Introducción

 

La década de 1980 comenzó en Nicaragua alentada por las esperanzas de cambio social, democratización amplia y  consolidación nacional que constituían los elementos centrales del proyecto revolucionario sandinista; se desenvolvió en medio de las tensiones desgarradoras de la guerra contrarrevolucionaria, la agresión externa y la peor crisis económica de su historia que además reflejaba el impacto de la crisis regional centroamericana; concluyó con un episodio electoral cuyo resultado no entraba en los cálculos de casi nadie, y cuyos alcances recién ahora comienzan a entreverse. La valoración de una década tal, en la que hubo prácticamente de todo, no es sencilla.

 

Nicaragua compartió muchas de las peripecias del decenio con el resto de las sociedades del istmo, y presentó no menos importantes particularidades. La más notoria de éstas fue, obviamente, la revolución. En la década de 1980 Nicaragua fue un país en revolución y, más exactamente, una sociedad con un régimen revolucionario gobernante. Esto no sólo tiñe con tonalidades específicas la década y diferencia a Nicaragua del resto de Centroamérica, sino que afecta la perspectiva de los observadores y analistas. Sea que se esté a favor o en contra, que se le observe con entusiasmo o con reprobación, siempre se espera mucho más de un régimen revolucionario que de un régimen "normal". Las exigencias y expectativas son mayores. En los hechos esto significa perder la perspectiva histórica, aceptando como criterio de análisis los términos imperativos y las urgencias de los actores. Se limita de esta manera la capacidad analítica del investigador y se reduce la utilidad del análisis para los propios actores.

 

La revolución sandinista inspiró una literatura abundante

aunque de calidad desigual. Los análisis sustentados en el instrumental de las ciencias sociales, que trataron de alcanzar una perspectiva balanceada, se combinaron con textos suscitados por la necesidad de enfatizar la solidaridad con un país brutalmente agredido por los Estados Unidos. La apertura de las fronteras de Nicaragua a todo el que quisiera llegar a ver las cosas por sí mismo creó condiciones para millares de visitas cortas que dieron lugar a innumerables artículos, folletos y libros. Pero la cantidad no se convirtió en calidad, y con frecuencia la premura de la solidaridad, o el interés en figurar en las bibliografías sobre el tema, inhibieron un análisis más realista y objetivo de un proceso extremadamente complejo y plagado de especificidades, como en el fondo son todos los procesos revolucionarios.

 

El resultado fue el predominio cuantitativo de la literatura de combate --de solidaridad, denuncia, exaltación o denuesto. Todos tomamos partido, incluso los que entendimos que había que mantener la calma. Eso no fue ni bueno ni malo: fue inevitable, especialmente en los que nos formamos en la tradición de las ciencias sociales de América Latina. Pero es indiscutible que muchos de los estudios así producidos carecen de valor para entender las cosas que pasaron, y frecuentemente tampoco fueron de utilidad para prevenir errores, o ayudar a enmendarlos. Parte de la sorpresa ante los resultados electorales de 1990 tiene que ver con este desarme conceptual a que condujo una mala literatura de trinchera --muchas veces escrita desde bien lejos de la trinchera.

 

La coincidencia temporal de la derrota electoral del sandinismo con el colapso del socialismo de estado en Europa del Este y la crisis soviética, permitió presentar los sucesos de Nicaragua como pertenecientes al mismo conjunto de significado, o por lo menos como parte de un mismo proceso universal hacia la democratización i --apoyado esto último por el discurso autocomplaciente de algunos dirigentes sandinistas. No obstante, cualquier observador que haya podido mantenerse a salvo de la oleada de oportunismo y pensamiento vulgar que campea en los análisis más socorridos de la problemática contemporánea podrá advertir que estamos en presencia de situaciones totalmente diferentes. Salvo los intentos de entablar amplias relaciones diplomáticas, comerciales y culturales con los países del CAME, nada hay en el presente y en el pasado reciente de Nicaragua --en su estructura socioeconómica, en sus procesos políticos, en la configuración de sus clases sociales, en la cultura popular-- que tenga algo que ver con el "socialismo real". Y en lo que toca a la orientación del proceso nicaragüense, la existencia de una "transición al socialismo" siempre fue una hipótesis de verificación cuestionable en Nicaragua. ii

 

En un penetrante ensayo, Eric Hobsbawm advierte que el estudio de las revoluciones no debe ser separado del estudio de los periodos específicos en que ellas ocurren, ni del periodo en que el académico las estudia, incluyendo los sesgos personales del investigador. iii Lo primero permite ubicar a las revoluciones como parte de procesos de cambio macrohistórico, como momentos de ruptura de sistemas que se encuentran bajo tensiones crecientes. Lo segundo hace posible identificar los ingredientes del plexo valorativo del investigador que están presentes en su análisis de un fenómeno tan tensionador como es una revolución.

 

En lo que respecta a lo primero, la revolución sandinista se inscribe en la etapa más reciente del proceso de cambio estructural de la sociedad nicaragüense y centroamericana, cuyos inicios suelen ubicarse a principios de la década de 1950. La rápida y amplia transformación de Nicaragua impulsada por la modernización capitalista alteró las condiciones de vida de amplios sectores de población. La valoración de los logros y las limitaciones de la década sandinista debe llevarse a cabo en un permanente contrapunto con este contexto más amplio y de más prolongado desenvolvimiento. En lo que toca al segundo punto, en el desarrollo del presente ensayo voy a apoyarme en buena medida en mis trabajos anteriores sobre Nicaragua y la revolución sandinista. Primero, porque considero que los análisis y enfoques practicados en ellos mantienen validez y, en particular, reflejan los diferentes momentos y giros en el desarrollo del régimen revolucionario; segundo, porque constituyen una parte importante de la bibliografía científica más consultada sobre el tema. iv Esos trabajos reflejan asimismo el contacto estrecho que mantuve durante toda la década de 1980 con Nicaragua y mis "sesgos personales", a los que trato de mantenerme fiel. Estudié la revolución sandinista y reflexioné sobre ella; pero por sobre todo, la viví, en cada uno de sus días. En principio ello no me pone en mejores condiciones que a otros colegas con un contacto más esporádico, o distante; me ubica, sin embargo, en condiciones diferentes --pero que son semejantes a las de los colegas con quienes compartí esa experiencia única--, y estoy convencido que las perspectivas y valoraciones que contienen mis estudios y que difieren de las de otros, obedecen a esas condiciones distintas. No fuí a Nicaragua por una motivación intelectual --analizar un proceso de transformación social--, o por una opción laboral o profesional. Fuí a Nicaragua porque había una revolución, y por factores que tienen que ver con una historia personal. Lo demás, vino por añadidura.

 

Uno de los temas más escabrosos en el estudio de un proceso revolucionario es el que se refiere al saldo o balance del mismo. La dificultad se deriva de que ello implica asumir que la revolución terminó, o que por lo menos se cerró una etapa de ella. Ahora bien, la literatura es más generosa en estudios sobre los orígenes, condiciones e incluso precondiciones de un proceso revolucionario, que sobre la finalización del mismo y, en particular, sobre la terminación de los procesos revolucionarios exitosos. Esto último puede parecer un contrasentido: ¿cómo afirmar que ha concluído una revolución exitosa? Pero el contrasentido no es tal si aceptamos que una revolución es mucho más que el momento insurreccional de "toma del poder", y que en definitiva éste es un ingrediente de un proceso de transformación socioeconómica, política y cultural más amplio y prolongado. En esta introducción no voy a intentar resolver esta cuestión, pero quiero señalarla para fundamentar el carácter preliminar de muchas de las valoraciones que se formularán en el cuerpo del ensayo, en particular las que tienen que ver con el período más inmediato que se abrió tras las elecciones del 25 de febrero de 1990.

 

El esquema adoptado en el presente trabajo es sencillo. En el capítulo I se presta atención a la cuestión económica y a los esfuerzos de transformación y desarrollo en ese ámbito, a los factores que detonaron la crisis y a las dimensiones y proyecciones de ésta. La exposición atiende tanto a la dimensión estructural como a las principales estrategias y políticas aplicadas en el período. Dada la relevancia del sector agropecuario en la economía y el desarrollo social de Nicaragua, la exposición presta atención especial al mismo. El capítulo II enfoca el desenvolvimiento del proceso de democratización y cambio político tal como fue concebido inicialmente por el sandinismo y como adquirió efectiva y progresiva concreción. El capítulo presta atención asimismo al proceso de edificación institucional que constituyó una de las dimensiones más visibles de la democratización sandinista. El capítulo III discute cuestiones referidas a los alcances y limitaciones de la experiencia sandinista de gobierno: el último capítulo sugiere algunos desarrollos posibles a partir de la valoración de la década y de los acontecimientos recientes, internos e internacionales. El texto se cierra con

 

 

I

La economía: Reactivación, transformación y crisis

 

1. Características generales de la economía . v

Durante la década de 1980 el comportamiento de la economía nicaragüense fue negativo. El país reprodujo el patrón regional de recesión y crisis, pero con registros mucho más agudos, en la medida que a los factores estrictamente económicos se sumó la incidencia de los que derivaron del conflicto político y militar. El cuadro 1 compara la situación de Nicaragua con la de Centroamérica y pone de relieve la situación particularmente crítica del país.

 

Las cifras de la década expresan la gravitación negativa de la segunda mitad del decenio; se advierte en el cuadro 2 el contraste entre la reactivación de los años iniciales con el periodo de profundo y generalizado desajuste de los años finales de la década. El periodo inicial 1980-83 muestra una modesta pero efectiva reactivación de la economía, basada ante todo en el ingreso de fondos externos y en el uso extensivo de los factores: crecimiento del empleo de la fuerza de trabajo, elevación del nivel de ocupación de la capacidad instalada, recuperación de las superficies sembradas. El quiebre de 1982 anuncia el inicio de una nueva etapa, signada por el deterioro de la situación económica internacional y regional, y la crisis del endeudamiento externo. Sin perjuicio de sus limitaciones, la reactivación del periodo inicial del régimen sandinista contrasta con el descalabro de los años finales. En éstos la caída del producto se sumó a un acelerado deterioro de las cuentas externas, al desborde de las presiones inflacionarias y a una ingobernabilidad generalizada de la economía. Entre 1987 y 1989 el PIB por habitante acumuló un deterioro de 24%; entre 1985 y 1989 el balance comercial acumuló un saldo negativo de $ 2,478.1 millones, y un saldo negativo en la balanza de la cuenta corriente de $ 3,668.5 millones.

 

La tasa de cambio oficial se mantuvo fija durante varios años, distanciándose de manera creciente y acelerada de la tasa de cambio del mercado (paralelo). Desde inicios de 1988 fue sometida a reajustes que redujeron la brecha aunque sin alcanzar de manera estable la unificación cambiaria. Después que la reforma monetaria de febrero 1988 fijó el tipo de cambio oficial en 10 córdobas por 1 dolar USA, varias devaluaciones llevaron la relación a 80:1 (junio 1988), 180:1 (agosto), 320:1 (octubre), 920:1 (noviembre); 2,300:1 (enero 1989), 4,200:1 (febrero), 5,600:1 (marzo), 6,700:1 (abril), 7,400:1 (mayo) y 20,000:1 (junio); reajustes de menor magnitud llevaron el tipo oficial a 32,950 córdobas por dolar en diciembre 1989. Estas modificaciones provocaron, entre otros efectos, la desaparición del mercado negro de divisas. A mediados de noviembre 1989 se reajustó el tipo de cambio paralelo, que subió a 43,000 córdobas por dolar, 30% superior al oficial.

 

El índice de precios al consumidor creció 33,602% durante 1988, frente a 747.4% en 1986 y 1,347% en 1987; como efecto de las reorientaciones de política adoptadas durante 1989, ese año el índice de precios aumentó 1,690%, un valor elevado pero muy modesto en comparación al registrado en 1988. El nivel del salario real cayó de un índice 29.2 en febrero 1988 (con relación a 1980 = 100) a un índice 6.5 en junio y a 1 en diciembre del mismo año, e inicio una modesta recuperación en 1989. vi

 

El presupuesto del gobierno se redujo ligeramente en el último trienio como efecto de la política de contención del gasto público: $ 1,142 millones en 1986, $ 1,066.9 millones en 1987; $ 1,009.8 millones en 1988. Incidieron en la modestia de los recortes varios factores: mantenimiento del esfuerzo de guerra (en 1987 el presupuesto militar representó más de 40% de los gastos totales), resistencias a la eliminación de los subsidios y mayor compresión del gasto corriente por el impacto social previsible de estas medidas (el promedio de gasto por habitante en 1987 fue de 313 dólares, y 297 dólares en 1988), y la necesidad de acudir en auxilio de las víctimas del huracán Joan, reparación de infraestructura economica y social, etc. La disciplina fiscal se relajó asimismo hacia finales de 1989, en el marco de la campaña electoral.

 

El déficit fiscal, que en 1984 había alcanzado a 24.5% del PIB y a 23.3% en 1985, se redujo a 17.6% y a 16.6% en 1986 y 1987 respectivamente, y trepó a casi 25% en 1988 pese al programa de ajuste que comenzó a ejecutarse en junio de este año. Influyeron en esta situación la reducida contención del gasto público y una caída de 31.4% de los ingresos totales del gobierno respecto de 1987, principalmente como resultado del impacto recesivo del ajuste. La presión tributaria en 1988 fue 21.4% del PIB y de alrededor de 20% en 1989. En 1989 se consiguió una drástica reducción del déficit fiscal, que bajó a 5% del PIB, en un recorte sin paralelo en la economía latinoamericana.

 

La deuda externa total desembolsada sumó en 1989 entre $ 7,400 millones y $ 8,080 millones (según los diferentes métodos de cálculo), equivalente a alrededor $ 2,300 p.h., una de las relaciones deuda/habitante más altas del hemisferio. Nicaragua  efectuó hacia finales de la década pequeños pagos que le  permitieron mantener una relación abierta con los acreedores, a pesar de una mora que ya a fines de 1986 llegaba a $ 1,600 millones --en su mayor parte con acreedores oficiales bilaterales. Durante 1986 la relación deuda pagada/exportaciones fue 14.9%, y en 1987 subió a 15.4%. La vulneranilidad de Nicaragua en lo que toca a su endeudamiento externo se revelaba en que la cotización de su deuda en el mercado secundario era en 1989 solamente 1% del valor nominal. vii

 

Factores diversos, referidos tanto a las condiciones económicas y extraeconómicas internas, como al escenario internacional, redujeron el acceso de Nicaragua a divisas de libre convertibilidad y lo rodearon de condiciones onerosas; los fondos usualmente disponibles de organismos multilaterales quedaron bloqueados como resultado del enfrentamiento del gobierno de Estados Unidos, y de moras en los reembolsos. Entre 1985 y 1987 la disponibilidad de reservas internacionales brutas del Banco Central bajó de $ 126.2 millones a 51.9 millones.

 

Esta situación contrasta con el acceso amplio a recursos externos de inicios de la década. En el bienio 1980-81 ingresaron $ 1,500 millones en concepto de financiamiento y cooperación externas en condiciones blandas; esto permitió emprender políticas expansivas que debieron ser reformuladas a partir de fines de 1982 cuando la captación de recursos externos comenzó a deteriorarse. Desde 1984-85 se recurrió de manera creciente a endeudamiento bilateral y a un mayor énfasis en fuentes del área del hoy desaparecido CAME (Consejo de Ayuda Mutua Económica), esto último en detrimento de la disponibilidad de divisas de libre convertibilidad. El monto de la cooperación externa total recibida por Nicaragua entre 1980 y 1987 ha sido estimado entre $ 4,500 millones y $ 5,500 millones, viii aunque la transferencia neta de recursos fue considerablemente menor: $ 2,381.4 millones (periodo 1980-86) a causa de la fuerte incidencia del financiamiento de exportaciones y otras modalidades de créditos atados. ix De la suma global, $ 2,000 millones corresponden a la cooperación proveniente de la URSS (excluyendo ayuda militar), y posiblemente otro tanto al resto del CAME --Cuba, RDA y Bulgaria sobre todo.

 

La eficacia del uso de esta cooperación no se considera óptima, por varios motivos: proyectos de formulación técnica, priorización y viabilidad cuestionables; cuellos de botella en los mecanismos administrativos de asignación de los recursos; reducida adaptabilidad de algunas componentes a las características locales; demoras e ineficiencias en los trámites del sistema financiero y en los puertos. Se ha señalado que el alto componente de créditos bilaterales para financiamiento de importaciones del país concedente ha incrementó los déficit de balanza comercial y el endeudamiento externo de Nicaragua, reduciendo el impacto de la cooperación sobre la integración de la estructura productiva local y su efecto multiplicador sobre el empleo y la producción domésticos, cerrando el paso a alternativas más eficientes. Sin negar su contribución a la superación de varios problemas agudos, se ha evaluado que en muchos casos la cooperación externa ha operado como un mecanismo de importación subsidiada de maquinaria y equipo, con impacto reducido en el desarrollo de capacidades locales.

 

2. Estructura de la producción.

La economía de Nicaragua mantiene una fuerte vocación  agropecuaria en la producción, el empleo y las exportaciones. Durante la segunda mitad de la década que se analiza el sector agropecuario aportó 22.2% promedio del PIB (14.5% agricultura y 7.5% pecuario); industria manufacturera 25.1%, construcción 3.4%, otros sectores productivos (caza, pesca, minería y silvicultura) 1.2%, y sector terciario 48.1%. La participación del sector agropecuario es menor que la del manufacturero, pero una alta proporción de éste proviene del procesamiento de insumos agropecuarios. En ese mismo lapso 41.5% promedio del VBP industrial fue generado por las agroindustrias de alimentación, bebidas y tabaco. El sector agropecuario ocupó un tercio de la PEA total (29.1% en 1985, 32% en 1986 y 1987, 33-34% en 1988 y 1989). En 1985-88 71% del valor fob de las exportaciones fue generado por algodón, café, azucar de caña y carne.

 

El predominio del sector agropecuario se acentuó en la década de 1980 como resultado combinado de la estrategia de desarrollo del gobierno sandinista y del impacto de los desajustes internos y la crisis externa sobre el sector manufacturero --en particular la escasez de divisas y la desarticulación del mercado centroamericano. El coeficiente de inversiones se mantuvo encima del 20% del PIB, superior al del resto de las economías de la región. Las inversiones privilegiaron al sector agropecuario; la tasa de inversión fija del sector fue 31.6% en el periodo 1980-85, frente a 8.5% en 1970-78. Pero el alto nivel de inversión de capital no parece haber impactado significativamente, a nivel agregado, en los niveles del producto agropecuario o de las exportaciones, que permanecieron en registros inferiores a los de la década anterior.

 

El mantenimiento de una alta tasa de inversiones fue posible gracias al acceso a la cooperación externa, con énfasis en la importación de materias primas, bienes intermedios y de capital; este sesgo reforzó tendencias históricas de la economía a una fuerte dependencia de las importaciones y presionó sobre la balanza de pagos y el endeudamiento externo: un modelo económico exportador es, al mismo tiempo, un modelo económico importador. El coeficiente de importación directa de insumos para la producción es alto tanto en la producción de exportables como en la de consumo doméstico. La producción de algodón demanda entre $ 45 y $ 50 de insumos directos importados por quintal limpio ("quintal oro"), y el café entre $ 25 y $ 30. En frijol la demanda directa de importaciones fluctúa entre 22% y 36% según los niveles de tecnificación, en maíz entre 23 y 41%, en arroz entre 15% y 31%, en sorgo entre 35% y 40%. x

 

Las transformaciones políticas acaecidas desde 1979 afectaron la distribución de la producción y el empleo por área de propiedad. En 1984 el sector estatal (Area de Propiedad del Pueblo) representaba casi 49% del PIB, la producción privada grande y mediana 26%, y la pequeña producción privada, y el sector cooperativo, 25%. El área estatal en el sector agropecuario abarcaba 24.4% de la producción y 17% de la superficie, la propiedad privada grande y mediana 46% de la producción y 45% de la tierra, y la propiedad pequeña y cooperativa 29.6% y 39% de producción y superficie respectivamente. Con posterioridad a 1985 la reorientación de la estrategia de desarrollo agropecuario modificó estas relaciones a expensas del sector estatal y de la gran producción privada; en 1988 la superficie en poder de la gran empresa capitalista (fincas de más de 500 manzanas) se había reducido a 6% del total, y a 12% la tierra ocupada por fincas estatales (vid. cuadro 3).

 

Los cambios en el régimen jurídico de la propiedad de las empresas fueron amplios, pero no alcanzaron a generar transformaciones de magnitud equivalente en el plano productivo. A pesar del énfasis de las politicas de desarrollo agrario en la agroexportación, el balance entre la superficie destinada a la producción de granos básicos (maíz, frijoles y arroz) dirigida al consumo interno, y la destinada a la agroexportación (algodón, café y caña de azúcar) se mantuvo relativamente estable, y tendió a favorecer más a la producción para el mercado interno hacia finales de la década. xi

 

3. La situación macroeconómica en perspectiva.

La década de 1980 se recorta, en sus continuidades y en sus rupturas, en el movimiento de largo plazo de la economía nicaragüense. El choque petrolero de 1973 afectó las economías centroamericanas incrementando los costos de producción y desacelerando los ritmos de crecimiento del producto. Nicaragua no fue ajena a esta situación, pero el impacto fue amortiguado por el terremoto de Managua (diciembre 1972); las actividades de reconstrucción y el ingreso de fondos externos con tal fin crearon condiciones para una cierta reactivación de la economía, particularmente en la construcción y actividades conexas.

 

Entre 1973 y 1977 el PIB p.h. acumuló un crecimiento de 8.1% y alcanzó en 1976 el valor más alto desde que existen registros ($ 1,233). En el mismo lapso el valor de las exportaciones casi se duplicó; en 1977 sumó $ 636.8 millones, que sigue siendo una cifra récord. El dinamismo corrió sobre todo por cuenta de las exportaciones no tradicionales --sobre todo las de origen industrial-- frente a un comportamiento más pausado de los rubros tradicionales. No obstante se mantuvo el carácter de importador neto del sector manufacturero, frente al caracter de exportador neto del sector agropecuario. xii El estado desarrolló una política económica conservadora, con escasa participación directa en la generación del producto y el empleo. La capacidad de movilización del ahorro interno era reducida; en 1975 el coeficiente de tributación era 10.6%, el más bajo de Centroamérica a excepción de Guatemala. El índice general de precios creció durante todo el periodo a un ritmo promedio de 12.2%, pero el índice de precios de alimentos, bebidas y tabaco lo hizo arriba del 16% promedio anual.

 

El manejo del sector externo fue relativamente cómodo hasta 1978. Entre 1973 y 1977 los saldos negativos de la cuenta corriente permanecieron debajo del 12% del PIB (salvo 1974) y se mantuvo un tipo de cambio realista; no hubieron intentos de controlar las importaciones, salvo a través de una política monetaria cautelosa y del manejo restrictivo del déficit. Sin embargo el endeudamiento externo, que se había mantenido en niveles relativamente bajos hasta principios de la década, pasó de $ 589.4 millones en 1975 a $ 864 en 1977, y a $ 961.4 millones en 1978, sin impacto significativo en la infraestructura económica y social.

 

El estilo de crecimiento fue socialmente discriminador, con marcada concentración de los ingresos, el bienestar y el progreso técnico. En 1977 el 20% superior de la población percibía 60% de los ingresos y el 50% inferior solamente 15%; el ingreso medio anual del 5% superior ($ 5,409 per cápita) era casi 19 veces más alto que el del 50% inferior ($ 299 per cápita). En 1980 61.5% de la población total se encontraba en estado de pobreza, y 80% de la población rural.

