La década de los ochenta comenzó en Nicaragua alentada por las esperanzas de cambio social, democratización amplia y consolidación nacional que constituían los elementos centrales del proyecto revolucionario sandinista; se desenvolvió en medio de las tensiones desgarradoras de la guerra contrarrevolucionaria, la agresión externa y la peor crisis económica de su historia que además reflejaban el impacto de la crisis regional centroamericana; concluyó con un episodio electoral cuyo resultado no entraba en los cálculos de casi nadie y cuyos alcances recién años después pudieron dimensionarse en toda su proyección. La valoración de una década tal, en la que hubo prácticamente de todo, no es sencilla.

Nicaragua compartió muchas de las peripecias del decenio con el resto de las sociedades del istmo, y presentó particularidades no menos importantes. La más notoria de éstas fue, obviamente, la revolución. En la década de los ochenta Nicaragua fue un país en revolución y, más exactamente, una sociedad con un régimen revolucionario gobernante. Esto no sólo tiñe con tonalidades específicas la década y diferencia a Nicaragua del resto de Centroamérica, sino que afecta la perspectiva de los observadores y analistas. Sea que se esté a favor o en contra, que se le observe con entusiasmo o con reprobación, siempre se espera mucho más de un régimen revolucionario que de un régimen “normal”. Las exigencias y expectativas son mayores. En los hechos significa perder la perspectiva histórica, aceptando como criterio de análisis los términos imperativos y las urgencias de los actores. Se limita de esta manera la capacidad analítica del investigador y se reduce la utilidad del análisis para los propios actores.

La coincidencia temporal de la derrota lectoral del sandinismo con el colapso del socialismo de estado en Europa del este y la crisis soviética permitió presentar los sucesos de Nicaragua como pertenecientes al mismo conjunto de significados, o por lo menos como parte de un  mismo proceso universal hacia la democratización (Castañeda 1990) –apoyado esto último por el discurso autocomplaciente de algunos dirigentes sandinistas. No obstante, cualquier observador que haya podido mantenerse  salvo de la oleada de frivolidad que campea en los análisis más socorridos de la problemática contemporánea podrá advertir que estamos en presencia de situaciones totalmente diferentes. Salvo los intentos de entablar amplias relaciones diplomáticas, comerciales y culturales con los países del CAME (Consejo de Ayuda Mutua Económica), nada hay en el presente y en el pasado reciente de Nicaragua – en su estructura socioeconómica, en sus procesos políticos, en la configuración de sus clases sociales, en la cultura popular- que tenga algo que ver con el “socialismo real”. Y en lo que toca a la orientación del proceso nicaragüense, la existencia de una “transición al socialismo” siempre fue, desde mi punto de vista, una hipótesis de verificación cuestionable en Nicaragua (Vilas 1984:373 y sigs.; 1987).

1.         REACTIVACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y CRISIS DE LA ECONOMÍA[1]

            Durante la década de los ochenta el comportamiento de la economía nicaragüense fue negativo. El país reprodujo el patrón regional de recesión y crisis, pero con registros mucho más agudos, en la medida que a los factores estrictamente económicos se sumó la incidencia de los que derivaron del conflicto político y militar. El cuadro V.1 compara la situación de Nicaragua con la de Centroamérica y pone de relieve la situación particularmente crítica del país.

Cuadro V.1.Nicaragua y Centroamérica: dimensiones de la crisis económica, 1981-1990

¹ Variación porcentual anual acumulada

² 1990, en números índice. 1980 = 100

Fuente: CEPAL (1990a)

Las cifras de la década expresan la gravitación de la segunda mitad del decenio; se advierte en el cuadro V.2 el contraste entre la reactivación de los años iniciales con el periodo de profundo y generalizado desajuste de los años finales del decenio. El periodo 1980-1983 muestra una modesta pero efectiva reactivación de la economía, basada ante todo en el ingreso de fondos y en el uso extensivo de los factores: crecimiento del empleo de las fuerza de trabajo, elevación del nivel de ocupación de l capacidad instada, recuperación de las superficies sembradas. El quiebre de 1982 anuncia el inicio de una nueva etapa, signada por el deterioro de la situación económica internacional y regional, y la crisis de endeudamiento externo. Sin perjuicio de sus limitaciones, la reactivación del periodo inicial del régimen sandinista contrasta con el descalabro de los años finales. En éstos la caída del producto se sumó a un acelerado deterioro de las cuentas externas, al desborde de las presiones inflacionarias y a una ingobernabilidad generalizada de la economía. Entre 1987 y 1989 el PIB por habitante acumuló un deterioro del 24%; entre 1985 y 1989 el balance comercial acumuló un saldo negativo de u$s 2,478.1 millones, y un saldo negativo en la balanza de l cuenta corriente de u$s 3,668.5 millones.

La deuda externa total desembolsada sumó en 1989 u$s 2,600 por habitante, una de las relaciones deuda/población más altas del hemisferio. Nicaragua efectuó hacia finales de la década pequeños pagos que le permitieron mantener un relación abierta con algunos acreedores, pero el monto de los atrasos y la presión de Estados Unidos la mantuvo privada del financiamiento de los organismos multilaterales. La vulnerabilidad de Nicaragua en lo que toca  su endeudamiento externo se revelaba en que la cotización de su deuda en el mercado secundario era en 1989 solamente 1% del valor nominal (CEPAL 1990b: cuadro 20).

Cuadro V.2. Nicaragua: tasa de crecimiento del PIB por habitante (en %)

Fuente: CEPAL (1990a)

Factores diversos, referidos tanto a las condiciones económicas y extraeconómicas internas como al escenario internacional, redujeron el acceso de Nicaragua a divisas de libre convertibilidad y lo rodaron de condiciones onerosas; los fondos usualmente disponibles de organismos multilaterales quedaron bloqueados como resultado del enfrentamiento del gobierno de Estados Unidos y de demoras en los reembolsos. Entre 1985 y 1987 la disponibilidad d reservas internacionales brutas del Banco Central bajó de u$s 126.2 millones a 51.9 millones.

Esta situación contrasta con el acceso amplio  recursos externos de inicio de la década. En el bienio 1980-81 ingresaron u$s 1,500 millones en concepto de financiamiento y  cooperación externos en condiciones blandas; esto permitió emprender políticas expansivas que debieron ser reformuladas  partir de fines de 1982, cuando la captación de recursos externos comenzó a deteriorarse. Desde 1984-85 se recurrió de manera creciente a endeudamiento bilateral y a un mayor énfasis en fuentes del hoy desaparecido CAME, esto último en detrimento de la disponibilidad de divisas de libre convertibilidad. El monto de la cooperación externa total recibida por Nicaragua entre 1980 y 1987 ha sido estimado entre u$s 4,500 millones y u$s 5,500 millones (Vilas 1989a:119-120), aunque la transferencia neta de recursos fue considerablemente menor: u$s 2,381.4 millones (periodo 1980-86) a causa de la fuerte incidencia del financiamiento de exportaciones y otras modalidades de créditos atados (Arana, et al. 1987: cuadro 12). De la suma global, u$s 2,000 millones corresponden a la cooperación proveniente de la URSS (excluyendo ayuda militar), y posiblemente otro tanto al resto del CAME – Cuba, República Democrática Alemana y Bulgaria, sobre todo.

La eficacia del uso de esta cooperación no se considera óptima por varios motivos: proyectos de formulación técnica, priorización y viabilidad cuestionables; cuellos de botella en los mecanismos administrativos de asignación de los recursos; reducida adaptabilidad de algunas componentes a las características locales; demoras e ineficiencias en los trámites del sistema financiero y en los puertos. El alto componente de créditos bilaterales para financiamiento de importaciones del país concedente incrementó los déficit de balanza comercial y el endeudamiento externo de Nicaragua, reduciendo el impacto de la cooperación sobre la integración de la estructura productiva local y su efecto multiplicador sobre el empleo y la producción domésticos, cerrando el paso a alternativas más eficientes. Sin negar su contribución a la superación de varios problemas agudos, en muchos casos la cooperación externa operó como un mecanismo de importación subsidiada de maquinaria y equipo, con impacto reducido en el desarrollo de capacidades locales.

Estructura de la producción

La economía de nicaragua mantuvo una fuerte vocación agropecuaria en la producción, el empleo y las exportaciones. El predominio del sector agropecuario se acentuó en la década de los ochenta como resultado combinado de la estrategia de desarrollo del gobierno sandinista y del impacto de los desajustes internos y la crisis externa sobre el sector manufacturero – en particular la escasez de divisas y la desarticulación del mercado centroamericano. El coeficiente de inversiones se mantuvo encima del 209% del PIB, superior al del resto de las economías de la región. Las inversiones privilegiaron al sector agropecuario; la tasa de inversión fija del sector fue 31.6% en el período 1980-1985, frente a 8.5% en 1970-1978. Pero el alto nivel de inversión de capital no parece haber impactado significativamente, a nivel agregado, en los niveles del producto agropecuario o de las exportaciones, que permanecieron en registros inferiores a los de la década anterior.

El mantenimiento de una alta tasa de inversiones fue posible gracias al  acceso a la cooperación externa, con énfasis en la importación de materias primas, bienes intermedios y de capital; este sesgo reforzó tendencias históricas de la economía a una fuerte dependencia de las importaciones y presionó sobre la lanza de pagos y el endeudamiento externo; un modelo económico exportador es al mismo tiempo un modelo importador. El coeficiente de importación directa de insumos para la producción se mantuvo alto tanto en la producción de exportables como en la de consumo doméstico.[2]

Las transformaciones políticas acaecidas desde 1979 afectaron la distribución de la producción y el empleo por área de propiedad. En 1984 el sector estatal (Área de Propiedad del Pueblo, APP) representaba casi 49% del PIB, la producción privada grande y mediana 26% y la pequeña producción privada y el sector cooperativo, 25%. El área estatal en el sector agropecuario abarcaba 24.4% de la producción y 17% de la superficie, la propiedad privada grande y mediana 46% y 45%, respectivamente, y la propiedad pequeña y cooperativa 29.6% y 39%, respectivamente. Con posterioridad a 1985 la reorientación de la estrategia de desarrollo agropecuario modificó estas relaciones a expensas del APP y de la gran producción privada; en 1988 la superficie en poder de grandes empresas capitalistas (fincas de más de 500 manzanas) se había reducido a 6% del total y a 12% de tierra ocupada por fincas estatales (vid infra cuadro V.3).

Los cambios en el régimen jurídico de la propiedad fueron amplios, pero  no alcanzaron a generar transformaciones de magnitud equivalente en el plano productivo. A pesar del énfasis de las políticas de desarrollo agrario en la agroexpotación, el balance entre la superficie destinada a la producción de granos básicos (maíz, frijol y arroz) dirigida al consumo interno, y la destinada a la agroexportación (algodón, café ycaña de azúcar) se mantuvo relativamente estable, ytendió a favorecer más a la producción para el mercado interno hacia finales de la década.

La situación macroeconómica en perspectiva

La década de los ochenta se recorta, en sus continuidades y en sus rupturas, en movimiento de largo plazo de la economía nicaragüense. El choque petrolero de 1973 afectó las economías centroamericanas incrementando los costos de producción y desacelerando los ritmos de crecimiento del producto. Nicaragua no fue  ajena a esta situación, pero el impacto fue amortiguado por el terremoto de Managua; las actividades de reconstrucción y el ingreso de fondos externos con fin crearon condiciones para una cierta reactivación de la economía, particularmenteen la construcción y actividades conexas. El sesgo socialmente discriminadordel crecimiento y el carácter dictatorial del régimen político crearon condiciones  para el éxito del FSLN en derrocar al gobierno de Anastasio Somoza. La lucha revolucionaria tuvo un impacto fuerte en la economía. El PIB por habitante cayó 10.2% en 1978 y 27.9% en 1979, para alcanzar un valor de u$s 777 en dólares corrientes; la actividad económica se desarticuló. Las pérdidas materiales sumaron unos u$s 480 millones, más u$s 1,500 millones fugados al exterior— enconjunto,casi el PIB de un año (CEPAL 1981).

Los esfuerzos por recuperar los niveles precedentes de actividad económica fueron infructuosos, aunque durante el bienio 1980-1981 el PIB por habitante creció moderadamentey se ejecutaron acciones orientadas a mejorar la calidad de vida de los grupos de ingresos más bajos.

Múltiples factores incidieron en la reversión de las tendencias reactivas de la economía a partir de 1984-1985. Entre los factores externos cabe señal caída de más de 50% del poder de compra de las exportaciones y el impacto de la crisis política regional y del deterioro de las relaciones con Estados Unidos sobre el sector externo y la matriz de producción. Una estimación gruesa del impacto económico del conflicto lo cifra en algo más de u$s 17,000 millones sin contar los efectos de la asignación de casi 25 % de la PEA y de más de 40% del presupuesto de gastos a la defensa, y el tensionamiento general del ritmo y nivel de actividad: reorientación del intercambio comercial hacia el CAME, cambios en los paquetes tecnológicos, reasentamiento de masas importantes de población, etcétera. Entre los factores internos destacan: 1) el desfase temporal entre la puesta en funcionamiento de los nuevos esquemas y relaciones de producción y el rápido deterioro de los preexistentes; 2) el desenvolvimiento de una políticacontrapartida adecuada en los niveles de producción y el incremento d productividad; 3) la subestimación de la vulnerabilidad de la estrategia de desarrollo de largo plazo y fuertes inversiones en el sector estatal ante la agudización del conflicto, la relativa rigidez de la oferta local de recursos y las dificultades crecientes de acceso a financiamiento externo. La aplicación de un programa de ajuste desde junio 1988, sin acceso a fondos externos de corto plazo, reforzó los factores recesivos y contribuyó a una creciente sobrevaluación del tipo de cambio con impacto adicionalmente negativo en la capacidad exportadora y en el nivel general de actividad, forzando a una política de grandes devaluaciones que, dada la fuerte dependencia de importaciones, incrementaron los costos internos de producción, presionaron sobre el ritmo inflacionario y deterioraron aún más el nivel de la oferta.

Políticas Económicas

Pueden identificarse cuatro etapas en su desenvolvimiento:

1. 1979-1981: Fue éste un periodo expansivo; la política seencaminó a re-construir y reactivar la economía, sustentándose. en abundante financiamiento externo y en la expansióndel crédito interno y del gasto público. Crecieron el producto, las exportaciones y el empleo, aunque a ritmos inferiores a lo esperado, y el empleo más en el sector público que en el privado, y más en actividades no productivas que en las productivas. Los reajustes salariales, la reducción de_, los alquileres urbanos y de la renta agraria, el establecimiento de controles de precios al consumidor y los subsidios al consumo, junto con una ampliación de la cober­tura de los servicios de salud y de educación, posibilitaron el crecimiento del consu­mo y el mejoramiento de los ingresos reales y de las condiciones de vida de sectoresamplios de población.. El déficit fiscal creció moderadamente como resultado de los subsidios y la ampliación del^. gasto, a pesar que la presión tributaria se incre­mentó y representó en 1980, 18.4% del PIB; la recaudación de impuestos directos casi se triplicó en valores reales en 1980 respecto de 1979. El financiamien­to del déficit por la vía del crédito interno generó presiones hacia la sobremoneti­zación, y el coeficiente de liquidez alcanzó a 35.5% en 1980 y 36.8% en 1981. La reactivación de las importaciones contribuyó a contener las presiones inflaciona^­rias pero el déficit comercial se amplió. La política económica fue ante todo una respuesta a las presiones sociales y a las expectativas redistributivas de la pobla­ción que se movilizó para derrocar al gobierno somocista. Orientada a producir efectos en el. corto plazo, su impacto fue mayor en el ámbito urbano que en el rural.

