Publicado originalmente en Revista Movimiento
I
El COVID-19 se manifestó en Argentina tras cuatro años de endeudamiento que el propio FMI consideró insostenible, elevada y persistente inflación, retracción de la producción durante dos años consecutivos, fuga masiva de capitales y empobrecimiento de amplios sectores de población, en un marco de inestabilidad de los escenarios internacionales y desaceleración fuerte del crecimiento, que no pudo recuperarse de la recesión de 2008-2009. Se agregó a todo ello, en años recientes, el conflicto político-comercial entre las mayores economías del globo. En el terreno político, estaba dando sus primeros pasos el gobierno del Frente de Todos, amplia coalición electoral.
Es excesivo hacer responsable al capitalismo neoliberal del COVID-19, pero es innegable la contribución de muchos de sus aspectos a su veloz expansión. El auge de la globalización en décadas recientes favoreció el rápido despliegue de la nueva peste, capturando inicialmente, sobre todo, a las naciones y regiones más ampliamente insertas en ese proceso: Europa Occidental y Estados Unidos. El auge del turismo global contribuyó adicionalmente a una más amplia y rápida difusión. En el siglo XIV se necesitó una década para que la peste negra se propagara desde China hasta Europa continental a través de la ruta de la seda. Con el capitalismo consolidado y en su fase imperialista, la “gripe española” de 1918-1919 se propagó en menos de un año desde bases militares en Estados Unidos a Europa y el resto del mundo, afectando a 40% de la población global. En 1957 el virus H2N2 demoró casi seis meses en pasar de Singapur, vía Hong Kong, a las ciudades costeras de Estados Unidos. El coronavirus en cambio tardó unos pocos días en propagarse desde Wuhan a otras ciudades chinas, y solo dos semanas en salir de China a lo largo de las principales cadenas de suministro, comercio y rutas de viaje aéreas al Asia oriental, Oriente Medio, Europa, Estados Unidos y América Latina.
Es interesante destacar que Wuhan es posiblemente una de las ciudades chinas más integradas a los circuitos del capitalismo globalizado. Se estima que 51.000 empresas de todo el mundo tienen uno o más proveedores directos en Wuhan, mientras que 938 de las 1.000 empresas mayores de la lista de Fortune tienen proveedores de nivel uno o dos en esa región. El énfasis puesto en décadas recientes en la producción lean, la entrega just-in-time y, más recientemente, en la competencia basada en el tiempo, junto con la actualización de la infraestructura de transporte y distribución, han acelerado la velocidad de transmisión.
II
En nuestro país el Estado asumió en la pandemia un protagonismo que tensiona sus recursos y la efectividad de sus competencias frente a las resistencias de los poderes fácticos. En términos concretos, crudamente realistas, nuestro Estado es lo que sobrevivió al desguace y a las ineficiencias programadas del cuatrienio anterior. Aclaro: ineficiencias programadas porque obedecieron a un diseño estratégico de las acciones de gobierno con el fin de promover transferencias de recursos desde las clases populares hacia los niveles altos y muy altos de ingreso y propiedad de activos, desde la producción y el empleo al sector financiero y a través de éste al exterior; todo ello mediante una reorganización y reorientación de los poderes públicos de acuerdo a esos objetivos. Cambiando éstos, cambian los instrumentos institucionales requeridos para su logro.
La necesidad actual de potenciar la eficacia estatal y la celeridad de sus intervenciones, de reunir y analizar la mayor cantidad posible de información pertinente, la orientación hacia metas de equidad social y de prevención de daños, excede con frecuencia las capacidades operativas y de gestión. La excepcionalidad de la situación obliga a apelar a acciones heterodoxas: “la política en tiempos difíciles” (Gourevitch). No son solamente un Estado y un sistema de gestión pública vaciados de competencias y de recursos: Estado y sistema han sido perforados por intereses, mentalidades, inercias y funcionarios sobrevivientes del naufragio electoral de octubre 2019. Por voluntad popular nos liberamos de Mauricio Macri, pero el macrismo subsiste en muchos resquicios y recovecos del Estado y en sus esquemas y herramientas de gestión.