 

Esta situación, y el carácter fuertemente autoritario del régimen político, crearon condiciones para el éxito del FSLN en derrocar al gobierno de Anastasio Somoza. La lucha revolucionaria tuvo un impacto fuerte en la economía. El PIB p.h. cayó 10.2% en 1978 y 27.9% en 1979 para alcanzar un valor de $ 777 en dólares corrientes; la actividad económica se desarticuló. Las pérdidas materiales sumaron $ 480 millones, más $ 1,500 millones fugados al exterior --en conjunto, casi el PIB de un año. xiii

Los esfuerzos por recuperar los niveles precedentes de actividad económica han sido infructuosos, aunque durante el bienio 1980-81 el PIB p.h. creció moderadamente (vid cuadro 2) y se ejecutaron acciones orientadas a mejorar la calidad de vida de los grupos de ingresos más bajos.

 

Múltiples factores incidieron en la reversión de las tendencias reactivadoras de la economía a partir de 1984-85. Entre los factores externos cabe señalar la caída de más de 50% del poder de compra de las exportaciones, y el impacto de la crisis política regional y del deterioro de las relaciones con Estados Unidos sobre el sector externo y la matriz de producción. Una estimación gruesa del impacto del conflicto sobre la economía de Nicaragua lo cifra en unos $ 12,000 millones, sin contar los efectos de la asignación de casi 25% de la PEA y de más de 40% del presupuesto de gastos a la defensa, y el tensionamiento general del ritmo y nivel de actividad: reorientación del intercambio comercial hacia el CAME, cambios en los paquetes tecnológicos, reasentamiento de masas importantes de población, etc. Entre los factores internos destacan el desfase temporal entre la puesta en fucionamiento de nuevos esquemas y estructuras sociales y de producción, y el rápido deterioro de las preexistentes; el desenvolvimiento de una política de gastos sin contrapartida adecuada en los niveles de producción y el incremento de la productividad; la subestimación de la vulnerabilidad de la estrategia de desarrollo de largo plazo y fuertes inversiones en el sector estatal, ante la agudización del conflicto, la relativa rigidez de la oferta local de recursos, y las dificultades crecientes del acceso a financiamiento externo. La aplicación de programas de ajuste desde junio 1988, sin acceso a fondos externos de corto plazo, reforzó los factores recesivos y contribuyó a una creciente sobrevaluación del tipo de cambio, forzando a una política de fuertes devaluaciones que incrementaban los costos internos de producción, presionaron sobre el ritmo inflacionario, y deterioraron adicionalmente el nivel de la oferta.

 

4. Las políticas de desarrollo.

Pueden identificarse cuatro etapas en su desenvolvimiento:

 

  a. 1979-81 . Fue éste un periodo expansivo; la política se encaminó a reconstruir y reactivar la economía, sustentándose en abundante financiamiento externo y en la expansión del crédito interno y del gasto público. Crecieron el producto, las exportaciones y el empleo, aunque a ritmos inferiores a lo esperado, y el empleo más en el sector público que en el privado, y más en actividades no productivas que en las productivas. Los reajustes salariales, la reducción de los alquileres urbanos y de la renta agraria, el establecimiento de controles de precios al consumidor y los subsidios al consumo, junto a una ampliación de la cobertura de los servicios de salud y de educación, posibilitaron la expansión del consumo y el mejoramiento de los ingresos reales y de las condiciones de vida de sectores amplios de población. El déficit fiscal creció moderadamente como resultado de los subsidios y la expansión del gasto, a pesar que la presión tributaria se incrementó y representó en 1980 18.4% del PIB; la recaudación de impuestos directos casi se triplicó en valores reales en 1980 respecto de 1979. El financiamiento del déficit por la vía del crédito interno generó presiones hacia la sobremonetización, y el coeficiente de liquidez alcanzó a 35.5% en 1980 y 36.8% en 1981. La reactivación de las importaciones contribuyó a contener las presiones inflacionarias, pero el déficit comercial se amplió. La política económica fue ante todo una respuesta a las presiones sociales y a las expectativas redistributivas de la población que se movilizó para derrocar al gobierno somocista. Orientada a producir efectos en el corto plazo, su impacto fue mayor en el ámbito urbano que en el rural. xiv

 

  b. 1982-84. Los desequilibrios acumulados en el periodo anterior en el sector externo y en las cuentas fiscales, y la lenta reactivación del producto y las exportaciones, condujeron a la adopción de reajustes de corto plazo: reducción real del consumo, la inversión, el crédito al sector privado, y de las importaciones. El coeficiente de tributación pasó de 20.7% en 1982 a 35.2% del PIB en 1984, pero los impuestos indirectos crecieron más que los directos e incrementaron su ya predominante participación en los ingresos tributarios. xv Se dispusieron aumentos de los precios de garantía a los productores de exportables para estimular el dinamismo del sector, y se adoptó un sistema de tipos de cambio múltiples. La pluralidad de enfoques de política dentro del gobierno se hizo evidente; al mismo tiempo que se intentó un enfoque más cauteloso en materia de inversiones y gasto público, comenzó a ejecutarse un ambicioso programa de inversiones públicas, de maduración en el mediano y largo plazo y fuerte sesgo importador (solamente el proyecto azucarero Timal demandaba una inversión total superior a $ 350 millones). La importación de bienes de capital destinados a la industria y la agroindustria, que representaba 7% del total de importaciones en 1980, llegó a 18% del total en 1984, mientras la participación de bienes de consumo final se redujo de 24 a 13%. xvi

 

Las dificultades en el acceso a financiamiento externo condujeron a una creciente dependencia del crédito interno que, en un escenario de desaceleración del crecimiento del producto --y caída en 1982-- reforzó las tendencias inflacionarias. El interés del gobierno en consolidar la organización campesina y competir en este terreno con los grupos opositores condujo a la reestructuración y condonación parcial de la deuda de los pequeños y medianos productores rurales y de las cooperativas. El déficit fiscal llegó en 1984 a 24.5% del PIB, el coeficiente de liquidez a casi 67% y el incremento de precios al consumidor 50.2%. xvii

 

El conflicto militar, que inició una fuerte escalada a fines de 1983, agregó dificultades y tensiones al manejo de la economía. La política de contención salarial generó una caída fuerte de las remuneraciones reales y contribuyó a desplazar fuerza de trabajo hacia el autoempleo y el sector informal; la tasa de desocupación fue 21.1% de la PEA en 1984. Los controles de los precios de productos alimenticios y sus mecanismos de comercialización, diseñados para sostener el ingreso y el consumo de los habitantes de las ciudades, generaron como respuesta un incremento en el autoconsumo de los productores rurales y presiones sobre el abastecimiento; el racionamiento físico de productos básicos se inició en 1982 y durante todo este periodo se amplió para abarcar un espectro creciente de rubros.

 

  c. 1985-87: La ampliación de las actividades militares a todo el territorio nacional coincidió con un giro en la política económica para corregir las tensiones señaladas, garantizar la defensa, estimular la producción y neutralizar las distorsiones en los precios relativos. Empero el incremento del conflicto armado y las rigideces en el acceso a recursos financieros externos neutralizaron los intentos de ajuste y aceleraron la autonomización de la esfera de la circulación y la aparente ingobernabilidad de la economía. En febrero 1985 se dispuso el abandono parcial de la política de subsidio cambiario; el tipo  oficial pasó de 10 córdobas por dólar en que se había mantenido desde 1979, a 28/1, y a 70/1 el año siguiente. Se autorizó un tipo paralelo regulado por el Banco Central, para operaciones comerciales, más alto que el oficial. Sin embargo la escasez de divisas para el público continuó alimentando el mercado negro, cuyas cotizaciones superaron en varias veces a las del paralelo y, hasta mediados de 1985, al alza del índice general de precios.

Se fijaron incentivos en dólares para la producción ganadera, de café y de algodón, que no generaron respuestas significativas en los volúmenes de producción. Se recortó el gasto social, se congelaron las plazas en el sector público y se diseñó un nuevo paquete tributario para incorporar a grupos hasta entonces no contribuyentes (profesionales, autoempleados, asalariados del comercio). La política crediticia se hizo más restrictiva, se redujeron los subsidios al consumo y se mejoraron los precios para los productores de granos básicos, revirtiéndose la relación precios industriales/precios agropecuarios en beneficio de los segundos. Se efectuaron recortes importantes en el programa de inversiones públicas, pero de todos modos la demanda generada por dicho programa, en un escenario de retracción productiva, contribuyó a incrementar el desabastecimiento y el alza de precios. La necesidad de asignar recursos crecientes a la defensa, y la consideración que un mayor deterioro de las condiciones de vida de los grupos sociales que forman las bases del régimen sandinista podría entorpecer el esfuerzo de guerra, condujeron a una política de paños tibios que, sin constituir un programa de ajuste típico, generó muchos de sus efectos sociales, en un contexto de niveles decrecientes de actividad, expansión de las actividades especulativas, sobremonetización y hiperliquidez. La guerra desarticuló los mercados de trabajo y el desarrollo de las labores agrícolas. Se estimó que a mediados de 1986 la población movilizada por el ejército representaba 20% de la PEA; a esto debe agregarse una cantidad grande de desplazados de guerra. El embargo comercial decretado en 1985 por el gobierno de Estados Unidos aceleró la reorientación de la economía nicaragüense hacia una más estrecha articulación con las economías del CAME --intercambio comercial, abastecimiento de insumos, asistencia técnica, capacitación de recursos humanos.

 

  d. 1988-89: En junio 1988 se apeló a un programa de ajuste que retomó algunas de las medidas adoptadas en 1985, en respuesta a la acumulación de tensiones hacia principios de ese año, y al nuevo escenario político que se constituyó tras los acuerdos de Sapoá. Un nuevo córdoba, con una  nueva paridad cambiaria, sustituyó al anterior. El gasto público se comprimió de manera sustancial: en 1989 fue 50% menor que en 1988; se eliminaron o redujeron drásticamente los subsidios, se elevaron las tasas de interés hasta convertirse en positivas, a través de un mecanismo de indización con la paridad cambiaria. El empleo público se redujo; aproximadamente 35,000 personas fueron cesanteadas en el gobierno central. Se liberaron los precios para vincularlos más eficazmente a los costos de producción, pero los salarios se mantuvieron rezagados. Entre junio y setiembre 1989 se consiguió una cierta estabilidad de precios aunque al costo de una fuerte y generalizada iliquidez; la falta de fondos frescos de corto plazo con los que "aceitar" el programa de ajuste hizo muy difícil pasar a una etapa de progresiva reactivación, y mantuvo vigentes los factores de desequilibrio. La masas salarial se redujo como efecto de la política de reducción del empleo público, pero se registró un ligero crecimiento del salario real con respecto del bajísimo nivel de 1988.

 

Al mismo tiempo, la profundización de la crisis económica y el programa de ajuste obligaron, a nivel micro, a una utilización más racional y eficiente de los recursos escasos y más caros, en contraste con el enfoque más bien festivo de los años iniciales. Surgió asimismo una preocupación mayor por criterios de rentabilidad, desarrollo de tecnologías apropiadas menos dependientes de importaciones y más intensivas en el factor trabajo, fuentes alternativas de energía, etc. La reorientación de los paquetes tecnológicos parece ser mayor en los sectores campesino, de pequeños y medianos productores privados, y cooperativo, dramáticamente golpeados por el deterioro económico y el ajuste, que en las empresas estatales y en los grandes productores privados, y más entre los productores de granos básicos que en los rubros de exportación.

 

El gobierno sandinista trató de paliar la falta de acceso a los organismos que tradicionalmente financian estos programas con el recurso a la comunidad internacional. Se elaboró un informe y un programa de ajuste equivalente a la carta de intención que se dirige al FMI, en el que el gobierno de Nicaragua asumió unilateralmente compromisos de disciplina monetaria y financiera relativamente ortodoxa, y estímulos a la exportación. El documento fue presentado ante una "Conferencia de donantes" auspiciada por el gobierno de Suecia en mayo 1989, obteniendo un eco reducido en términos de apoyo al plan de ajuste ($ 50 millones, de los que menos de 40% en divisas de libre convertibilidad. A fines de 1989, en vísperas de las elecciones presidenciales en las que el FSLN buscó la reelección de Daniel Ortega y Sergio Ramírez, la falta de recursos líquidos de libre convertibilidad era dramática. Más de 70% de las importaciones tenían la forma de mercaderías ligadas a créditos y con destinos específicos; durante 1988 se había más de la mitad de las exportaciones de 1989 para garantizar el pago de préstamos para importaciones de consumo y bienes intermedios, con cargas sustanciales en los intereses. xviii

 

Las políticas de ajuste tuvieron marcado éxito en términos macroeconómicos. El déficit fiscal se redujo en 1989 a 5%, frente a 25% de 1988, y el índice de precios creció 1,690% frente a más de 33,600% en 1988; el valor de las exportaciones creció casi 23%. Sin embargo se registró una fuerte caída del PIB (-6.1% en términos por habitante), crecieron el desempleo y el subempleo y cayó el consumo. La recaudación tributaria reforzó el sesgo de toda la década, con un marcado incremento de la participación  de los impuestos indirectos en la recaudación total. xix Los ingresos de los sectores más desfavorecidos de la población, que al mismo tiempo componían la porción más numerosa de las bases sociales del sandinismo, se deterioraron adicionalmente, por el descalabro de los servicios sociales básicos y la crisis de la situación alimentaria. xx

 

A lo largo de toda la década el gobierno sandinista experimentó serias dificultades en el manejo de los instrumentos convencionales de política económica: fiscales, monetarios, crediticios. En esto incidieron la falta de experiencia previa y el carácter rudimentario de los aparatos estatales heredados del somocismo, y algunas preconcepciones de tipo ideológico. Sobre todo en los años iniciales de la década, era frecuente encontrar en los más altos niveles de la conducción económica una profunda desconfianza hacia los mecanismos e instrumentos de política financiera convencionales, a los que se consideraba como intrínsecamente "reformistas" o "fondomonetaristas", mientras se expresaba una clara preferencia por los enfoques de los grandes balances materiales inspirados en las técnicas de planificación de algunas economías del Este. xxi Esta actitud fue dejada de lado posteriormente, y los años finales de la década destacan, al contrario, por una preocupación casi exclusiva en el manejo de los instrumentos de política financiera, consecuente con el enfoque de ajuste que presidó la política económica de esos años.

 

La política impositiva, en particular, nunca fue encarada como un instrumento de redistribución de ingresos y de orientación de los excedentes hacia las áreas de inversión priorizadas. La estructura de tributación no fue modificada y, de hecho, se agravaron sus sesgos de la época somocista, que presionaban mucho más sobre los grupos medios y de menores ingresos, que sobre los sectores acomodados. Durante el régimen sandinista los impuestos indirectos llegaron a representar más de 70% de la recaudación total, mientras los impuestos sobre la propiedad representaban, hacia finales de la década, alrededor de uno por ciento de la recaudación.

 

5. Política de desarrollo rural .

5.1. Enfoque global.

El marco general de la política de desarrollo rural fue la reforma agraria, en el sentido amplio de transformación de las relaciones de tenencia de la tierra y de las condiciones de producción y de vida de los productores directos, alcanzar una mayor integración de la estructura productiva, incrementar los niveles de producción y la productividad, diversificar la producción y las exportaciones.

 

El cuadro 3 muestra las transformaciones experimentadas en el régimen de tenencia de la tierra. La reforma agraria atacó al latifundio improductivo y al ausentismo; amplió el acceso de los productores pequeños a la tierra, impulsó la cooperativización y creó un área de propiedad estatal (APP). El énfasis inicial en el APP y en la cooperativización influyó para que el reparto agrario se desenvolviera con lentitud. En 1984 casi 75% de familias campesinas beneficiarias potenciales de la reforma agraria todavía carecía de tierra; el reparto se aceleró desde 1985-86.

 

El acceso del campesinado al crédito mejoró sustancialmente. Los pequeños productores pasaron de representar 10% del crédito bancario en 1977 a 31% en 1985; unas 83 mil familias recibieron crédito entre 1980 y 1983, frente a 28 mil antes de 1979, con tasas de interés preferenciales. Pero la utilización del crédito estuvo debajo del nivel óptimo, por inexperiencia de los usuarios y un seguimiento deficiente del sistema financiero. Los usuarios resultaron fuertemente endeudados, por lo que se decidió una condonación parcial de la deuda, que tuvo impacto inflacionario. Posteriormente la política crediticia al sector fue más cautelosa. A partir de 1988, y en el marco de los mayores controles fiscal-financieros, las tasas de interés se ajustaron para convertirlas en positivas, y fueron indexadas hasta el segundo cuatrimestre de 1989 a la evolución del tipo de cambio.

 

Se impulsó el desarrollo de formas asociativas de producción y acceso a recursos, casi inexistentes antes de 1979: cooperativas de producción (CAS), de crédito y servicios (CCS), colectivos de trabajo (CT), y otras. En 1988 el sector cooperativo comprendía 3151 unidades de diverso tipo, con 76,715 socios y un área total de 1.5 millón mz. Las CAS, con altos niveles de colectivización, representaban 37% de las cooperativas, 30% de los socios y 43.3% de la tierra; las CCS, en donde la tierra es trabajada individualmente, constituían 48% de las cooperativas, 59% de los socios y 51% de la tierra. Aunque la incorporación es voluntaria, el ingreso a las cooperativas, especialmente a CAS, fue presentado por funcionarios de MIDINRA, en los años iniciales, como una condición para el acceso a la tierra. Las unidades fueron dotadas de crédito, equipamiento, y otros recursos, muchas veces por encima de la capacidad de gestión de los socios, en una política verticalista que algunos caracterizan como paternalista, y otros como autoritaria. Estos factores contribuyeron a un desenvolvimiento problemático de muchas cooperativas, a la deserción de socios, y al desarrollo de procesos de individualización productiva dentro de las tierras colectivas. xxii

 

Los salarios rurales y las condiciones de trabajo y abastecimiento se deterioraron después de una mejora inicial, pese a los esfuerzos de política, contribuyendo a una retracción de la oferta laboral que no pudo ser compensada con el recurso a la formación de contingentes voluntarios temporales de empleados públicos y estudiantes. xxiii La fuga de mano de obra fue también una respuesta a la situación de guerra, tanto por los ataques de las bandas contrarrevolucionarias como el reclutamiento del servicio militar. La reducción de la intensidad del conflicto bélico desde 1988, junto con el mejoramiento del abastecimiento rural en los centros de trabajo, y la vinculación de los salarios a la productividad, contribuyeron en 1989 a una progresiva recomposición del mercado de trabajo agropecuario y a una oferta laboral más fluída.

 

Los niveles de producción declinaron desde 1983/84 tanto en valor como en volumen físico, aunque la evolución real no fue lineal y el deterioro ha sido mayor en los rubros exportables que en los de consumo local. Las variaciones se debieron ante todo a cambios en el área destinada a cultivo, ya que los rendimientos experimentaron, con algunas excepciones como maíz y sorgo, poco cambio; se mantuvo en consecuencia el estilo de crecimiento extensivo de la etapa pre revolucionaria. La superficie destinada a exportables creció casi 70% entre 1979 y 1983 y se redujo 37% entre este año y 1988; las causas de la reducción son variadas: abandono de tierras por la inseguridad creada por la guerra en el caso del café, caída de los precios internacionales e incrementos de los costos en el caso del algodón. El área de consumo local en cambio casi se triplicó entre 1979 y 1988.

 

El énfasis en el sector estatal y las cooperativas se combinó con un sesgo inversionista en proyectos agroindustriales de larga maduración, intensivos en capital, empleo de mano de obra asalariada, tecnologías complejas poco conocidas en el país. La política de tipo de cambio complementó este sesgo, abaratando las importaciones demandadas a costa de una menor integración con proyectos industriales que estaban siendo promovidos simultáneamente por otras agencias gubernamentales, y de una presión fuerte sobre las cuentas externas. Existió un desprecio por las tecnologías apropiadas, a las que un muy alto funcionario del Ministerio de Desarrollo Agropecuario y Reforma Agraria (MIDINRA) consideró una "institucionalización del subdesarrollo", que hacía juego con una equivalente desconfianza, en similares niveles de decisión, respecto de la viabilidad económica de las unidades campesinas y su papel en una estrategia de desarrollo. xxiv Se mantuvo la elevada quimización de la agricultura que caracterizó al desarrollo anterior a 1979, con fuertes componentes de importación, impacto nocivo sobre la ecología, descuido por la conservación de suelos. Sólo hacia el final de la década, ante el deterioro evidente del medio ambiente, y sobre todo por escasez de divisas y compresión de las importaciones, se aceptó prestar más atención a tecnologías mejor adaptadas a la dotación de recursos (manejo integrado de suelos, fuentes alternativas de energía, etc.). La acción de algunos organismos no gubernamentales (ONGs) internacionales ha sido instrumental en este cambio de óptica.

 

Después de 1979 se fijaron precios de garantía para los productores de granos básicos. Los objetivos de esta política fueron corregir los mecanismos que colocaban al campesino en dependencia de los comerciantes; reducir las fluctuaciones de precios, perjudiciales a los pequeños productores y a los consumidores; mejorar el acceso de los grupos de menores ingresos a alimentos, por la vía precios bajos. Para esto último, se establecieron subsidios al consumo (granos, leche, frijoles, azucar y otros). En 1983 la empresa estatal de acopios ENABAS llegó a captar casi 80% de la producción comercializable o 50% de producción total; en 1984, casi la mitad de la producción comercializable y 27% de la total. Sin embargo el deterioro de los precios relativos agro/industria en detrimento de los productores rurales pequeños y medianos, y el deterioro de las condiciones de abastecimiento en el campo, redujeron la capacidad de captación de ENABAS (sobre todo en frijoles) y las entregas de leche a las plantas estatales de procesamiento, y agudizaron el desabastecimiento en las ciudades. Después de intentos fallidos pero políticamente costosos de forzar las entregas a los entes estatales mediante diversas vías de coacción extraeconómica, se optó a partir de 1985-86 por una progresiva liberalización de los mecanismos de comercialización, y un incremento de los precios a productor.

 

Los reasentamientos masivos de población rural que tuvieron lugar desde 1983-84 como respuesta al desenvolvimiento del conflicto armado, produjeron fuerte impacto en la política de desarrollo agropecuario y en la fisonomía del escenario rural. A fines de 1988 la población desplazada ascendía a 354.4 mil personas, de las que 78,000 se ubicaban en asentamientos campesinos y el resto se trasladó hacia la periferia de las ciudades o se reubicó en otras áreas rurales. La migración produjo el abandono de tierras productivas estimadas en 415,000 mz en 1986 (38,000 mz de café entre ellas), pérdida de casi 290,000 cabezas de ganado, y deterioro de la infraestructura productiva (pastos, cercas, galerones, beneficios, viviendas, etc.). xxv Al mismo tiempo los reasentamientos fueron el escenario y los sujetos de una estrategia de desarrollo rural integrado a través de la cual las agencias gubernamentales intentaron asentar de manera permanente a los desplazados y retomar la actividad productiva. Se puso énfasis en la organización cooperativa, y una política activa de subsidios, abastecimientos técnicos y materiales y aportación de servicios sociales buscó alcanzar un efectivo afincamiento de la gente, y su involucramiento en la producción y la defensa territorial. El éxito de estos programas fue desigual; mientras algunos reasentamientos lograron consolidarse y estabilizarse, en otros la disminución o desaparición de las amenazas a la seguridad de los campesinos  motivó a muchos a regresar a sus lugares de origen.