2)1982-1984: Los desequilibrios acumulados en el periodo anterior en el sector externo y en las cuentas fiscales, y la lenta reactivación del producto y las exportaciones, condujeron a la adopción de reajustes de corto plazo: reducción real del consumo, la inversión, el crédito al sector privado, y de las importa­ciones. El coeficiente de tributación pasó de 20.7 % en 1982 a 35.2% del PIB en 1984, pero los impuestos indirectos crecieron más que los directos e incrementaron su ya predominante participación en los ingresos tributarios.[3] Se dispusieron aumentos de los precios de garantía a los productores de exportables para estimu­lar el dinamismo del sector, y se adoptó un sistema de tipos de cambio múltiples. La pluralidad de enfoques de política dentro del gobierno se hizo evidente; al mismo tiempo que se intentó un enfoque más cauteloso en materia de inversiones y gasto público, comenzó a ejecutarse un ambicioso programa de inversiones pú­blicas, de maduración en el mediano y largo plazo y fuerte sesgo importador (solamente el proyecto azucarero "Timal" demandaba una inversión total superior a u$s 350 millones). La importación de bienes de capital destinados a la industria y a la agroindustria, que representaba 7% del total de importaciones en 1980, llegóa 18% del total en 1984, mientras la participación de bienes de consumose redujo de 24% a 13 por ciento.[4]

Las dificultades en el acceso a financiamiento externo condujeron a unacreciente dependencia del crédito interno que, en un escenario de desaceleración del crecimiento del producto-ycaída en1982-, reforzó las tendencias inflacionarias. El interés del gobierno en consolidar la organización campesina y competir  en este terreno con los grupos opositores condujo a la reestructuración y condonación parcial de la deuda de los pequeños y medianos productores rurales y de las cooperativas. El déficit fiscal llegó en 1984 a 24.5% del PIB,el coeficiente de liquidez a casi 67% y el incremento de precios al consumidor a algo más de 50por ciento.

El conflicto militar, que inició una fuerte escalada a fines de 1983, agregódificultades y tensiones al manejo de la economía. La política de contención salarialgeneró una caída fuerte de las remuneraciones reales y contribuyó a desplazar fuerza de trabajo hacia el autoempleo y el sector informal; la tasa de desocupación fue de 21.1% de la PEA en 1984. Los controles de los precios de productos alimenticios y de sus mecanismos de comercialización, diseñados para sostener elingreso y el consumo de los habitantes de las ciudades; generaron como respuestaun incremento en el autoconsumo de los productores rurales y presiones sobre elabastecimiento urbano: el racionamiento físico de productos básicos se inició en 1982 y durante todo el periodo se amplió para abarcar un espectro creciente rubros.

3)1985-1987: La ampliación de las actividades militares a todo el territorio nacional coincidió con un giro en la política económica para corregir las tensiones señaladas, garantizar la defensa, estimular la producción y neutralizar las distorsiones en los precios relativos. Empero el incremento del conflicto armado y las rigideces en el acceso a recursos financieros externos neutralizaron los intentos de ajuste y aceleraron la autonomización de la esfera de la circulación y la aparente ingobernabilidad de la economía. En febrero de 1985 se dispuso el abandono parcial de la política de subsidio cambiario; el tipo oficial pasó de 10 córdobas por dólar en que se había mantenido desde 1979, a 28:1, y a 70:1 el año siguiente. Se autorizó un tipo paralelo regulado por el Banco Central, para operaciones comerciales, más alto que el oficial. Sin embargo, la escasez de divisas para el público continuó alimentando las presiones sobre el mercado negro, cuyas cotizaciones superaron en varias veces a las del paralelo y, hasta mediados de 1985, al alza índice general de precios.

Se fijaron incentivos en dólares para la producción ganadera, de café y de algodón, que no generaron respuestas significativas en los volúmenes de producción. Se recortó el gasto social, se congelaron las plazas en el sector público y se  diseñó un nuevo y complejo paquete tributario para incorporar a grupos hasta entonces no contribuyentes (profesionales, autoempleados, asalariados del co­mercio). La política crediticia se hizo más restrictiva, se redujeron los subsidios al consumo y se mejoraron los precios para los productores de granos básicos, revir­tiéndose la relación precios industriales/precios agropecuarios en beneficio de los segundos. Se efectuaron recortes importantes en el programa de inversiones públicas, pero de todos modos la demanda generada por dicho programa, en_, un escenario de retracción productiva, contribuyó a incrementar el desabastecimien­to y el alza de precios. La necesidad de asignar recursos crecientes a la defensa, y la consideración de que un mayor deterioro de las condiciones de vida de los gru^­pos que formaban las bases sociales del régimen sandinista podría entorpecer el esfuerzo de guerra, condujeron a una política de paños tibios que, sin constituir un programa típico de ajuste, generó muchos de sus efectos sociales, en un contexto de niveles decrecientes de actividad, expansión de las actividades especulativas, sobremonetización e hiperliquidez.

La guerra desarticuló los mercados de trabajo y. el desarrollo de las labores agrícolas. Se estimó que a mediados de 1986 la población movilizada por el ejército representaba 20% de la PEA;a esto debe agregarse una cantidad grande de desplazados de guerra. El embargo comercial decretado en 1985 por el gobierno de Estados Unidos aceleró la reorientación de la economía nicaragüense hacia una más estrecha articulación con las economías del CAME —intercambio comercial, abastecimiento de insumos, asistencia técni­ca, capacitación de recursos humanos.

4)1988-1989: En junio de 1988 se apeló a un programa de ajuste que reto­mó algunas de las medidas adoptadas en 1985, en respuesta a la acumulación de tensiones hacía principios de ese año, y al nuevo escenario político que se consti­tuyó tras los acuerdos de cese al fuego entre el gobierno y la Resistencia Nicara­güense ("contras") en Sapoá (marzo 1988). Un nuevo córdoba, con unanueva paridad cambiaría, sustituyó al anterior. El gasto público se comprimió de mane­ra sustancial: en 1989 fue 50% menor que en 1988; se eliminarono redujeron drásticamente los subsidios, se elevaron las tasas de interés hasta convertirse en positivas a través de un mecanismo de indización con la paridad cambiarla. El empleo público se redujo; aproximadamente 35 mil personas fueron cesanteadas en el gobierno central. Se liberaron los precios para vincularlos más eficazmente a los costos de producción, pero los salarios se mantuvieron rezagados. Entre ju­nio y septiembre de 1989 se consiguió una cierta estabilidad de precios al costo de una fuerte y generalizada iliquidez; la falta de fondos frescos de corto plazo con los que "aceitar" el programa de ajuste hizo muy difícil pasar a una etapa de progresiva reactivación, y mantuvo vigentes los factores de desequilibrio. La ma­sa salarial se redujo como efecto de la política de reducción del empleo público, pero se registró un ligero crecimiento del salario real con respecto del bajísimo ni­vel de 1988.

Al mismo tiempo la profundización de la crisis económica y el programa de
ajuste obligaron, a nivel micro, a una utilización más racional y eficiente de los recursos escasos y más caros, en contraste con el enfoque más bien festivo de los años iniciales. Surgió asimismo una preocupación mayor por criterios de rentabilidad, desarrollo de tecnologías apropiadas con menos dependientes de importación y más intensivas en el factor trabajo, fuentes alternativas de energía, etc. La reorientación de los paquetes tecnológicos fue mayor en los sectores campesino, de pequeños ymedianos productores privados y cooperativo, dramáticamente golpeados por el deterioro económico y el ajuste, que en las empresas estatales y los grandes productores privados, y más entre los productores de granos básicos que en los rubros de exportación.

El gobierno sandinista trató de paliar la falta de acceso a los organismos que tradicionalmente financian estos programas con el recurso a la comunidad internacional. Se elaboró un informe y un programa de ajuste equivalente a la carta de intención quese dirige alFMI,en el que el gobierno de Nicaragua asumió de manera unilateralcompromisos de disciplina monetaria y financiera relativamente ortodoxa y la definición de estímulos a la exportación. El documento fue presentado en mayo 1989 ante una "Conferencia de donantes" auspiciada por el gobierno de Suecia obteniendo un eco reducido en términos de apoyo al plan de ajuste (u$s 50 millones, de los que menos de 40% en divisas de libre convertibilidad). A fines 1989, en vísperas de las elecciones presidenciales en las que el FSLN buscó la reelección de Daniel Ortega y Sergio Ramírez, la falta de recursos líquidos de convertibilidad era dramática. Más de 70% de las importaciones tenía la forma de mercaderías ligadas a créditos y con destinos específicos; durante 1989 se había comprometido más de la mitad de las exportaciones del año para garantizar el pago de préstamos para importaciones de consumo y bienes intermedios, con cargas sustanciales en los intereses.

Las políticas de ajuste tuvieron marcado éxito en términos macroeconómicos. El déficit fiscal se redujo en 1989 a 5% del PIB frente a 25% en 1988, y el índice de precios creció 1,690% frente a más de 33 600% en 1988; el valor de exportaciones creció casi 23%. Sin embargo se registró una fuerte caída del PIB (-6.1 % en términos por habitante), crecieron el desempleo yel subempleo y cayóel consumo. La recaudación tributaria reforzó el sesgo de toda la década, con un marcado incremento de la participación de los impuestos indirectos en la recaudación total.[5]  Los ingresos de los sectores más desfavorecidos de la población que al mismo tiempo componían la porción más numerosa de las bases sociales del sandinismo, se deterioraron adicionalmente por el descalabro de los servicios sociales básicos y la crisis de la situación alimentaria.[6]

A lo largo de toda la década el gobierno sandinista experimentó serias dificultades en el manejo de los instrumentos convencionales de política económica: fiscales, monetarios, crediticios. En esto incidieron la falta de experiencia previa y el carácter rudimentario de las agencias y recursos estatales heredados del somocismo, y algunos preconceptos de tipo ideológico. Sobre todo en los años iniciales de la década era frecuente encontrar en los más altos niveles de la con­ducción económica una profunda desconfianza hacia los mecanismos e instru­mentos de política financiera convencionales, a los que se consideraba como intrínsecamente "reformistas" o "fondomonetaristas", al par que se expresaba una clara preferencia por los enfoques de los grandes balances materiales inspirados en las técnicas de planificación de algunas economías del Este (Vilas 1986b). Está actitud fue dejada de lado posteriormente y los años finales de la década destacan, al contrario, una preocupación casi exclusiva en el manejo de los ins­trumentos de política financiera, consecuente con el enfoque de ajuste que presi­dióla política económica de esos años.

La política tributaria, en particular, nunca fue encarada como un instru­mento de redistribución de ingresos y de orientación de los excedentes hacia las áreas de inversión priorizadas. La estructura de tributación no fue modificada y, de hecho, se agravaron sus sesgos de la época somocista, que presionaban muchomás sobre los grupos medíos y de menores ingresos, que sobre los sectores aco­modados. Durante el régimen sandinista los impuestos indirectos llegaron a representar más de 70% de la recaudación total; mientras los impuestos sobre la propiedad representaban, hacia finales de la década, alrededor de 1 por ciento.

Del ajuste económico al ajuste político

¿Era posible una política económica diferente para hacerle frente a la crisis? ¿Podía haberse apelado a una estrategia menos gravosa para las masas y a ac­ciones más eficaces para encarar los objetivos económicos? La discusión sobre este punto se planteó sobre todo a mediados de 1988, luego del intento de ajuste de junio de ese año. La falta de consenso al respecto obedeció ante todo al planteamiento incorrecto de la cuestión. El debate en torno al ajuste monetario y a la existencia de alternativas se dio sobre todo en términos del ajuste mismo, y no de la posibilidad de apelar a diferentes tipos de ajuste. Vale decir: la cuestión so­bre las diferentes posibilidades de ajuste nunca fue encarada, sinoque, al aceptarsecomo único ajuste posible el que se puso en práctica, los términos del debate eco­nómico se plantearon en torno de la dicotomía ajuste o caos. De esta manera, la posibilidad de enfrentar la crisis por la vía de políticas de ajuste que no presiona­ran, o no presionaran tanto sobre las ya castigadas espaldas y bolsillos populares, nunca fue seriamente considerada, y se aceptó como inevitable que fueran las masas populares quienes tuvieran que cargar con el costo del ajuste, del mismo modo que tuvieron que cargar con el costo de la guerra (CIERA 1989b; Martínez Cuenca 1990).

Colocar la cuestión en términos de si hay alternativas o no al ajuste es colocarla mal. Por un lado, las alternativas no existen en abstracto o en el vacío: el margen de maniobra para las alternativas presentes es definido por las decisiones que se tomaron en el pasado. Por el otro, la cuestión específicaes si hay alternativas o no a un ajuste que cargue los sacrificios sobre los más pobres —si se quierela cuestión de clase en el diseño y direccionalidad de las políticas económicas. Enestos términos la cuestión cambia y resulta evidente que no existen requisitos técnicos ni recomendaciones teóricas que presenten como insoslayable un ajuste antipopular. La decisión por uno u otros tipos de ajuste es ante todo política: se presiona  sobre los más pobres porque ellos son los menos organizados, los que tienen menor capacidad de oposición y respuesta, y porque no se quiere, o no se puede, presionar a quienes están mejor organizados, tienen más recursos y pueden ofrecer mayor resistencia. Sale más zumo de una naranja fresca que de una ya exprimida, pero hace falta más energía y esfuerzo para exprimir una naranja fresca.

Las medidas económicas adoptadas desde 1988 habían tenido precedentes en 1983 (vid Gobierno de Reconstrucción Nacional 1983), y las reformas financieras de febrero de 1985 constituyeron, según ya se señaló, un antecedente claro. Las consideraciones extraeconómicas que impidieron ejecutar el ajuste en 1983 —la proximidad de las elecciones— y en 1985 —la situación bélica— no existieron en junio 1988: las elecciones debían convocarse a fines de 1990 y la guerra había  disminuido considerablemente. Después de varios años de prometer el mejoramiento de las condiciones de vida de la gente cuando la guerra terminara, la política de ajuste de tiempos de (casi) paz aportó más penurias. El deterioro de la situación política del sandinismo que caracterizó a los meses finales de l989 y principios de 1990 y que culminó con los resultados de las elecciones del 25 febrero, pueden ser interpretados como un ajuste político detonado por el ajuste económico. Sobre esto se volverá más adelante.

2.         REFORMA AGRARIA Y DESARROLLO RURAL

La dimensión central de la estrategia sandinista de transformación y desarrollo
fue la reforma agraria, en el sentido amplio de transformación de las relaciones
de tenencia de la tierra y de las condiciones de producción y, de vida de los
productores directos, con el objetivo de alcanzar una mayor integración de la estructura productiva, incrementar los niveles de producción y de productividad,
diversificar la producción y las importaciones, y elevar los niveles de bienestar.

En el cuadro V.3 se observan las transformaciones experimentadas en el
régimen de tenencia de la tierra. La reforma agraria atacó el latifundio improductivo
y el ausentismo; fue antioligárquica y antisomocista mucho más que antiburguesa o anticapitalista. Amplió el acceso de los productores pequeños a la tierra,
impulsó la cooperativización y creó un área de propiedad estatal (APP). El énfasis
inicial en el APP y en la cooperativización influyó para que el reparto agrario se desenvolviera con lentitud. En 1984 casi 75% de familias campesinas beneficiarias potenciales  de la reforma agraria aún carecía de tierra; el reparto se acele­ró desde 1985-1986.

El acceso del campesinado al crédito mejoró sustancialmente. Los pequeños productores pasaron de representar 10% del crédito bancario en 1977 a 31% en 1985; unas 83 mil familias recibieron crédito entre 1980 y 1983, frente a 28 mil antes de 1979, con tasas preferenciales de interés. Pero la utilización del crédito estuvo debajo del nivel óptimo, por inexperiencia de los usuarios y un seguimiento deficiente del sistema financiero. Los usuarios resultaron fuertemente endeudados, por lo que se decidió la condonación parcial de la deuda, que tuvo impacto inflacionario. Posteriormente la política crediticia hacia el sector fue más cautelo­sa. A partir de 1988, y en el marco de los mayores controles fiscal-financieros, las tasas de interés se ajustaron para convertirlas en positivas, y fueron indizadas hasta el segundo cuatrimestre de 1989 a la evolución del tipo de cambio.