El enfrentamiento a la pandemia se traduce inevitablemente en incremento del control de la población, un control que se registra de manera desigual entre clases y grupos sociales, oficios y profesiones, territorios. La reglamentación o prohibición de desplazamientos físicos y de actividades tiene lugar junto al control, típicamente ineficaz en el capitalismo periférico, de los agentes económicos: especulación con insumos estratégicos, sobreprecios en los productos de primera necesidad, operaciones de cambio, una matriz de articulaciones público-privadas en la que no son infrecuentes las complicidades y turbiedades. La urgencia de las necesidades colisiona con el ritmo de los procesos administrativos. La visión normativa del Estado se enfrenta a los intereses y resistencias de los poderes fácticos. La temprana iniciativa de coordinar integralmente la acción preventiva del sector público de salud con el privado chocó con la resistencia de las grandes empresas prestadoras, varias de ellas meros inversores financieros, y a regañadientes debió recular. La prohibición de suspensiones y despidos sin causa obtuvo como casi inmediata respuesta la cesantía de casi 1.500 trabajadores de Techint, poniendo en evidencia la incapacidad política del Estado para ejercer efectivamente su soberanía –en este caso: quién manda en el mercado de trabajo.
Se llama la atención sobre las limitaciones que la respuesta estatal impone a algunas libertades individuales y se expresan dudas o sospechas sobre el uso que hace el Estado de la información que recoge y el que hará después de la emergencia. Esos resquemores no provienen únicamente de gente partidaria de concepciones auto-identificadas como libertarias o “anticuarentena” y de sus expresiones mediáticas. Existe en Argentina una prolongada y traumática experiencia con los “sótanos de la democracia”, como los denominó el presidente en su toma de posesión, que alimentan esos temores en toda la sociedad y sobre todo en los sectores populares y franjas de las clases medias, víctimas históricas de su operatoria. Las fuerzas de seguridad a las que se encomienda garantizar la observancia del aislamiento social son, sin escala intermedia, las mismas que durante los últimos cuatro años practicaron la doctrina del gatillo fácil y la violencia sin freno contra las clases populares y la protesta social.
Con estas características generales, el gobierno nacional ha encarado la pandemia con una amplia, multidimensional y expansiva política asistencial orientada a atender los problemas más apremiantes de amplios sectores de la población, al mismo tiempo que pone en evidencia la tensión entre urgencias sociales y restricciones fiscales, agravadas por la pandemia misma: la caída –aquí y en todo el mundo– de la actividad económica efecto de la prevención del contagio conduce a una fuerte retracción de la recaudación y a la necesidad de financiamiento por el Banco Central.
La política asistencial se dirigió en primera instancia a las familias más vulnerables. Los ocho millones de personas que comenzaron a recibir asistencia alimentaria rápidamente aumentaron a once millones. El crecimiento acelerado de la pobreza por encima del casi 40% registrado a fines de 2019 se encaró con el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) que actualmente y en vísperas de una tercera emisión, ronda los nueve millones de perceptores. El impacto del coronavirus sobre los sectores informales o no registrados de la economía develó su dependencia de los niveles de actividad de la economía registrada. El déficit de información oficial adecuada respecto del mapa social y la fragmentación de la aportada por las organizaciones sociales contribuyeron a muchas de las ineficiencias experimentadas en las primeras semanas de implementación del programa. Se mantienen los planes sociales –casi 600.000 perceptores– y la AUH que cubre a cuatro millones de niños a través de sus madres.