 

A partir de 1984-85 tuvo lugar una clara reorientación de la política de desarrollo agropecuario. El reparto agrario se aceleró y prestó más atención a las demandas de acceso a tierra a título individual; los precios a productores y los salarios rurales fueron mejorados, y se revirtió parcialmente la relación de precios agro/industriales; el abastecimiento rural mejoró; se liberalizaron los mecanismos de comercialización --primero en las zonas de guerra, después en general. La guerra fue el detonante de estos cambios. Se estimó que parte de la facilidad de maniobra de los grupos contrarrevolucionarios en el interior del país se debía al efecto negativo de la orientación estatista prevaleciente en las políticas agropecuarias en amplios sectores de la población rural, y a la lentitud en el reparto agrario. En este sentido puede afirmarse que el impacto de la guerra sobre la economía nicaragüense tuvo una dimensión no siempre explicitada en los análisis: además de sus efectos conocidos en materia de destrucción de activos, tensionamiento general de los recursos, y otros, el conflicto armado condujo a las agencias del gobierno a modificar sus enfoques y estrategias iniciales en un sentido más descentralizado y participativo. xxvi

 

La reorientación de las políticas en función del relieve efectivo del mapa social, antes que de las preferencias de los funcionarios, fue así más una dimensión de la estrategia de defensa que el resultado de una evaluación del impacto de desarrollo y transformación de la estrategia inicialmente impulsada, aunque también estuvo presente la acción de la Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos (UNAG). De ahí que la consolidación de un escenario de paz por la derrota militar de las fuerzas contrarrevolucionarias desde 1988 volvió a abrir el espacio para una insistencia en los enfoques estatistas iniciales, xxvii y a tensiones y confrontaciones entre las agencias gubernamentales y las organizaciones de los productores.

 

En este contexto resulta difícil hablar de un modelo priorizado de desarrollo agropecuario (sea éste tipo APP, CAS, CCS, de producción individual, u otro). Por lo menos en los años finales del decenio parece haber prevalecido  un enfoque que buscó la complementación de las empresas estatales con el sector cooperativo, las economías campesinas y los productores privados, prestando atención a las especificidades locales y regionales y a los diferentes rubros de producción. Pero la dimensión de la reforma agraria vinculada a la distribución de tierras se detuvo desde principios de 1988 en algunas regiones, y en otras se desaceleró de manera evidente, pese a que aún existían algo más de 20% de familias campesinas sin dotación adecuada de tierra. En un escenario signado por el clima preelectoral y el interés del gobierno de mejorar sus relaciones con los medianos y grandes propietarios, el fondo de tierras para el reparto difícilmente podía nutrirse de los grandes propietarios, y la disponibilidad de tierra de empresas estatales parecía haber llegado a un nivel por debajo del cual la viabilidad de las mismas estaría en cuestión. Además, las declaraciones desde los niveles más altos de decisión política inducían a pensar en una reversión parcial de las afectaciones de tierra, de las que ya existían algunos ejemplos recientes. xxviii Claramente, el desarrollo de la reforma agraria había llegado a un punto, hacia finales de la década, en que tanto su ulterior ampliación, como su conclusión, implicaban tensiones sociales fuertes.

 

5.2 Estructura administrativa

El Ministerio de Desarrollo Agropecuario y Reforma Agraria (MIDINRA) fue el ente gubernamental encargado del desarrollo agropecuario. Existieron otras instituciones y agencias con competencia en este terreno, pero la eficacia de su acción y su involucramiento real fueron de menor alcance --Banco Nacional de Desarrollo, Ministerio del Trabajo, Secretaría de Planificación y Presupuesto (antes Ministerio de Planificación), Instituto Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillado (INAA), Instituto Nicaragüense de Energía (INE), etc--, desenvolviéndose en función de los lineamientos definidos por MIDINRA.

 

MIDINRA fue el resultado de la fusión de dos agencias: el Ministerio de Agricultura, y el Instituto Nicaragüense de Reforma Agraria (INRA) creado después del triunfo revolucionario. En diciembre 1979 el Ministro de Agricultura fue remplazado por el Comandante Jaime Wheelock, miembro de la Dirección Nacional del FSLN y titular del INRA; la fusión de ambas instituciones tuvo lugar a mediados de 1980. MIDINRA se organizó en un sistema de direcciones generales con rango de viceministerios, y fuerte centralización de las decisiones de política y estrategias de acción. Se creó una red de delegaciones regionales con capacidades operativas y ejecutivas, en función de criterios administrativos definidos por el ministerio, y que no coincidían con los criterios de delegación regional de otras agencias del gobierno. En 1982 el decreto 1081, de regionalización, puso fin a estas superposiciones.

 

A lo largo de su gestión MIDINRA se caracterizó por un fuerte verticalismo, subordinación de los niveles locales y descentralizados a las decisiones de las instancias centrales radicadas en Managua, y poca participación local y de los involucrados directos en la formulación de las políticas. Estos rasgos se reprodujeron en el seno de las empresas de la reforma agraria (ERA), donde algunos estudios sobre las relaciones de trabajo han visto una cierta reproducción de la matriz tradicional de relaciones obrero/patronales. A título ilustrativo pueden mencionarse la constitución de las ERA, que transfirió a los más altos niveles administrativos las decisiones de inversión, producción, gestión, y otras, reduciendo la efectividad de la participación de los trabajadores, xxix o el ya mencionado proceso de formación del movimiento cooperativo.

 

MIDINRA experimentó un acelerado crecimiento administrativo, vinculado al carácter estratégico de la reforma agraria en el proceso de transformación revolucionaria, y al fuerte énfasis estatista de los enfoques del sandinismo en los años iniciales de la gestión de gobierno. xxx Una compleja red de organizaciones altamente especializadas, fue construída para mediar en las relaciones entre los niveles centrales y los productores agropecuarios, todas ellas con sus respectivas delegaciones regionales. El resultado fue una pesada máquina burocrática, ineficiente, entre paternalista y autoritaria. En la zona de Jalapa (región I) por ejemplo, 16 organismos de MIDINRA estaban encargados de atender a las diversas necesidades de los productores locales.

 

Existió una muy reducida coordinación entre MIDINRA y MIPLAN, y las diferencias de criterio entre ambos fueron notorias especialmente entre 1981 y 1984. Ellas se referían tanto a la estrategia general de transformación y desarrollo, como a cuestiones específicas de desarrollo agropecuario y su articulación a la política económica global. En general MIDINRA estuvo siempre en mejores condiciones de imponer sus criterios; incidió en esto su condición de ministerio operativo frente al caracter normativo de MIPLAN pero colocado en un mismo nivel que los ministerios operativos sectoriales. En los hechos los programas anuales de trabajo de MIDINRA, y sus proyectos de inversión de mediano plazo, funcionaron como los instrumentos de programación económica implícita del gobierno, junto con el presupuesto de ingresos y gastos elaborado por el Ministerio de Finanzas.

UNAG desarrolló una intervención importante aunque desigual en la definición y ejecución de las políticas de desarrollo rural. Creada en 1981 como una organización de pequeños y medianos productores, UNAG es hoy una organización amplia de productores rurales, con una capacidad de movilización y una eficacia reivindicativa sin paralelo en el conjunto de organizaciones sociales o de masas. Los cambios de política a que se ha hecho referencia más arriba, y en partidular la adopción de una orientación más "campesinista" respondieron a la urgencia de la situación militar y a la magnitud de la crisis económica, pero también la fuerza creciente de UNAG. El énfasis en cuestiones vinculadas a precios, comercialización, y abastecimiento de bienes y servicios para la inversión, la producción y el consumo, señalan la gravitación de los intereses de los pequeños productores en la organización, y la condujo a formular iniciativas que a menudo se contraponían a las de algunas agencias de MIDINRA, dinamizando los procesos de toma de decisiones y definición de políticas.

 

Al mismo tiempo UNAG, que es una organización con orientación política sandinista, participaba con MIDINRA y otras agencias gubernamentales en la coordinación de la aplicación de las políticas referidas al sector, movilizando a los productores hacia el cumplimiento de las metas de producción y comercialización. Dadas las limitaciones de las agencias estatales para atender el abastecimiento de las zonas rurales, UNAG se ha involucrado directamente en el tema; con asistencia del gobierno sueco y varias ONGs europeas estableció una extensa red de "tiendas campesinas" (ECODEPA) que han demostrado una efectiva y expansiva capacidad para dar respuesta a las necesidades de los productores de las zonas de influencia de las tiendas. En años recientes ha creció asimismo la capacidad de acopio de ECODEPA, especialmente en granos básicos, aunque debió enfrentar las limitaciones emergentes de la política crediticia, que la discriminaba respecto de las agencias estatales.

 

6. Ambiente sociopolítico del desarrollo rural

6.1. La estructura social en el campo

El cuadro 4 presenta una estimación de la estructura social en el campo a mediados de la década de 1980. Combinado con el cuadro 3 ofrece una perspectiva aproximada del perfil social existente en el campo nicaragüense.

 

Los cambios más notables respecto de estimaciones similares referidas a años anteriores xxxi tienen relación con el desarrollo del movimiento cooperativo --que recluta principalmente a antiguos campesinos sin tierra, campesinos pobres y asalariados estacionales-- y la reducción de los asalariados permanentes. La orientación antilatifundista de la reforma agraria no parece --de acuerdo a las cifras-- haber reducido significativamente la gravitación sociodemográfica de la burguesía agraria.

 

Las políticas del gobierno incieron, junto a otros factores, en estos cambios: en algunos casos para reforzar tendencias de la estructura, en otros para reorientarlas, e incluso para tratar de revertirlas. Así, el agudo deterioro de los salarios reales en el campo, como en el resto de la economía, agregado al deterioro del abastecimiento, el reclutamiento a las milicias primero y al servicio militar posteriormente, provocaron una retracción de la mano de obra en las cosechas de exportación; los mercados rurales de fuerza de trabajo fueron desarticulados por la eliminación de los contratistas, por la guerra y por los reasentamientos; etc. xxxii

 

La creciente feminización de la fuerza de trabajo rural es uno de los efectos más remarcables de esos factores. Este proceso, que se venía incrementando como resultado de la migración de mano de obra masculina hacia actividades urbanas mejor remuneradas, se aceleró por efecto de la guerra y el reclutamiento de los hombres. Estudios de la Asociación de Trabajadores del Campo (ATC) señalan que hacia 1987-88 las mujeres representaban más de 70% de la mano de obra en la cosecha de tabaco, más de 80% en la de café, 60% en la de algodón.

Se definió asimismo una tendencia a mayor permanencia de las mujeres en el empleo rural, sobre todo en las zonas de guerra; más de la mitad permanece más de seis meses al año como obrera agrícola.

 

La participación laboral de las mujeres fue mayor en el APP que en el sector privado, y abarcó labores que antes eran exclusivamente masculinas. En las regiones I, II y VI la feminización se hallaba más desarrollada que en las regiones II y IV, donde las actividades comerciales tradicionales seguían atrayendo de manera predominante a las mujeres. Los estudios indican que las mujeres no entran a la producción en las mismas condiciones que los hombres, y que existen elementos de discriminación: doble jornada, normación inadecuada, marginación de los programas de capacitación, acceso restringido a cargos de dirección, chovinismo masculino, entre otros. xxxiii En las cooperativas la participación de la mujer es reducida en la dirección de las unidades --la condición de socio corresponde en la abrumadora mayoría de los casos a los hombres--, pero amplia en el desarrollo de las labores productivas. Curiosamente, siendo las CAS las formas "más avanzadas" de acuerdo a la óptica oficial, de la producción rural, reprodujeron las modalidades más tradicionales de la división genérica del trabajo. xxxiv

 

La feminización de la fuerza de trabajo rural fue un efecto de la guerra, que movilizó masivamente a la fuerza de trabajo masculina. La disminución de la intensidad del conficto primero, y, posteriormente a 1990, la eliminación del servicio militar, permitieron el regreso de los hombres a sus hogares y la "recuperación" de sus puestos de trabajo, desplazando nuevamente a las mujeres a tareas tradicionales. Esta situación se agravó con la prolongación de la crisis económica y las políticas de cesantía laboral, que plantearon una fuerte competencia de demanda de empleo de los hombres sobre actividades desempeñadas por mujeres.

 

6.2. Ambiente político

     Las movilizaciones rurales, especialmente tomas de tierras, que precedieron en algunas regiones al triunfo revolucionario, el desenvolvimiento del proceso de transformación agraria, y posteriormente el conflicto militar, alteraron profundamente el ambiente político en el campo y, en particular, deterioraron los elementos de estabilidad.

 

El sandinismo es el referente político de las dos principales organizaciones laborales/sociales en el campo: UNAG, que nuclea aproximadamente 50% de los productores -con predominio numérico de los pequeños y medianos-, y la Asociación de Trabajadores del Campo (ATC), organización sindical de los asalariados, con una afiliación estimada de alrededor de 48,000 trabajadores --en su mayoria asalariados permanentes. La actividad de otras organizaciones, orientación opositora, es reducida; a principios de la década de 1980 la Central de Unidad Sindical (CUS) tuvo cierta presencia en algunas zonas de las regiones I y VI a través de sus sindicatos de oficios varios. Asimismo la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (UPANIC), afiliada al Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) tiene aún cierta gravitación en zonas cafetaleras de la Region VI. En la región II, la incorporación a la UNAG de buena parte de los miembros de la Asociación de Algodoneros de León (ADAL), debilitó considerablemente a esta organización. A principios de 1990 se creó la Federación Nicaragüense de Cooperativas (FENACOOP), que nuclea al conjunto de cooperativas

(CAS y CCS) y actúan con independencia formal de la UNAG, pero en una estrehca coordinación operativa.

 

De todas las organizaciones de trabajadores asalariados de orientación sandinista, ATC es posiblemente la más eficaz en materia reivindicativa, incluso en los momentos en que la adopción de programas de ajuste ha incrementado la presión económica sobre la fuerza de trabajo. El carácter estratégico del sector donde la ATC concentra su afiliación mayoritaria --la agroexportación--, y un liderazgo particularmente dinámico,  incidieron en este resultado. La actividad de la ATC y su presión sobre las instancias gubernamentales se encuentran en la base de la casi totalidad de las mejoras en las condiciones salariales, de trabajo, habitación y abastecimiento de los asalariados del campo, incluyendo a aquéllos no afiliados a la Asociación.

 

6.3. Instituciones locales y participación

La sociedad nicaragüense presenta una marcada debilidad de los mecanismos e instancias de participación local. La tradición municipal es prácticamente inexistente --aunque existe una tradición de régimen urbano; en las áreas rurales posiblemente las únicas instancias de involucramiento de la población en la gestión de los asuntos comunes son las comunidades indígenas de la región atlántica, con las que se registraron tempranos enfrentamientos de algunas agencias gubernamentales y representantes del FSLN. Esta debilidad de las instancias locales favorece la mediatización de la participación directa de los intreresados, en la medida en que el concepto de participación se refiere a las esferas lejanas del estado central. Después del triunfo revolucionario se crearon en todos los centros urbanos Juntas de Reconstrucción, especie de réplica reducida de la Junta de Reconstrucción de Managua, para la gestión del gobierno local. La acción de las Juntas ha carecido de proyecciones significativas hacia el campo; en esto han incidido entre otros factores la muy reducida dotación de recursos financieros. La aprobación de una Ley de Municipios por la Asamblea Nacional en 1988 permitió una progresiva sustitución de las Juntas por un sistema de alcaldías, con miras a las elecciones municipales de 1990.

 

La acción de las organizaciones sociales y de masas ha sido

determinante para generar mecanismos de participación de base, local y zonal y para dotar a las agencias gubernamentales que actuaban en esos niveles, de un carácter efectivamente democrático. Ha sido éste un proceso de evolución desigual y no lineal, y de desenvolvimiento lento, en el que varias organizaciones no gubernamentales (ONG), especialmente extranjeras, desempeñaron una colaboración importante.

 

6.3.1. El papel de las ONGs . xxxv

A fines de 1989 existían más de 70 ONG extranjeras en Nicaragua, y algo menos de 20 nacionales; el número de ambas se incrementó después de 1979. El control del gobierno era reducido y usualmente se limitaba a la firma del convenio una vez que la ONG había defindo su inserción en un campo o actividad específica. No existía una fiscalización o seguimiento por parte del Ministerio de Cooperación Externa (MCE) y la mayoría de las ONGs consideraban que los informes de actividad que le presentaban anualmente obedecían más a una obligación moral, o a cortesía, que a un requisito formal. Los gobiernos regionales ejercían en cambio una función de coordinación entre las distintas ONGs en sus territorios: división del trabajo por zonas geográficas, compatibilización de proyectos, etc. Los responsables de ONGs entrevistados consideran que no hay políticas hacia/para las ONGs; muchas actuaban por su cuenta, y eso a veces creaba problemas (por ejemplo, se construían escuelas sin consultar al Ministerio de Educación si habría maestros, centros de salud que luego resultaba difícil equipar, etc.).

 

La experiencia de las ONGs en Nicaragua durante la década sandinista es matizada; se juzgaba, sobre todo por las ONG extranjeras, que Nicaragua "es un país difícil" (limitaciones de recursos, impacto del conflicto militar, ausencia de políticas) aunque al mismo tiempo se reconocía la existencia de amplio espacio para la cooperación con agencias gubernamentales y no gubernamentales nacionales.  La necesidad de trabajar con contrapartes estatales planteaba varios problemas: limitada capacitación y motivación de los funcionarios locales para hacer su trabajo, alta rotación de las contrapartes, centralismo que se juzgaba excesivo, entre otras. La imagen que las ONGs proyectaban a sus contrapartes nacionales era compleja; en algunos casos, los organismos nacionales demostraban un interés por la contribución de las ONGs, sobre todo extranjeras, al desarrollo de capacidades locales, formación de recursos humanos y el impacto de mediano y largo plazo; otras veces predominaban los intereses de corto plazo en el equipamiento importado y el financiamiento externo.

 

La labor de las ONGs abarcó asimismo la cuestión de la solidaridad internacional con el proceso nicaragüense. Esta dimensión fue más fuerte en las ONGs nacionales que en las internacionales, y en las de inspiración religiosa o de afiliación eclesiástica, que en las laicas. Pero incluso en el pequeño grupo de "grandes" ONGs internacionales, más preocupadas por capacitación, desarrollo y resultados de mediano plazo, las proyecíones de su actividad en el terreno de la solidaridad eran explícitas.

 

7. Del ajuste económico al ajuste político .

¿Era posible una política económica diferente para hacerle frente a la crisis? ¿Podía haberse apelado a una estrategia y a acciones más eficaces para encarar los objetivos económicos, y menos gravosa para las masas? La discusión sobre este punto se planteó sobre todo a mediados de 1988, luego del intento de ajuste de junio de ese año. La falta de consenso al respecto obedece ante todo al planteamiento incorrecto de la cuestión. El debate en torno al ajuste monetario y a la existencia de alternativas se dio sobre todo en términos del ajuste mismo, y no de la posibilidad de apelar a diferentes tipos de ajuste. Vale decir: la cuestión sobre las diferentes posibilidades de ajuste nunca fue encarada, sino que, al aceptarse como único ajuste posible el que se puso en práctica, los términos del debate económico se plantearon en torno de la dicotomía ajuste o caos. De esta manera, la posibilidad de enfrentar la crisis por la vía de políticas de ajuste que no presionaran, o no presionaran tanto sobre las ya castigadas espaldas y bolsillos populares, nunca fue considerada seriamente y se aceptó como inevitable que fueran las masas populares quienes tuvieran que cargar con el costo del ajuste, del mismo modo que tuvieron que cargar con el costo de la guerra. xxxvi

 

Colocar la cuestión en términos de si hay alternativas o no al ajuste es colocarla mal. La cuestión es si hay alternativas o no a un ajuste que cargue los sacrificios sobre los más pobres --si se quiere, la cuestión de clase en el diseño y direccionalidad de las políticas económicas. En estos términos la cuestión cambia y resulta evidente que no existen requisitos técnicos ni recomendaciones teóricas que presenten como insoslayable un ajuste antipopular. La decisión por este tipo de ajuste, y no por otro, es ante todo política: se presiona sobre los más pobres, porque ellos son los menos organizados, los que poseen menor capacidad de oposición y respuesta, y porque no se quiere, o no se puede, presionar a quienes están menor organizados, tienen más recursos y pueden ofrecer mayor resistencia. Sale más zumo de una naranja fresca que de una ya exprimida, pero hace falta más energía y esfuerzo para exprimir una naranja fresca.

 

La medidas económicas adoptadas desde mediados de 1988 habían tenido precedentes en 1983, xxxvii y las reformas de 1985 constituyeron, según ya se señaló, un precedente claro. Las consideraciones extraeconómicas que impidieron ejecutar el ajuste en 1983 --la inminencia de las elecciones-- y en 1985 --la situación bélica-- no existieron en junio 1988: las elecciones debían convocarse a fines de 1989, y la guerra había disminuído considerablemente. Después varios años de prometer el mejoramiento de las condiciones de vida de la gente cuando la guerra terminara, la política de ajuste de tiempos de (casi) paz aportó mayores penurias. El deterioro de la situación política del sandinismo que caracterizó a los meses finales de 1989 y principios de 1990, y que culminó con los resultados de las elecciones del 25 de febrero, pueden ser interpretados como un ajuste político detonado por el ajuste económico. Sobre esto volveré en el capítulo III.

 

 

II

El proceso de democratización

 

1. La concepción sandinista de la democracia.

El FSLN asumió tempranamente una concepción amplia de la democracia:

Para el Frente Sandinista la democracia no se mide únicamente en el terreno político y no se reduce solamente a la participación del pueblo en las elecciones. Democracia (...) significa participación del pueblo en los asuntos políticos, económicos, sociales y culturales. Mientras más tome parte el pueblo en esa materia será más democrático. (...) La democracia se inicia en el orden económico, cuando las desigualdades principian a debilitarse, cuando los trabajadores, los campesinos, mejoran sus niveles de vida (...). Una vez logrados estos objetivos, de inmediato se extiende a otros terrenos: se amplía al campo del gobierno; cuando el pueblo influye sobre su gobierno, cuando el pueblo determina a su gobierno, le guste a quien le guste.

(...) en una fase más avanzada democracia significa participación de los trabajadores en la dirección de las fábricas, haciendas, cooperativas y centros culturales. En síntesis, democracia es intervención de las masas en todos los aspectos de la vida social (FSLN 1980).

 

El ingrediente central de esta concepción es la participación popular, pero en un esquema conceptual de secuencia de niveles y etapas: primero lo socioeconómico y el desarrollo de transformaciones estructurales, lo político después. Esta concepción orientó los esfuerzos democratizadores del sandinismo a lo largo de toda la década, aunque en sus postrimerías y sobre todo después de las elecciones de 1990 el discurso sandinista, y el saldo efectivo del proceso revolucionario, enfatice mucho más la democratización político-institucional que la socioeconómica.