Cuadro V.3. Nicaragua: estructura de tenencia de la tierra agropecuaria

¹ Miles de manzanas. 1 manzana: 0.7 hectárea

² Incluye únicamente la superficie entregada por la reforma agraria

³ Comprende área de diferentes sectores de propiedad

Siglas: CAS: Cooperativas agrarias sandinistas   CCS: Cooperativas de crédito y servicios

            CT:Colectivos de trabajo       CSM: Cooperativas de surco muerto

Fuente: Dirección General de Fomento Campesino y Reforma Agraria, MIDINRA

Se impulsó el desarrollo de formas asociativas de producción y acceso a recursos, casi inexistentes antes de 1979: cooperativas de producción (CAS), de cré­dito y servicios (CCS), colectivos de trabajo (CT) y otras. En 1988 el sector coope­rativo constaba de  3,151 unidades de diverso tipo, con 76,715 socios y un área total de 1.5 millón de manzanas. Las CAS, con altos niveles de colectivización, representaban 37% de las cooperativas, 30% de los socios y 43.3% de la tierra; las CCS, donde la tierra era trabajada individualmente, constituían 48% de las cooperativas, 59% de los socios y 51% de la tierra. Aunque la incorporación era voluntaria, el ingreso a las cooperativas, especialmente a CAS, fue presentado por los funcionarios del MIDINRA (Ministerio de Desarrollo Agropecuario y Reforma Agraria), en los años iniciales, como una condición para el acceso a la tierra. Las unidades fueron dotadas de crédito, equipamiento y otros recursos, muchas veces por encima de la capacidad de gestión de los socios, en una política verticalista que algunos observadores tildaron de paternalista y otros de autoritaria. Estos factores, inspirados en el objetivo político de estimular el ingreso a las cooperativas, contribuyeron a un desenvolvimiento problemático de muchas cooperativas, a la deserción de socios, y al desarrollo de procesos de individualización productiva dentro de las tierras colectivas (Vilas et al. 1989).[7]

Los salarios rurales y las condiciones de trabajo y abastecimiento se dete­rioraron después de una mejora inicial, pese a los esfuerzos de política, contribu­yendo a una retracción de la oferta laboral que no pudo ser compensada con el recurso a la formación de contingentes voluntarios temporales de empleados públicos y estudiantes. La fuga de mano de obra fue también una respuesta a la situación de guerra, tanto por los ataques de los grupos contrarrevolucionarios como por el reclutamiento del servicio militar. La reducción de la intensidad del conflicto bélico desde 1988, junto con el mejoramiento del abastecimiento en los centros de trabajo y la vinculación de los salarios a la productividad contribuyeron en 1989 a una progresiva recomposición del mercado de trabajo agropecuario y a una oferta laboral más fluida.

Los niveles de producción declinaron desde 1983-84 tanto en valor como en  volumen, aunque la evolución real no fue lineal y el deterioro fue mayor rubros exportables que en los de consumo local. Las variaciones se debieron antetodo a cambios en el área destinada a cultivo, ya que los rendimientos experimentaron, con algunas excepciones como maíz y sorgo, poco cambio; se mantuvo en consecuencia  el estilo de crecimiento extensivo de la etapa prerrevolucionaria. Lasuperficie destinada a exportables creció casi 70% entre 1979 y 1983 y se redujo  37% entre ese año y 1988; las causas de la reducción son varias: abandono de tierras por la inseguridad creada por la guerra en el caso del café, caída precios internacionales e incrementos de los costos en el caso del algodón. E1área de consumo local en cambio casi se triplicó entre 1979 y 1988.

El énfasis enlas empresas estatales y en las cooperativas se combinó con un  sesgo inversionista en proyectos agroindustriales de larga maduración, intensivosen capital, empleo de mano de obra asalariada y tecnologías complejas poco conocidas en el país. Varias perspectivas se conjugaron para sustentar esta opción: por un lado, la concepción marxista convencional del "desarrollo de las fuerzas productivas materiales"; por el otro, un enfoque tipo "revolución verde" sustentado por varios de los más altos funcionarios del sector. La política de tipo de cambio complementó este sesgo, abaratando las importaciones demandadas a costa de una menor integración con proyectos industriales que estaban siendo promovidos simultáneamente por otras agencias gubernamentales (por ejemplo, producción de implementos agrícolas y de envases) y de una presión fuerte sobre las cuentas externas. Existió desprecio porlas tecnologías adaptadas, a las que unmuy alto funcionario deMIDINRA consideró una "institucionalización del subdesarrollo", que hacía juego con una equivalente desconfianza, en similaresniveles de decisión, respecto dela viabilidad económica de las unidades campesinas y supapel en una estrategia de desarrollo (Vilas 1986c).[8]  Se mantuvo la elevada quimización de la agricultura que caracterizó al desarrollo anterior a 1979, con fuertes componentes de importación, impacto nocivo sobre el ambiente, y sobre todo por la escasez de divisas y la contracción de las importaciones, se aceptó prestar más atención a tecnologías mejor adaptadas a la dotación de recursos (manejo integrado de suelos, fuentes alternativas de energía, etc.). La acción de algunos organismos no gubernamentales europeos fue instrumental en este cambio de óptica.

Después de 1979 se fijaron precios de garantía para los productores de granos básicos. Los objetivos fueron corregir los mecanismos que colocaban al campesino en dependencia de los comerciantes, reducir las fluctuaciones del mercado perjudiciales a los pequeños productores ya los consumidores, ymejorar el acceso de los grupos de menores ingresos a alimentos por la vía de precios bajos. Pa­ra esto último se establecieron subsidios al consumo (granos, leche, frijoles, azú­car y otros). En 1983 la empresa estatal de acopios ENABAS llegó a captar casi 80% de la producción comercializable o 50% de la producción total; en 1984 casi la mitad de la producción comercializable y 27 % de la total. La evolución de los precios relativos agro/industria en detrimento de los productores rurales pe­queños y medianos y el deterioro de las condiciones de abastecimiento en el cam­p, redujeron la capacidad de captación de ENABAS (sobre todo en frijoles) y las entregas de leche a las plantas estatales de procesamiento, y agudizaron el desa­bastecimiento en las ciudades. Después de intentos fallidos pero políticamente costosos de forzar las entregas a los entes estatales mediante diversas vías de coacción policial se optó a partir de 1985-86 por una progresiva liberaliza­ción de los mecanismos de comercialización y un incremento de los precios a productor.

Los reasentamientos masivos de población rural que tuvieron lugar desde 1983-1984como respuesta al desenvolvimiento del conflicto armado tuvieronfuerte impacto enla política de desarrollo agropecuario y enla fisonomía del esce­nario rural. A fines de 1988 la población desplazada ascendía a 354.4 mil perso­nas, de las que 78 mil se ubicaban en asentamientos campesinos y el resto se trasladó hacia la periferia de las ciudades o se reubicó en otras áreas rurales. La migración produjo el abandono de tierras productivas estimadas en 415mil_.mz en 1986 (38 mil mz de café entre ellas), pérdida de casi 290 mil cabezas de ganado, y deterioro de la infraestructura productiva: pastos naturales, cercas, galero­nes, beneficios, viviendas, etcétera (Gobierno de Nicaragua 1989). Al mismo tiempo los reasentamientos fueron el escenario y los sujetos de una estrategia de desarrollo rural integrado a través de la cual se intentó asentar de manera perma­nente a los desplazados y retomar la actividad productiva. Se puso énfasis en la organización cooperativa, y una política activa de subsidios, abastecimientos téc­nicos y materiales y aportación de servicios sociales buscó alcanzar un efectivo afincamiento de la gente y su involucramiento en la producción y la defensa territorial. El resultado de estos programas fue desigual; mientras algunos rea^­sentamientos lograron consolidarse y estabilizarse, en otros la disminución o de^­saparición de las amenazas a la seguridad de los campesinos motivó a muchos a regresar a sus lugares de origen.

A partir de 1984-1985 tuvo lugar una clara reorientación de la política de desarrollo agropecuario. El reparto agrario se aceleró y prestó más atención a las
demandas de acceso a tierras a título individual; los precios a productores y los
salarios rurales fueron mejorados y se revirtió parcialmente la relación de precios agro/industria; el abastecimiento rural mejoró; se liberalizaron los mecanismos de comercialización —primero en las zonas de guerra, después en general.
La guerra fue el detonante de estos cambios. Se estimó que parte de la facilidad
de maniobra de los grupos contrarrevolucionarios en el interior del país se debía al efecto negativo, en amplios sectores de la población rural, de la orientación estatista prevaleciente en las políticas agropecuarias y a la lentitud en el repartoagrario. En este sentido puede afirmarse que el impacto de la guerra sobre la economía nicaragüense tuvo una dimensión no siempre explicitada en los análisis: además de sus efectos conocidos costo humano y en materia de destrucción de activos, tensionamiento general de los recursos, y otros, el conflicto armado condujo a las agencias del gobierno a modificar sus enfoques y estrategias iniciales en un sentido más descentralizado y participativo.

La reorientación de las políticas en función de los relieves efectivos del mapa social antes que de las preferencias de los funcionarios, fue así más una dimensión de una estrategia de defensa militar que el resultado de una evaluación de la estrategia de  desarrollo y transformación inicialmente impulsada, aunque también estuvo presente en el giro gubernamental la acción de la Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos (UNAG). De ahí que la progresiva consolidación de un escenario de paz desde 1988 volvió a abrir el espacio para una insistencia en los enfoques estatistas iniciales[9],y al resurgimiento de tensiones entre las agencias gubernamentales y las organizaciones de los productores.

En este contexto resulta difícil hablar de un modelo priorizado de desarrollo agropecuario (sea éste de tipo APP, CAS, CCS, de producción individual, u otro). Por lo menos en los años finales del decenio parece haber prevalecido un enfoque que buscó la complementación de las empresas estatales con el sector  cooperativo, las unidades campesinas y los productores privados, prestando atención a las especificidades locales y regionales y a los diferentes rubros de producción. Pero la dimensión de la reforma agraria vinculada a la distribución de tierras se detuvo desde principios de 1988 en algunas regiones, y en otras se desaceleró de manera evidente, pese a que aún existía algo más de 20% de familias campesinas sin dotación adecuada de tierra. En un escenario signado por el clima preelectoral y el interés del gobierno de mejorar sus relaciones con los medianos y grandes propietarios, el fondo de tierras para el reparto difícilmente podía nutrirse de los grandes propietarios, y la disponibilidad de tierra de empresas estatales parecía haber llegado a un nivel por debajo del cual la viabilidad de_, las mismas estaría en cuestión. Además, los pronunciamientos públicos desde los más altos niveles de decisión política inducían a pensar en una reversión parcial de las afectaciones de tierra de las que ya existían algunos ejemplos.[10]El desarrollo de la reforma agraria había llegado a un punto, hacia finales de la década, en que tanto su ulterior ampliación como su conclusión implicaban tensiones sociales y políticas muy  fuertes.

Estructura social rural, movilización política y reforma agraria

El cuadroV.4presenta una estimación de la estructura social en el campo a me­diados de la década de los ochenta.

Cuadro V.4. Nicaragua: estructura de clases en el campo, 1984

          (% de la PEA agropecuaria)

Fuente: Utting (1988)

Los cambios más notables respecto de estimaciones similares referidas a años anteriores tienen relación con el desarrollo del movimiento cooperativo —que recluta principalmente a antiguos campesinos sin tierra, campesinos pobres y asalariados estacionales—  y la reducción de los asalariados permanen­tes.[11]La orientación antilatifundista de la reforma agraria no parece —de acuerdo con las cifras— haber reducido significativamente la gravitación sociodemográfi­ca de la burguesía agraria.

Las políticas del gobierno incidieron, junto a otros factores, en estos cam­bios: en algunos casos para reforzar tendencias de la estructura, en otros para reorientarlas, e incluso para tratar de revertirlas. Así, el agudo deterioro de los sala­rios reales en el campo, como en el resto de la economía, agregado al deterioro del abastecimiento, al reclutamiento a las milicias primero y al servicio militar posteriormente, provocaron una retracción de la mano de obra en las cosechas de exportación; los mercados rurales de fuerza de trabajo fueron desarticulados por la eliminación de los contratistas, por la guerra y por los reasentamientos, etcétera.

La feminización amplia de la fuerza de trabajo rural fue uno de los efectos más remarcables de esos factores. Este proceso, que se venía incrementando co­mo resultado de la migración de mano de obra masculina hacia actividades urbanas mejor remuneradas, se aceleró por efecto de la guerra y del reclutamiento de los hombres. Estudios de la Asociación de Trabajadores del Campo (ATC) señalan que hacia 1987-88 las mujeres representaban más de 70% de la mano de obra en la cosecha de tabaco, más de 80% en la de café, 60% en la de algodón. Se definió asimismo una tendencia a mayor permanencia de las mujeres en el empleo rural, sobre todo en las zonas de guerra; más de la mitad permanecía más de seis meses al año como obrera agrícola.

La participación laboral de las mujeres fue mayor en el APP que en el sector privado y abarcó labores que antes eran exclusivamente masculinas. En la zona de Managua y en los departamentos vecinos (Carazo, Masaya, Granada) la feminización se hallaba menos desarrollada que en los departamentos de León y Chinandega, y en la región norte-central (departamentos de Matagalpa, Jinotega, Nueva Segovia, Madriz); las actividades comerciales tradicionales seguían atrayendo de manera predominante a las mujeres. Los estudios sobre este punto indican que las mujeres no entran a la producción en las mismas condiciones que los hombres, y que existen elementos de discriminación: doble jornada, normación inadecuada, marginación de los programas de capacitación, acceso restringido  a cargos de dirección, chovinismo masculino, entre otros (Criquillón  1985; CIERA et al 1987; AMNLAE et al. 1989; Pérez Alemán 1990). La participación de mujeres en los cuerpos directivos de las cooperativas fue reducida —la condición de socio correspondía en la abrumadora mayoría de los casos a los hombres—, pero amplia en el desarrollo de las labores productivas. Curiosamente, siendo las CAS la forma “más avanzada" de la producción rural —de acuerdo con la óptica oficial sandinista—, reprodujeron las modalidades más tradicionales de la división de género del trabajo.

La feminización de la fuerza de trabajo fue un efecto de la guerra. La disminución de la intensidad del conflicto primero, y después del cambio de gobierno en 1990 y la eliminación delservicio militar permitieron el regreso de los hombres a sus hogares y la ^"recuperación^" de ^"sus^" puestos de trabajo, desplazando nuevamente a las mujeres a  tareas tradicionales. Esta situación se agravó con la prolongación de la crisis económica y las políticasde cesantía laboral, que plantearon una fuerte competencia de la demanda de empleo de los hombres sobre actividades desempeñadas mujeres.

Las movilizaciones rurales, especialmente tomas de tierras, que precedieron en algunas regiones al triunfo revolucionario, el desenvolvimiento del proceso de transformación agraria, y posteriormente el conflicto militar, alteraron profundamente el ambiente político en el campo y, en particular, deterioraron los elementos de estabilidad.

El sandinismo fue el referente político de las dos principales organizaciones  laborales/sociales en el campo: la UNAG, que llegó a nuclear a aproximadamente  50% de los productores —con predominio numérico de los pequeños y medianos— y la Asociación de Trabajadores del Campo (ATC), organización sindical de los asalariados, con una afiliación estimada en 1988 en alrededor de 48 mil trabajadores —en su mayoría asalariados permanentes. La actividad de otras organizaciones, de orientación no sandinista o antisandinista, fue reducida; a principios de la década de los ochenta la Central de Unidad Sindical (CUS) tuvo cierta presencia en algunas zonas del norte y el centro del país a través de sus sin­dicatos de oficios varios. Asimismo la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (UPANIC), afiliada al Consejo Superior de la Empresa Privada (CO­SEP), mantuvo cierta gravitación en áreas cafetaleras de Matagalpa y Jinotega. En la región II (departamentos de León y Chinandega) la incorporación a la UNAG de una parte de los miembros de la Asociación de Algodoneros de León (ADAL) debilitó considerablemente a esa organización. A principios de 1990 se creó la Federación Nacional de Cooperativas (FENACOOP) que nuclea al conjunto de cooperativas (CAS y CCS) de la reforma agraria y actúa con independencia for­mal de UNAG, pero en estrecha coordinación operativa.

3.         EL PROCESO DÉ DEMOCRATIZACIÓN

                El FSLN asumió tempranamente una concepción amplia de la democracia:

Para el Frente Sandinista la democracia no se mide únicamente en el terre­no político y no se reduce solamente a la participación del pueblo en las             elecciones. Democracia (…) significa participación del pueblo en los asuntos políticos, económicos, sociales y culturales. Mientras más toma parte el pueblo en esa materia será más democrático. (…) La democracia. se inicia en el orden económico, cuando las desigualdades principian a debilitarse, cuando los trabajadores, los campesinos, mejoran sus niveles de vida (…). Una vez logrados esos objetivos, de inmediato se extiende a otros terrenos: se amplía al campo del gobierno; cuando el pueblo influye sobre su gobierno, cuando el pueblo    determina a su gobierno, le guste. a quien le guste. (…) en una fase más avanzada democracia significa participación de los trabajadores en la dirección de las fabricas, haciendas, cooperativas y centros culturales. En síntesis; democracia es intervención ' de las masas en todos los aspectos de la vida social (FSLN 1980).