En el marco de la emergencia pública (Ley 27.541 y DNU 320/20) el gobierno nacional emitió normas prorrogando los contratos de alquiler, suspendiendo por seis meses los desalojos y la ejecución de sentencias judiciales, congeló el precio de los alquileres y ordenó la subsistencia de las fianzas, medidas que afectaban tanto a unidades de vivienda como a consultorios u oficinas de profesionales, autónomos y monotributistas (DNU 320/20). El DNU 329/20 prohibió los despidos sin justa causa o por falta o disminución de la actividad de la empresa –prorrogado por el DNU 487/20. El DNU 426/20 –prorrogado por el DNU 543/20– congeló las tarifas de los servicios públicos en beneficio de perceptores de jubilaciones y pensiones no contributivas hasta dos salarios mínimos, empleadas de casas particulares, inscriptos en el monotributo social, perceptoras de la AUH y de la asistencia por embarazo, desempleados perceptores del seguro de desempleo. Varias de estas medidas asisten a sectores medios golpeados directa o indirectamente por la pandemia y las medidas preventivas. Implican un reconocimiento de que el concepto de “los y las más vulnerables” no es homogéneo; surge de los modos específicos de inserción en la estructura y el funcionamiento de la sociedad en sus variadas dimensiones materiales y espaciales.
El programa ATP asiste a empresas en el pago de los salarios, de acuerdo al nivel salarial de los trabajadores y las trabajadoras –hasta el 50% del salario– y tipo, ubicación geográfica –de acuerdo a niveles diferenciados de aislamiento obligatorio– y desempeño previo de la empresa –por ejemplo, se excluye del beneficio a las empresas que hubieran distribuido dividendos hasta el 31-12-2019, comprado divisas o efectuado operaciones en el exterior– y se mantuvo y amplió el programa REPRO. Por su parte, el BCRA ordenó a los bancos la concesión de créditos a tasa cero a monotributistas y autónomos y a tasas reducidas a cooperativas (18%) y PyMES (24%). Una política de asistencia selectiva que presta atención a sus destinatarios directos e indirectos y suficientemente flexible para reformularse en función de la experiencia recogida en los meses iniciales de su implementación y de la evolución de la emergencia en diferentes regiones del país y de las cambiantes coyunturas.
III
Las acciones adoptadas por el gobierno de Frente de Todos, con la colaboración de gran parte de la población, han resultado exitosas y reciben el justo reconocimiento internacional. Responden en líneas generales a un enfoque de gestión de riegos en el que los pasos a dar se definen y redefinen permanentemente de acuerdo a la evolución de la coyuntura y a la espera de que la ciencia aporte la ansiada vacuna.
Entre tanto, corresponde trabajar en la pospandemia. En consecuencia, la configuración del mundo post pandemia comienza a diseñarse desde las estrategias, políticas y acciones encaradas durante la pandemia. El futuro del capitalismo y de la Argentina deben discutirse ahora, no después de la pandemia. En el comportamiento de las élites y los grandes actores de la economía vemos que –para esos grupos– ya empezó la pospandemia: especulación cambiaria, remesas de utilidades y salida de capitales, despido o suspensión de trabajadores, reparto de dividendos, enfrentamiento e incumplimiento de mandatos legales. Si dejamos libradas las cosas a su inercia, el mundo que emergerá de la pospandemia será de profundo y amplio empobrecimiento, mayor centralización del capital, masivo desempleo, profundización de las desigualdades y crecimiento exponencial de la pobreza. Es decir, peor que el de la pre pandemia.
La pandemia no es un tiempo de espera; es el tiempo en el que las propuestas de redefinición estructural de la Argentina deben ser planteadas y comenzar a ponerse en ejecución si realmente pretendemos construir una Argentina mejor, más justa, más independiente dentro del mundo globalizado, efectivamente soberana: reforma tributaria a fondo, donde el que más tiene más paga, nacionalización de los servicios públicos para que sean efectivamente públicos y se desempeñen al servicio de la población y el desarrollo, reforma profunda del poder judicial, reforma del sector financiero poniéndolo al servicio de la economía real, dotar de eficacia y eficiencia a los aparatos de gestión pública, una política exterior acorde con esas transformaciones.
En resumen: encuadrar las acciones contra la pandemia como parte de una estrategia de construcción de poder que impulse una nueva relación de fuerzas conducente a esas transformaciones. No se trata únicamente de restañar o aliviar los daños que, con pandemia y sin pandemia, la estructura político-económica del capitalismo neoliberal ocasiona en el tejido popular, sino de comenzar a construir una Argentina en la que vuelvan a flamear las banderas históricas del peronismo en un mundo que las desafía y al mismo tiempo las reclama.
