños partidos de izquierda, normalmente más atentos a la dinámica del conflicto social, no han sabido hasta ahora acumular fuerza electoral a partir de las nuevas configuraciones. En resumen: desaparecida o reducida la mediación partidaria, se reabrió la posibilidad, o la necesidad según se miren las cosas, de una vinculación directa entre los actores sociales y el poder político ejercido desde el gobierno.
La experiencia de estos 30 años muestra las resistencias levantadas por los poderes fácticos a un avance de la democracia que ponga en riesgo las bases de su poder: la concentración económica, financiera y comunicacional, la preservación de desigualdades sociales. Como en otros momentos del pasado, Argentina parece encontrarse hoy en un momento en que, para preservar el desarrollo democrático alcanzado y proyectarlo hacia adelante, resulta inevitable meterles el diente a esas restricciones que son, en el fondo, estructurales, en cuanto expresan la persistencia del tipo de capitalismo excluyente que, inevitablemente, conduce a la profundización del empobrecimiento y la injusticia social, a la heteronomía nacional y la desarticulación regional, con lo que erosiona las bases de legitimidad del sistema democrático. Los debates actuales acerca del poder judicial o de la concentración de la propiedad de los medios de comunicación masiva ilustra sobre el punto que ha alcanzado la fuerza expansiva de nuestra democracia como también sobre las dificultades y conflictos que se suscitan en torno a la posibilidad o la necesidad de proyectarla hacia ámbitos mantenidos, hasta ahora, ajenos a la participación y el control de los ciudadanos. Es decir, el conflicto entre la preservación de los rasgos estructurales de un capitalismo que aún mantiene fuertes continuidades con el heredado de la dictadura y profundizado en la década de 1990, y la necesidad de desmontar esas restricciones como condición para la consolidación de lo conseguido y la expansión democrática hacia nuevos planos y dimensiones de la vida en común.