El ingrediente central de esta concepción es la participación popular, pero en un esquema conceptual de secuencia de niveles y etapas: primero lo socioeconó­mico y el desarrollode transformaciones estructurales, lo político después. Esta concepción orientó los esfuerzos democratizadores del sandinismo a lo largo de toda la década, aunque en sus postrimerías y sobre todo después de las elecciones de 1990 el discurso sandinista enfatice mucho más la democratización político-institucional que la socioeconómica.

El sandinismo adoptó este enfoque en respuesta a las condiciones políticas concretas derivadas del escenario en que la lucha guerrillera se desarrolló y triunfó sobre la dictadura somocista, más que como resultado de reflexiones teóricas.

En primer lugar, la lucha contra la dictadura de Anastasio Somoza. De acuerdo a la interpretación del FSLN, el somocismo fue un régimen dictatorial asentado en la explotación social y  la subordinación al gobierno de los Estados Unidos y la expresión históricamente determinada asumida por la dominación política y social de la burguesía nicaragüense. Se señaló en el capítulo III que a lo largo de su vigencia de casi medio siglo los Somoza adornaron su régimen mediante la realización de elecciones  fraudulentas y la celebración de pactos electorales con el Partido Conservador. Estos procedimientos permitieron la incorporación subordinada de elementos de la oposición burguesa a los aparatos del estado, el desenvolvimiento de la economía en condiciones inicuas de trabajo y de vida para las masas, y la ilegalización y  represión de las demandas populares.

La desconfianza inicial hacia las elecciones y la democracia electoral obedeció a estos datos de la historia nicaragüense. Fue asimismo una expresión de los esfuerzos del FSLN por consolidar su posición en el estado y en la sociedad en momentos en que arreciaban los embates de los grupos empresariales, la jerarquía de la iglesia católica, los partidos políticos tradicionales y el gobierno de Estados Unidos, enarbolando la bandera de elecciones inmediatas como forma de acotar el avance sandinista y la movilización popular en la que aquél se apoyaba. Meterse de inmediatoen procedimientos electorales implicaba para el sandinismo internarse en un terreno desconocido e inseguro, en el que, al contrario, el factor experiencia jugaba a favor de sus opositores. Pero la desconfianza hacia las elecciones no era menor en los elementos de la burguesía antisomocista incorporada al gobierno sandinista,  en la medida que su articulación al poder distaba aún de ser sólida y sus cuentas con los otros grupos y fracciones de la comunidad empresarial todavía no estaban saldadas.

Este rechazo inicial a las prácticas electorales, que en el fondo era el rechazo a los partidos tradicionales y a sus entendimientos y complicidades con el somocismo, no fue sin embargo una actitud exclusiva del FSLN —en esa época todavía una organización relativamente pequeña y de estructuración débil— o de sus dirigentes y sus aliados de la comunidad de negocios. En aquellos días de euforia contagiosa y de esperanzas generalizadas tal actitud existía asimismo en sectores amplios de la población. Para éstos, la adhesión a la revolución involucraba el repudio a todo lo que oliera a somocismo, incluyendo la política tradicional. La consigna sandinista "El pueblo ya hizo su elección", referida a la participación insurreccional masiva, expresaba el estado de ánimo de las masas en aquella coyuntura.

Por otro lado, la estrategia sandinista de alianzas pluriclasistas (la "unidad nacional") creaba condiciones políticas para, y al mismo tiempo exigencias de, separación del gobierno/estado respecto de las clases en la sociedad. La fragmentación propia de las sociedades de tipo campesino, sumada a la incompleta y muy débil integración territorial de Nicaragua aún a fines de la década de los setenta demandaba el recurso a mecanismos de centralización y control para contrabalancear las tendencias centrífugas a la dispersión, la desarticulación y el conflicto.El enfoque político del sandinismo reforzó el énfasis en la relativa separación del estado respecto de los pliegues efectivos del tejido social, para desempeñar con mayor eficacia las funciones de unificación, control y conducción.

Para administrar las tensiones entre los grupos sociales que constituían su base, muchos de ellos con intereses y demandas contradictorias, el gobierno san­dinista debía mantenerse relativamente separado de ellos. Un estilo de ejercicio del poder político que se encontraba reforzado por la masiva presencia de ele­mentos de las clases medias y la pequeña burguesía en los aparatos del nuevo es­tado; elementos siempre proclives a identificarse con "el pueblo" y al mismo tiempo a visualizarse al margen y por encima de las clases fundamentales. El én­fasis en el control sobre la sociedad —incluidas las organizaciones sociales sandi­nistas y las expresiones de la movilización popular—  y el verticalismo reflejado en la expresión coloquial "bajar línea" --vale decir el enclaustramiento de las decisiones más importantes en los ámbitos del poder institucional-- obedecieron a factores que existen ante todo en los relieves objetivos del tejido social de un país como Nicaragua.

La separación del estado respecto de las fuerzas sociales en las que se apoya­ba implicóasimismo un intento de despolitizar las prácticas colectivas de los actores sociales que aspiraran a una autonomía respecto del poder. La política tendió a ser considerada un atributo del estado, mientras los actores sociales legi­timaban su existencia por su dedicación a sus funciones económicas y sociales específicas: los obreros a trabajar, los campesinos y losburgueses a producir, los vecinosa limpiar y a vigilar sus barrios. Un enfoque que revelaba la existencia, por lo menos implícita, de una concepción corporativa de la política; una vez más, un enfoque queexpresaba menos una opción teórica que la_: realidad de la eficacia de las organizaciones sociales (de trabajadores, de vecinos, decampesi­nos, de jóvenes, de mujeres…) frente a la fragilidad de los partidos políticos y su real o imputada complicidad con el antiguo régimen.

La masividad inicial del involucramiento popular en las tareas de reconstruc­ción y el discurso movilizador del FSLN testimoniaban el entusiasmo de la gente y la voluntad política del sandinismo de hacer de la participación de masas una componente sustancial del nuevo régimen. Pero al mismo tiempo las renuencias a modificar el código del trabajo heredado del somocismo y a legalizar la gestiónobrera en las empresas,la progresiva conversión de las organizaciones de masas en aparatos del estado—es decir en instancias de ejecución de políticas en cuya decisión no participan—, la subordinaciónde las reivindicaciones categoriales a la estrategiaglobal del estado, expresan el rápido desarrollo de tendencias verticalistas centra­lizadoras de lo político (Vilas 1986a; Ortega 1985). La justificación discursiva de estas limitaciones era formalmente sencilla: el pueblo no podía, auténticamente, poner en cuestionamiento al estado popular. Y en la medida en que se trataba de un estado popular, era imposible que surgieran tensiones políticas entre éste y sus representados. La prueba de que esa representatividad existía era el involucramiento masivo en las organizaciones sociales, la asistencia a los actos conmemorativos, el "cumplimiento de las tareas".

En lo que toca a la burguesía, se trataba de que aceptara los programas económicos del gobierno, 'y que se dedicara a la producción sin hacer política, es decir haciendo oídos sordos a los partidos opositores y posteriormente a la  contrarrevolución:

Aquí lo que hay que plantearse teóricamente es si existe la posibilidad deque la burguesía produzca sola, que pueda limitarse como clase a un pape:productivo, es decir que se limitea explotar sus medios para vivir, no comeinstrumento de poder, de imposición (Wheelock 1983: 35).[12]

La idea de una burguesía reducida a propietaria de medios de producción sin capacidad para intervenir en política y, más aún, la fantasía de una burguesía que produce después de ser privada del control del estado, era ingenua y estaba condenada a enfrentarse con una realidad amarga. A lo largo de toda la experiencia sandinista la burguesía nicaragüense rechazó "limitarse como clase a un papel productivo": ya recurriendo a prácticas de descapitalización, fuga de capitales y oposición a las políticas gubernamentales, ya ingeniándoselas para mantener capacidad de decisión en la formulación o la implementación de esas políticas.

A todo lo anterior debe agregarse el carácter reciente dela reunificación sandinista(sólo en noviembre de 1979 la Dirección Nacional Conjunta de las tres tendencias se convirtióen Dirección Nacional y las tendencias internas se fusionaron formalmente), el proceso forzosamente lento de la institucionalización del nuevo poder, la falta de recursos humanos dentro del FSLN, la debilidad de la presencia sandinista en algunos ámbitos de la sociedad, la comprensible falta de definiciones sobre una enorme cantidad de cosas. Todos estos factores confluyeron enla configuración de un panorama inicial de extrema fluidez que reforzó las tendencias hacia la centralización, el verticalismo y el control.

El enfoque secuenciado de la concepción democrática del sandinismo --ahora la economía, la política después— respondía, por lo tanto, ala necesidad del Frente Sandinista y el gobierno de administrar las tensiones que emergían en la sociedad e incluso dentro del estado y del propio FSLN. Esta secuenciación rápidamente adquirió carácter estratégico para postergar o amortiguar el enfrentamiento social –o, si se prefiere, clasista: primero la reconstrucción y el desarrollo, el socialismo después (MIPLAN 1980, 1981). A medida queel entusiasmo, el triunfalismo yla amplia movilizaciónde masas que enmarcaronla victoria sobrela dictadura y los meses inmediatamenteposteriores ingresaron en un relativo reflujo, ylas preocupaciones por el orden ylas actividades cotidianas se hicieron más urgentes, la diferenciación entre loque se debía hacer primero, y lo que se postergaba para más adelante, se hizo más marcada.

La atención central de la concepción sandinista de la democracia estuvo puesta en los factores socioeconómicos y ante todo desde una perspectiva que pri­vilegia a la dinámica de las clases como fuerza motriz de la transformación social.Sin embargo no toda marginación, desigualdad o subordinación social tienen carácter de clase, ni la transformación de las relaciones de clase repercute auto­máticamente en ellas. Es, claramente, el caso de la subordinación de las mujeres y de la opresión de ciertos grupos étnicos. El reduccionismo economicista creó di­ficultades para extender la democratización a los grupos étnicamente subordinados y al terreno de los géneros; fue ante todo un proceso protagonizado por hombres y por mestizos, y su apertura hacia las relaciones de género y las identi­dades étnicas implicó considerables esfuerzos y conflictos.

Por otro lado la diferenciación social en el acceso al poder político y a las instituciones, suele dar lugar a, o reforzar, una paralela diferenciación en el acce­so a recursos, muy frecuente en este tipo de sociedades. La idea de que el poder implica atributos y beneficios particulares para quien lo ejerce u "ocupa" está profundamente arraigada en la política centroamericana tradicional, para cuya comprensión Max Weber, con sus análisis de la dominación patrimonial y el preben­dalismo como método para asegurar lealtades, suele ser de mayor pertinencia que Karl Marx. El sandinismo no inventó estos estilos pero rápidamente quedó envuelto en su maraña y, a la postre, contribuyó a reproducirlos. El poder reemplazó al mercado en la gestación y captura de oportunidades de progreso en la vida, de acceso a medios de enriquecimiento e incluso de acumulación, marcando un contraste muy fuerte e irritativo entre los de arriba y los de abajo, tanto más cuanto que los estilos de vida dispendiosos de muchos dirigentes contrastaban con las penurias de la mayoría de los militantes y, sobre todo, de la enorme mayoría de la población. Una situación que señalaba al mismo tiempo la inmuni­dad de ciertos estilos en el ejercicio del poder estatal a los cambios políticos.

El_.Impacto de la guerra

Vino la guerra a partir de 1983 y complicó más las _.cosas, al reforzar estas tenden­cias. En primer lugar, la guerra generó exigencias y creó condiciones para el fortalecimiento del control, la centralización y el verticalismo; acentuó el funcionamientodelas organizaciones de masas corno aparatos del estado, subordinó a sucontribución a la movilización para la defensa todo otro objetivo específico de las mismas, y mediatizó más la participación popular. Eficacia, celeridad y discipli­na fueron las consignas de la nueva etapa, mucho más que participación y auto^­nomía.

En segundo lugar, se adoptócorno doctrina oficial  —salvo un breve lapsoentre 1985 y 1987— que la contrarrevolución no tenía otro origen ni expresaba otros intereses que los de la política antisandinista del gobierno de Estados Uni­dos: era un enemigo eminentemente externo, que obedecía a causas e intereses exógenos. El argumento fue eficaz para mantener en alto una amplia solidaridad internacional aún en los momentos de más salvaje agresión contra Nicaragua, y neutralizar los esfuerzos de la administración de Ronald Reagan para aislar internacionalmente al régimen sandinista. Empero, este enfoque hizo muy difícil aceptar la existencia de otros factores, más directamente relacionados con el desenvolvimiento efectivo del proceso sandinista y respecto de los cuales la capacidad de acción y de rectificación del régimen era potencialmente mayor: enfoquesde política que chocaban contra las expectativas de determinados grupos sociales,abusos cometidos por funcionarios, prejuicios, etc. Por ejemplo:

En la región VI (departamentos de Matagalpa y Jinotega: CMV) la geografía es          más variada y en su mayoría el campesinado participó en la lucha sandinista. Allí están Pancasán, Bocay, Zinica. Después del triunfo, sin embargo, fueron enviados allí muchos cuadros del Pacífico que no supieron entender este campesinado. Los llamaron "burgueses", los acusaron de "contrarrevolucionarios",se les comenzó a fustigar y se llegó a extremos,como en Pantasma, Yalí, Río Blanco. Por eso la contrarrevolución pudo desarrollarsu trabajoallí.[13]

Por último, la guerra contrarrevolucionaria fue presentada en el discurso oficial del régimen sandinista como un obstáculo para las transformaciones revolucionarias: primero la defensa de la soberanía nacional y popular, después la profundización de la revolución.[14]

Tan decisivo como la guerra para explicar las dificultades crecientes del sandinismo, fue la manera como el sandinismo encaró la guerra: como un obstáculo al avance del proceso de transformación, y no como el escenario definido por el gobierno de Estados Unidos para dicho proceso. En estas condiciones era inevitableque el argumento de la guerra y  de la prioridad de la defensa se esgrimiera, en muchos ámbitos del estado y del FSLN, para bloquear las críticas, postergar las demandas de participación, y reproducir —ahondándola— la separación entre dirigentes y dirigidos, que usualmente refleja la diferenciación entre los que conducen la guerra y los que pelean en ella, o son sus víctimas. El "sandinismo de guerra" descargó el peso del conflicto ante todo sobre las clases populares; éstas fueron las que contribuyeron con sus hijos al reclutamiento del servicio militar y las que soportaron el impacto de la economía de guerra.[15]

Los factores exógenos y la convocatoria a elecciones

El ascenso de la agresividad del gobierno de Estados Unidos y sus esfuerzos diplomáticos por aislar internacionalmente a Nicaragua llevaron al sandinismo a reforzar una estrategia de amplias alianzas externas y, en este marco, a modificar su manera de encarar el tema electoral. Era evidente que para un grupo grande de gobiernos y organismos no gubernamentales que no compartían el enfoque estadounidense, la legitimidad insurreccional reclamada por el FSLN era indiscu­tible pero insuficiente, y sólo la convocatoria a elecciones convertiría al revolu­cionario en un gobierno aceptado internacionalmente.
    

 Las elecciones de 1984 permitieron ratificar la legitimidad del liderazgo sandinista y dimensionar la magnitud de su arraigo en la población (cuadro V.5). La campaña electoral se desenvolvió en el marco de una escalada de presiones del gobierno de Estados Unidos y de una ampliación de la guerra contrarrevolucionaria, que había obligado al gobierno sandinista a establecer, en 1983, el servicio militar obligatorio ante la insuficiencia de las milicias voluntarias para hacer frente a las fuerzas de la “contra” que contaban con masivo apoyo logístico y financiero de Estados Unidos.
  