 

La atención central de la conceptualización sandinista de la democracia estuvo puesta en los factores socioeconómicos y ante todo desde una perspectiva que privilegia a la dinámica de las clases como fuerza motriz de la transformación social. Sin embargo no toda marginación, desigualdad o subordinación social tienen carácter de clase, ni la transformación de las relaciones de clase repercute automáticamente en ellas. Es, claramente, el caso de la subordinación de las mujeres y de la opresión de ciertos grupos étnicos. Sin embargo el reduccionismo economicista de la concepción sandinista creó dificultades para extender la democratización a los grupos étnicamente subordinados y al terreno de los géneros; fue ante todo un proceso protagonizado por hombres y por mestizos, y su apertura hacia las relaciones de género y las identidades étnicas implicó considerables esfuerzos y conflictos. xxxviii

 

El sandinismo adoptó este enfoque en respuesta a las condiciones políticas concretas derivadas del escenario en que la lucha guerrillera se desarrolló y triunfó sobre la dictadura somocista, más que como resultado de reflexiones teóricas. El tantas veces mencionado pragmatismo sandinista operó también en el modo en que el FSLN y el régimen revolucionario encararon la cuestión de la democracia.

 

En primer lugar, la lucha contra la dictadura de Anastasio Somoza. Para el FSLN el somocismo fue un régimen dictatorial asentado en la explotación social y la subordinación al gobierno de los Estados Unidos; la expresión históricamente determinada asumida por la dominación política y social de la burguesía nicaragüense. A lo largo de su vigencia de casi medio siglo, los Somoza adornaron su régimen mediante la realización de elecciones fraudulentas y la celebración de pactos electorales con el      Partido Conservador. Estos procedimientos permitieron la incorporación subordinada de elementos de la oposición burguesa a los aparatos del estado, el desenvolvimiento de la economía en condiciones de inicuas condiciones de trabajo para las masas, y la ilegalización y represión de las demandas populares.

 

La desconfianza inicial hacia las elecciones y la democracia electoral obedeció a estos datos de la historia nicaragüense. Fue asimismo una expresión de los esfuerzos del FSLN por consolidar su posición en el estado y en la sociedad en momentos en que arreciaban los embates de los grupos empresariales, la jerarquía de la iglesia católica, los partidos políticos tradicionales y el gobierno de Estados Unidos, enarbolabando la bandera de elecciones inmediatas como forma de acotar el avance sandinista y la movilización popular en la que aquél se apoyaba. Meterse de inmediato en la democracia electoral implicaba para el sandinismo internarse en un terreno desconocido e inseguro, en el que, al contrario, el factor experiencia jugaba a favor de sus opositores. Pero la desconfianza a las elecciones no era menor en los elementos de la burguesía antisomocista incorporados al gobierno sandinista, en la medida que su articulación al nuevo poder distaba aún de ser sólida y sus cuentas con los otros grupos y fracciones de la comunidad empresarial todavía no estaban saldadas.

 

Este rechazo inicial a las prácticas electorales, que en el fondo era el rechazo a los partidos tradicionales y a sus entendimientos y complicidades con el somocismo, no fue sin embargo una actitud exclusiva del FSLN --en esa época todavía una organización relativamente pequeña y de estructuración debil-- o de sus dirigentes. En aquellos días de euforia contagiosa y de esperanzas generalizadas tal actitud existía asimismo en sectores amplios de la población. Para éstos, la adhesión a la revolución involucraba el repudio a todo lo que oliera a somocismo, incluyendo la política tradicional. La consigna sandinista "El pueblo ya hizo su elección", referida a la participación insurreccional masiva, expresaba el estado de ánimo de las masas en aquella coyuntura. xxxix

 

Por otro lado, la estrategia sandinista de alianzas pluriclasistas (la "unidad nacional") creaba condiciones políticas para, y al mismo tiempo exigencias de, separación del gobierno/estado respecto de las clases en la sociedad. La fragmentación propia de las sociedades de tipo campesino, sumada a la incompleta y muy débil integración territorial de Nicaragua aún a fines de la década de 1970, demandaba el recurso a mecanismos de centralización y control para contrabalancear las tendencias centrífugas a la dispersión, la desarticulación y el conflicto. El enfoque político del sandinismo reforzó el énfasis en la relativa separación del estado respecto de los pliegues efectivos del tejido social, para desempeñar con mayor eficacia las funciones de unificación, control y conducción.

 

Para administrar las tensiones entre los grupos sociales que constituían su base, muchos de ellos con intereses y demandas contradictorias, el gobierno sandinista debía mantenerse relativamente separado de ellos. Un estilo de ejercicio del poder político que se encontraba reforzado por la masiva presencia de elementos de las clases medias y la pequeña burguesía en los aparatos del nuevo estado, siempre proclives a identificarse con "el pueblo" y al mismo tiempo a visualizarse al margen y por encima de las clases fundamentales. El énfasis en los elementos de control sobre la sociedad --incluídas las organizaciones sociales sandinistas y las manifestaciones de la movilización popular--, y el verticalismo reflejado en la expresión coloquial "bajar línea", vale decir, el enclaustramiento de las decisiones más importantes en los ámbitos del poder institucional, obedecieron a factores que existen ante todo en los pliegues objetivos del tejido social de un país como Nicaragua.

 

La separación del estado respecto de las fuerzas sociales en las que se apoyaba involucró asimismo un intento de despolitizar las prácticas colectivas de los actores sociales que aspiraran a una autonomía respecto del poder. La política tendió a ser considerada como atributo del estado, mientras los actores sociales legitimaban su existencia por su dedicación a sus funciones sociales y económicas específicas: los obreros a trabajar, los campesinos y los burgueses a producir; los vecinos a limpiar y vigilar sus barrios. La masividad inicial del involucramiento popular en las tareas de reconstrucción y el discurso movilizador del FSLN, contrastaban con el panorama anterior y testimonian el entusiasmo de la gente y la voluntad política del sandinismo de hacer de la participación de masas una componente sustancial del nuevo régimen. Pero al mismo tiempo las renuencias a modificar el código del trabajo heredado del somocismo y a legalizar la gestión obrera en las empresas, la progresiva conversión de las organizaciones de masas en aparatos del estado --es decir en instancias de ejecución de políticas en cuya decisión no participan--, la subordinación incluso de las reivindicaciones categoriales a la estrategia global del estado, expresan el rápido desarrollo de tendencias verticalistas centralizadoras de lo político. xl La justificación de estas limitaciones era formalemente sencilla: el pueblo no podía, auténticamente, poner en cuestionamiento al estado popular. Y en la medida en que se trataba de un estado popular, era imposible que surgieran tensiones entre éste y sus representados. La prueba de que esa representatividad existía era el involucramiento masivo en las organizaciones de masas, la asistencia a los actos conmemorativos, el "cumplimiento de las tareas".

 

En lo que toca a la burguesía opositora, se trataba de que aceptara los programas económicos del gobierno y que se dedicara a la producción sin hacer política, es decir haciendo oídos sordos a los partidos opositores y posteriormente a la contrarrevolución:

 

Aquí lo que hay que plantearse teóricamente es si existe la posibilidad de que la burguesía produzca sola, sin poder, que pueda limitarse como clase a un papel productivo, es decir que se limite a explotar sus medios para vivir, no como instrumento de poder, de imposición. xli

 

Debe agregarse a todo lo anterior el carácter reciente de la reunificación sandinista (sólo en noviembre 1979 la Dirección Nacional Conjunta se convirtió en Dirección Nacional), el proceso forzosamente lento de la institucionalización del nuevo poder, la ambigüedad del apoyo de algunos aliados internacionales, la falta de recursos humanos dentro del FSLN, la debilidad de la presencia sandinista en algunos ámbitos de la sociedad, la comprensible falta de definiciones sobre una enorme cantidad de cosas. Todos estos factores confluyeron en la configurarción de un panorama inicial de extrema fluidez que reforzó las tendencias hacia la centralización, el verticalismo y el control.

 

El enfoque secuenciado de la concepción democrática del sandinismo --ahora la economía, la política después-- respondía, por lo tanto, a la necesidad del FSLN de administrar las tensiones y contradicciones que emergían en la sociedad e incluso dentro del estado y del propio sandinismo.

 

Esta secuenciación adquirió rápidamente carácter estratégico para postergar o amortiguar el enfrentamiento clasista --primero la reconstrucción y el desarrollo, el socialismo después. xlii A medida que el entusiasmo, el triunfalismo y la amplia movilización de masas que enmarcaron la victoria sobre la dictadura y los meses inmediatamente posteriores ingresaron en un relativo reflujo, y las preocupaciones por el orden y las actividades cotidianas se hicieron más urgentes, la diferenciación entre lo que se debía hacer primero, y lo que se debería hacer después, se hizo más marcada.

 

La diferenciación social en el acceso al poder político y a las instituciones suele dar lugar a, o reforzar, una diferenciación paralela en el acceso a recursos, muy frecuente en este tipo de sociedades. La idea de que el poder implica atributos y beneficios particulares para quien lo ejerce u "ocupa" está profundamente arraigada en la política centroamericana tradicional; para cuya comprensión Weber, con sus análisis sobre la dominación patrimonial y el prebendalismo como método para asegurar lealtades, suele ser de mayor pertinencia que Marx. El sandinismo no inventó estos estilos, pero rápidamente quedó envuelto en su maraña y, a la postre, contribuyó a reproducirlo. El poder remplazó al mercado en la gestación y captura de oportunidades de progreso en la vida, de acceso a medios, de enriquecimiento e incluso de acumulación, marcando un contraste muy marcado e irritativo entre los de arriba y los de abajo , tanto más cuanto que los estilos de vida dispendiosos de muchos dirigentes contrastaban con las penurias de la mayoría de los militantes y, sobre todo, de amplios sectores de la población.  Una situación que señalaba al mismo tiempo la inmunidad de ciertos estilos en el ejercicio del poder estatal, a los cambios políticos.

 

2 . El impacto de la guerra

Vino la guerra a partir de 1983 y complicó más las cosas, al reforzar estas tendencias. En primer lugar, la guerra generó exigencias y creó condiciones para el reforzamiento del control, la centralización y el verticalismo; acentuó el funcionamiento de las organizaciones de masas como aparatos del estado y subordinó a su contribución a la movilización para la defensa todo otro objetivo específico de las mismas, y mediatizó más la participación popular. Eficacia, celeridad y disciplina fueron las consignas de la nueva etapa, mucho más que participación y autonomía.

 

En segundo lugar, se adoptó como doctrina oficial --salvo un breve lapso entre 1985 y 1987-- que la contrarrevolución no tenía otro origen ni expresaba otros intereses que los de la política antisandinista del gobierno norteamericano: era un enemigo eminentemente externo, obedeciente a causas y factores exógenos.

El argumento fue eficaz para mantener en alto una amplia solidaridad internacional aún en los momentos de más salvaje agresión contra Nicaragua, y neutralizar los esfuerzos de la administración de Ronald Reagan para aislar internacionalmente al régimen sandinista. Empero, este enfoque hizo muy difícil aceptar la existencia de otros factores, más directamente relacionados con el desenvolvimiento efectivo del proceso sandinista y respecto de los cuales la capacidad de acción y de rectificación del régimen era potencialmente mayor: enfoques de política que chocaban contra las expectativas de determinados grupos sociales, abusos cometidos por funcionarios, prejuicios, etc. Por ejemplo: "En la región VI (departamentos de Matagalpa y Jinotega: CMV) la geografía es más variada y en su mayoría el campesinado participó en la lucha sandinista. Allí están Pancasán, Bocay, Zinica. Después del triunfo, sin embargo, fueron enviados allí muchos cuadros del Pacífico que no supieron entender a este campesinado. Los llamaron `burgueses', los acusaron de `contrarrevolucionarios', se les comenzó a fustigar y se llegó a extremos, como en Pantasma, Yalí, Río Blanco. Por eso la contrarrevolución pudo desarrollar su trabajo allí". xliii

 

  Por último, la guerra contrarrevolucionaria fue presentada en el discurso oficial del régimen sandinista como un obstáculo para las transformaciones revolucionarias: primero la defensa de la soberanía nacional y popular, después la profundización de la revolución. xliv

 

La guerra es siempre un ambiente poco propicio para la democratización --aunque esto no implica que la paz sea incompatible con el autoritarismo. Pero en las circunstancias particulares de Nicaragua, los efectos de la guerra se montaron sobre elementos preexistentes, y facilitaron el fortalecimiento del verticalismo y el aparatismo, ahondando la separación del gobierno y la conducción sandinista, de la gente. El discurso del poder se tornó autocomplaciente y desplazó más al discurso de las masas; la alusión a la guerra se convirtió en un acto reflejo justificatorio de errores, desviaciones y torpezas; la movilización militar subordinó a la movilización política, y los deberes institucionales para con el estado avanzaron sobre las responsabilidades voluntarias para con la revolución. En esta misma medida se facilitó el reclutamiento de la contra y se minaron las bases reales de la revolución --circunstancia que sólo después de la derrota electoral de 1990 el FSLN llegaría a reconocer. xlv La estrategia político-militar del gobierno de los Estados Unidos surtió efecto: no sólo destruyó, mató y mutiló, sino que también desgastó, deterioró y, a la postre, deslegitimó.

 

Tan decisivo como la guerra para explicar las dificultades crecientes del sandinismo, fue el modo en que el sandinismo encaró la guerra: como un obstáculo al avance del proceso de transformación, y no como el escenario definido por el gobierno de Estados Unidos para dicho proceso. En estas condiciones era inevitable que el argumento de la guerra y de la prioridad de la defensa se esgrimieran, en muchos ámbitos del estado y del FSLN, para bloquear las críticas, postergar las demandas de participación, y reproducir ahondándola la separación entre dirigentes y dirigidos, que usualmente refleja la diferenciación entre los que conducen la guerra y los que pelean en ella, o son sus víctimas. El "sandinismo de guerra" descargó el peso del conflicto ante todo sobre las clases populares; éstas fueron las que contribuyeron con sus hijos al reclutamiento del servicio militar y las que soportaron el impacto de la economía de guerra. xlvi

 

El discurso del poder desplazó al de las masas, la lucha por la solidaridad internacional desplazó al análisis equilibrado, pero no necesariamente prescindente. Los señalamientos críticos fueron vistos, con frecuencia, como la antesala de la defección. En consecuencia el discurso de la guerra redujo su capacidad movilizadora y su poder de convicción.

 

3 . Los factores exógenos y la convocatoria a elecciones

En sociedades pequeñas, atrasadas, muy abiertas al sistema internacional, como son las de Centroamérica, la gravitación de los factores exógenos suele ser muy fuerte, entendiendo por exógenos los factores que se originan sobre todo en el mercado internacional, en las políticas de las empresas que dominan esos mercados, en los estados y organismos que configuran el sistema político internacional, y en los grupos y fuerzas que actúan en ellos. De ahí que usualmente tienda a privilegiarse estos factores cuando se trata de explicar el desenvolvimiento de las  sociedades periféricas. El subdesarrollo, la dependencia externa, la inserción en el "sistema mundial", indican, por definición, la existencia de un estrecho margen de maniobra para los actores de los procesos colectivos en las sociedades de la periferia.  

 

El orden político tradicional en Centroamérica descansaba sobre dos pilares: la hegemonía político-militar de los Estados Unidos, y la dominación ejercida por grupos reducidos de terratenientes, comerciantes e industriales aliados a esa hegemonía. Debido a las estrechas relaciones entre grupos dominantes locales y dominación externa, cualquier desafío popular a la dominación política de los grupos dominantes locales fue visto con desconfianza, para decir lo menos, por el gobierno de Estados Unidos. Y, de manera similar, la  posibilidad de recomponer las relaciones de los grupos dominantes locales con los factores externos, depende del modo en que el conflicto político interno se resuelva.

 

El ascenso de la agresividad del gobierno de Estados Unidos y sus esfuerzos diplomáticos por aislar internacionalmente a Nicaragua, llevaron al sandinismo a reforzar una estrategia de amplias alianzas externas y, en este marco, a modificar su manera de encarar la cuestión electoral. Era evidente que para un grupo grande de gobiernos y organismos no gubernamentales que no compartían la estrategia norteamericana, la legitimidad insurreccional reclamada por el FSLN era indiscutible pero insuficiente, y sólo la convocatoria a elecciones convertiría al gobierno revolucionario en un gobierno aceptado internacionalmente.

 

Las elecciones de 1984 permitieron ratificar la legitimidad del liderazgo sandinista y dimensionar la magnitud de su arraigo en la población (vid cuadro 5). La campaña electoral se desenvolvió en el marco de un incremento de las presiones del gobierno de Estados Unidos y de una ampliación de la guerra contrarrevolucionaria, que habia obligado al gobierno sandinista a establecer, en 1983, el servicio militar obligatorio ante la insuficiencia de las milicias (voluntarias) para hacer frente a las fuerzas de la "contra", que contaban con masivo apoyo logístico y financiero de Estados Unidos.

 

Las elecciones de noviembre 1984 y la victoria sandinista dificultaron la estrategia desestabilizadora de Washington, que a partir de ellas se vio obligado a incrementar aún más el apoyo a la guerra contrarrevolucionaria aunque con crecientes dificultades dentro del Congreso. La meta de sumar el apoyo europeo y latinoamericano a la agresión y el aislamiento de Nicaragua fracasó, pero las alegaciones de Washington acerca de la falta de competitividad de la convocatoria electoral y el cuestionamiento de sus resultados, llevaron a los gobiernos europeos y latinoamericanos a adoptar una posición poco entusiasmada respecto del comicio: algunos por convicción, otros para no perjudicar sus propias relaciones con la Casa Blanca. Esto a su turno se tradujo en una reducción de varias líneas de cooperación económica y financiera, y habría de expresarse en el plano diplomático en la crisis del grupo de Contadora.

 

Las elecciones de 1990 fueron convocadas y efectuadas en el marco del proceso negociador de Esquipulas; por lo tanto, fueron parte de una intensa y compleja red de negociaciones entre el gobierno sandinista, la oposición interna, el gobierno y otros actores del sistema político de Estados Unidos, y la comunidad financiera internacional. En último análisis las modalidades efectivamente asumidas por la convocatoria --sobre todo la anticipación de la fecha  de las elecciones y la ampliación del espacio institucional de la oposición interna-- y el escenario de agudo deterioro económico en que esa convocatoria tuvo efecto, estuvieron inscritas en la imperiosa necesidad del gobierno sandinista de poner fin a la guerra contrarrevolucionaria y, sobre todo, revitalizar el acceso a cooperación externa para la reactivación de la economía (vid cuadro 6).

 

Las elecciones de 1990 fueron así parte constitutiva de un proceso que, en su configuración específica, tuvo su primer hito en la declaración de Esquipulas II (agosto 1987), y continuó con la suspensión parcial del financiamiento del gobierno norteamericano a los contras, con la firma del acuerdo de cese al fuego entre el gobierno de Nicaragua y la Resistencia Nicaragüense (RN) en Sapoá (marzo 1988), la ampliación del espacio institucional de la oposición interna a través de la modificación de varias normas legales (agosto 1989), la exigencia de los presidentes centroamericanos del desarme de la RN (Tela, agosto 1989), ratificado algunos meses después ante su incumplimmiento (San Isidro Coronado, diciembre 1989), y el repudio del gobierno sandinista a la ofensiva militar del FMLN salvadoreño de noviembre 1989. Estos desarrollos estuvieron enmarcados asimismo por la reformulación de las relaciones entre los gobierno de Estados Unidos y la Unión Soviética, que se tradujo en una sensible reducción de la ayuda soviética a Nicaragua y un cambio parcial del enfoque de Moscú sobre la crisis centroamericana.

 

4 . La democracia participativa

Casi todo lo que se escribió sobre la democracia sandinista tuvo como referente de contraste la etapa somocista, y como marco de interpretación la guerra. El balance no pudo ser más favorable, y justamente favorable, al proceso revolucionario. Sin perjuicio de las limitaciones y ambigüedades que acaban de señalarse, Nicaragua avanzó con el sandinismo por el camino de la democratización real, con un nítido signo popular y un énfasis incuestionable en la participación social.

 

El surgimiento o desarrollo de las organizaciones sociales, la experiencia de la gente en trabajar juntos y discutir juntos los problemas que les aquejaban, marcan un corte profundo en la historia del país. El pueblo recuperó su voz para hacer oír sus problemas, para expresarlos por sí mismo, y retomó y potenció su capacidad de acción colectiva en la experiencia renovada a diario, de la eficacia de su propia participación. Por primera vez en mucho tiempo --para muchos, por primera vez en la vida-- la gente se sintió parte de una comunidad nacional, de un todo compartido. Los grandes logros sociales de la revolución --la alfabetización, la medicina preventiva, la educación de adultos, entre otros-- fueron posibles por el involucramiento masivo, voluntario, solidario y esperanzado de una multitud de hombres y mujeres, mayoritariamente pertenecientes a las clases populares. Una muchedumbre en la que se hizo carne una convicción profunda, amplia y activa de dignidad, de que finalmente, por el esfuerzo de todos, se habían ganado un horizonte, y un lugar bajo el sol.

 

La combinación del principio de la representación política (a través de los partidos) con el de representación funcional (a través de las organizaciones representativas de sectores específicos de actividad e interés), en el Consejo de Estado, permitió potenciar la actividad de las organizaciones de masas. Entre 1980 y 1984, periodo de existencia del Consejo, las representaciones de las organizaciones de masas sandinistas, diferentes y formalmente independientes de la bancada partidaria del FSLN, tuvieron oportunidades institucionales de expresar sus propias perspectivas, a partir de sus intereses diferenciados, sobre todos los temas sometidos a discusión. Sus posiciones no siempre, más bien raramente, lograron imponerse cuando iban en contra de las posiciones asumidas y "bajadas" por el FSLN, pero la simple existencia de diferentes perspectivas contribuyó a consolidar a las organizaciones, a activar las discusiones internas, a entrenar a muchos de sus dirigentes y cuadros en la política parlamentaria.

 

Los análisis políticos y las reflexiones sociológicas de la época se centraron en lo que Ileana Rodríguez ha llamado "la lucha por los porcentajes", es decir el interés casi obsesivo en señalar la magnitud cuantitativa de la incorporación de la gente a las organizaciones respectivas: cuántos obreros pertenecían a la CST o a la ATC, cuántos maestros estaban afiliados a ANDEN, cuántas mujeres involucraba AMNLAE, cuántos campesinos pertenecían a cooperativas, y así en los demás casos. Tomando en cuenta el bajísimo nivel de organización popular pre revolucionario, el crecimiento fue, en casi todos los casos, exponencial. xlvii

 

Las relaciones de estas organizaciones con el estado y con el FSLN fueron tratadas muy esporádicamente, como también recibió muy reducida atención el desenvolvimiento de prácticas democráticas dentro de estas organizaciones y sus campos de acción. Por ejemplo la cuestión de la elección de los dirigentes --nacionales, regionales, departamentales, locales-- por las bases de estas organizaciones se planteó de manera tardía, y no en todas; en la mayoría de ellas no hubo procedimientos electivos internos, o bien las elecciones consistieron en ratificar los candidatos o candidatas "bajados" desde las cumbres del FSLN.

 

Dentro de esta constante, a relación del FSLN y el estado con las organizaciones populares sandinistas atravesó por tres etapas o periodos. En los años iniciales (1979-82) el FSLN alentó el activismo de masas, tanto por necesidades de reactivación de la economía y reconstrucción --solamente con el concurso de las organizaciones populares podía volver a ponerse en funcionamiento el país--, como para consolidar a esas mismas organizaciones en momentos en que su carácter reciente y la falta de experiencia de muchos de sus cuadros y dirigentes las ponía en posiciones de debilidad frente a los sindicatos y otras organizaciones socialistas, comunistas, socialcristianas, etc. con mayor experiencia. xlviii Fue ésta asimismo una época de gran eficacia reivindicativa para las organizaciones sandinistas: generalización del sistema de conveniios colectivos de trabajo, participación obrera en la gestión de las empresas estatales, etc.

