Carlos M. Vilas
Emergencia social
La inscripción en la agenda pública de la necesidad de una declaratoria legislativa de emergencia social y creación de un salario complementario para los trabajadores de la economía popular, constituye el mayor éxito obtenido en el curso del año por el ME y la CTEP. Consolida la instalación de ambas organizaciones en el terreno de la política social y en el propiamente político de construcción de poder, de cara a las elecciones de 2017 en lo inmediato, y a las de 2019 en mayor proyección.
La adhesión a esta iniciativa, de organizaciones político-sociales que durante años compitieron con nosotros por el mismo terreno social, demuestra la factibilidad de construir convergencias con base en propuestas de acción reivindicativa respecto de desafíos comunes, por encima, en lo que refiere a temas específicos, de las diferencias y contradicciones que subsisten con ellas y entre ellas en cuestiones o enfoques de mayor proyección. La gravedad del retroceso en las condiciones de trabajo y de vida de la mayor parte de nuestros compañeros y de amplios sectores de la población, la pérdida de empleo, la inflación, la inseguridad, el retroceso en materia de derechos, la mano dura y represión de la protesta social, abonan el terreno para la definición de expresiones conjuntas de acción a partir de la identificación del enemigo común, es decir el poder económico concentrado encarnado en el gobierno del PRO, y los actores que dominan en los escenarios de la globalización financiera.
Lo mismo debe decirse de la convergencia, también en torno a la emergencia social, de la CGT. Sin poner en duda la autenticidad de la preocupación de la conducción de la CGT por el retroceso social experimentado, no podemos desconocer que también movilizó su preocupación el interés de no quedar públicamente a la retranca de organizaciones sociales de gran capacidad de movilización, o de mantener dentro de su conducción a algunos sindicatos que desarrollan por propia iniciativa expresiones de mayor combatividad, y también de diluir el efecto desorientador de la tregua acordada con el gobierno a partir de la percepción de los fondos adeudados a las obras sociales, el bono de fin de año para los trabajadores formales, el bono complementario a jubilados de haberes mínimos y a perceptores de la AUH, y el bajo perfil adoptado respecto del crecimiento de los despidos y el desempleo.
La coincidencia inicial con la CGT y eventualmente con parlamentarios de las diferentes bancadas, abre la oportunidad de discutir una agenda social de mayor alcance. Focalizar en la emergencia y la regresión social sin identificar y encarar los factores político-institucionales (las políticas públicas del actual gobierno y los “pendientes” de los gobiernos kirchneristas) y, especialmente, los sesgos y las inercias estructurales del capitalismo argentino nos llevaría a transitar el camino, ya conocido en la década neoliberal, del asistencialismo, como nivel máximo y caricatura de la necesaria atención a las necesidades urgentes de millones de compatriotas, pero sin identificar ni encarar las causas de fondo que engendran esos problemas.
Una cosa es un programa de emergencia como parte de un proyecto político de transformación, y muy otra cuando forma parte de un proyecto conservador y extranjerizante. Es decir, no todos quienes están de acuerdo con la necesidad de declarar la emergencia social y aprobar un salario complementario, coinciden en la necesidad de enmarcar este asunto en una perspectiva de mayor alcance político que permita algo más que una respuesta de emergencia. Lo que para nosotros debe ser un piso o un punto de partida, para otros es un techo. Lo que para nosotros es una herramienta para fortalecer el sentido de eficacia ciudadana de los compañeros y compañeras que quedaron fuera del mercado formal de trabajo, para el gobierno (incluso sus funcionarios más abiertos al diálogo) y sus acompañantes es apenas un recurso para bajar el nivel de la conflictividad social y mejorar las perspectivas electorales en 2017.
En consecuencia la adopción de acciones conjuntas, parlamentarias y extraparlamentarias, respecto de la emergencia social, debe ir junto con el reconocimiento de que subsisten diferencias y contradicciones respecto de cuestiones más complejas y que demandan enfoques y respuestas también más complejas. Sobre todo, la identificación y superación de los factores político-económicos y socioculturales que producen los problemas sociales que se expresan en la presente coyuntura: el deterioro laboral, la pobreza creciente, la desigualdad. Es decir la dimensión estructural y política, que es el nido donde el tero hembra pone los huevos, aunque para desorientar al cazador grite en otro lado.