Cuadro V.5. Nicaragua: elección general, 4 de diciembre 1984

¹ Elección de presidente y vicepresidente

² Votos válidos

Siglas:  FSLN Frente Sandinista de Liberación Nacional

             PCD: Partido Conservador Demócrata

                PLI: Partido Liberal Independiente

                PPSC: Partido Popular Social Cristiano

                PCdeN: Partido Comunista de Nicaragua

                PSN: Partido Socialista de Nicaragua

                MAP-ML: Movimiento de Acción Popular Marxista Leninista

Fuente: LASA (1984)

Las elecciones generales de noviembre de 1984 y la victoria sandinista dificultaron la estrategia desestabilizadora de la Casa Blanca, que a partir de ellas se vio obligada a incrementar aún más el apoyo a la guerra contrarrevolucionaria aunque con crecientes dificultades dentro del Congreso. La meta de sumar el apoyo europeo y latinoamericano a la agresión y el aislamiento de Nicaragua fracasó, pero las alegaciones de Washington acerca de la falta de competitividad de la convocatoria electoral y el cuestionamiento de sus resultados llevaron a los gobiernos europeos y latinoamericanos a adoptar una posición poco entusiasmada respecto del comicio: algunos por convicción, otros para no perjudicar sus propias relaciones con la Casa Blanca. Esto a su turno se tradujo en una reducción de varias líneas de cooperación económica y financiera, y habría de expresarse posteriormente en el plano diplomático en la crisis del grupo de Contadora.

Las elecciones de febrero de 1990 fueron convocadas y efectuadas en elmarco del proceso negociador de Esquipulas; por lo tanto, fueron parte de una intensa y compleja red de negociaciones entre el gobierno sandinista, la oposición interna, el gobierno y otros actores del sistema político de Estados Unidos, y lacomunidadfinanciera internacional. En último análisis las modalidades efectivamente asumidas por la convocatoria —sobre todo la anticipación de la fecha del comicio y la ampliación del espacio institucional de la oposición interna— y el escenario de agudo deterioro económico enque esa convocatoria se llevó a cabo, estuvieron inscritas en la imperiosa necesidad del gobierno sandinista de poner fin a la guerra contrarrevolucionaria y, sobre todo, revitalizar el acceso a cooperación externa para la reactivación de la economía (cuadro V.6).

Cuadro V.6. Nicaragua: elección general, 25 de febrero de 1990

¹ Unión Nacional Opositora

Fuente: República de nicaragua, Consejo Supremo Electoral

Las elecciones de 1990 fueron así parte constitutiva deun proceso que, en suconfiguración específica, tuvo su primer hito en la declaración de Esquipulas II (agosto 1987), y continuó con la suspensión parcial del financiamiento del gobier^­no de Estados Unidos a los contras, con la firma del acuerdo de cese al fuego entre el gobierno de Nicaragua y la Resistencia Nicaragüense (RN) en Sapoá (marzo 1988 ), la ampliación del espacio institucional de la oposición interna a través de la modificación de varias normas legales (agosto 1989), la exigencia de los presidentes centroamericanos del desarme de la RN (Tela, agosto 1989), ratifi^­cado algunos meses después en vista de su incumplimiento (San Isidro Coronado, diciembre 1989),y el repudio del gobierno sandinista ala ofensiva militar delFMLN salvadoreño de noviembre de 1989. Estos desarrollos estuvieron enmarcados asimismo por la reformulación de las relaciones entre los gobiernos de Estados Unidos y la Unión Soviética, que se tradujo en una sensible reducción de la ayuda soviética a Nicaragua y en un cambio parcial del enfoque de Moscú sobre la crisis centroamericana.[16]

La democracia participativa

Casi todo lo que se escribió sobre la democracia sandinista tuvo como referente de ^.contraste la etapa somocista y como marco de interpretación la guerra. El balance no pudo ser más-favorable, y justamente favorable, al proceso revolu­cionario. Sin perjuicio de las limitaciones y ambigüedades que acaban de señalarse, Nicaragua avanzó con el sandinismo por el camino de la democratización real, con un nítido signo popular y un énfasis incuestionable en la participación social.    

El desarrollo de las organizaciones sociales, la experiencia de la gente en tra­bajar juntos y discutir juntos los problemas que les aquejan, marcan un corte profundo en la historia del país. El pueblo recuperó su voz para hacer. oír sus problemas, para expresarlos por sí mismo, y retomó y potenció su capacidad de acción colectiva en la experiencia, renovada a diario, de la eficacia de su propia participación. Por primera vez en mucho tiempo —para muchos, por primera vez en la vida— la gente se sintió parte de una comunidad nacional, de un todo compartido. Los grandes logros sociales de la revolución —la alfabetización, la medicina preventiva, la educación de adultos, entre otros— fueron posibles por el involucramiento masivo, voluntario, solidario y esperanzado de una multitud de hombres y mujeres, mayoritariamente pertenecientes a las clases populares. Una muchedumbre en la que se hizo carne una convicción profunda, amplia y activa de dignidad, de que finalmente, por el esfuerzo de todos, se había ganado un horizonte, y un lugar bajo el sol.

La combinación del principio de la representación política (a través de los partidos) con el de representación funcional (a través de las organizaciones representativas de sectores específicos de actividad e interés) en el Consejo de Estado permitió potenciar la actividad de las organizaciones sociales sandinistas. Entre 1980 y 1984, periodo de existencia del Consejo, las representaciones de esas organizaciones, diferentes y formalmente independientes de la bancada partidaria del FSLN, tuvieron oportunidades institucionales de expresar sus propias perspectivas a partir de sus intereses diferenciados, sobre todos los temas sometidos a discusión. Sus opiniones no siempre, más bien raramente, lograron imponerse cuando iban en contra de las posiciones asumidas y "bajadas" por el FSLN, pero  la simple existencia de diferentes perspectivas contribuyó a consolidar a las organizaciones, a activar las discusiones internas, a entrenar a muchos de sus dirigentes  y cuadros en la política parlamentaria.

Los análisis políticos y las reflexiones sociológicas de la época se centraronen lo que IIeana Rodríguez llamó "la lucha por los porcentajes" (Rodríguez 1990); es decir, el interés casi obsesivo en señalar la magnitud cuantitativa de la incorporación de la gente a las organizaciones respectivas: cuántos obreros pertenecían la CST o a la ATC, cuantos maestros estaban afiliados a ANDEN, a cuántas mujer involucraba AMNLAE, cuántos campesinos pertenecían a cooperativas, y así en los demás casos. Tomando en cuenta el bajísimo nivel de organización popular prerrevolucionario, el crecimiento fue, en casi todos los casos, exponencial.[17]

Las relaciones de estas organizaciones con el estado y con el FSLN fueron tratadas muy esporádicamente, como también recibió muy reducida atención el  desenvolvimiento de prácticas democráticas dentro de estas organizaciones y sus campos de acción. Por ejemplo, la cuestión de laelección de los dirigentes —nacionales, regionales, departamentales, locales—por las bases de estas organizaciones se planteó de manera tardía y no en todas; en la mayoría de ellas no hubo procedimientos electivos internos,o bien las elecciones consistieron en ratificarlos candidatos o candidatas "bajados" desde las cumbres del FSLN

Dentro de esta constante, la relación del FSLN y el estado con las organizaciones populares sandinistas pasó por tres etapas. En los años iniciales (1979-82) el FSLN alentó el activismo de masas, tanto por necesidades de reactivación de la economía y la reconstrucción —solamente con el concurso de las organizaciones populares podía volver a ponerse en funcionamiento el país—, como para consolidar a esas mismas organizaciones en momentos en que su carácter reciente y la falta de experiencia de muchos de sus cuadros y dirigentes las ponía en posiciones de debilidad frente a los sindicatos y otras organizaciones socialistas, comunistas, socialcristianas, etc., con mayor experiencia en luchas reivindicativas.[18] . Fue éstaasimismo una época de gran eficacia reivindicativa para las organizaciones sandi­nistas: generalización del sistema de convenios colectivos de trabajo, participa­ción obrera en la gestión de empresas estatales, etcétera.

A partirde 1982-83 el estallido de la crisis económicay el desenvolvimientode la guerra contrarrevolucionaria crearon condiciones para la consolidación dela centralización y el verticalismo, que se fortalecerían con los cambios institu­cionales posteriores a las elecciones de 1984 y que habrían de mantenersehasta fi­nales de la década (Vilas 1986d; Serra 1989). La evidencia de que la práctica deautonomía de las organizaciones, y su eficacia reivindicativa en retroceso, se traducían en menores niveles de adhesión, condujo a fomentarprocesos de de­mocratización interna en algunas de ellas. El caso más notorio fue el de losCDS; en 1986se inició un proceso de consulta interna y de elección de dirigentes locales, y de conversión de la organización sandinista en una organización amplia debase comunal, sin identidad partidaria explícita. El éxito del viraje fue parcial, enparte por el agotamiento de este tipo de organización en la medida en que muchas de las demandas en que se apoyaba —mejoramiento barrial, extensión de servicios públicos, etc.— ya estaba satisfecha o era de satisfacción imposiblepor la crisis, y  en parte porque las iniciativas de descentralización y democratiza­ción llegaronen momentos en que ya la crisis y la guerra absorbían de lleno losesfuerzos y la atención de la gente.

En los años finales de la década las iniciativas de descentralización se incrementaron y fueron alentadas desde elFSLN enla medida en que la exigüidad delos recursos públicos hacía imposible mantener una estructura centralista, y como respuesta a la dinamización del clima político producto del cese al fuego y dela proximidad de las elecciones. En estos años se registró así un contraste fuerte entre el movimiento campesino y en menor medida el movimiento comunal, que alcanzaron una notoria reactivación y una marcada autonomía y capaci­dad crítica respecto del estado, y el movimiento obrero sandinista, que siguió enmarcado en un rígido verticalismo que repercutió en su capacidad de convocatoria. El deterioro de la situación económica alimentó algunas expresiones de protesta obrera a principios de 1988, pero fue una protesta canalizadapor las organizaciones sindicales opositoras, frente a la cual el estado y el FSLN respondieron con una moderada represión. Protesta y represión que contribuyeron a descolocar aún más a los sindicatos sandinistas frente a sus propias bases.

En resumen, y sin perjuicio de las oscilaciones mencionadas, el FSLN y el go­bierno sandinista desplegaron las organizaciones de masa como un general despliega y moviliza sus divisiones. La estrategia del despliegue y la movilización dependían de un control centralizado en cuya virtud la conducción de las organizaciones recibía la línea que se le bajaba desde el partido, el gobierno o el estado.

Como siempre ocurre, los intentos de autonomía se debieron mucho más a la insistencia de las organizaciones que a la iniciativa del estado, el gobierno o el partido. En los conflictos que se suscitaron entre sindicatos y administradores de las empresas estatales por ejemplo, el sandinismo tendió a adoptar el punto de vista de los gerentes y administradores, más que el de los trabajadores; en las contradicciones en torno a la cuestión de la mujer, tendió a reforzarse un enfoque masculino de los problemas; las demandas sindicales de sanción a los empresarios que incurrían en maniobras de descapitalización o de colaboración  con la contrarrevolución fueron amortiguadas desde el estado para no ahondar el inevitable deterioro de la estrategia de alianzas amplias. La desconfianza hacia reivindicaciones étnicas o los intentos de meterlas por la fuerza en un enfoque sandinista mestizo hicieron adicionalmente difícil una comprensión de la problemática de las comunidades del Atlántico.

Esta matriz de relaciones entre el estado y el FSLN por unlado y las organizaciones de masas por el otro fue facilitada por la autoridad moral de aquéllos —expresada en la consigna ^"¡Dirección Nacional ordene!^" — pero también por el origen reciente y la reducida experiencia política de muchas de las organizaciones y de sus dirigentes intermedios. Salvo en el ámbito de los asalariados urbanos, donde los sindicatos sandinistas tuvieron que competir con los de otras tendencias políticas (vid Villagra 1980), las organizaciones populares nicaragüenses son de origen reciente, muchas de ellas directamente creadas por el FSLN en el marco de la lucha contra el somocismo —como en los casos de los asalariados rurales y las mujeres— y otras incluso después del triunfo— como la UNAGy la confederación de asociaciones de profesionales (COMAPRO). Esta situación explica la disposición de las directivas de las organizaciones a aceptar las orientaciones emanadas desde el estado, el gobierno y el FSLN, sus limitaciones para hacer valer perspectivas propias, y las dificultades de las organizaciones para proyectar hacia la sociedad una imagen de relativa autonomía respecto de las instituciones estatales, que ampliara su capacidad de convocatoria hacia sectores de población no sandinistas pero no necesariamente opositores.

De la participación al control

La democracia participativafue el signo distintivo de la revolución sandinistadurante la primera mitad de la década de los ochenta. La crisis económica de la que se tomó conciencia a fines de1982, el ascenso de la guerra contrarrevolucionariadesde mediados de1983, las elecciones generalesde 1984y los cambios institucionales subsiguientes, señalaron el inicio de una nueva etapa en la revolución y por consiguiente ensu enfoque de la participación popular y de la democracia engeneral. La nueva constitución política, que entró en vigencia en 1987, dio fuerza jurídica y convirtió en normas fundamentales a los principios de la revolución y sus más importantes conquistas: la economía mixta, la reforma agraria, el anttiimperialismo, los derechos individuales ysociales, en una versión actualizada yadaptada a las condiciones de la Centroamérica de fines del siglo XX,de lo que fueron el constitucionalismo social mexicano y europeo de la primera. postguerra.

Es importante destacar el proceso de discusión del proyecto del nuevo texto constitucional a lo largo de 1986, en numerosos "cabildos abiertos" sectoriales (de mujeres, trabajadores, estudiantes, profesionales, etc.) y territoriales. Estas asambleas no sólo permitieron a la gente informarse de qué se trataba, sino suge­rir modificaciones al anteproyecto, o por lo menos dejar sentadas posiciones públicas sobre cuestiones específicas. Pero en las condiciones reales de la sociedad nicaragüense, enmarcadas ante todo por el creciente deterioro de la economía y por el ascenso de la guerra contrarrevolucionaria, el viraje hacia una mayor aten­ción a las dimensiones institucionales de la democratización no significó ahondamiento o consolidación de ella. La participación popular se había desarrollado sin leyes, decretos o disposiciones constitucionales, y las nuevas normas constitu­cionales poco pudieron para prevenir, o evitar, el progresivo cercenamiento de su espacio y de sus alcances.

El reemplazo del Consejo de Estado por una Asamblea Nacional con los par­tidos políticos como agentes exclusivos de representación de la sociedad redujo lagravitación institucional de las organizaciones populares y acentuó su subordina­ción jurídica, ya no sólo política, al FSLN. En adelante la posibilidad de las orga­nizaciones de ubicar representantes en el parlamento dependería de la mediación de algún partido político. En  el caso de la CST, ATC y AMNLAE, de explícita fi­liación sandinista, el problema no existía.Peropara otras comoUNAG o los CDS, con vinculaciones más laxas al sandinismo, en todo caso menos orgánicas, el problema era serio, y la pérdida de autonomía fue real. Con la mediación de los partidos, el comportamiento ^.parlamentario quedó subordinado a la disciplina partidaria, y en el caso del FSLN a las iniciativas emanadas del poder ejecutivo. La "aplanadora sandinista", expresión entre resentida y despectiva con que los partidos de oposición hacían referencia al manejo sandinista de sus dos tercios de asientos en la Asamblea Nacional como resultado de las elecciones de 1984, tuvo vigencia no sólo enel estrecho sentido a que aludía la expresión —neutralizar a labancada de la oposición—sino asimismo en relación con las diferencias de pers­pectiva e incluso de intereses específicos, entre los diputados sandinistas que in­tegraban la bancada delFSLN en la cuota asignada a las organizaciones sociales, ylos que ostentaban una militancia estrictamente partidaria.

El nuevo panorama institucional, el agravamiento de las restricciones econó­micas, y la intensificación de la guerra contrarrevolucionaria crearon un escena­rio de tensionamiento creciente para las organizaciones sociales y la participaciónpopular. Por un lado, se esperaba de las organizaciones que maximizaran los esfuerzos de movilización y propaganda en función de dos objetivos priorita­rios: la incorporación de la población a la defensa, ante todo la incorporación de los jóvenes al servicio militar, y el cumplimiento de las directivas económicas delgobierno. Por el otro, se insistía desde el gobierno y el FSLN que las organizaciones debían mantenerse al frente de las reivindicaciones de sus representados, pero al mismo tiempo haciendo ver a éstos la precedencia de los objetivos anteriores. En otras palabras: las organizaciones debían convencer a la gente que había que trabajar duro, integrarse a las movilizaciones militares, bajar el tono de las reivindicaciones específicas, y al mismo tiempo impulsar algunas demandas mínimas en un contexto de recursos económicos exiguos, para competir con las organizaciones sindicales de la oposición. Todo ello en un ambiente político en el que el discurso sandinista oficial anatemizaba las demandas socioeconómicas, sobre todo de los trabajadores, imputándoles hacerle el juego a la oposición, cuando no a la "contra".[19]

En los hechos esto permitió al sandinismo postergar el tratamiento de las demandas particulares e inmediatas de la gente suscitadas por sus problemas concretos, reales y cotidianos, apelando a un discurso cuyo eje central eran las referencias a la agresión bélica de los Estados Unidos. Como al mismo tiempo la política económica cargaba su costo sobre los hombros de los grupos de menores ingresos, el resultado fue una mayor desmovilización de la población y la reducción de la eficacia de la convocatoria de las organizaciones sociales. En algunas de ellas, como los CDS (para entonces rebautizados ^" Movimiento Comunal ¨) y AMNLAE, el efecto negativo fue particularmente notorio, como también lo fue en amplios sectores del campesinado vinculados a la UNAG.