 

A partir de 1982-83 el estallido de la crisis económica y el desenvolvimiento de la guerra contrarrevolucionaria crearon condiciones para la consolidación de la centralización y el verticalismo, que se fortalecerían con los cambios institucionales posteriores a las elecciones de 1984 y que habrían de mantenerse hasta finales de la década. La evidencia de que la pérdida de autonomía de las organizaciones, y su eficacia reivindicativa en retroceso, se traducían en menores niveles de adhesión, condujo a fomentar procesos de democratización interna en algunas de ellas. El caso más notorio fue el de los CDS; desde 1986 se inició un proceso de consulta interna y de elección de dirigentes locales, y de conversión de la organización sandinista en una organización amplia, de base comunal, sin identidad partidaria explícita. El éxito del viraje fue parcial, en parte por el agotamiento de este tipo de organización en la medida en que muchas de las demandas en que se apoyaba --mejoramiento barrial, extensión de servicios públicos, etc.-- ya estaba satisfecha, o era de satisfacción imposible por la crisis, y en parte porque las iniciativas de descentralización y democratización llegaron en momentos en que ya la crisis y la guerra absorbía de lleno los esfuerzos y la atención de la gente.

En los años finales de la década, las iniciativas de descentralización se incrtementaron y fueron alentadas incluso desde el FSLN y el estado, en la medida en que la exigüidad de los recursos públicos hacía imposible mantener una estructura centralista, y como respuesta a la dinamización del clima político producto del cese al fuego y de la proximidad de las elecciones. En estos años se registró así un contraste marcado entre el movimiento campesino y, en menor medida, el movimiento comunal, que alcanzaron una notoria reactivación y una marcada autonomía --y capacidad de crítica-- del estado, y el movimiento obrero sandinista, que siguió enmarcado en un rígido verticalismo que repercutió en su capacidad de convocatoria. xlix El deterioro de la situación económica alimentó algunos movimientos de protesta obrera a principios de 1988, pero fue una protesta canalizada por organizaciones sindicales opositoras, frente a la cual el estado y el FSLN respondieron con una moderada represión. Protesta y represión que contribuyeron a descolocar aún más a los sindicatos sandinistas frente a sus propias bases.

 

En resumen, y sin perjuicio de las oscilaciones mencionadas, el FSLN y el gobierno sandinista desplegaron las organizaciones de masa como un general despliega y moviliza sus divisiones. La estrategia del despliegue y la movilización dependían de un control centralizado en cuya virtud la conducción de las organizaciones recibía la línea que se le bajaba desde el partido, el gobierno, o el estado. Como siempre ocurre, los intentos de autonomía se debieron mucho más a la insistencia de las organizaciones que a la iniciativa del estado, el gobierno o el FSLN. En los conflictos entre sindicatos y administradores de las empresas estatales, por ejemplo, el sandinismo tendió a adoptar el punto de vista de los gerentes y administradores, más que el de los trabajadores; en las contradicciones en torno a la cuestión de la mujer, tendió a reforzarse un enfoque masculino de los problemas; las demandas sindicales de sanción a los empresarios que incurrían en maniobras de descapitalización o de colaboración con la contrarrevolución, fueron amortiguadas desde el estado para no ahondar el inevitable deterioro de la estrategia de alianzas amplias. La desconfianza hacia las reivindicaciones étnicas o su intento de meterlas por la fuerza en un enfoque sandinista, o mestizo, hicieron adicionalmente difícil una comprensión de la problemática del Atlántico.

 

Esta matriz de relaciones entre el estado y el FSLN por un lado, y las organizaciones de masas por el otro, fue facilitado por la autoridad moral de aquéllos --expresada en la consigna "Dirección Nacional ordene!"-- pero también por el origen reciente y la reducida experiencia política de muchas de las organizaciones y de sus dirigentes intermedios. Salvo en el ámbito de los asalariados urbanos, donde los sindicatos sandinistas tuvieron que competir con los de otras tendencias políticas, l las organizaciones populares nicaragüenses son de origen reciente, muchas de ellas directamente creadas por el FSLN en el marco de la lucha contra el somocismo --como en el caso de los asalariados rurales, los comités vecinales y las mujeres--, y otras incluso después del triunfo --como fue el caso de la UNAG y los profesionales. Esta situación explica la disposición de las directivas de las organizaciones a aceptar las orientaciones emanadas desde el estado, el gobierno y el FSLN, sus limitaciones  para hacer valer perspectivas propias, y las dificultades de las organizaciones para proyectar hacia la sociedad una imagen de relativa autonomía respecto de las instituciones estatales, que ampliara su capacidad de convocatoria hacia sectores de población no sandinistas, pero no necesariamente opositores. El esquema de relaciones entre las organizaciones de masas y el FSLN contrasta con el que se observó en El Salvador entre organizaciones similares y el FMLN, donde al contrario el movimiento popular precedió en el tiempo a las organizaciones revolucionarias, o en Guatemala.

 

5. De la participación al control

La democracia participativa fue el signo distintivo de la revolución sandinista durante la primera mitad de la década de 1980. La crisis económica de la que se tomó conciencia a fines de 1982, el asecnso de la guerra contrarrevolucionaria desde mediados de 1983, las elecciones generales de noviembre 1984 y los cambios institucionales subsiguientes señalaron el inicio de una nueva etapa en la revolución y por consiguiente en su enfoque de la participación popular, y de la democracia en general. La nueva constitución política, sancionada en 1987, dio fuerza jurídica y convirtió en normas fundamentales a los principios de la revolución y sus principales conquistas: la economía mixta, el antiimperialismo, la reforma agraria, los derechos individuales y sociales, en una versión actualizada y adaptada a las condiciones de la Centroamérica de fines del siglo XX, de lo que fueron el constitucionalismo social mexicano y europeo de la primera postguerra.

 

Es importante destacar el proceso de discusión de los contenidos del nuevo texto constitucional a lo largo de 1986, antes de su sanción, en numerosos "cabildos abiertos" sectoriales ("cabildos abiertos" de mujeres, trabajadores, estudiantes, profesionales, etc.) y territoriales. Estas asambleas no sólo permitieron a la gente informarse de qué se trataba, sino sugerir modificaciones al anteproyecto, o por lo menos dejar sentadas posiciones públicas sobre cuestiones específicas. Pero en las condiciones reales de la sociedad nicaragüense, enmarcadas ante todo por el creciente deterioro de la economía y por el ascenso de la guerra contrarrevolucionaria, el viraje hacia una mayor atención a las dimensiones institucionales de la democratización no significó ahondamiento o consolidación de ella. La participación popular se había desarrollado sin leyes, decretos o disposiciones constitucionales, y las nuevas normas constitucionales poco pudieron para prevenir, o evitar, el progresivo cercenamiento de su espacio y de sus alcances.

 

El remplazo del Consejo de Estado por una Asamblea Nacional con los partidos políticos como agentes exclusivos de representación de la sociedad, redujo la gravitación institucional de las organizaciones populares y acentuó su subordinación jurídica, ya no solo política, al FSLN. En adelante la posibilidad de las organizaciones de ubicar representantes en la Asamblea dependería de la mediación de algún partido político. En el caso de organizaciones como la CST, la ATC, AMNLAE, de explícita filiación sandinista, el problema no existía. Pero para otras, como la UNAG o los CDS, con vinculaciones más laxas al sandinismo, en todo caso menos orgánicas, el problema era serio, y la pérdida de autonomía fue real. Con la mediación de los partidos, el comportamiento en el parlamento quedó subordinado a la disciplina partidaria, y en el caso del FSLN, a las iniciativas emanadas del poder ejecutivo. La "aplanadora sandinista", expresión entre resentida y despectiva con que los partidos de oposición hacían referencia al manejo sandinista de sus dos tercios de asientos en la Asamblea Nacional como resultado de las elecciones de 1984, tuvo vigencia no sólo en el estrecho sentido a que aludía la expresión opositora --neutralizar a la bancada de la oposición-- sino asimismo con relación a las diferencias de perspectiva, e incluso de intereses específicos, entre los diputados sandinistas que integraban la bancada del FSLN en la cuota asignada a las organizaciones sociales, y los que ostentaban una militancia estrictamente partidaria.

 

El nuevo panorama institucional, el agravamiento de las restricciones económicas, y la intensificación de la guerra contrarrevolucionaria, crearon un escenario de tensionamiento creciente para las organizaciones sociales y la participación popular. Por un lado, se esperaba de las organizaciones que maximizaran los esfuerzos de movilización y propaganda en función de dos objetivos prioritarios: la incorporación de la población a la defensa, ante todo la incorporación de los jóvenes al servicio militar, y el cumplimiento de los planes y directivas económicas del gobierno. Por el otro, se insistía desde el gobierno y desde el FSLN en que las organizaciones debían mantenerse al frente de las reivindicaciones de sus representados, pero al mismo tiempo haciendo ver a éstos la precedencia de los objetivos anteriores. En otras palabras: las organizaciones debían convencer a la gente que había que trabajar duro, integrarse a las movilizaciones militares, bajar el tono de las reivindicaciones específicas, y al mismo tiempo impulsar algunas reivindicaciones mínimas en un contexto de recursos económicos exiguos, para competir con las organizaciones --especialmente las sindicales-- de la oposición. Todo ello en un ambiente político en el que el discurso sandinista oficial anatemizaba las demandas socioeconómicas, sobre todo de los trabajadores, imputándoles hacerle el juego a la oposición, cuando no a la contra. li

 

En los hechos esto permitió al sandinismo postergar el tratamiento de las demandas particulares e inmediatas de la gente suscitadas por sus problemas concretos, reales y cotidianos, apelando a un discurso cuyo eje central eran las referencias a la agresión bélica de los Estados Unidos. Como al mismo tiempo la política económica cargaba su costo sobre los hombros de los grupos de menores ingresos era creciente, el resultado fue una mayor desmovilización de la población y la reducción de la eficacia de la convocatoria de las organizaciones. En algunas de ellas, como los CDS --para entonces rebautizados como "Movimiento Comunal"--, o AMNLAE, el efecto negativo fue particularmente notorio, como también lo fue en amplios sectores del campesinado vinculados a la UNAG. lii

 

La gravitación absoluta del sandinismo en la Asamblea Nacional no se expresó en el aprovechamiento del espacio institucional así controlado para avanzar y expresar legislativamente su proyecto democrático, ni para dotar de fuerza legal los avances populares. En materia laboral, por ejemplo, no se modificó el código del trabajo, que databa de la época del primer Somoza; tampoco se dio fuerza jurídica a las experiencias de gestión obrera en las empresas del estado. El Movimiento Comunal no consiguió la aprobación de una ley de inquilinato que estabilizara la situación habitacional de decenas de miles de familias pobres. El movimiento estudiantil y las universidades no consiguieron la sanción de la ley de autonomía universitaria. El tratamiento de éstas y otras cuestiones igualmente caras a diferentes sectores de población que constituían la base social del sandinismo quedó relegado al ámbito de la negociación particularista, a la política de influencias, conversaciones y gestiones personales, en una clara continuidad con los estilos tradicionales. liii

 

También carecieron de tratamiento parlamentario las cuestiones priorizadas en la gestión estatal. La negociación conducente a un cese de hostilidades, o la misma política económica que tan seriamente dañaba las condiciones de vida de las bases sociales del sandinismo sin por ello mejorar las relaciones con la comunidad de negocios, se manejaron al margen de la Asamblea. La disposición constitucional que entregaba al poder ejecutivo la iniciativa presupuestaria fue interpretada en el sentido que la Asamblea aprobaba el proyecto de presupuesto "bajado" por el ejecutivo, sin que el contenido del mismo circulara entre los representantes que debían votar por él.

 

El parlamento, por lo tanto, no existió como arena institucional donde se dirimen los conflictos de intereses de la sociedad, sino como ámbito de ratificación y formalización de decisiones políticas adoptadas en otros ámbitos. El caso más ilustrativo es posiblemente el de la negociación entre el gobierno y los partidos opositores en vísperas de la reunión de presidentes centroamericanos en Tela (Honduras, agosto 1989). Necesitado de llevar a Tela un documento que demostrara la unidad nacional en el reclamo de que las fuerzas contrarrevolucionarias y el gobierno de Estados Unidos acataran las resoluciones del proceso de Esquipulas, el gobierno sandinista convocó a los partidos opositores a una reunión como resultado de la cual éstos firmaron un documento en tal sentido, previo compromiso sandinista de aceptar varias iniciativas de reformas para asegurar mayor competitividad y trasparencia al proceso electoral. La reunión se efectuó entre el poder ejecutivo y la dirección política del FSLN por un lado, y los partidos opositores por la otra, al margen de la Asamblea Nacional. Posteriormente la Asamblea, la misma que había aprobado los textos legislativos sometidos a crítica, y que en aquellas oportunidades había desechado esas mismas críticas, aprobó las reformas legislativas pertinentes.

 

Se desarrolló así lo que Marvin Ortega denominó "parlamentarismo paralelo". La Asamblea Nacional, formal depositaria de la soberanía popular, quedaba marginada del tratamiento de los temas más relevantes para la constitución efectiva del estado y que más directamente afectaban a la población: la economía, la guerra, la democratización, limitándose a convalidar las decisiones del ejecutivo. Un sistema de presidencialismo fuerte que expresa la supremacía institucional del titular del poder ejecutivo más allá incluso de las disposiciones constitucionales. Un sistema que algunos interpretaron como evidencia adicional del autoritarismo sandinista y de la influencia cubana, otros como un claro parentesco con el constitucionalismo latinoamericano y su fuerte énfasis presidencialista, y otros más, como la tozudez de las tradiciones políticas nicaragüenses, sobrevivientes a los vendavales conjugados de revolución, crisis y guerra.

 

El deterioro del proceso revolucionario por los efectos de la crisis económica y el conflicto militar, pero también por sus propias tensiones, ambigüedades y contradicciones, convirtió a la política internacional en el eje dinámico de la estrategia sandinista, subordinando a ella todos los demás aspectos de la actividad gubernamental y en particular de la relación estado/FSLN/masas. Paz y recursos financieros externos se convirtieron en las metas priorizadas de los esfuerzos políticos y diplomáticos del sandinismo. Las decisiones atinentes a ambas metas se concentraron en las más altas cúpulas del gobierno y del estado, que se identificaban con las del FSLN. En la medida que las decisiones de política doméstica se subordinaban a aquéllas, la participación popular vio aun más reducido su espacio, se limitó a cuestiones meramente operativas, y en definitiva se convirtió en sinónimo de capacidad de aguante y fé en que, en el futuro, las cosas habrían de mejorar.

 

6. El acceso a recursos

Los avances en la dimensión socioeconómica del proceso de democratización fueron incuestionables. Los progresos en materia de educación y salud fueron notorios, aunque muchos de ellos resultaron revertidos en la amplitud de la cobertura y en la calidad de los servicios por la guerra y la crisis económica y, a partir de 1988, por las políticas de ajuste del propio gobierno sandinista. La reforma agraria significó el acceso a la tierra de más de dos tercios de las familias campesinas que antes carecían de ellas, o que las tenían insuficientes, o sin títulos. Se impulsó la organización cooperativa, con resultados desiguales pero en general positivos. Sin embargo se ha visto en el capítulo I que los cambios en la estructura de tenencia de la tierra no involucraron transformaciones en el estilo y la estrategia de desarrollo agropecuario, que continuaron el enfoque verticalista y fuertemente dirigista del periodo anterior al sandinismo. A través de las políticas de crédito, asistencia técnica, precios, y otras, el estado decidía qué producir, con qué técnicas, etc., dejando escaso margen de decisión a los campesinos y las cooperativas. De todos modos el revanchismo de los terratenientes y de sus voceros en el actual gobierno relegarán al olvido las limitaciones y cuellos de botella de la reforma agraria sandinista.

 

En una sociedad en la que los grupos de pequeña burguesía son cuantitativamente predominantes, debe destacarse el avance socioeconómico y político de la pequeña burguesía y en general de los grupos medios a lo largo de toda la década. La redistribución de los recursos económicos, el acceso a la educación superior, el impulso a procesos de diferenciación, enriquecimiento y acumulación, encontraron en estos grupos actores activos y entusiastas. La revolución y el régimen sandinista significaron para ellos la apertura de perspectivas de progreso social que les habían estado vedadas por el somocismo y la sociedad tradicional. La moralina que usualmente tiñe el tratamiento de este tema con el rótulo de corrupción impide apreciar la magnitud y las proyecciones de esta dimensión, tal vez poco convencional, pero en modo alguno infrecuente, de ampliación del acceso a recursos económicos y de poder a nuevos actores sociales. El estado y la política desempeñaron para estos grupos el papel que el mercado desempeña para los actores ya instalados y consolidados.

 

La organización popular se desarrolló en todos los ámbitos de la vida colectiva. Los comentarios anteriores en cuanto a las limitaciones derivadas de su subordinación al estado y al FSLN no desvirtúan ni opacan el contraste impactante con el periodo pre sandinista. Existe una convicción firme en amplios sectores de los trabajadores, el campesinado, los pobladores de barrios humildes, las mujeres, la juventud, etc., de la organización como derecho y como recurso para potenciar las demandas y la movilización popular. Las grandes conquistas de la revolución se apoyaron en esa organización: la conciencia de la eficacia política de la participación, la reconstrucción de la economía, el desarrollo social de los años iniciales, la defensa campesina ante la contrarrevolución, la superación de las dificultades creadas por la falta de repuestos y el desabastecimiento, el antiimperialismo militante.

 

7 . Una democratización desigual

El proceso de democratización impulsado por el sandinismo tuvo como objetivo, en gran medida alcanzado, la integración de las masas populares en la comunidad política, en un proceso colectivo de constitución de la nación en res pública , en un todo compartido. Fue en tal sentido un proceso de construcción de un estado nacional popular y por lo tanto de una soberanía nacional asentada en la movilización y en la organización popular. Un proceso particularmente complejo y vulnerable en una época en que en el resto de América Latina el estado nacional popular había hecho crisis hacía más de una década y en la que el marco internacional de la revolución atentaba contra tal empresa. El esfuerzo del sandinismo se inscribió así de lleno en lo más auténtico de la historia nicaragüense y de Centroamérica. El hilo conductor de esta historia es la permanente tensión entre las aspiraciones a la constitución política de una identidad nacional independiente, con una progresiva incorporación de los grupos emergentes a los beneficios del progreso técnico y a una vida digna, o la aceptación sumisa de los dictados provenientes de las fuerzas coloniales o imperialistas, en una abdicación servil del derecho a una existencia sustantivamente soberana y la colaboración en el ahondamiento de las iniquidades sociales.

 

El todo fue, como ocurre generalmente, mayor que la suma de las partes. El proceso de constitución del estado nacional popular tuvo un desenvolvimiento desigual, y la democratización avanzó en distancia y profundidad más en determinados ámbitos que en otros.

 

El proceso de democratización estuvo enmarcado por la concepción sandinista de las clases como agentes fundamentales de la dinámica social y del pueblo como el referente fundamental de adscripción política de los sujetos sociales. No en el sentido de una estrategia clasista de dicho proceso, ya que el régimen revolucionario enarboló desde el inicio la bandera multiclasista de la unidad nacional y la economía mixta, sino en el sentido de enfocar al conjunto de los actores sociales desde la óptica priorizada, y a menudo reduccionista, de las clases, y de su identidad colectiva de pueblo. Por lo tanto, subordinando a la dinámica de éstas los intereses y demandas de los actores cuyas identidades y problemáticas se distorsionan al ser reducidas a dicho esquema, o forzando su adscripción a determinada clase.

 

Ante todo, hubo mucho más énfasis en la democratización en el ámbito público que en el privado; más exactamente, el proceso de democratización impulsado por el sandinismo reprodujo la separación tradicional entre lo público y lo privado y se desarrolló más en aquél que en éste. Las movilizaciones masivas, la organización popular, el cuestionamiento de la organización política y de las relaciones de producción, el rediseño de la articulación con el sistema internacional, la resistencia a las presiones externas, la defensa ante la contrarrevolución, la reactivación de la producción, etc., constituyeron los ámbitos privilegiados de la participación y la reconfiguración de las relaciones sociales. El estado, la nación, el barrio, la escuela, el partido, el sindicato, la cooperativa, los mercados, la universidad, fueron las plataformas de lanzamiento, los escenarios y los horizontes de la democratización; unos más que otros, pero todos en conjunto. Al contrario, el ámbito convencionalmente considerado como "privado" --las relaciones entre mujer y hombre, el espacio doméstico, las relaciones y estructuras familiares, las relaciones entre hijos y padres, entre otras-- recibieron el influjo del cambio de manera más diluída y contradictoria. Hubo en este sentido un forcejeo entre la separación tradicional entre lo público y lo privado, y una concepción amplia de la democratización que trató de derribar ese muro y de abrir todas las dimensiones de la vida humana al cuestionamiento y la transformación.

 

7.1. Democratización y relaciones de género .

La problemática de la discriminación de género contra las mujeres ofrece un ejemplo ilustrativo de los alcances y las limitaciones de la proyección de la democratización por encima de los límites convencionalmente asumidos de lo público y de la clase.

 

En la década sandinista el tema de la discriminación contra la mujer entró de lleno en el debate político e ideológico, y varias viejas barreras que marginaban a la mujer en el terreno económico y en el de la política fueron derribadas. La mujer avanzó más como trabajadora y como ciudadana que como género: incorporación a las relaciones laborales y a la militancia sindical, involucramiento en movilizaciones políticas y sociales, activismo partidario. La  discusión pública de temas tradicionalmente considerados tabú, como el derecho al aborto, el sinceramiento de las relaciones afectivas, el derecho de la mujer a su sexualidad, el divorcio, se desarrolló de manera más pausada, en la medida en que implicaba choques más violentos contra el orbe ideológico de la sociedad nicaragüense, incluyendo al propio sandinismo, y el cuestionamiento de la influencia cultural de la iglesia católica y de su jerarquía.

 

Pero el ingreso de la mujer a nuevos ámbitos de la vida pública usualmente involucró la reproducción de la tradicional subordinación de género, por la vía de la discriminación objetiva en los puestos de trabajo, la desconfianza o el desprecio hacia sus aptitudes y capacidades, el mantenimiento de formas de organización que ignoran y por lo tanto perpetúan las desigualdades en las relaciones entre hombres y mujeres, el chantaje sexual, el maltrato. Las dificultades, el desinterés y el miedo, compartidos por hombres y por muchas mujeres, de cuestionar la subordinación de género desde su núcleo en la unidad doméstica --la carga exclusiva de las labores de la reproducción familiar, el abandono y la violencia masculina, el cuidado de los niños, entre otros-- hicieron que la incorporación de la mujer a la esfera pública significara recargarla de tareas, esfuerzos y tensiones adicionales, y condenara muchas iniciativas de promoción, al fracaso. Es posible que estos factores de reproducción de la subordinación de género expliquen el bajo nivel de participación de las mujeres en general, y sobre todo en organizaciones sociales --por oposición a organizaciones religiosas-- que se encontró en algunas investigaciones efectuadas en las postrimerías del régimen sandinista. liv

 

La interrogante formulada a mediados de la década de 1980 por Maxine Molyneux: ¿Movilización sin emancipación?, o la tensión discutida más recientemente por Ileana Rodríguez, entre la mujer-clase/pueblo/nación y la mujer-género, expresan acertadamente la complejidad de la cuestión. lv . El proceso de democratización resulta limitado por las relaciones de opresión y subordinación de género. La separación entre lo público y lo privado, entre lo político y lo doméstico; la exclusión objetiva de las mujeres de una participación plena e igualitaria en la vida social por ser mujeres , reproducen la desigualdad de la relación hombres/mujeres y obstaculizan y sesgan la democratización.