El nido del tero: el capitalismo monopólico y extranjerizado
Durante el último medio siglo o incluso más, la economía argentina presenta como una de sus características principales altos niveles de concentración, a los que se ha agregado, desde los años ochenta, un proceso de desnacionalización de la propiedad de activos y, por consiguiente, de las decisiones de inversión, matriz de costos, vinculaciones externas, entre otras. Después de la crisis de 2001-02 la concentración y la extranjerización siguieron creciendo como efecto prolongado de las reformas estructurales y la desregulación de la década de 1990.
Se calcula que las 500 mayores empresas (menos del uno por ciento del total de empresas) concentraba hace unos años 32% de la producción, poco más de 30% del empleo y 73% de las exportaciones, con claro predominio de las firmas total o mayoritariamente extranjeras: 26% del producto (o dos tercios del producto de las 500 mayores) y 62% de las exportaciones. La casi totalidad de las firmas extranjeras forman parte de redes transnacionales de producción y comercialización y operan de acuerdo a estrategias transnacionales y a criterios de rentabilidad que dan prioridad al resultado global del ejercicio. Por su sesgo intensivo en capital y tecnología generan comparativamente poco empleo (menos de 10% del total) y esto contribuye a la regresividad de la distribución funcional del ingreso (entre capital y trabajo).
En contraste, el sector de pequeñas y medianas empresas, casi totalmente de capital nacional, representa 99% del total de establecimientos, con 62% del valor de la producción, 66% del empleo y alrededor de 27% de las exportaciones, orientando el mayor esfuerzo productivo al mercado interno. Este sector experimenta severas limitaciones en el acceso a financiamiento, comercialización y, sobre todo, costos laborales, en cuanto éstos expresan los parámetros de las mayores empresas, de más alta rentabilidad, mesa de negociación más amplia con las organizaciones sindicales, y presionan más eficazmente al Estado.
Concentración económica y extranjerización de la economía marchan juntas y no se limitan a la industria, el comercio o las actividades extractivas. La extranjerización es un dato estructural insoslayable independiente de coyunturas (por ejemplo del nivel del tipo de cambio, o de etapas de alto crecimiento del producto) y a pesar de esfuerzos de política económica de los gobiernos del kirchnerismo por estimular por medio de crédito, subsidios y otros instrumentos a la empresa nacional. Todos los estudios muestran que en la última década tanto la concentración como la extranjerización crecieron respecto de los valores de 2001-2002 (por ejemplo (Wainer y Schorr 2014; Halliburton 2015; Gaggero y Schorr 2016).
Este comportamiento es estimulado por el desfase de largo plazo que se registra entre el crecimiento de la tasa de ganancia del capital y el de la tasa de crecimiento del producto. Ese desfase indica la existencia de un excedente financiero que no se reinvierte productivamente sino que alimenta la fuga de capitales y contribuye a una mayor y persistente desigualdad social .
La extranjerización muestra la debilidad del empresariado nacional frente a las firmas y conglomerados transnacionales, en ausencia de políticas estatales compensatorias y de promoción. Esto indica la existencia de una racionalidad capitalista globalizada que toma recursos financieros del sector público y los envía a paraísos fiscales y otros destinos externos, junto con proporciones variables del excedente de explotación. No es un sesgo exclusivo de los capitales más grandes o de los más concentrados, aunque son ellos los que están en mejores condiciones de practicarlo y sacar más ventajas.
El carácter desarticulado, o trunco, de la industria nacional hace que ésta sea muy dependiente de la importación de insumos, equipos, tecnologías. La balanza comercial de la industria es deficitaria mientras que la del sector primario (agricultura, minería, pesca…) genera superávit. Dicho de manera muy simplificada y rústica, esto pone a los grupos primario-exportadores en una posición de preeminencia política frente a los industriales que dependen de los dólares generados por las exportaciones para mantener, vía política fiscal y financiera, las importaciones que les permiten seguir funcionando; la alternativa es endeudarse afuera y contraer deuda en las divisas que ellos mismos no generan. A partir de cierto momento, todo incremento del producto industrial presiona sobre la capacidad de importación, que es financiada, salvo endeudamiento externo, con las divisas generadas por el sector primario exportador. Este, sin embargo, actúa como “tomador de precios” –vende al precio que fijan los compradores- en un marco de caída tendencial de los precios internacionales, del mismo modo que también actúa como “tomador de precios” el sector industrial importador, que adquiere bienes de capital, insumos, técnicas a los precios y en las condiciones que fija el vendedor.