La gravitación absoluta del sandinismo en la Asamblea  Nacional no se expresó en el aprovechamiento del espacio institucional así controlado para expresar legislativamente su proyecto democrático, ni para dotar de fuerza legal a los avances populares. En materia laboral, por ejemplo, no se modificó el código de trabajo, que databa de la época del primer Somoza; tampoco se dio fuerza jurídica a las experiencias de gestión obrera en las empresas del estado. El Movimiento Comunal no consiguió la aprobación de una ley de inquilinato que estabilizara la situación habitacional de decenas de miles de familias pobres. El movimiento estudiantil y las universidades no consiguieron la sanción de la leyde autonomía universitaria. El tratamiento de éstas y otras cuestiones igualmente caras a diferentes sectores de población que constituían la base social del sandinismo quedó relegado al ámbito de la negociación particularista, a la política de influencias, conversaciones y gestiones personales, en una clara continuidad con los estilos tradicionales.

También carecieron de tratamiento parlamentario las cuestiones priorizadas en la gestión estatal. La negociación conducente al cese de hostilidades, o la misma política económica que tan seriamente dañaba las condiciones de vida de las bases sociales del sandinismo sin por ello mejorar las relaciones con la comunidad de negocios, se manejaron al margen de la Asamblea.  La disposición constitucional que entregaba al poder ejecutivo la iniciativa presupuestaria fue interpretada en el sentido que la Asamblea Nacional aprobaba el proyecto de presupuesto "bajado^" por el ejecutivo, sin que el contenido del mismo circulara entre los representantes que debían votar al respecto.

El parlamento, por lo tanto, no existió como arena institucional donde se dirimen los conflictos de intereses de la sociedad, sino como ámbito de ratificación y formalización de decisiones políticas adoptadas en otros ámbitos. El caso más ilustrativo es posiblemente el de la negociación entre el gobierno y los partidos opositores en vísperas de la reunión de presidentes centroamericanos en Tela (Honduras, agosto 1989). Necesitado de llevar a Tela un documento que demostrara la unidad nacional en la demanda de que las fuerzas contrarrevolu­cionarias y el gobierno de Estados Unidos acataran las resoluciones del proceso de Esquipulas, el gobierno sandinista convocó a los partidos opositores a una reunión como resultado de la cual éstos firmaron un documentoen tal sentido, previo compromiso sandinista de aceptar varias iniciativas de reformas para dar mayor competitividad y transparencia al proceso electoral. La reunión se efectuó entre el poder ejecutivo y la dirección política del FSLN por un lado, y los partidos opositores por la otra, al margen de la Asamblea Nacional. Posteriormente la Asamblea, la misma que había aprobado los textos legislativos sometidos a crítica, y que en aquellas oportunidades había desechado esas mismas críticas, aprobó las reformas legislativas pertinentes.

El deterioro del proceso revolucionario por los efectos de la crisis económica y el conflicto militar, pero también por sus propias tensiones, ambigüedades y contradicciones, convirtió a la política internacional en el eje dinámico de la estrategia sandinista, subordinando a ella los demás aspectos de la actividad gubernamental, y en particular de la relación estado/FSLN/masas. Paz y recursos financieros externos se convirtieron comprensiblemente en las metas priorizadas de los esfuerzos políticos y diplomáticos del sandinismo. Las decisiones atinentes a ambas se concentraron en las más altas cúpulas del gobierno y del estado, que se identificaban con las del FSLN. En la medida que las decisiones de política doméstica se subor­dinaban a aquéllas, la participación popular vio aún más reducido su espacio, se limitó a cuestiones meramente operativas, y en definitiva se convirtió en sinóni­mo de capacidad de aguante y fe en que, en el futuro, las cosas habrían de mejorar.

El acceso a recursos

Los avances en la dimensión socioeconómica del proceso de democratización fueron incuestionables, especialmente en los años iniciales del régimen sandinis­ta. Los progresos en materia de salud y educación básica fueron notorios, aunque muchos de ellos resultaron revertidos porla guerra y la crisis económica y, a par­tir de 1988, por las políticas de ajuste del propio gobierno. Sin perjuicio de sus ya señaladas limitaciones, la reforma agraria po­sibilitó el acceso a la tierra a dos tercios de las familias campesinas que antes carecían de ella, o que la tenían insuficiente o sin título de propiedad. Se impulsó laorganización cooperativa, con resultadosdesiguales pero en general positivos. Se ha visto empero que los cambios en la estructura de tenencia de la tierra no involucraron transformaciones equivalentes en el estilo y la estrategia de desarrolloagropecuario. A través de las políticas de crédito, asistenciatécnica, precios y otras, el estado decidía qué producir, con qué técnicas, etc., dejando escaso margen de decisión a los campesinos y a las cooperativas. Detodos modos el revanchismo de los terratenientes y de sus voceros en el gobierno surgido de las elecciones de 1990 se encargó de relegar al olvidolas limitaciones y cuellos debotella de la reforma agraria sandinista.

Enuna sociedad en la que los grupos de pequeña burguesía son cuantitativamente predominantes, debe destacarse el avance socioeconómico y político pequeña burguesía y en general de los grupos mediosa lo largo de toda la década.La redistribución de los recursos económicos; el accesoa la educación superior;  el impulso a procesos de diferenciación social, enriquecimiento y acumulación,encontraron en estos grupos actores dinámicos y entusiastas. El régimen sandinista significó para ellos la apertura de perspectivas de progreso social que les habían estado vedadas por el somocismo y la sociedad tradicional. La moralina que usualmente tiñe el tratamiento de este tema con el rótulo de corrupción impide apreciar la magnitud y las proyecciones de esta dimensión, tal vez poco convencional, pero en modo alguno infrecuente, de ampliación del acceso a recursos económicos y de podera nuevos actores sociales. El estado y la política desempeñaron para estos grupos el papel que el mercado desempeña para los actores ya instalados y consolidados.

La organización popularse desarrolló en todos los ámbitos de la vida colectiva. Los comentarios anteriores en cuanto a las limitaciones derivadas de su subordinación al estado y al FSLN no desvirtúan ni opacan el contraste impactante con el periodo pre sandinista. Existió una fuerte convicción en amplios sectores de los trabajadores, el campesinado, los pobladores de barrios pobres, las mujeres, la juventud, etc., de la organización como derecho y como recurso para potenciar las demandas y la movilización popular. Las grandes conquistas de la revolución se apoyaron en esa organización: la conciencia de la eficacia política de la participación, la reconstrucción de la economía, el desarrollo social de los años iniciales, la defensa campesina ante la contrarrevolución, la superación de las dificultades creadas por la falta de repuestos y el desabastecimiento, el antiimperialismo militante. La beligerancia con que la gente se enfrenta, por ejemplo, a los intentos de revertir la reforma agraria por el gobierno nicaragüense actual, contrasta extraordinariamente con la inconformidad pasiva frente a los procesos de desposesión campesina durante el somocismo.

Una democratización desigual

El proceso de democratización impulsado por el sandinismo tuvo como objetivo,en gran medida alcanzado, la integración de las masas populares en la comunidad política.Fue en tal sentido un proceso de construcción de un estado nacional popular y por lo tanto de una soberanía nacional asentada en la movilización y enla organización popular. Un proceso particularmente complejo y vulnerable en unaépoca en que en el resto de América Latina el estado nacional popular había hecho crisis hacíamás de una década y en la que el marco internacional de la re­volución atentaba contra tal empresa. El todo fue, como ocurre generalmente, mayor que la suma de las partes. El proceso de constitución del estado nacionalpopular tuvo un desenvolvimiento desigual, y la democratización avanzó en proyeccióny profundidad más en determinados ámbitos que en otros.

La democratización estuvo enmarcada por la concepción sandinista de las clases como agentes fundamentales de la dinámica social y del pueblo como el re­ferente fundamental de adscripción política de los sujetos sociales. No en el senti­do de una estrategia clasista de dicho proceso, ya que el régimen revolucionario enarboló desde el inicio la bandera multiclasista de la unidad nacional y la econo­mía mixta, sino en el sentido de enfocar al conjunto de los actores sociales desde la óptica priorizada, y a menudo reduccionista, de las clases, y de su identidad colectiva de pueblo. Por lo tanto, subordinando a la dinámica de éstas los intere­ses y demandas de los actores cuyas identidades y problemáticas se distorsionan al ser reducidas a dicho esquema, o forzando su adscripción a determinada clase.

Ante todo, hubo mucho más énfasis en la democratización en el ámbito público que en el privado; más exactamente, el proceso de democratización reprodujo la separación tradicional entre lo público y lo privado y se desarrolló más en aquel que en éste. Las movilizaciones masivas, la organización popular, el cuestionamiento de la organización política y de las relaciones de producción, el rediseño de la articulación en el sistema internacional, la resistencia a las presiones externas, la defensa ante la contrarrevolución, la reactivación de la producción, etc., constituyeron los ámbitos privilegiados de la participación y la reconfiguración de las relaciones sociales. El estado, la nación, el barrio, la escuela, el partido, el sindicato, la cooperativa, los mercados, la universidad, fueron las plataformas de lanzamiento, los escenarios y los horizontes de la democratización; unos más que otros, pero todos en conjunto. Al contrario, el ámbito convencionalmente considerado como "privado"—las relaciones entre mujer y hombre, el espacio doméstico, las relaciones y estructuras familiares, las relaciones entre hijos y padres, entre otras— recibieron el influjo del cambio de manera más diluida y contradictoria. Hubo en este sentido un forcejeo entre la separación tradicional entre lo público y lo privado, y una concepción amplia de la democratización que trató de derribar ese muro y de abrir todas las dimensiones de la vida humana al cuestionamiento y la transformación.

Democratización y relaciones de género

La problemática de la discriminación de género contra las mujeres ofrece un ejemplo ilustrativo de los alcances y las limitaciones de la proyección de la democratización por encima de los límites convencionalmente asumidos de lo público y de la clase.

En la década sandinista el tema de la discriminación contra la mujer entró de lleno en el debate político e ideológico, y varias viejas barreras que marginaban a la mujer en el terreno económico y en el de la política fueron derribadas. La mujer avanzó más como trabajadora y como ciudadana que como género, si cabe la distinción: incorporación a las relaciones laborales, involucramiento en movilizaciones políticas y sociales, activismo partidario. La discusión pública de temas tradicionalmente considerados tabú, como el derecho al aborto, el sinceramiento de las relaciones afectivas, el derecho de la mujer a la sexualidad, el divorcio, se desarrolló de manera más pausada, en la medida en que implicaba choques más violentos contra el orbe ideológico de la sociedad nicaragüense, incluyendo al propio sandinismo, y el cuestionamiento de la influencia cultural de la iglesia católica y su jerarquía.

Pero el ingreso de la mujer a nuevos ámbitos de la vida pública usualmente involucró la reproducción de la tradicional subordinación de género por la vía de la  discriminación objetiva en los puestos de trabajo, la desconfianza o el desprecio hacia sus aptitudes y capacidades, el mantenimiento de formas de organización que ignoran y por lo tanto perpetúan las desigualdades en las relaciones entre hombres y mujeres, el chantaje sexual, el maltrato. Las dificultades, el desinterés y el miedo, compartidos por hombres y por muchas mujeres, de cuestionar la subordinación de género desde su núcleo en la unidad doméstica —la carga exclusiva de las labores de la reproducción familiar, el abandono y la violencia masculina, el cuidado de los niños, entre otras— hicieron que la incorporación de la mujer a la esfera pública significara recargarla de tareas, esfuerzos y tensiones adicionales, y condenara a muchas iniciativas de promoción, al fracaso. Es posible que estos factores de reproducción de la subordinación de género expliquen el bajo nivel de participación de las mujeres en general, y sobre todo en las organizaciones sociales, que se encontró en algunas investigaciones efectuadas e postrimerías del régimen sandinista.[20]

La interrogante formuladaa mediados de la década de los ochenta por Maxine  Molyneux: ¿Movilizaciónsin emancipación?,o la tensión discutida mas recientemente por Ileana Rodríguez entrela "mujer/clase/pueblo/nación" y "mujer-género", expresan acertadamente la complejidad de la cuestión (Molyneux 1986; Rodríguez 1990). El proceso de democratización resulta limitado por las relaciones de opresión y subordinación de género. La separación entre lo público y lo privado y entre lo político y lo doméstico y la exclusión objetiva de las mujeres de unaparticipación plena e igualitaria en la vida social por ser mujeres reproducen la desigualdad de la relación hombres/mujeres y obstaculizan y sesgan la democratización.

Democratización y etnicidad

La llamada Costa Atlántica de Nicaragua abarca la mitad del territorio del país y, hacia 1980, solamente ocho por ciento de su población. La mitad de ésta estaba constituida por campesinos mestizos que emigraron de otras zonas del país expulsados por el auge de la agroexportación después de la segunda guerra mundial; la otra mitad consistía de grupos indígenas (mískito, sumo, rama) y de descendien­tes de los esclavos africanos traídos en los siglosXVII y XVIII por los plantadores ycomerciantes ingleses (creoles y garífonas).

La actitud inicial de la revolución hacia estos grupos y la región que habitan fue  de un marcado reduccionismo economicista y etnocéntrico. El sandinismo enfocó la problemática costeña a través de la óptica parcial del subdesarrollo y el atraso ytrató de llevar a la Costa las instituciones, las políticas ylas modalidades de organización y de movilización popular que habían resultado exitosas para derrocar a ladictadura en las regiones pobladas por campesinos y asalariados mestizos. Los indígenas fueronvistos como campesinos pobres o  co­mo asalariados estacionales, y los creoles, más urbanizados, como grupos de pe­queña burguesía y pequeños empresarios, sin percibirse que la subordinación étnica introducía factores importantes de diferenciación con sus homólogos de clase mestizos; las prácticas de reciprocidad y de cooperación simple fueron interpretadas como indicios de supervivencia de un comunismo primitivo. En consecuencia el desarrollo económico y la expansión del estado habrían de arrancar a los costeños del atra­so. El choque entre las expectativas de éstos y el modo en quela revolución se hizo presente en la región dio lugar a variosaños de conflicto militar intenso. La incapacidad inicial del sandinismo —una organización predominantemente mestiza-—de incorporar a  su diseño revolucionario las demandas y aspiraciones de las poblaciones costeñas étnicamente diferenciadas permitió al gobierno de Estados Unidos y a los grupos contrarrevolucionarios manipular esas reivindicaciones  que, aparentemente, carecían de legitimidad enel proyecto sandinista.

El conflicto fue intenso y sangriento, pero la repercusión internacional que alcanzó se debe ante todo a la manipulación publicitaria de la Casa Blanca, que encontró en la inicial incapacidad sandinista de comprender la especificidad de la problemática étnica una veta particularmente rica para desacreditar al régimen revolucionario. Debe reconocerse, sin embargo, que la intensidad y la violencia del conflicto nunca alcanzaron los niveles y proyecciones registradas por las luchas interétnicas en Sri Lanka, Nigeria, el Kurdistán o, en los días presentes, los Balcanes.

La respuesta inicial del régimen sandinista a estos conflictos fue  eminentemente militar y estuvo orientada a asegurar el control efectivo del estado ni­caragüense sobreel territorio. Pero esta presencia masiva del ejército permitió al mismo tiempoque el sandinismo y su gobierno adquirieran progresivamente un mejor conocimiento de la problemática costeñay de sus  especificidades étnico?regionales: la gravitación de las comunidades y sus formas particulares de autogobierno, el arraigo de las estructuras propias de autoridad y prestigio social, las modalidades específicas de acceso a los recursos naturales, el reconocimiento de los idiomas locales en pie de igualdad con el castellano, etc. A través de un proceso doloroso y de desarrollo lento al principio, el sandinismo pudo convencerse de que en principio nada había en las reivindicaciones costeñas opuesto al proyecto revolucionario y que, al contrario, la democratización de Nicaragua no podría ser plena sin aceptar como legítimas las demandas costeñas al reconocimiento de sus propias estructuras organizativas y modos de vida.