 

7.2. Democratización y etnicidad .

La llamada Costa Atlántica de Nicaragua abarca la mitad del territorio del país y, hacia 1980, solamente 8 porciento de su población. La mitad de ésta estaba constituída de campesinos mestizos que emigraron de otras zonas del país expulsados por el auge de la agroexportación después de la segunda guerra mundial; la otra mitad consistía de grupos indígenas (mískito, sumo, rama) y de descendientes de los esclavos africanos traídos en los siglos XVII y XVIII por los plantadores y comerciantes ingleses (creoles y garífonas).

 

La actitud inicial de la revolución hacia estos grupos y la región que habitan fue de un marcado reduccionismo economicista y etnocéntrico. lvi El sandinismo enfocó la problemática costeña a través de la óptica parcial del subdesarrollo y el atraso económico, y trató de llevar a la Costa las instituciones, las políticas y las modalidades de organización y movilización popular que habían resultado exitosas para derrocar a la dictadura en las regiones pobladas por campesinos y asalariados mestizos. Los indígenas fueron vistos como campesinos pobres o como asalariados estacionales, y los creoles, más urbanizados, como grupos de pequeña burguesía y pequeños empresarios --sin percibirse que la subordinación étnica introducía factores importantes de diferenciacion con sus homólogos de clase mestizos; las prácticas de reciprocidad y de cooperacion simple fueron tomadas como indicios de supervivencia de un comunismo primitivo. El desarrollo económico y la expansión del estado habrían de arrancar a los costeños del atraso --como sugería la desafortunada metáfora de "La Costa Atlántica: Un gigante que despierta". El choque entre las expectativas de los costeños y el modo en que la revolución se hizo presente en la región dio lugar a varios años de conflicto militar intenso. La incapacidad inicial del sandinismo --una organización predominantemente mestiza-- de integrar a su diseño revolucionario las demandas y expectativas de las poblaciones costeñas étnicamente diferenciadas, permitió al gobierno de Estados Unidos y a los grupos contrarrevolucionarios manipular esas reivindicaciones que, aparentemente, carecían de legitimidad en el proyecto sandinista.

 

El conflicto fue intenso y sangriento, pero la repercusión internacional que alcanzó se debe ante todo a la manipulación publicitaria de la Casa Blanca, que encontró en la inicial incapacidad sandinista de comprender la especificidad de la problemática étnica, una veta particularmente rica para desacreditar al régimen revolucionario. Debe reconocerse, sin embargo, que la intensidad y la violencia del conflicto nunca alcanzaron los niveles y proyecciones registradas por las luchas interétnicas en Sri Lanka, Nigeria, Kurdistán o, en los días presentes, los Balcanes.

 

La respuesta inicial del régimen sandinista a estos conflictos fue eminentemente militar y estuvo orientada a asegurar el control efectivo del estado nicaragüense sobre el territorio. Pero esta presencia masiva del ejército permitió al mismo tiempo que el sandinismo y su gobierno adquirieran lentamente un mejor conocimiento de la problemática costeña y de sus especificidades étnicos-regionales: la gravitación de las comunidades y sus formas particulares de autogobiero local, el arraigo de las estructuras propias de autoridad y prestigio, las modalidades específicas de acceso a los recursos naturales, el reconocimiento de los idiomas nativos en pie de igualdad con el castellano, etc. A través de un proceso doloroso y de desarrollo lento al principio, el sandinismo pudo convencerse de que nada había en las reivinidicaciones costeñas opuesto al proyecto revolucionario y que, al contrario, la democratización de Nicaragua no podría ser plena sin aceptar como legítimas las demandas costeñas al reconocimiento de sus propias estructuras organizativas y modos de vida.

 

El régimen revolucionario comenzó a reconocer explícitamente, desde fines de 1983, la justicia de muchas de las demandas de los costeños, independientemente de la forma en que esas demandas se formularan. Esto permitió diferenciar el tratamiento que debería asignárseles, y a los grupos que las planteaban, respecto de los grupos mestizos sumados a la contrarrevolución en otras regiones del país. El tono y el contenido del discurso revolucionario cambiaron; de la imperatividad se pasó al diálogo. Se reconoció la legitimidad de las estructuras locales de autoridad anteriores a la llegada del sandinismo a la Costa --pastores, ancianos, notables del lugar-- y se llevaron a cabo aproximaciones a ellas, como mediadoras y dinamizadoras del diálogo sobre la paz, el desalzamiento y la repatriación de los que se habían marchado a Honduras. La culminación de este proceso fue la institucionalización de un régimen de autonomía étnico-regional que implicó el reconocimiento explícito del carácter multiétnico del estado y la sociedad nicaragüenses.

 

Sin embargo la institucionalización de este cambio de perspectiva, la sanción de un estatuto de autonomía, el inicio de una efectiva descentralización, avanzaron mucho más en términos formales que en lo sustantivo. La crisis económica conspiró contra la asignación de recursos hacia las recientemente creadas regiones autónomas. Pero más importante que ella fue la persistencia de una óptica etnocéntrica en muchos funcionarios mestizos que, por incomprensión, prejuicio o inercia, dificultaron un mayor avance de la ejecución del proyecto de autonomía. La idea de que un régimen de autonomía implicaba el desmembramiento de la unidad territorial de Nicaragua, o de que la población costeña "no merecía la autonomía" porque no hubo un movimiento insurreccional antisomocista en la Costa, o de que la población costeña carecía de madurez para hacerse cargo de su propio gobierno, estaban presentes en las mentes de varios miembros del gabinete sandinista incluso después de aprobado el estatuto de autonomía en setiembre 1987. En estos casos la autonomía se aceptó por disciplina partidaria mucho más que por convicción, y careció por lo tanto de proyecciones y vigencia efectivas. A su vez las múltiples limitaciones del régimen de autonomía, que expresaban las dudas subsistentes en muchos ámbitos de la conducción sandinista, abonaban la actitud ambigua de los costeños; para muchos dirigentes indígenas y creoles, y para amplios sectores de sus bases, la autonomía expresaba ante todo la necesidad del sandinismo de poner fin a la guerra y la convicción de que ello no sería posible simplemente por la vía de la superioridad militar.

 

III

Alcances y limitaciones de la experiencia sandinista

 

En este capítulo quiero llamar la atención sobre el empantanamiento de la revolución desde mediados de la década de 1980, varios de cuyos aspectos tuve ocasión de señalar en trabajos anteriores. lvii  Este empantanamiento está estrechamente relacionado con la guerra y la crisis económica regional, pero también con el modo en que una y otra fueron encaradas por la conducción revolucionaria, privilegiando el fortalecimiento de las alianzas con los grupos empresariales y terratenientes a costa de la autonomía organizativa y las condiciones de vida de las masas trabajadoras, obreras y campesinas. El esfuerzo de guerra recayó ante todo en estos sectores, tanto en lo que toca a la participación física en el conflicto, como en el costo socioeconómico; no hubo una distribución equitativa del esfuerzo en el conjunto de la sociedad --una situación que fue reconocida por la propia dirigencia sandinista.

 

La guerra y el enfrentamiento del gobierno de Estados Unidos quedaron despojados del referente político social, en definitiva de clase, que había sido explícito en los años iniciales del proceso revolucionario, en la medida en que el enfoque sandinista relegaba a segundo plano las transformaciones sociales y el protagonismo de las masas. En tales condiciones fue haciéndose dificil para la gente visualizar el contenido popular del proyecto político que estaba siendo agredido por la contrarrevolución. Más aún, la atención preferencial que el gobierno asignó a la concertación con los grupos empresarios y la comunidad internacional, y la distribución desigual de beneficios y sacrificios entre las élites y las masas, contribuyeron a diluir muchas de las dimensiones del proyecto democrático popular que había orientado los pasos iniciales del régimen revolucionario. La reforma agraria prácticamente se paralizó desde principios de 1989 pese a que aún permanecía casi un tercio de familias campesinas sin tierra o con tierra insuficiente. Más aún, durante la campaña electoral el presidente Daniel Ortega, buscando su reelección, aseguró a los terratenientes de la región IV afectados por la reforma agraria que "serían compensados con la devolución de sus propiedades, maquinarias y otros bienes". lviii

 

En 1984 el FSLN ganó las elecciones pese a una guerra contrarrevolucionaria de alta intensidad, porque había una revolución de alta intensidad que no dejaba lugar a dudas sobre qué cosas estaban en juego; en 1990 las elecciones se perdieron a pesar que el conflicto había disminuído, pero también la revolución había disminuído su intensidad de años anteriores.

 

Al opacarse el contenido político y en definitiva de clase del enfrentamiento antiimperialista, al reducirse éste a un conflicto entre gobiernos sustentado por el sacrificio de las masas --muertos, mutilados, poblaciones reasentadas, desarticulación de las familias...-- se crearon condiciones para que las críticas populares a aspectos concretos de las políticas gubernamentales y del comportamiento de los funcionarios, y las demandas de poner fin a la guerra, se aproximaran al discurso político de la oposición de derecha y se transformaran, a la postre, en votos antisandinistas. En un contexto de creciente desmovilización de las masas, el desfase entre la retórica de los más altos niveles del gobierno sandinista que mantenía un sonoro decibelaje antinorteamericano y afirmaba la orientación socialista de la revolución, y los contenidos y alcances efectivos de las estrategias y las políticas del gobierno, se hizo abismal. lix En la medida en que la retórica trascendía hacia el exterior e impactaba en el escenario internacional, pero los rasgos reales de las políticas producían sus efectos hacia adentro, este desfase contribuye a explicar el alto nivel de solidaridad externa que el gobierno sandinista conservó hasta el final, mientras que parte importante de su apoyo interno de masas se erosionaba. La sorpresa de muchos de los actores y observadores externos ante la derrota electoral del 25 de febrero obedece en buena medida a este divorcio entre hechos y percepciones.

 

1. Liberación nacional, democracia y transformación social .

El proceso sandinista testimonia las enormes dificultades que experimentan las revoluciones democráticas y de liberación nacional en sociedades periféricas, empobrecidas y atrasadas, para pasar de una etapa antidictatorial de alianzas amplias, a una etapa de transformaciones sociales y políticas profundas y de redefinición clasista y popular de la conducción del proceso revolucionario. Una transición que mejore la compatibilidad entre el esfuerzo popular que es decisivo para el triunfo político y el sostenimiento de la revolución, y el contenido y alcances de las políticas promovidas por el régimen revolucionario. Estas dificultades tienen que ver ante todo con las características estructurales de tales sociedades, pero también con el modo en que ellas son encaradas por las organizaciones políticas que impulsan el proceso de cambio.

 

El principal de estos factores es la particular estructura de clases generada por el capitalismo subdesarrollado en Centroamérica. La polarización burguesía/proletariado del capitalismo desarrollado es débil en las sociedades agrarias de Centroamérica, y el perfil de la estructura social aparece dominado por una vasta y diferenciada masa de campesinos, comunidades indígenas, asalariados estacionales, pequeña burguesía urbana. La contradicción entre el desarrollo de las fuerzas productivas y la estructura de relaciones de producción, en la que Marx fincó la generación de las condiciones para el desenvolvimiento de las revoluciones sociales, es poco relevante en la mayoría de las sociedades centroamericanas, o en todo caso su virtualidad revolucionaria no apunta a una superación del capitalismo sino más bien a diferentes modalidades de desarrollo y modernización del mismo. Además la mencionada contradicción se articula con otras, que no surgen necesariamente de la esfera de la producción: la cuestión de la liberación nacional, las luchas por la constitución de un orden democrático.

 

En estas sociedades la clase obrera es de dimensiones reducidas, posee poca experiencia organizativa, se encuentra aún en proceso de desarrollo y mantiene fuertes lazos con el campesinado y el artesanado; su capacidad para conducir el proceso de transformaciones sociales es problemática, para decir lo menos. La revolución es el ámbito de progresiva maduración política de la clase obrera, pero esta maduración se da en el marco de alianzas y conflictos con otros grupos y fracciones que disputan la conducción del proceso a partir de condiciones parecidas de fragilidad. El carácter inicialmente policlasista de estos procesos revolucionarios en función de la convocatoria democrática y de liberación nacional, y la estrecha articulación de las luchas democráticas con los proyectos de transformación estructural y rearticulación externa, convierten al campo de la revolución en un escenario de tensiones y confrontaciones internas entre los grupos sociales que participaron de la lucha contra la dictadura.

 

En tales condiciones, la extensión de la democratización al ámbito de las relaciones socioeconómicas y del acceso a los recursos, involucra tensiones fuertes agravadas por las vulnerabilidades que emergen del atraso y el subdesarrollo de la estructura. La debilidad recíproca de los grupos sociales en pugna tiende a generar un estilo de conducción política relativamente separado de los actores sociales directos; la "vanguardia" se presenta como administradora de los intereses de las clases populares hasta tanto éstas maduren, pero en los hechos sustituye al protagonismo político de los actores fundamentales. Del liderazgo por representación se pasa al liderazgo por sustitución. Usualmente son segmentos de la pequeña burguesía urbana quienes asumen este papel, pero en sociedades muy atrasadas como las de América Central, no es infrecuente encontrarse con elementos de la burguesía fuertemente insertados en las organizaciones que postulan la transformación social y que tratan de imponer sus perspectivas y concepciones desde dentro del campo revolucionario y del estado.

 

Pasar de un enfoque del proceso revolucionario que lo circunscribe al remplazo de los titulares del gobierno por vías no institucionales, a un enfoque que apunta a transformaciones de clase en las relaciones de poder político y económico, involucra proyectar la dimensión democratizadora del proceso revolucionario hacia la configuración estructural de la sociedad y hacia sus dimensiones culturales, y supone conflictos muy intensos entre las diferentes grupos y sectores incorporados a la revolución. Las alianzas que hacen posible el triunfo revolucionario conspiran posteriormente contra el avance hacia etapas ulteriores de cambio político y económico. Este conjunto de factores impone al proceso revolucionario un desenvolvimiento en general pausado y prolongado en el tiempo. lx

 

Por otro lado el atraso global de la sociedad, los niveles tecnológicos muy bajos, la inexperiencia organizativa de obreros y campesinos, el monopolio del saber científico y técnico en segmentos muy reducidos de las clases dominantes, problematiza adicionalmente la viabilidad de estrategias alternativas de desarrollo asentadas en la participación popular amplia. Se aprende a participar participando, pero éste es un proceso que demanda esfuerzos adicionales, horas extra de trabajo, noches de poco sueño. El aprendizaje de la participación es un proceso de desenvolvimiento lento; requiere por lo tanto una disponibilidad de tiempo que usualmente no existe, ante las urgencias planteadas por el tensionamiento del escenario internacional y, ante todo, por la guerra contrarrevolucionaria. A su turno esto lleva con frecuencia a una acelerada centralización de las decisiones y a una separación marcada entre los niveles de conducción --donde la presencia de elementos de pequeña burguesía y de burguesía puede ser muy fuerte-- y las masas, reproduciéndose en el seno del campo revolucionario la jerarquización entre los que deciden y los que ejecutan. lxi

El segundo factor se refiere a los cambios en el escenario internacional de la revolución sandinista. El triunfo del FSLN en 1979 estuvo enmarcado por un escenario externo favorable, que brindó al régimen revolucionario una amplia y flexible cooperación económica y financiera. Cuando las presiones del gobierno de Estados Unidos arreciaron, Nicaragua encontró en la ayuda de la URSS, Cuba y los otros países del CAME un apoyo estratégico para sus programas de transformación económica y social. La asistencia militar soviética dotó al ejército sandinista de un abastecimiento material que contribuyó significativamente a la victoria sobre la contrarrevolución. Cuando Venezuela y México dejaron de abastecer de petróleo a Nicaragua, la URSS cubrió el vacío.

 

La situación cambió a partir de 1987-88. Las dificultades económicas en los países del Este y las negociaciones URSS-EEUU redujeron la fluidez y el nivel de los abastecimientos, incluyendo la ayuda militar y el abastecimiento de hidrocarburos. Finalmente la URSS decidió sumarse a la estrategia norteamericana de búsqueda de una solución a la crisis regional que implicaba, entre otras cosas, la reinserción de los "contras" en el escenario político nicaragüense, y el cese de las operaciones militares de la guerrilla salvadoreña. En su visita a Nicaragua en octubre 1989 el canciller soviético señaló el interés de la URSS en llevar a cabo un "monitoreo bilateral" de la crisis centroamericana con el gobierno de los Estados Unidos. lxii A fines de la década de 1980 el espacio internacional para procesos de transformación política y económica radical estaba cerrándose en Centroamérica; en tales condiciones era muy dificil que el sandinismo pudiera recuperar el enfoque revolucionario de una década atrás.

 

2. Alianzas, políticas y tensiones .

El FSLN enfocó la lucha contra la dictadura somocista como un proceso que debía conducir a profundas transformaciones en las relaciones de propiedad y de poder, y en la articulación con el sistema internacional. Una concepción de este tipo involucraba, entre otras aspectos, la modificación de las alianzas sociales y políticas en que se había apoyado la etapa estrictamente antidictatorial del proceso revolucionario. Es claro que no todos los grupos y sectores que se sumaron al mismo en su etapa antisomocista, estaban dispuestos a pasar del enfrentamiento al somocismo al enfrentamiento de los terratenientes e industriales en que el somocismo se apoyó, ni participaban del enfoque del FSLN de las relaciones con Estados Unidos, con la URSS y Europa central, y con Cuba.

 

 

La temprana suspensión de la aplicación de los decretos revolucionarios que disponían la nacionalización de las propiedades del somocismo puso de relieve el rápido agotamiento de la etapa estrictamente antidictatorial de la revolución y las dificultades para pasar de un enfoque meramente institucional de la dictadura a un enfoque sociopolítico, y el involucramiento de muchos elementos de la burguesía --incluso muchos de los que se sumaron a la oposición antisomocista-- con la dictadura que las masas populares acababan de derrocar. lxiii Una situación que dotó de un costo político muy elevado a un enfoque clasista del tema, en la medida en que la ampliación de la confrontación con el somocismo amenazaba con romper las alianzas sociales en que se habían apoyado los tramos finales de la lucha insurreccional sandinista.

 

El ascenso del conflicto con el gobierno de Estados Unidos a partir de 1981 privilegió la dimensión antiimperialista y de liberación nacional de la revolución, pero desde una perspectiva fundamentalmente defensiva. Sin menoscabar la importancia asumida por las crecientes articulaciones externas del régimen sandinista con la URSS, Cuba y el CAME, y la práctica de un no alineamiento activo, es indudable que la defensa frente a la guerra contrarrevolucionaria impulsada por el gobierno norteamericano, se convirtió en el eje central de un proyecto antiimperialista que apuntaba a resguardar la supervivencia de Nicaragua como país independiente a partir de la configuración estructural ya alcanzada , antes que a transformar más a fondo la estructura socioeconómica del país desde una perspectiva popular golpeando a la burguesía local y proyectando el proceso de democratización más allá de sus ámbitos políticos convencionales --como fue, por ejemplo, el caso de la transición al socialismo en Cuba. lxiv

 

A partir de 1984 el incremento en los niveles de agresión económica y militar fue encarado por el régimen sandinista apelando a la ampliación de las alianzas sociales en que se apoyaba para incluir en ellas a los elementos de burguesía agraria, industrial y comercial que permanecían en el país, y que se oponían a muchas de las políticas revolucionarias orientadas a la transformación socioeconómica. Debe reconocerse el éxito relativo de esta estrategia en lo que toca a la capacidad del régimen sandinista para mantener un sistema amplio de relaciones internacionales que le permitió resistir los embates de Estados Unidos. No sólo Nicaragua no pudo ser aislada del hemisferio occidental --como en su momento lo fue Cuba-- sino que, al contrario, la diplomacia sandinista consiguió aislar a Estados Unidos en su política de agresión a Nicaragua.

 

Sin embargo, el financiamiento de las alianzas internas amplias a través de políticas específicas debilitó el contenido popular del proyecto revolucionario, y llevó a mucha gente a reducir progresivamente su involucramiento en el proceso revolucionario y en la defensa. lxv La unidad nacional con la burguesía fue alimentada por un lento desenvolvimiento de la reforma agraria, por la distribución desigual de estímulos e incentivos, y por un fuerte sesgo de los sacrificios hacia el campesinado y los asalariados. En un contexto de retracción creciente de la economía, la definición de incentivos en beneficio de los grupos medios y la comunidad empresarial se llevó a cabo a expensas del deterioro de los ingresos y las condiciones de trabajo y de vida de las masas, mayor centralización administrativa y controles burocráticos sobre las organizaciones populares. lxvi Al mismo tiempo el mantenimiento de un sistema de alianzas internacionales amplias consecuente con el principio de no alineamiento, pero que se apoyaba en esta recomposición del frente interno, forzó al régimen sandinista, sobre todo a partir de 1987, a un conjunto de concesiones políticas hacia la derecha local --por ejemplo la amnistía amplia a los miembros del ejército somocista y de la contrarrevolución condenados por actos de terrorismo y violación a los derechos humanos-- que contribuyeron a una sensible reducción del nivel del conflicto militar, pero que también atentaron contra el proyecto de transformaciones socioeconómicas y amplia participación popular.

 

A su turno las restricciones provenientes de la crisis y de las políticas gubernamentales diseñadas para enfrentarla, y las concesiones hacia la derecha, crearon situaciones difíciles para las organizaciones de masas del sandinismo y en particular para el movimiento obrero y campesino. Las transformaciones revolucionarias se congelaron o desaceleraron, el margen para las reivindicaciones se redujo dramáticamente, la centralización y las limitaciones a la participación popular se incrementaron. La capacidad de captación de las organizaciones opositoras aumentó, no sólo por su disponibilidad de recursos financieros provenientes del exterior, sino por la incapacidad de las organizaciones sandinistas de definir un perfil relativamente autónomo de la conducción política del estado, y por el escaso eco de sus reclamos y críticas en las dirigencias políticas del sandinismo.

 

Las reorientaciones en los enfoques y en las políticas del sandinismo fueron facilitadas por el caracter policlasista del FSLN. La revolución sandinista fue una revolución de obreros, campesinos, semiproletarios, jóvenes de pequeña burguesía, pobres del campo y la ciudad, pero fue también una revolución en la que elementos importantes de la vieja burguesía agraria y comercial conservadora y antisomocista se integraron poco antes de 1979 por causas que he discutido en otros lugares. lxvii La relación FSLN/burguesía no es por lo tanto exclusivamente una relación de externalidad, en la medida en que segmentos de la burguesía nicaragüense forman parte del FSLN desde antes de la caída de la dictadura. La gravitación de estos segmentos se consolidó a partir de su desempeño en los aparatos del estado revolucionario, fue particularmente marcada en el diseño y ejecución de las políticas agropecuarias y financieras y en el modo de articulación de las organizaciones de masas a las agencias del gobierno, y se incrementó de manera notoria a partir de 1987-88 en casi todos los ámbitos de la gestión estatal y en el discurso gubernamental.

