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Carlos M. Vilas
 
Para mucha gente el estado es simplemente el conjunto de organismos, oficinas, funciones y funcionarios genéricamente denominados sector público. Ellos definen y velan por el cumplimiento de las normas que regulan las relaciones sociales y recaudan, administran y asignan recursos a través de decisiones para cuyo acatamiento están habilitados a recurrir, si es necesario, a la coacción física -la llamada “fuerza pública”- o a otro tipo de sanciones. La vida de las personas en cualquiera de nuestras sociedades se desenvuelve en una permanente interacción con esas instituciones y sus agentes. El desarrollo económico, la mayor complejidad social que éste acarrea y las ideas y teorías predominantes en diferentes épocas han contribuido a ampliar su número, dotación de recursos y competencias y también a acotarlas o reducirlas.
Este modo de ver al estado no es patrimonio exclusivo del público lego. La relevancia del desempeño estatal en las sociedades modernas y la especificidad y proyecciones de los problemas que plantea impulsaron el desarrollo de ramas especializadas del conocimiento y de las prácticas de ellas derivadas –principalmente la administración pública, el derecho público, las finanzas públicas, donde lo público tiene un doble significado: alude directamente al estado, e involucra por lo tanto, activa o pasivamente, directa o indirectamente, al conjunto de la sociedad. Las contribuciones de estas disciplinas a una mejor comprensión del funcionamiento de las áreas respectivas y de sus interrelaciones y a dotarlas de mejor calidad son conocidas; en buena medida gracias a sus aportes el estado se desenvuelve hoy con más eficacia que en el pasado y con más apertura al control ciudadano. Muy frecuentemente, sin embargo, la práctica de estas disciplinas y perspectivas las ha llevado a soslayar la dimensión propiamente política del estado, entendiéndose por tal aquélla que lo explicita como unidad de ordenación y conducción de la cooperación social de acuerdo a fines y objetivos que derivan de determinadas configuraciones de poder –la idea de justicia que es propia de cada régimen político. El modo en que el estado funciona en términos administrativos, jurídicos o fiscales guarda siempre una relación de consistencia con esos fines y objetivos. Desentenderse de esto en nombre de especificidades técnicas o fronteras disciplinarias implica, entre otras cosas, naturalizar la fórmula de poder a partir de la cual el estado se forma y a la que los planos jurídico, administrativo o fiscal dan expresión y efectividad.
 
 
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