El régimen revolucionario comenzó a reconocer explícitamente, desde fines de 1984, la justicia de muchas de las demandas de los costeños, independientemente de la forma en que esas demandas se formularan. Esto permitió diferenciar el tratamiento que debería asignárseles, y a los grupos que las planteaban,  respecto de los grupos mestizos sumados a la contrarrevolución en otras regiones del país. El tono y el contenido del discurso revolucionario cambiaron; de la imperatividad se pasó al diálogo. Se reconoció la legitimidad de las estructuras locales de autoridad  anteriores a la llegada del sandinismo a la Costa —pastores,  ancianos, notables del lugar-- y se llevaron a cabo aproximaciones a ellas como mediadoras y dinamizadoras del diálogo sobre la paz, el desalzamiento y la repatriación de los que se habían marchado a Honduras. La culminación de este proceso fue la institucionalización de un régimen de autonomía étnico-regional que implicó el reconocimiento explícito del carácter multiétnico del estado y la sociedad nicaragüense.

La institucionalización de este cambio de perspectiva con la sanción de un estatuto de autonomía y el inicio de una efectiva descentralización, avanzaron mucho más en términos formales que en los sustantivos. La crisis económica conspiró contra la asignación de recursos hacia las recientemente creadas regiones autónomas. Pero más importante que ella fue la persistencia de una óptica etnocéntrica en muchos funcionarios mestizos que, por incomprensión, prejuicio o inercia dificultaron un mayor avance de la ejecución del proyecto de autonomía. La idea de que un régimen de autonomía implicaba el desmembramiento de la unidad territorial de Nicaragua, o de que la población costeña ^“no merece la autonomía” porque no hubo un movimiento insurreccional antisomocista en la Costa, o de que la población costeña carece de madurez para hacerse cargo de su propio gobierno, estaban presentes en las mentes de varios miembros del gabinete sandinista incluso después de aprobado el estatuto de autonomía en septiembre de 1987. En estos casos la autonomía se aceptó por disciplina partidaria mucho más que por convicción ycareció por lo tanto de vigencia yde proyecciones efectivas. A su vez las múltiples limitaciones del régimen de autonomía, que expresaban las dudas subsistentes en muchos ámbitos de la conducción sandinista, abonaban la actitud ambigua de los costeños; para muchos dirigentes indígenas y creoles, y para amplios sectores de sus bases, la autonomía expresaba ante todo la necesidad del sandinismo de poner fin a la guerra y la convicción de que ello no sería posible simplemente por la vía de la superioridad militar.

4.         ALCANCES Y LIMITACIONES DE LA EXPERIENCIA SANDINISTA

            La exposición precedente indica que hacia mediados de la década de los ochenta la revolución sandinista ingresó en una etapa de progresivo empantanamiento  estrechamenterelacionado con la guerra y la crisis económica regional, pero también con el modo en que una y otra fueron encaradas por la conducción sandinista, que privilegió el fortalecimiento de las alianzas con los grupos empresariales y terratenientes a costa de la autonomía organizati­va y las condiciones de vida de las masas trabajadoras, obreras y campesinas (Vilas 1985, 1989b). El esfuerzo de guerrarecayó ante todo en estos sectores tanto en lo que toca^.a la participación_,física en el conflicto, como en el costo socioeconómico; no hubo una distribuciónequitativa del esfuerzo en el conjunto de la so­ciedad—una situación que fue reconocida por la propia dirigencia sandinista.

La guerra y el enfrentamiento del gobierno de Estados Unidos quedaron despojados del referente político-social  que habíasido explicito en los años iniciales del proceso revolucionario, en la medida en queel enfoque sandinista relegaba a segundo plano las transformaciones sociales y el protagonismo de las masas. En tales condiciones fue haciéndose difícil_. para la gente visualizar el contenido popular  del proyecto político que estaba siendo agredido  por la contrarrevolución. Más aún, la atención preferencial que el gobiernoasignó a la concertación con los grupos empresarios y la comunidad inter­nacional y la distribución desigual de beneficios y sacrificios entre las élites y las masas, contribuyeron a diluir muchas de las dimensiones del proyecto democráti­co popular que había orientado los pasos iniciales del régimen revolucionario. La reforma agraria prácticamente se paralizó desde principios de 1989 pese a que aun permanecía casi un tercio de familias campesinas sin tierra o con tierra insu­ficiente. Más aún, durante la campaña electoral de 1989-90 el presidente Daniel Ortega, buscando su reelección, aseguró a los terratenientes de la Región IV afectados por la reforma agraria que “serían compensados con la devolución de sus propieda­des, maquinarías y otros bienes”[21] . En 1984 el FSLN ganó las elecciones pese a una guerra contrarrevolucionaria de alta intensidad, porque había una revolución de alta intensidad que no dejaba lugar a dudas sobre qué cosas estaban en juego. En 1990 las elecciones se perdieron a pesar de que el conflicto había dismi­nuido, pero también la revolución había disminuido su intensidad de años anteriores.

Al opacarse el contenido social del enfrentamiento con Estados Unidos, al reducirse éste a un conflicto entre gobiernos sustentado por el sacrificio de las masas —muertos, mutilados, poblaciones reasentadas, desarticulación de las familias… — se crearon condiciones para que las críticas populares a aspectos concretos de las políticas gubernamentales y del comportamiento de los funcionarios, y  las demandas de poner fin ala guerra, se aproximaran al discurso político de la oposición de derecha y  se transformaran, a la postre, en votosantisandinistas. En un contexto de creciente desmovilización de las masas, el desfase entre laretórica de los más altos niveles del gobierno sandinista que mantenía un sonoro decibelaje antinorteamericano y afirmaba la orientación socialista de la revolución, y los contenidos y alcances efectivos de las estrategias y las políticas del gobierno, se hizo abismal.[22].En la medida en quela retórica trascendía haciael exterior e impactaba en el escenario internacional, pero los rasgos reales de las políticas producían sus efectos hacia adentro, ese desfase contribuye a explicar elalto nivel de solidaridad externa que el gobierno sandinista conservó hasta el final, mientras que parte importante de su apoyo interno de masas se erosionaba. La sorpresa de muchos de los actores y observadores externos ante la derrota electoral del 25 de febrero de 1990 obedece en buena medida a este divorcio entre hechos y percepciones.

Liberación nacional, democracia y transformación social

El proceso sandinista testimonia las enormes dificultades que experimentan las revoluciones democráticas y de liberación nacional en sociedades periféricas,  empobrecidas y atrasadas, para pasar de  una etapa antidictatorial de alianzas amplias a una etapa de transformaciones sociales y políticas profundas y deredefinición clasista y popular de la conducción del proceso revolucionario. Unatransición que mejore la compatibilidad entre el esfuerzo popular que es decisivo parael triunfo político y el sostenimiento de la revolución, y el contenido y alcances delas políticas promovidas por el régimen revolucionario. Estas dificultades tienen que ver ante todo con las características estructurales de tales sociedades, pero también con el modo en que ellas son encaradas por las organizaciones políticas que impulsan el proceso de cambio.

El principal de estos factores es la particular estructura de clases generada por el capitalismo subdesarrollado en Centroamérica. Yaseha visto (capítulo II) que la polarización burguesía/proletariado típicadel capitalismo desarrollado eradébil en las sociedades agrarias de Centroamérica y el perfil de la estructura social aparecía dominado por una vasta y diferenciada masa de campesinos, comunidades indígenas, asalariados estacionales, pequeña burguesía urbana. La contradicción entre el desarrollo de las fuerzas productivas y la estructura de lasrelaciones de producción, en la que Marx fincó la generación de las condiciones  para el desenvolvimiento de las revoluciones sociales era poco relevante en la mayoría de las sociedades centroamericanas o en todo caso su virtualidad revo­lucionaria no apuntaba a una superación del capitalismo sino más bien a diferentes modalidades de desarrollo y modernización del mismo. Además la mencionada contradicción se articulaba con otras que no surgen necesariamente de la esfera de la producción: la cuestión de la liberación nacional, las luchas por la constitución de un orden democrático.

En estas sociedades la clase obrera es de dimensiones reducidas, posee poca experiencia organizativa, se encuentra aún en proceso de desarrollo y mantiene fuertes lazos con el campesinado y el artesanado; su capacidad para conducir el proceso de transformaciones sociales a través de sus organizaciones es problemática, para decir lo menos. La revolución es el ámbito de progresiva maduración política de la clase obrera, pero esta maduración se da en el marco de alianzas y conflictos con otros grupos y fracciones que disputan la conducción del proceso a partir de parecidas condiciones de fragilidad. El carácter inicialmente policlasista de estos procesos revolucionarios en función de la convocatoria democrática y de liberación nacional, y la estrecha articulación de las luchas democráticas con los proyectos de transforma­ción estructural y rearticulación externa, convierten al campo de la revolución en un escenario de tensiones y confrontaciones internas entre los grupos sociales que participaron de la lucha contra la dictadura.

En tales condiciones, la extensión de la democratización al ámbito de las re­laciones socioeconómicos y del acceso a los recursos involucra tensiones fuertes agravadas por las vulnerabilidades que emergen del atraso y subdesarrollo de la estructura. La debilidad recíproca de los grupos sociales en pugna tiende a gene­rar un estilo de conducción política relativamente separado de los actores socialesdirectos; la "vanguardia” se presenta como administradora de los intereses de las clases populares hasta tanto éstas maduren, pero en los hechos sustituye al prota­gonismo político de los actores fundamentales. Del liderazgo por representación se pasa al liderazgo por sustitución. Usualmente son segmentos de la pequeña burguesía urbana quienes asumen este papel, pero en sociedades muy atrasadas como las de la América Central de los años sesentas y setentas no era infrecuente encontrarse con elementos de la burguesía fuertemente insertados en las organizaciones que postulan la transfor­mación social y que tratan de imponer sus perspectivas y concepciones desde dentro del campo revolucionario y del estado.

Pasar de un enfoque del proceso revolucionario que lo circunscribe al reemplazo de los titulares del gobierno por vías no institucionales, a un enfoque que apunta a transformaciones en las relaciones de poder político y eco­nómico, involucra proyectar la dimensión democratizadora del proceso revolu­cionario hacia la configuración estructural de la sociedad y hacia sus dimensiones culturales, y supone conflictos muy intensos entre los diferentes grupos y sectores incorporados a la revolución. Las alianzas que hacen posible el triunfo revolu­cionario conspiran posteriormente contra el avance hacia etapas ulteriores de cambio político y económico. Este conjunto de factores impone al proceso revolu­cionario un desenvolvimiento en general pausado y prolongado en el tiempo.

Por otro lado el atraso global de la sociedad, los niveles tecnológicos muy bajos, la inexperiencia organizativa de obreros y campesinos, el monopolio del saber científico y técnico en segmentos muy reducidos de las clases dominantes, problematiza adicionalmente la viabilidad de estrategias alternativas de desarrollo asentadas en la participación popular amplia. Se aprende a participar participando, pero éste es un proceso que demanda esfuerzos adicionales, horas extra de trabajo, noches de poco sueño. El aprendizaje de la participación es un  proceso de desenvolvimiento lento; requiere por lo tanto de una disponibilidad de tiempo que usualmente no existe, por las urgencias planteadas por el tensionamiento del escenario internacional y, ante todo, por la guerra contrarrevolucionaria. A su turno esto lleva con frecuencia a una acelerada centralización de las decisiones y a una separación marcada entre los niveles de conducción —donde la presencia de elementos de pequeña burguesía y de burguesía puede ser muy fuerte— y las masas, reproduciéndose en el seno del campo revolucionario la jerarquización entre los que deciden y los que ejecutan.[23]

El  segundo factor se refiere a los cambios en el escenario internacional de la revolución sandinista. El triunfo del FSLN en 1979 estuvo enmarcado por un escenario externo favorable,  quebrindó al régimen revolucionario una amplia y flexible cooperación económica y financiera y simpatías internacionales. Cuando las presiones del gobierno de Estados Unidos arreciaron, Nicaragua encontró en la ayuda de la  URSS, Cuba y los otros países del CAME un apoyo estratégico para sus programas de transformación económica y social La asistencia militar soviética dotó a ejército sandinista de un abastecimiento material que contribuyó significativamente a la victoria sobre la contrarrevolución. Cuando Venezuela y México dejaron de abastecer de petróleo a Nicaragua, la URSS cubrió el vacío.

La situación cambió a partir de 1987-1988. Las dificultades económicas en  los países del Este y las negociaciones URSS-EEUU redujeron el nivel y la fluidez de los abastecimientos, incluyendo la ayuda militar y el abastecimiento de hidrocarburos. Finalmente la URSS decidió sumarse a la estrategia norteamericana de búsqueda de una solución a lacrisis regional que implicaba, entre otras cosas, la reinserción de la RN en el escenario político nicaragüense y el cese de las opera­ciones militares de la guerrilla salvadoreña. En su visita a Nicaragua en octubre de 1989 el canciller soviético señaló el interés de la URSS en llevar a cabo un "mo­nitoreo bilateral" de la crisis centroamericana con el gobierno de Estados Uni­dos.[24] A fines de la década de los ochenta el espacio internacional para procesosde transformación política y económica radical estaba cerrándose en Centroamé­rica; en tales condiciones era muy difícil que el sandinismo pudiera recuperar el ímpetu revolucionario de una década atrás.

Alianzas, políticas y tensiones

El FSLN enfocó la lucha contra la dictadura somocista como un proceso que debía conducira profundas transformaciones en las relaciones de propiedad y de poder,y en la articulación con el sistema internacional. Una concepción de este tipo in­volucraba, entre otros aspectos, la modificación de las alianzas sociales y políticasen que se había apoyado la etapa estrictamente antidictatorial del proceso revolu­cionario. Es claro que no todoslos grupos y sectores quese sumaron al mismo ensu etapa antisomocista estaban dispuestos a pasar del enfrentamiento al somocis­mo al enfrentamiento de los terratenientes, industriales y comerciantes en que el somocismose apoyó, ni participaban del enfoque delFSLN de las relaciones conEstados Unidos, con la URSS y Europa del Este, y con Cuba.

La temprana suspensión de la aplicación de los decretos revolucionarios que disponían la nacionalización de las propiedades del somocismopuso de relieve elrápido agotamiento de la etapa estrictamente antidictatorial de la revolución y lasdificultades para pasar de un enfoque meramente institucional de la dictadura a un enfoque sociopolítico, y el involucramiento de muchos elementos de la bur­guesía —incluso muchos de los que se sumaron a la oposición antisomocista­ con la dictadura que las masas acababan de derrocar. Una situación que dotó de un costo político muy elevado a un enfoque clasista del tema, en la medida en que la ampliación de la confrontación con el somocismo amenazaba con romper alianzas sociales en que se habían apoyado los que resultaron ser tramos finales de la lucha insurreccional sandinista.

A partir de 1984 el incremento en los niveles de agresión económica y militar fue encarado por el régimen sandinista apelando a la ampliación de las alianzas sociales en que se apoyaba, para incluir en ellas a los elementos de la burguesía agraria, industrial y comercial que permanecían en el país, y que se oponían a muchas de las políticas revolucionarias orientadas a la transformación socioeconómica. Debe reconocerse el éxito relativo de esta estrategia en lo que toca a la capacidad del régimen sandinista para mantener un sistema amplio de relaciones internacionales que le permitió resistir los embates de Estados Unidos. No solo Nicaragua no pudo ser aislada del hemisferio occidental —comoen su momento lo fue Cuba—  sino que, al contrario, la diplomacia sandinista consiguió aislar a Estados Unidos en su política de agresión a Nicaragua.