 

Al mismo tiempo, fue haciéndose de más en más notorio el desarrollo de una especie de nueva burguesía sandinista, integrada por funcionarios y dirigentes que, merced al prolongado ejercicio de la función pública y a la ausencia de controles institucionales, pudieron desarrollar acelerados procesos de enriquecimiento y acumulación. El tema fue encarado ante todo desde una perspectiva moral y bajo el rótulo de la corrupción. Pero independientemente de las consideraciones éticas, se trata de una modalidad de formación de grupos de burguesía ampliamente difundidos en América Latina y, de hecho, en todo el orbe capitalista en determinados niveles de su desarrollo; un ejercicio patrimonialista del poder político para cuya comprensión Max Weber es mucho más relevante que Marx. El acceso a información y a recursos, la vigencia de estilos prebendalistas de ejercicio del poder --que el sandinismo no inventó porque se inscriben en lo más profundo de las tradiciones y la cultura política nicaragüenses, pero que contribuyó a reproducir-- dieron paso a la formación de capitales y de empresas y a una movilidad social vertiginosa que contrastaba con la austeridad y la probidad de muchos otros activistas, dirigentes y funcionarios, y con la vida dura de las masas.

 

La necesidad de desarrollar una estrategia política acorde con el esfuerzo militar condujo a mediados de 1985 a la ya señalada reorientación de varias de las políticas gubernamentales, para adaptarlas mejor a los relieves del mapa social nicaragüense y a las demandas de las masas rurales. Este viraje en las concepciones y estrategias de desarrollo y defensa dio frutos. La derrota de la contrarrevolución en los frentes de batalla fue un resultado tanto del esfuerzo militar como de esta reorientación de las políticas gubernamentales. Fue, sin embargo, un viraje táctico, que se abandonó tan pronto como la guerra llegó a su fin tras los acuerdos de cese al fuego (marzo 1988). Pocos meses después el gobierno sandinista decidió enfrentar la crisis económica apelando a un crudo enfoque de ajuste monetarista que lanzó sus efectos convencionales --desempleo, reducción de los consumos básicos, recesión, deterioro de los indicadores de bienestar, etc.-- sobre las espaldas del mismo pueblo que durante toda la década había contribuído con sus sacrificios al esfuerzo de guerra. El sandinismo apostó a acuerdos con los empresarios privados buscando la reactivación de la inversión privada y sensibilizar a la comunidad económica internacional. A través de una generosa concesión de incentivos, precios, créditos, abastecimientos y subsidios, el sandinismo aspiraba a granjearse la buena voluntad de los grupos capitalistas y, con las elecciones presidenciales a la vista, a competir con los partidos de oposición por el voto de esos grupos. La alianza del FSLN con el campesinado y los asalariados rurales, y con las masas urbanas, que había tratado de recomponerse con las medidas adoptadas desde mediados de 1985, experimentó una fuerte erosión.

 

En cierta manera el sandinismo trataba de recomponer la alianza amplia antisomocista de diez años atrás. Pero las condiciones eran totalmente diferentes, y los recursos dramáticamente limitados. La versión original de la alianza se había edificado sobre un clima de intensa y muy amplia hegemonía y movilización popular, de apoyo abierto de la comunidad internacional, y de reactivación económica nutrida por una amplia cooperación externa. Ahora la desmovilización popular se había hecho notoria, la comunidad internacional presionaba hacia la derecha, la falta de financiamiento externo agravaba la ya prolongada recesión de la economía, y las masas se encontraban a la defensiva.

 

La burguesía entendió que el intento era una prueba de debilidad del régimen, desesperadamente necesitado de inversiones y divisas de libre convertibilidad, y de un respiro internacional. En consecuencia aceptó los incentivos de la política económica, pero mantuvo su comportamiento a la baja y no alteró sus afinidades políticas opositoras --cuando no abiertamente contrarrevolucionarias. Las masas populares por su lado, duramente golpeadas por las políticas de ajuste, redujeron adicionalmente sus niveles de movilización y participación, desorientadas por un discurso sandinista que trataba de revivir el clima de movilización de los años de guerra, cuando era evidente para todos que la guerra pertenecía ya al pasado, y el propio gobierno ponía en libertad a los ex guardias somocistas y amnistiaba a los contrarrevolucionarios.

 

 

Decidido a mejorar su imagen externa, el sandinismo adoptó giros importantes también en su política internacional. El más resonante de éstos tuvo lugar en la cumbre presidencial centroamericana de San Isidro Coronado (Costa Rica) el 12 de diciembre de 1989. Allí Daniel Ortega adhirió al respaldo de sus colegas al presidente salvadoreño Alfredo Cristiani y a la condena al FMLN y a su reciente ofensiva militar; como contrapartida obtuvo de los demás presidentes el reclamo para que los "contras" concluyeran el proceso de desmovilización a más tardar el 5 de febrero 1990. Es sabido que este reclamo no obtuvo eco ni de los contrarrevolucionarios ni del gobierno de Estados Unidos, pero el repudio al FMLN alineó a Nicaragua con las posiciones más conservadoras respecto de la cuestión salvadoreña. La firma de Ortega en el documento de San Isidro desconcertó a amplios sectores de la población nicaragüense. La solidaridad con el proceso revolucionario salvadoreño había constituído una de las líneas más conocidas de la diplomacia sandinista y uno de los puntos de conflicto con el gobierno de Estados Unidos. El FMLN rechazó "con indignación" el documento, mientras que la URNG guatemalteca expresó su "insatisfacción, preocupación y sorpresa"; la URSS, en cambio, se declaró satisfecha. lxviii

 

El fracaso de la recomposición de alianzas que pertenecían a otras etapas del proceso revolucionario se agregó a las tensiones y contradicciones entre el calendario del viraje hacia la derecha en economía, y el calendario del viraje hacia la derecha en política. El gobierno sandinista lanzó su primer programa de ajuste --después del intento fallido de febrero 1985-- en junio de 1988. La falta absoluta de apoyo financiero externo de corto plazo hizo que su impacto sobre las masas fuera de un salvajismo extremo. Pero el sandinismo confiaba en que tras este golpe, los efectos beneficiosos se harían sentir y comenzaría hacia principios de 1989 una etapa de reactivación que consolidaría las perspectivas electorales para los comicios presidenciales de noviembre de 1990.

 

El huracán Joan (octubre 1988), de efectos catastróficos en amplias zonas del país, obligó al gobierno a alterar sus metas financieras y a aflojar los controles sobre la economía. A fines de enero 1989 se insistió en el programa de ajustes; todavía se contaba con casi dos años antes de las elecciones para sanear, reactivar y restañar los efectos nocivos del ajuste en las masas. Pero en febrero de ese mismo año la diplomacia sandinista cedió a las presiones internacionales y decidió anticipar la fecha de las elecciones a febrero 1990, acortando el espacio de maniobra de los economistas. El FSLN llegó así a los comicios en medio de la peor situación económica de la historia del país, que terminó de revertir muchas de las conquistas de los años iniciales que habían significado mejorías sensibles en las condiciones de vida de las masas: el sistema educativo al borde del colapso, una profunda crisis en la salud pública, casi 30% de desempleo y subempleo, un salario real casi inexistente, aguda retracción productiva. Ya se vio que el programa de ajuste tuvo un notorio éxito técnico: la hiperinflación se redujo, disminuyó drásticamente el déficit fiscal, las exportaciones crecieron ligeramente. Pero el costo social para las masas fue enorme.

 

Desde esta perspectiva, el error fundamental del sandinismo consistió en haberse embarcado en una política de ajuste en las postrimerías del periodo presidencial. No por azar este tipo de políticas es ejecutado en toda América Latina en los inicios del periodo de gobierno, apostando a que tras el impacto negativo inicial la situación mejorará y el partido en el gobierno podrá aspirar a la reelección. El sandinismo en cambio apeló a las políticas de ajuste prácticamente en vísperas de los comicios, aspirando además a la reelección no ya del FSLN, sino de exactamente la misma fórmula presidencial --Daniel Ortega-Sergio Ramírez-- que había conducido las políticas antipopulares de los dos años anteriores.

 

Estos desaciertos se inscriben en la problemática más amplia de una revolución que se empantana en sus propias tensiones y contradicciones, en un contexto externo de creciente conflictividad. El proyecto de liberación nacional y la lucha antiimperialista quedaron reducidos a un enfrentamiento militar y a una lucha defensiva, sin un correlato y sustento de clase. La estrategia de unidad nacional y alianzas amplias fue financiada por los sacrificios de las masas, sin conseguir la adhesión activa de la burguesía y buena parte de los grupos medios. En estas condiciones, las limitaciones del régimen, y las desprolijidades de muchos de sus funcionarios, se hicieron mucho más notorias ante los ojos de las masas crecientemente empobrecidas y desorientadas. La democratización electoral de Nicaragua, que efectivamente se aceleró en 1988 y 1989, lxix y en particular el reconocimiento de garantías a la acción política de la oposición, contrastaban de esta manera con la crítica situación económica de las masas y con su desgaste político.

 

La insistencia en un tipo de alianzas para el cual ya no había espacio no sólo impidió avanzar al proceso revolucionario en su proyecto de transformaciones socioeconómicas y políticas, sino que vulneró lo que ya se había conquistado. Hacia principios de 1990 para una parte grande de la población nicaragüense que en años anteriores había apoyado o mirado con simpatía al sandinismo, no era mucho lo que quedaba de revolución.

 

La incapacidad de la revolución sandinista de avanzar por encima de los límites de su etapa inicial de alianza amplia de grupos y clases sociales a pesar de la evidente defección de los elementos de la burguesía y de una porción grande de las clases medias, dio mayor visibilidad a sus limitaciones ulteriores, a los compromisos celebrados hacia la derecha y con la comunidad internacional, al fortalecimiento de los estilos políticos tradicionales prebendalistas y burocráticos, y al peso creciente en las decisiones del gobierno y del FSLN de sus elementos más ligados a los grupos medios y empresariales; factores todos que desmovilizaban a las bases sin obtener la lealtad de las élites ni la benevolencia del gobierno de Estados Unidos. Más aún: las debilidades del régimen revolucionario fortalecían, por contraste, la eficacia de la estrategia de acoso y desestabilización de la Casa Blanca.

 

Para los que alguna vez soñaron con un octubre rojo en Masaya o Estelí, se trataba de una reacción termidoriana; para otros, era simplemente una prueba más del pragmatismo sandinista. Según unos, los sandinistas estaban deshaciendo lo que hicieron al principio de la revolución; según otros, estaban recomponiendo tardíamente lo que destruyeron. Estas idas y vueltas desde afuera y desde arriba de las masas, que eran las perdedoras netas del juego sandinista, alimentaron el voto opositor del 25 de febrero. No es la primera vez en la historia de la revolución sandinista que la gente hace sentir su rechazo a los que estima como retrocesos y errores del gobierno, virándose hacia sus enemigos e incluso colaborando con los contras. Lo hicieron los campesinos de Jinotega y de Matagalpa a mediados de los 80s, y antes incluso los indios y los creoles de la Costa Atlántica. En ambas ocasiones el sandinismo captó los mensajes y reorientó sus políticas en el sentido de las demandas populares.

 

En 1990 la contra estaba militarmente derrotada y muchos de sus dirigentes políticos se habían incorporado al proceso electoral; todo el mundo estaba harto de guerra y de violencia, y las grandes movilizaciones populares pertenecían al pasado. En las elecciones de 1984 los nicaragüenses eligieron entre la revolución y la contrarrevolución. En las elecciones de 1990 se eligió entre la continuidad de un régimen enredado en sus propias indecisiones y cuyas resonancias revolucionarias pertenecían casi enteramente al pasado, y las promesas de paz y de bonanza de los aliados de la Casa Blanca.

 

El conjunto de contradicciones internas y de presiones externas, y su recíproca articulación, que abonaron el terreno para la derrota electoral del sandinismo, llama la atención sobre las dificultades específicas que enfrentan en la etapa actual de los acontecimientos mundiales las revoluciones antiimperialistas y de liberación nacional en sociedades pequeñas, subdesarrolladas y ubicadas en zonas de influencia directa política y militar de Estados Unidos. Por razones que he señalado en otro lugar, y que tienen que ver con el modo de constitución del capitalismo periférico y de su estructura de clases, más que con interpretaciones ideológicas, lxx el antiimperialismo y la liberación nacional son ingredientes constitutivos de las revoluciones sociales este tipo de sociedades.

 

La experiencia de las revoluciones del siglo XX --con las únicas excepciones de la soviética y la china-- es que estas revoluciones pudieron consolidarse gracias a la cooperación que recibieron del bloque socialista. Ahora bien: el bloque socialista ya no existe, y la cooperación se terminó. Los acontecimientos del Europa del este y el entendimiento creciente entre la URSS y Estados Unidos para el manejo de la crisis centroamericana tomaron al sandinismo en un momento en que el deterioro del proceso revolucionario era ya muy fuerte, pero es evidente que la reducción de la asistencia económica desde principios de 1989, y el viraje en la diplomacia soviética, restaron margen de maniobra al FSLN o, por lo menos, fortalecieron los argumentos de los que, dentro del FSLN, abogaban por una estrategia de menos revolución y más negociación.

 

 

La estrategia de negociación internacional para sobrevivir a la guerra y sus efectos apelando a una revolución de baja intensidad; la recomposición de las alianzas internas y la proyección de una imagen más grata a los interlocutores externos, tuvieron como precio la desaceleración de la revolución, es decir la inversión de sus políticas económicas y la reversión de muchas de sus conquistas sociales y políticas. Situación tanto más grave cuanto que el modo en que el sandinismo enfrentaba la crisis económica ya venía golpeando las condiciones de vida de las masas. El debilitamiento de las bases sociales del régimen sandinista redujo adicionalmente el margen de maniobra frente a las presiones externas y, por lo tanto, la viabilidad de un proyecto de soberanía nacional.

 

El ingrediente de liberación nacional de la revolución sandinista se redujo más que nunca a una retórica sin correlatos efectivos ni en las políticas internas ni en las externas. El discurso de la guerra, que sobrevivió a los acuerdos de cese al fuego y mantuvo su nivel pese a la reducción visible de la intensidad del conflicto armado, perdió credibilidad entre las masas. No sólo la guerra había sido despojada de contenido social, sino que la disminución de la guerra diluyó los referentes del discurso de la defensa al que en definitiva el gobierno había reducido el proyecto antiimperialista de los años iniciales.

 

En los tramos finales de la campaña electoral, la competencia por los votos de las clases medias y los grupos propietarios difundió en las masas la imagen de un sandinismo que prometía todo tipo de concesiones hacia la derecha y hacia afuera como forma de mantenerse en el gobierno, pero sin poder garantizar, a cambio de esas concesiones, el desarme de la contra o una mejoría económica. Habiendo derrotado militarmente a la contra pero sin capacidad para desmantelarla, el sandinismo optó por enfrentarse al gobierno de Estados Unidos apelando a una estrategia de menos revolución que le permitió ganar el aplauso alborozado y la bendición democrática de sus enemigos, y perder el gobierno por el repudio electoral de una parte importante de su pueblo.

 

 

IV

El legado de una década

 

Las elecciones del 25 de febrero de 1990 dieron el gobierno de Nicaragua a una coalición heterogénea unida por el denominador común del antisandinismo. El nuevo gobierno está decidido a revertir las instituciones y las conquistas de la revolución que sobrevivieron a las dudas y ambigüedades del sandinismo y a las políticas con que éste pretendió enfrentar la crisis. Se trata de poner a Nicaragua en las condiciones sociopolíticas en que se habría encontrado en 1978 si Anastasio Somoza hubiera aceptado las presiones de Estados Unidos y se hubiera marchado a tiempo: un "somocismo sin Somoza" en su acepción más restrictiva. Aunque no haya habido una invasión como en Guatemala en 1954 o en Granada en 1983, o un golpe de estado como en Chile en 1973, el cometido del nuevo gobierno es de carácter contrarrevolucionario, en el sentido literal de ir contra lo que la revolución construyó. Se trata de desmontar todo lo que es producto o consecuencia del modo revolucionario en que se derrocó a la dictadura somocista. La diferencia sustantiva entre el proyecto contrarrevolucionario en Nicaragua, y los otros casos mencionados, no radica en la vía cívica a la que se apeló, sino como señaló con agudeza Fred Halliday, en que en contraste con Chile, Guatemala o Granada, en Nicaragua la contrarrevolución ejecutó las masacres antes, y no después, de la caída del gobierno popular. lxxi

 

Sin embargo el corte del 25 de febrero 1990 no significa una ruptura total con el proceso de democratización tal como fue encarado por el sandinismo en la década de 1980. Es innegable que muchas de las realizaciones de esa década están siendo severamente cuestionadas por la nueva correlación de fuerzas, y algunas ya han caído bajo sus embates. Al mismo tiempo se advierte un compromiso, o una resignación, de las fuerzas políticas y sociales actuantes, en el sentido que otros aspectos de ese proceso habrán de mantenerse y, eventualmente, consolidarse, bien que articulados a los nuevos datos de la nueva situación.

 

1. Cambio y continuidad en la democratización de Nicaragua .

Diez años es poco tiempo para valorar la tentativa de creación de un nuevo régimen político, tanto más cuando las condiciones externas fueron poco propicias a los sandinistas, sin perjuicio del impacto que los estilos y las políticas domésticas tuvieron en la configuración de esas condiciones. Pasó un cuarto de siglo entre el estallido de la revolución mexicana y el logro de una cierta estabilización del régimen político que emergió de ella; la revolución cubana demoró casi veinte años en alcanzar la institucionalización. Incluso países con una tradición democrática mucho más prolongada que la de Nicaragua, evolucionan lentamente y con idas y vueltas en la llamada "transición democrática" posterior a las recientes dictaduras militares.

 

Es dificil establecer qué hay de permanente en los elementos de cambio aportados por la revolución sandinista; más que de afirmaciones apriorísticas basadas en definitiva en las esperanzas o los miedos del obervador, ello dependerá de la evolución del debate interno en el FSLN y, ante todo, del desenvolvimiento futuro de las organizaciones populares. Pero es importante señalar que esos elementos de cambio avanzaron y existen estrechamente entremezclados con las fuerzas de la conservación, en una articulación dinámica entre lo nuevo y lo viejo. Porque mucho de lo viejo, de lo tradicional, de lo profundamente arraigado en la historia de Nicaragua, sigue en pie, bien que reformulado tras una década de régimen revolucionario. Los apellidos que pueblan los elencos gubernamentales de hoy son básicamente los mismos que los poblaron ayer, y los que los han poblado durante buena parte de la historia política de Nicaragua y, antes, de la historia de la colonia.

 

A pesar del redescubrimimento sandinista post electoral de la sociedad civil y la democratización "desde abajo", y de los actos de contricción recientes por el "excesivo estatismo" y la "democratización desde arriba"; lxxii a pesar también del entusiasmo privatizador del nuevo gobierno de la UNO y sus críticas al "estatismo" sandinista, el estado se mantiene como el centro neurálgico de la política nicaragüense. La política oficial sigue siendo lo que se hace desde el estado; es por lo tanto una actividad de despachos, pasillos y recepciones. Las negociaciones relevantes son las que se llevan a cabo desde o con el ejecutivo, con los actores sociales directamente involucrados. La "concertación" socioeconómica del estado con los actores de la sociedad y la economía, es la forma asumida por la necesidad del compromiso político.   

 

Junto con la primacía del estado, se mantiene el estilo patrimonial y prebendalista del ejercicio del poder. Un estilo que depende más de las características estructurales de la sociedad que de la subjetividad de sus actores: la vulnerabilidad del mercado, el atraso productivo, la marginalidad en la economía internacional. El ejercicio patrimonialista de la dominación política es poco propicio para la consolidación de la democracia. No sólo porque el estado no alcanza para todos y se generan por lo tanto diferencias irritantes y competencias desaforadas, sino porque la rotación, alternabilidad y cambio de los elencos gobernantes se hace tanto más difícil cuánto más depende de los aparatos del estado el acceso a recursos económicos, a la cultura y al prestigio.

 

La participación popular, la admisión del carácter multiétnico de la sociedad y los intentos por institucionalizar ese carácter, la desacralización de importantes ámbitos de la vida cotidiana, los intentos de romper con la tradicional separación entre lo público y lo privado, el reconocimiento de que existe y debe ser eliminada la subordinación de género que discrimina a las mujeres, la ampliación del acceso a recursos sin los cuales el ejercicio de la ciudadanía es ficticio, la integración de las masas a un proyecto colectivo de identidad nacional compartida, constituyen los rasgos más destacados de la tentativa sandinista de transformación política y social de Nicaragua y de constitución de un régimen de democracia participativa, integradora y de amplios horizontes sociales, en el marco de esa permanente tensión entre verticalismo y participación, entre estatismo y socialización, que sacudió al sandinismo durante toda su década de gobierno.

 

El énfasis en los aspectos socioeconómicos como demarcación prioritaria de lo popular impidió ver, asimismo, que uno de los aspectos más conspicuos de los grupos dominantes en Nicaragua, como en otros países de Centroamérica, es la configuración de extensas y estrechas redes familiares que han probado ser relativamente inmunes a los vientos cambiantes de la política regional. El sandinismo no pudo quebrar con este dato esencial de la sociedad y, a juzgar por las estrechas vinculaciones de esas redes de familia con el gobierno revolucionario, tampoco se lo propuso. Desde dentro de los elencos del gobierno sandinista, estos representantes de la sociedad tradicional definieron estrategias, ejecutaron políticas y asignaron recursos. Hoy, vuelven a aparecer en los elencos del gobierno de la UNO, en ejercicio incuestionable de una clara función de estabilidad.

 

Finalmente, la dinámica del proceso revolucionario y el escenario de crisis y guerra en que el mismo se desenvolvió, actuaron para que la dimensión socioeconómica de la democratización, central como ya se ha visto en la concepción inicial del FSLN, haya cedido terreno a las dimensiones políticas e institucionales, en las consideraciones sandinistas sobre la democratización. Las preocupaciones por el cambio social, por la justicia económica, por una sociedad más equitativa, han retrocedido frente a las consideraciones electorales, en el marco de un deterioro acelerado, masivo y profundo de las condiciones de vida de las mayorías populares que constituyen la amplia base social del sandinismo.

 

La pérdida del gobierno ha demostrado la fragilidad de muchas de las conquistas revolucionarias del sandinismo: en la medida en que dependían de la protección y la benevolencia del estado, el cambio de autoridades significó profundos retrocesos.

 

El futuro de la reforma agraria está actualmente en cuestión. Los decretos 10-90 y 11-90 del gobierno de Violeta Barrios de Chamorro dispusieron la restitución de las tierras y empresas afectadas a la reforma agraria, a sus antiguos propietarios. Los desmovilizados de la contra, por su lado, han invadido cooperativas, apropiándose de las tierras e instalaciones. Las empresas del Area de Propiedad del Pueblo están siendo privatizadas: algunas son devueltas a sus antiguos propietarios, usualmente somocistas o colaboradores de la contrarrevolución; otras son afectadas al pago de la deuda externa a través del mecanismo de swaps . Las demandas de los trabajadores agrícolas y de los obreros industriales de que les sean entragadas las empresas estatales en las que trabajan, ha sido rechazada por el nuevo gobierno, pero también por algunos dirigentes del sandinismo, que la acusan de demagógica y de contribuir al caos. lxxiii

 

El régimen de autonomía en la Costa Atlántica se ha visto seriamente afectado por la nueva situación política. El nuevo

gobierno carece de interés al respecto, y de hecho mira con recelo la idea misma de autonomía de los grupos étnicos de esa parte del país. El acceso de dirigentes indígenas anteriormente ligados a las organizaciones contrarrevolucionarias, a instituciones y cargos vinculados al régimen de autonomía no ha involucrado progresos significativos. Al contrario, se mantienen los enfrentamientos que los fracturaron en el pasado y la competencia mezquina por el manejo de los escasos recursos disponibles, y se refuerza la dependencia de la asistencia externa.

 

Las relaciones entre el nuevo oficialismo y la nueva oposición combinan una extrema agresividad verbal con intentos reiterados de cooperación mutua. La relación entre gobierno y oposición siempre es difícil en los sistemas políticos que estuvieron caracterizados por el autoritarismo durante periodos largos de su historia. A fin de sobrevivir como oposición, la oposición debe ser intransigente y resistirse al compromiso. Tanto más si se trata de una oposición antisistémica, como fue el caso del FSLN durante la dictadura somocista, y de la RN durante el régimen sandinista. Se trata de oposiciones que no saben negociar, que sospechan que la negociación favorece al régimen al que combaten, que negociar es "venderse al enemigo"; o que no pueden negociar, porque ello implicaría entregarse. Desde esta perspectiva, no es poco lo que Nicaragua ha avanzado por el camino de la democratización.

 

La activación de las protestas populares, en primer lugar de las organizaciones sindicales, contrasta con la apatía y la desmovilización anteriores a las elecciones, por más que se trata de una activación a la defensiva. Se advierte asimismo una búsqueda de autonomía creciente de las organizaciones sindicales y en general populares, de filiación sandinista, de la conducción política del FSLN: en las huelgas de mayo y de julio, en las resistencias a integrarse a la estrategia --apoyada por la dirigencia del Frente-- de concertación con el gobierno, en las críticas abiertas a los dirigentes que abogan por la colaboración con el gobierno, o en cuestiones más delicadas como las que tienen que ver con las relaciones de solidaridad del FSLN con otras organizaciones revolucionarias.

 

La legitimación del debate público, de la crítica, de la diversidad de opiniones, el cuestionamiento de los dirigentes, indica asimismo una desacralización de la función pública por elevada que ésta sea y, en lo que toca al sandinismo, el principio de un proceso de democratización interna que incluye la convocatoria a su primer congreso, a mediados de este año.

 

El énfasis en las elecciones como dimensión central del proceso de democratización ha revigorizado el sistema de partidos políticos como mediadores entre la sociedad y el estado. Esto resulta particularmente notorio en la Asamblea Nacional, donde la nueva correlación de fuerzas surgida de las elecciones ha creado la oportunidad, quizás por primera vez en la historia, de que en ella se practique la política. No era éste el caso durante el somocismo --periodo en el cual el parlamento era popularmente conocido como "la chanchera", por ser el ámbito donde adquirían expresión institucional las componendas de los partidos tradicionales con la dictadura.  Tampoco fue, aunque por razones diferentes, ya vistas, el caso del sandinismo. Sin embargo la ampliación del espacio de la política parlamentaria parece deber menos, todavía, a las convicciones institucionales de los actores que a las tensiones y conflictos que los enfrentan: por un lado, la fracción de la UNO conducida por la presidenta y su gabinete, que tiene su posición de fuerza en el poder ejecutivo, y que para consolidarse está dispuesta a negociar con la conducción sandinista; por el otro, las fracciones de la UNO más claramente antisandinistas y vinvuladas a la ex contra, que controlan el poder de decisión parlamentario.

 

Diez años es poco tiempo para valorar la tentativa de creación de un nuevo régimen político, tanto más cuando las condiciones externas fueron poco propicias a los sandinistas, sin perjuicio del impacto que los estilos y las políticas domésticas tuvieron en la configuración de esas condiciones. Pasó un cuarto de siglo entre el estallido de la revolución mexicana y el logro de una cierta estabilización del régimen político que emergió de ella; la revolución cubana demoró casi veinte años en alcanzar la institucionalización. Incluso países con una tradición democrática mucho más prolongada que la de Nicaragua, evolucionan lentamente y con idas y vueltas en la llamada "transición democrática" posterior a las recientes dictaduras militares.

 

Es dificil establecer qué hay de permanente en los elementos de cambio aportados por la revolución sandinista; más que de afirmaciones apriorísticas basadas en definitiva en las esperanzas o los miedos del obervador, ello dependerá de la evolución del debate interno en el FSLN y, ante todo, del desenvolvimiento futuro de las organizaciones populares. Pero es importante señalar que esos elementos de cambio avanzaron y existen estrechamente entremezclados con las fuerzas de la conservación, en una articulación dinámica entre lo nuevo y lo viejo. Porque mucho de lo viejo, de lo tradicional, de lo profundamente arraigado en la historia de Nicaragua, sigue en pie, bien que reformulado tras una década de régimen revolucionario. Los apellidos que pueblan los elencos gubernamentales de hoy son básicamente los mismos que los poblaron ayer, y los que los han poblado durante buena parte de la historia política de Nicaragua y, antes, de la historia de la colonia.

 

A pesar del redescubrimimento sandinista post electoral de la sociedad civil y la democratización "desde abajo", y de los actos de contricción recientes por el "excesivo estatismo" y la "democratización desde arriba"; lxxiv a pesar también del entusiasmo privatizador del nuevo gobierno de la UNO y sus críticas al "estatismo" sandinista, el estado se mantiene como el centro neurálgico de la política nicaragüense. La política oficial sigue siendo lo que se hace desde el estado; es por lo tanto una actividad de despachos, pasillos y recepciones. Las negociaciones relevantes son las que se llevan a cabo desde o con el ejecutivo, con los actores sociales directamente involucrados. La "concertación" socioeconómica del estado con los actores de la sociedad y la economía, es la forma asumida por la necesidad del compromiso político.   

 

Junto con la primacía del estado, se mantiene el estilo patrimonial y prebendalista del ejercicio del poder, transferido de un régimen político a otro como en una carrera de relevos. Un estilo que depende más de las características estructurales de la sociedad que de la subjetividad de sus actores: la vulnerabilidad del mercado, el atraso productivo, la marginalidad en la economía internacional. El ejercicio patrimonialista de la dominación política es poco propicio para la consolidación de la democracia. No sólo porque el estado no alcanza para todos y se generan por lo tanto diferencias irritantes y competencias desaforadas, sino porque la rotación, alternabilidad y cambio de los elencos gobernantes se hace tanto más difícil cuánto más depende de los aparatos del estado el acceso a recursos económicos, a la cultura y al prestigio.

 

La participación popular, la admisión del carácter multiétnico de la sociedad y los intentos por institucionalizar ese carácter, la desacralización de importantes ámbitos de la vida cotidiana, los intentos de romper con la tradicional separación entre lo público y lo privado, el reconocimiento de que existe y debe ser eliminada la subordinación de género que discrimina a las mujeres, la ampliación del acceso a recursos sin los cuales el ejercicio de la ciudadanía es ficticio, la integración de las masas a un proyecto colectivo de identidad nacional compartida, constituyen los rasgos más destacados de la tentativa sandinista de transformación política y social de Nicaragua y de constitución de un régimen de democracia participativa, integradora y de amplios horizontes sociales, en el marco de esa permanente tensión entre verticalismo y participación, entre estatismo y socialización, que sacudió al sandinismo durante toda su década de gobierno.

 

 

El énfasis en los aspectos socioeconómicos como demarcación prioritaria de lo popular impidió ver, asimismo, que uno de los aspectos más conspicuos de los grupos dominantes en Nicaragua, como en otros países de Centroamérica, es la configuración de extensas y estrechas redes familiares que han probado ser relativamente inmunes a los vientos cambiantes de la política regional. El sandinismo no pudo quebrar con este dato esencial de la sociedad y, a juzgar por las estrechas vinculaciones de esas redes de familia con el gobierno revolucionario, tampoco se lo propuso. Desde dentro de los elencos del gobierno sandinista, estos representantes de la sociedad tradicional definieron estrategias, ejecutaron políticas y asignaron recursos. Hoy, vuelven a aparecer en los elencos del gobierno de la UNO, en ejercicio incuestionable de una clara función de estabilidad.

 

Finalmente, la dinámica del proceso revolucionario y el escenario de crisis y guerra en que el mismo se desenvolvió, actuaron para que la dimensión socioeconómica de la democratización, central como ya se ha visto en la concepción inicial del FSLN, haya cedido terreno a las dimensiones políticas e institucionales, en las consideraciones sandinistas sobre la democratización. Las preocupaciones por el cambio social, por la justicia económica, por una sociedad más equitativa, han retrocedido frente a las consideraciones electorales, en el marco de un deterioro acelerado, masivo y profundo de las condiciones de vida de las mayorías populares que constituyen la amplia base social del sandinismo.

 

2. La desmilitarización .

La discusión del presupuesto militar en noviembre y diciembre 1990 es sin dudas la mejor corroboración de la  progresiva gravitación institucional de la política parlamentaria. Sin perjuicio de la conflictividad de la coyuntura, o precisamente por ello mismo, Nicaragua ofreció a la opinión pública internacional un nivel de cultura y madurez políticas sin paralelo en Honduras, Guatemala o El Salvador. Es simplemente imposible imaginar en cualquiera de estos tres países, un cuestionamiento parlamentario del presupuesto de las fuerzas armadas.

 

La discusión del presupuesto de las fuerzas armadas ilustra asimismo el avance del proceso de desmilitarización en Nicaragua, también sin paralelo en El Salvador, Honduras o Guatemala. Casi 70% de los efectivos del Ejército Popular Sandinista ha sido desmovilizado, y los ex contras se van reintegrando, progresivamente, a la vida civil. El mantenimiento de los mandos superiores del EPS ha preservado a la institución militar de las pugnas que enfrentan a los antiguos jefes militares de la RN, o ha permitido que dichas pugnas se resuelvan de acuerdo a la línea de autoridad institucional. En todo caso, ha desplazado el perfil partidario, vale decir sandinista, del ejército, por un perfil de más clara y directa afiliación estatal.

 

Al mismo tiempo, el EPS es el único ejército de Centroamérica --y podría irse bastante más hacia el sur-- que conserva una clara independencia respecto de las fuerzas armadas y el gobierno de Estados Unidos. Por este motivo Washington ha centrado sus presiones sobre el gobierno de Nicaragua en este punto y, específicamente, en la decisión de la presidenta Chamorro de mantener al general Ortega al frente del EPS. Esta decisión tiene que ver con la compleja red de negociaciones entre el nuevo gobierno y el FSLN sobre la que se asienta la precaria estabilidad política de Nicaragua, pero también con la preservación de ciertos márgenes, posiblemente mínimos, de autonomía política del nuevo gobierno respecto de los Estados Unidos. El retiro del general Ortega daría paso, previsiblemente, a un estado de deliberación dentro del EPS y a un resquebrajamiento del proceso de institucionalización militar que favorecerían el interés de la Casa Blanca de liquidarlo e instalar sus propias fuerzas armadas en territorio de Nicaragua, como ya lo ha hecho en Panamá y en Honduras. La morosidad del gobierno de Estados Unidos de honrar las promesas financieras formuladas en el pasado reciente a las nuevas autoridades de Nicaragua tiene que ver, sin dudas, con la preservación de los mandos históricos del EPS; a su turno esta morosidad genera reticencia en la comunidad internacional, y posterga las de cualquier modo precarias posibilidades de reactivación de la economía nicaragüense. Es posible pensar, sin embargo, que el nuevo gobierno de Nicaragua teme menos al mantenimiento de la recesión y el descalabro económico, que a la instalación de una guardia constabularia, reedición de las páginas más tenebrosas de la historia del país. El incidente de la entrega de misiles tierra-aire del EPS al FMLN, y el modo en que se resolvió, ilustran la complejidad del tema y la enorme gravitación de los actores extrarregionales --incluída la URSS-- en política doméstica nicaragüense.

 

3. Redefinición de la nación y recomposición de la unidad política de las clases .

Tras la derrota electoral, perdida la estrecha articulación con el estado y sus recursos, el sandinismo ha redescubierto la sociedad civil y la necesidad de impulsar la democratización de ésta, lxxv preparando el terreno para las siguientes elecciones. En las organizaciones de trabajadores, democratización de la sociedad civil significa ante todo defensa de los avances conseguidos durante la década sandinista. En algunos dirigentes y cuadros medios del sandinismo en cambio democratización de la sociedad civil parece sugerir más que nada incorporación del sandinismo a empresas de acumulación abriéndose paso en un terreno en el que nuevos grupos económicos le llevan la delantera, una defensa genérica de "los humildes" y el repudio a posiciones antiimperialistas que se estiman obsoletas. lxxvi La condena, frecuente en este segundo enfoque, a las movilizaciones populares de 1990 en defensa de los derechos sociales adquiridos, indica la confrontación, dentro del sandinismo, de dos concepciones antagónicas de la nación y de la participación popular en ella. Una confrontación que no es nueva, pero que en el escenario constituído tras el cambio de gobierno, abandona el estado latente y se hace explícita y pública .

 

El carácter dictatorial del régimen somocista y sus incursiones en la economía provocaron una profunda fractura política e ideológica en los grupos dominantes; importantes segmentos de la burguesía conservadora abandonaron al régimen, apoyaron la convocatoria del sandinismo, e incluso se incorporaron al gobierno revolucionario y al FSLN. El régimen revolucionario reprodujo esa fractura; la estrategia de economía mixta y unidad nacional garantizaba el repudio a un enfoque clasista en el sentido de obrero y campesino, pero se apoyaba en una intensa movilización de masas, en la organización popular, el cuestionamiento del principio tradicional de autoridad en las empresas, y un rápido, amplio y abierto enfrentamiento con los Estados Unidos. El debate interno del FSLN tras la derrota electoral puede ser visto como un movimiento hacia un cierre de aquellas divisiones. La explicitación dentro del FSLN de condenas a las movilizaciones y protestas populares, los llamados a abandonar las definiciones antiimperialistas, y las convocatorias a la colaboración con el nuevo gobierno, expresan las perspectivas de los grupos de la comunidad de negocios y de las clases medias que se integraron al sandinismo en virtud de su convocatoria antidictatorial, pero que no tienen mucho interés en proyectos de cambio socioeconómico, cultural, étnico y de género. Desaparecido el somocismo, terminada la guerra, restablecida la democracia electoral, las masas, los indios, los negros, las mujeres, deben volver a su lugar.

 

Este proceso de progresiva reunificación política de los grupos dominantes con relativa independencia de las ideologías partidarias, tiene un correlato "por debajo": la objetiva coincidencia de muchas de las demandas del campesinado sandinista y del campesinado simpatizante con la contrarrevolución, contra la recomposición del latifundio, por la consolidación de las unidades campesinas y la satisfacción de sus demandas más urgentes. Un proceso que se encuentra mucho menos avanzado que el que se desarrolla en las cimas del estado y la riqueza pero que sugiere, al menos como hipótesis, el desenvolvimiento de un movimiento hacia la recomposición de la unidad política de las

clases con relativa autonomía de las ideologías y las definiciones partidarias que dividieron a la sociedad nicaragüense durante una década.

 

4. Perspectivas sobre un futuro incierto .

Después de una década de revolución, contrarrevolución y crisis, Nicaragua se encuentra en condiciones que no son, obviamente, las que soñaron los dirigentes sandinistas que triunfaron contra el somocismo, pero que tampoco tienen ya mucho que ver con la Nicaragua pre-sandinista.

 

Las perspectivas de estabilidad política y reactivación económica parecen todavía lejanas en el panorama político que se abre en los inicios de la década actual. La consolidación institucional aparece cuestionada por la intensidad de los conflictos internos y por la profundidad de la crisis ecnómica. El empobrecimiento masivo, la falta de opciones, la degradación de las condiciones de vida para amplios segmentos de la población, configuran un escenario poco propicio para la estabilidad política y el avance de la democratización. La comunidad internacional ha dado hasta el momento pasos apenas modestos para contribuir a una reactivación económica sin la cual las tensiones sociales y políticas no habrán más que ahondarse. El discurso de la democratización, la modernidad y el pluralismo aparece hasta ahora circunscipto a los por definición reducidos círculos de intelectuales y de dirigentes, y tiene poco reflejo en una población cuya preocupación cotidiana es la sobrevivencia.

 

Las promesas electorales de la UNO de una pronta recuperación de la economía y de progreso para los nicaragüenses, no se han cumplido todavía, al menos para las masas empobrecidas, golpeadas por la guerra, esperanzadas en lo que el cambio de gobierno podría involucrar. Es difícil pensar, sin embargo, que el sandinismo hubiera tenido más éxito --pero ésta es una simple especulación. Tampoco se han cumplido hasta el momento las insinuaciones, ya que no compromisos, del gobierno de Estados Unidos en cuanto a brindar al gobierno de la UNO una generosa asistencia para la recuperación económica del país. En un acto que recuerda los momentos más explícitos de la subordinación neocolonial de las repúblicas fruteras, la nueva Asamblea Nacional, por el voto de la mayoría de la diputación de la UNO, decidió renunciar a reclamar el cumplimiento de la sentencia de la Corte Internacional de Justicia que condenó al gobierno de Estados Unidos a indemnizar a Nicaragua por los daños ocasionados por acciones de sabotaje y, en general apoyo a la guerra contrarrevolucionaria. lxxvii Esta decisión no ha sensibilizado a Washington, más interesado en la eliminación del general Humberto Ortega de la jefatura del Ejército Popular Sandinista, y en el desmantelamiento del propio Ejército Popular Sandinista, que en la vocación genuflexa del nuevo oficialismo.

 

La sucesión de un gobierno por otro a través de elecciones transparentes es un hecho absolutamente novedoso en la historia de Nicaragua, y ha contribuído a fortalecer el discurso de la democratización. Por primera vez la sustitución de un gobierno por otro de signo político diferente se llevó a cabo a través de elecciones, y no por medios violentos o extrainstitucionales. En la medida en que la democratización tiene que ver con la vigencia de procedimientos y normas institucionales compartidas por todos los actores, y con una participación ciudadana amplia en esas normas y procedimientos, en la última década Nicaragua ha avanzado por la senda de la democracia mucho más que en el último siglo. Es incuestionable sin embargo que no es éste el ideal de democracia que movilizó a las masas nicaragüenses a insurreccionarse contra la dictadura somocista y a convalidar de ese modo la lucha guerrillera. En el diseño popular original, que se expresó en la propuesta sandinista, la democracia se refería a las instituciones políticas pero también a las relaciones sociales, a la estructura económica y a la independencia nacional. Significaba libertad y dignidad con respecto al estado y los gobiernos, pero también con respecto a las necesidades básicas de la vida: trabajo, comida, educación, salud, vivienda, sin cuya satisfacción la dignidad humana, la libertad de opciones, la participación política, la vigencia efectiva de las garantías jurídicas, resultan resonancias huecas. Son estas dimensiones sustantivas de la democracia las que hoy resultan cuestionadas.

 

El cierre de una década de revolución, contrarrevolución y crisis, de esperanzas, sacrificios, ilusiones y desengaños, arroja por lo tanto un saldo muy diferente a los "ríos de leche y miel" que prometía el himno del FSLN, y es posible que para muchos en el seno del pueblo el amanecer sea, otra vez, "una tentación". No obstante, la complejidad de la situación presente testimonia todavía la incapacidad de las nuevas autoridades de regresar el país a lo que éste era antes de la victoria sandinista de 1979 --aunque es cierto que cuentan aun con seis años a su favor. Sin embargo la evidencia de otros procesos parecidos enseña que, pese a todo, las revoluciones populares signan de manera indeleble la sociedad en que ocurren, y que si el rencor y el revanchismo no sirven para reconstruir el pasado, mucho menos son eficaces para edificar el futuro.

 

 

CUADROS

 

 

Cuadro 1

Nicaragua y Centroamérica: Dimensiones de la crisis, 1981-1990

 

	NICARAGUA	CENTROAMERICA
PIB¹	- 17.3	8.8
PIB por habitante¹	- 40.8	- 17.2
Exportaciones de bienes²	74.0	92.0
Importaciones de bienes²	78.0	109.6

¹ Variación anual porcentual acumulada

²  Números índice. Base 1980 = 100

Fuente: CEPAL

 

 

 

Cuadro 2

Nicaragua: Tasa de crecimiento del PIB por habitante (en %)

Año	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990
Tasa	1.5	2.0	-4.1	1.2	-4.9	-7.4	-4.3	-4.0	-13.9	-6.1	-8.8

Fuente: CEPAL

 

 

Cuadro 3

Nicaragua: Estructura de tenencia de la tierra

SECTOR	1978		1988
	Area¹	%	Area¹	%
PRIVADO Más de 500 mz De 201 a 500 mz De 51 a 200 mz De 10 a 50 mz Menos de 10 mz	8,073 2,920 1,311 2,431 1,241    170	100.0 36.2 16.2 30.1 15.4 2.1	3,708.5    514.6    725.5 1401.6   929.3   137.4	45.9 6.4 9.0 17.4 11.5 1.7
SECTOR REFORMADO Empresas de la reforma agraria   Cooperativas² CAS, Cooperativas Agrarias Sandinistas CCS, Cooperativas de Crédito y Servicios CT, Colectivos de Trabajo CSM, Cooperativas de Surco Muerto   Asignación a individuales Titulación especial Titulación a comunidades indígenas Área en abandono³	0	0	3,904.9    948.2   1,115.7    921.5    133.6      23.5      37.0      209.9 1,460.0    170.9    459.7	48.4 11.7   13.8 11.4 1.6 0.3 0.5   2.6 18.1 2.1 5.7
TOTAL	8,073	100.0	8,073	100.0

¹ Miles de manzanas (1 manzana = 0.7 hectárea = 1.75 acre).

² Sólo se incluye el área entregada por la reforma agraria

³ Comprende área de diferentes sectores de propiedad

Fuente: Dirección General de Fomento Campesino y Reforma Agraria, MIDINRA.

 

 

 

Cuadro 4

Estructura de clases en el campo, 1984

(% de la PEA agropecuaria)

Burguesía agraria                                           2 Campesinado medio y rico                          24 Cooperativas                                                13 Campesinos pobres y trabajadores              43 estacionales Asalariados permanentes                             18

      Fuente: Peter Utting, The Peasant Question and Development

                                                 Policy in Nicaragua. Geneva: UNRISD 1988.

 

 

Cuadro 5

Elecciones de 1984

PARTIDOS	Votos válidos¹		Asientos en la Asamblea Nacional
	Nº	%
FSLN, Frente Sandinista de Liberación Nacional	735,967	67.0	61
PCD, Partido Conservador Demócrata	154,327	14.0	14
PLI, Partido Liberal Independiente	105,560	9.6	9
PPSC, Partido Popular Socialcristiano	61,199	5.6	6
PCN, Partido Comunista de Nicaragua	16,034	1.5	2
PSN, Partido Socialista Nicaragüense	14,494	1.3	2
MAP-ML, Movimiento de Acción Popular-Marxista Leninista	11,352	1.0	2
Nulos	71,209	-	-
TOTAL	1,170,142	1000.0	96

¹ Elección de presidente y vicepresidente

Fuente: Consejo Supremo Electoral

 

 

Cuadro 6

Elecciones de 1990

PARTIDOS	Votos		Asientos en la Asamblea Nacional
	Nº	%
UNO, Unión Nacional Opositora	777,552	54.7	51
FSLN, Frente Sandinista de Liberación Nacional	579,886	40.8	39
Otros	63,106	4.5	2
TOTAL	1,420,544	100.0	92

Fuente: Consejo Supremo Electoral

 

 

 

 

 

 

***

 

Referencias