Sin embargo el financiamiento de las alianzas internas amplias a través de políticas específicas debilitó el contenido popular del proyecto sandinista y llevó a mucha gente a reducir progresivamente su involucramiento en el proceso revolucionario y en la defensa.[25]La unidad nacional con la burguesía fue alimentada por un lento desenvolvimiento de la reforma agraria, por la distribución desigual de estímulos e incentivos, y por un fuerte sesgo de los sacrificios hacia el campesinado y los asalariados. En un contexto de retracción creciente de la economía, la definición de incentivos en beneficio delos grupos medios y la comunidad empresarial se llevó a expensas del deterioro de los ingresos y las condiciones de trabajo y de vida de las masas, mayor centralización administrativa y controles burocráticos sobre las organizaciones populares. Al mismo tiempo el mantenimiento una red de alianzas internacionales amplias consecuente con el principio de no alineamiento, pero que se apoyaba en esta recomposición del frente interno, forzó al régimen sandinista sobre todo a partir de 1987 a un conjunto de concesiones políticas hacia la derecha local — porejemplo la amnistía amplia a los miembros del ejército somocista y de la contrarrevolución condenados por actos de terrorismo y violacióna los derechoshumanos—  que contribuyeron a lareducción del nivel del conflicto militar, pero que desorientaron e incluso antagonizaron a buena parte de sus bases populares que habían sufrido el accionar de los ahora amnistiados.

A su turno las restricciones provenientes de la crisis y de las políticas gubernamentales diseñadas para enfrentarla, y las concesiones hacia la derecha, crearon situaciones difíciles para las organizaciones de masas del sandinismo y en  particular para el movimiento obrero y campesino. Las transformaciones revolucionarias se congelaron o desaceleraron, el margen para las reivindicaciones se redujo severamente, la centralización y las limitaciones a la participación popular se incrementaron. La capacidad de reclutamiento de las organizaciones opositoras aumentó, no sólo por disponibilidad de recursos financieros del exterior —como denunciaban los medios sandinistas— sino por la incapacidad de las or­ganizaciones del FSLN para definir un perfil relativamente autónomo de la con­ducción política del estado, ypor el escaso eco de sus reclamos y críticas en las dirigencias políticas del sandinismo.

Las reorientaciones en los enfoques y_. en las políticas sandinistas fueron faci­litadas por el carácter socialmente heterogéneo del FSLN. La sandinista fue una re­volución de obreros, campesinos, semiproletarios, jóvenes de pequeña burguesía, pobres del campo y la ciudad, pero fue también una revolución en la que elementos importantes de la vieja burguesía agraria y comercial conservado­ra y antisomocista se integraron poco antes de 1979 por causas que he discutido en otros lugares (Vilas 1984: cap. II, 1989a: cap. III, 1992c). La relación FSLN/burguesía no es por lo tanto exclusivamente una relación de externalidad, en la medida en que segmentos de la burguesía nicaragüense forman parte del FSLN desde antes de la caída de la dictadura. La gravitación de estos elementos se consolidó a partir de su desempeño en los aparatos del estado revolucionario, fue particularmente marcada en el diseño y ejecución de las políticas agropecuarias y financieras y en el modo de articulación de las organizaciones de masas a las agencias del gobierno, y se incrementó de manera notoria a partir de 1987-88 en casi todos los ámbitos de la gestión estatal y en el discurso gubernamental.

Al mismo tiempo fue haciéndose de más en más visible el desarrollo de una especie de nueva burguesía sandinista, integrada por funcionarios y dirigentes que merced al prolongado ejercicio de la función pública y a la ausencia de controles institucionales pudieron desarrollar acelerados procesos de enriquecimiento y acumulación. Se señaló más arriba que el tema fue encarado ante todo desde una perspectiva moral que contribuyó a dificultar la comprensión del fenó­meno. Debe reconocerse que, sin perjuicio de sus connotaciones éticas, se trata de una modalidad de formación de grupos de burguesía ampliamente difundidos en América Latina y, de hecho, en todo el orbe capitalista en determinados nive­les de desarrollo, adecuadamente analizado por Max Weber en su discusión de la dominación de tipo patrimonial (Scott 1972;  Morris 1991: 1-20). El acceso a información y a recursos, la vigencia de estilos prebendarios de ejercicio del poder, la idea de que el poder tiene por definición atributos remunerativos en bene­ficio de quienes desempeñan sus funciones —elementos todos que el sandinismo no inventó pero_, que contribuyó a reproducir— dieron paso a la formación de ca^­pitales y de empresas y a una movilidad social vertiginosa que contrastaba con la austeridad y la probidad de muchos otros activistas, dirigentes y funcionarios, y con la vida dura de las masas.

La necesidad de desarrollar una estrategia política acorde con el esfuerzo mi­litar condujo a mediados de 1985 a la ya señalada reorientación de varias de las políticas gubernamentales para adaptarlas mejor a los relieves del mapa social nicaragüense y a las demandas de las masas rurales. El viraje en las concepciones yestrategias de desarrollo ydefensa dio frutos. La derrota de la contrarrevolución en los frentes de batalla fue un resultado tanto del esfuerzo militar como de la reorientación de las políticas gubernamentales. Fue, sin embargo, un viraje táctico, que se abandonó tan pronto como la guerra llegó a su fin tras los acuerdos de cese al fuego (marzo de 1988). Pocos meses después el gobierno sandinista decidió enfrentar la crisis económica apelando a un crudo enfoque de ajuste monetarista que lanzó sus efectos usuales —desempleo, reducción de consumos básicos, recesión, deterioro de los indicadores de bienestar, etc.—  sobre las espaldas del mismo pueblo que durante toda la década había contribuido con sus sacrificios al esfuerzo de guerra. El sandinismo apostó a acuerdos con los empresarios buscando la reactivación de la inversión privada y sensibilizar a la comunidad económica internacional. A través de la concesión de incentivos, precios, créditos, abastecimientos y subsidios, el sandinismo aspiraba a granjearse la buena voluntad de los grupos capitalistas y, con las elecciones presidenciales a la vista, a competir con los partidos de oposición por el voto de esos grupos. La alianza del FSLNcon el campesinado ylos asalariados rurales, ycon las masas urbanas, que había tratado  de recomponerse con las medidas adoptadas desde mediados de 1985, experimentó una fuerte erosión.[26]^.
     

 En cierta manera el sandinismo trataba de recomponer la alianza amplia antisomocista de diez años atrás. Pero las condiciones eran totalmente diferentes, y los recursos dramáticamente limitados. La versión original de la alianza se había edificado sobre un clima de intensa y muy amplia movilización popular, de apoyo abierto de la comunidad internacional, y de reactivación económica nutrida por una amplia cooperación externa. Ahora la desmovilización popular se había hecho notoria, la comunidad internacional presionaba hacia la derecha, la falta de financiamiento externo agravaba la prolongada recesión de la economía, y 1as masas se encontraban a la defensiva.

La burguesía entendió que el intento era una prueba de debilidad del régimen, desesperadamente necesitado de inversiones y divisas de libre convertibilidad y de un respiro internacional. En consecuencia aceptó los incentivos de la  política económica pero mantuvo el comportamiento a la baja y no alteró sus afinidades políticas opositoras —cuando no abiertamente contrarrevolucionarias. Las masas populares por su lado, duramente golpeadas por las políticas de ajuste redujeron adicionalmente sus niveles de movilización y participación, desorientadas por un gobierno sandinista que trataba de revivir el clima de movilización de los años de guerra, cuando era evidente para todos que la guerra pertenecía ya al pasado y el propio gobierno ponía en libertad a los ex guardias somocistas y  amnistiaba a los contrarrevolucionarios.

Decidido a mejorar su  imagen externa, el sandinismo adoptó giros importantes también en su política internacional. El más resonante de éstos tuvo lugar en la cumbre presidencial centroamericana de San Isidro Coronado (Costa Rica) el 12 de diciembre de 1989. Allí Daniel Ortega adhirió al respaldo de sus colegas al presidente salvadoreño Alfredo Cristiani y a la condena al FMLN y a su reciente ofensiva militar; como contrapartida obtuvo de los demás presidentes el reclamo de que los "contras^" concluyeran el proceso de desmovilización a más tardar el 5 de febrero de 1990 — vale decir, tres semanas antes de las elecciones. Es sabido que este reclamo no obtuvo eco ni de los contrarrevolucionarios ni del gobierno de Estados Unidos, pero el repudio al FMLN alineó a Nicaragua en las posiciones más conservadoras respecto de la cuestión salvadoreña. La firma de Ortega en el documento de San Isidro desconcertó a amplios sectores de la población nicara­güense. La solidaridad con el proceso revolucionario salvadoreño había consti&s hy;tuido una de las líneas más conocidas de la diplomacia sandinista y uno de los puntos de conflicto con el gobierno de Estados Unidos. El FMLN rechazó "con indignación"' el documento y la URNG guatemalteca expresó su "insatisfacción, preocupación y sorpresa"; la URSS en cambio, se declaró satisfecha[27].

El fracaso de la recomposición de alianzas que pertenecían a otras etapas del proceso revolucionario se agregó a las tensiones y contradicciones entre el calen­dario del viraje hacia la derecha en economía y el calendario del viraje hacia la de­recha en política. El gobierno sandinista lanzó su primer programa de ajuste — después del intento fallido de febrero de 1985— en junio de 1988. La falta de apoyo financiero externo de corto plazo hizo que su impacto sobre las masas fuera de un salvajismo extremo. Pero el sandinismo confiaba en que tras este golpe los efectos beneficiosos se harían sentir y comenzaría hacía principios de 1989 una etapa de reactivación que consolidaría las perspectivas electorales para los comicios presidenciales originalmente programados para noviembre de 1990.

El huracán Joan (octubre de 1988), de efectos catastróficos en amplias zonas del país, obligó al gobierno a alterar sus metas financieras y a aflojar los controles sobre la economía. A fines de enero de 1989 se insistió en el programa de ajuste; todavía se contaba con casi dos años antes de las elecciones para sanear, reactivar y restañar los efectos nocivos del ajuste en las masas. Pero en febrero de ese mis­mo año la diplomacia sandinista cedió a las presiones internacionales y decidió anticipar la fecha de las elecciones a febrero de 1990, acortando el espacio de maniobra de los economistas. El FSLN llegó así a los comicios en medió de la peor situación económica de la historia del país, que terminó de revertir muchas de las conquistas de los años iniciales que habían significado mejorías sensibles en con­diciones de vida de las masas: el sistema educativo al borde del colapso, una profunda crisis en la salud pública, casi 30% de desempleo y subempleo, un salario real casi inexistente, aguda retracción productiva. Ya se vio que el programa de ajuste tuvo un notorio éshy;mo axito técnico: la hiperinflación seredujo, disminuyó drásti­camente el déficit fiscal, las exportaciones crecieron ligeramente. Pero el costo so­cial para las masas fue enorme.[28]

Desde esta perspectiva el error táctico fundamental del sandinismo consistió en haberse embarcado en una política de ajuste de este tipo en las postrimerías del periodo presidencial. No por azar este tipo de políticas es ejecutado en toda América Latina en los inicios del periodo de gobierno, apostando a que tras el impacto inicial la situación mejorará y el partido en el gobierno podrá aspirar a la reelección. El sandinismo en cambio apeló al ajuste recesivo prácticamente en vísperas de los comicios, aspirando además a la reelección no ya del FSLN, sino de exactamente la misma fórmula presidencial —Daniel Ortega - Sergio Ramírez— que había conducido las políticas antipopulares de los dos años anteriores.

Estos desaciertos se inscriben en la problemática más amplia de una revolución que se empantana en sus propias tensiones y contradicciones en un contexto externo de creciente conflictividad. Los desaciertos técnicos expresaban virajes estratégicos. El proyecto de liberación nacional y la lucha antiimperialista quedaron reducidos a un enfrentamiento militar y a una lucha defensiva sin un correlato en las políticas económicas y sociales. La estrategia de unidad nacional y alianzas amplias fue financiada por los sacrificios de las masas sin conseguir la adhesión activa de la burguesía ni de gran parte de los grupos medios. En estas condiciones las limitaciones del régimen y las desprolijidades de muchos de sus funcionarios se hicieron mucho más notorias ante los ojos de las masas crecientemente empobrecidas y desorientadas. La democratización electoral de Nicaragua, que efectivamente se aceleró en 1988 y 1989, y en particular el reconocimiento de garantías a la acción política de la oposición, contrastaba de esta manera con la crítica situación económica ylaboral de las clases populares ycon el desgaste político del gobierno.

La insistencia en un tipo de alianzas parael cual ya no había espacio impidióque el proceso revolucionario avanzara en su proyecto de transformaciones socioeconómicas y políticas, y vulneró lo que ya se había alcanzado. Hacia principios de 1990 para una parte grande de la población nicaragüense que en años anteriores había apoyado o mirado con simpatíasal sandinismo, no era mucho loque quedaba de revolución.

La incapacidad de la revolución sandinista de avanzar por encima de los límites de su etapa inicial de alianza amplia de grupos y clases sociales a pesar de la evidente defección de los elementos de la burguesía y de una porción grande de las clases medias dio mayor visibilidad a sus limitaciones ulteriores, a los compromisos celebrados hacia la derecha y con la comunidad internacional, al fortalecimiento de los estilos políticos tradicionales prebendarios y burocráticos,  yal peso creciente en las decisiones del gobierno y del FSLN de sus elementos ligados a los grupos medios y empresariales; factores todos que desmovilizaban a las bases sin obtener la lealtad de las élites ni la benevolencia del gobierno de Estados Unidos. Más aún: las debilidades del régimen revolucionario fortalecían,  por contraste, la eficacia de la estrategia de acoso y desestabilización de la Casa Blanca.

Para los que alguna vez soñaron con un octubre rojo en Masaya o Estelí, se  trataba de una reacción termidoriana; para otros, era simplemente una prueba más del pragmatismo sandinista. Según unos, los sandinistas estaban deshaciendo lo que hicieron al principio de la revolución; según otros, estaban recomponiendo tardíamente lo que destruyeron. Estas idas y vueltas desde afuera y desde arriba de las masas, que eran las perdedoras netas del juego sandinista, alimentaron el voto opositor del 25 de febrero. En las elecciones de 1984 los nicaragüenses eligieron entre la revolución y la contrarrevolución. En las elecciones de 1990 eligieron entre la continuidad de un régimen enredado en sus propias indecisiones y cuyas resonancias revolucionarias pertenecían casi enteramente al pasado, y las promesas de paz y de bonanza de los aliados de la Casa Blanca.

El conjunto de contradicciones internas y de presiones externas, y su recíproca articulación, que abonaron el terreno para la derrota electoral del sandinismo, llama la atención sobre las dificultades específicas que enfrentan en 1a etapa actual de los acontecimientos mundiales las revoluciones antiimperialistas y de liberación nacional en sociedades pequeñas, subdesarrolladas y ubicadas en zonas de influencia directa política y militar de Estados Unidos. Por razones que he señalado en otro lugar (Vilas 1984: cap. I), y que tienen que ver con el modo de configuración del capitalismo periférico y de su estructura de clase, más que con interpretaciones ideológicas, el antiimperialismo y la liberación nacional son ingredientes constitutivos de las revoluciones sociales en este tipo de sociedades.

La experiencia de las revoluciones del sigloXX — con las únicas excepcionesde la rusa y la china—  es que estas revoluciones pudieron consolidarse graciasa la cooperación que recibieron del bloque socialista. Ahora bien: el bloque socialista ya no existe y la cooperación se terminó. Los acontecimientos en Europa del Este y el entendimiento creciente entre la entonces URSS y Estados Unidos para el manejo de la crisis centroamericana tomaron al sandinismo en un momento en que el deterioro del proceso revolucionario era ya muy fuerte, pero es evidente que reducción de la asistencia económica desde principios de 1989 y el viraje e la diplomacia soviética restaron margen de maniobra alFSLN o, por lo menos, fortalecieron los argumentos de los que, dentro del FSLN, abogaban por una estrategia de menos revolución y más negociación.

El ingrediente de liberación nacional de la revolución sandinista se redujo más que nunca a una retórica sin correlatos efectivos ni en las políticas internas ni en la internacional. El discurso de la guerra, que sobrevivió a los acuerdos de cese al fuego y mantuvo su nivel pese a la reducción visible de la intensidad del conflicto armado, perdió credibilidad entre las masas y de hecho tendió a dar verosimilitud a las acusaciones antisandinistas que tildaban al FSLN de belicista. No sólo la guerra había sido despojada de contenido social, sino que la disminución del conflicto diluyó los referentes del discurso de la defensa militar al que en definitiva el gobierno había reducido el proyecto antiimperialista y de transformación social de los años iniciales.

diciembre 28, 1989