Dejado a su propia dinámica, o sea lo que usualmente se conoce como “las fuerzas del mercado”, esto conduce al deterioro de la balanza comercial (los valores exportados son inferiores a los importados; a mayor nivel de desarrollo menos consumo, en términos relativos, de bienes primarios de acuerdo a las tesis de Prebisch y Singer) e inevitablemente al de la balanza de pagos. Aparece la “restricción externa”: en razón de los sesgos estructurales señalados, no se generan las divisas requeridas para el funcionamiento de esa misma estructura. Esto significa que antes o después la rigidez estructural del capitalismo dependiente, si no media una decisiva y sostenida intervención del Estado, genera límites al desarrollo nacional, con sus conocidas secuelas: empobrecimiento, ahondamiento de las desigualdades, fractura del tejido social, deterioro educativo, científico y cultural, marginalidad en el plano internacional y subordinación a los actores dominantes; en resumen: un nuevo retorno al neocolonialismo
Las políticas públicas pueden prevenir, moderar o al contrario estimular y agravar estos efectos, de acuerdo a los intereses que persiguen los actores que orientan la gestión del Estado. Durante la década pasada los gobiernos kirchneristas tuvieron cierto éxito en revertir algunos aspectos de esos desequilibrios estructurales; hubo limitaciones, errores e ineficiencia en el manejo y la asignación de los recursos, pero la economía creció y mejoró la distribución del ingreso. Al contrario el gobierno PRO los estimula, a través de la devaluación de diciembre 2015, la eliminación de las retenciones fiscales a las exportaciones primarias, la desregulación de las importaciones industriales, el irresponsable y vertiginoso endeudamiento externo, la vuelta al festival de privatizaciones y el desmantelamiento de los mecanismos de regulación y promoción social del Estado –en un abierto regreso a lo más salvaje de la década neoliberal.
Aplicando una planilla Excel como la del ministro Aranguren, se concluye que un hipotético regreso a una economía primario exportadora ampliamente privatizada y desregulada, con un pequeño sector industrial vinculado a ella y libre importación de todo tipo de productos industriales, acarrearía de entrada dejar sin trabajo a unos 20 millones de personas, casi la mitad de la población nacional. Si el pretendido híper aumento del gas generó las protestas y movilizaciones que son conocidas, fácil es imaginar el nivel de conflictividad que tal objetivo acarrearía.
Más allá de la emergencia social
Argentina entró en 2016 en la más aguda recesión de las últimas décadas. En lo que va del año la industria cayó 4.6% respecto de 2015, y la construcción 13%. En términos reales producimos menos, pagamos menos salarios y generamos menos empleo que el año pasado, que de ninguna manera fue el más exitoso de los últimos doce. La magnitud del retroceso es agravada por la celeridad de la caída; juntas alimentan la desorientación, la rabia o la frustración de mucha gente.
Ni siquiera la crisis internacional de 2008-09 provocó una regresión semejante. De acuerdo al Observatorio de la Deuda Social Argentina, de la Universidad Católica, las políticas impulsadas por el gobierno Macri produjeron una aceleración de las cifras de pobreza, con 1,4 millón de nuevos pobres. Según el INDEC al final del primer semestre 2016, el 20% más rico de las familias concentraba 45% del ingreso familiar total, mientras el 50% más pobre percibía 24%. El 10% más rico de las familias tiene un ingreso mensual 8 veces más alto que el ingreso promedio mensual del 30% más pobre, y casi 14 veces mayor que el 10% más pobre.
Estos efectos son el producto de la conjunción de los sesgos estructurales señalados en la sección anterior de este documento, y las políticas regresivas impulsadas por el gobierno del PRO, que no puede ser disimulada por el estilo new age (o simplemente “banana”) y las declaraciones entre hipócritas y cínicas de algunos funcionarios.
La emergencia social actual surge de esta convergencia. Las propuestas de acción pública inmediata son necesarias y deben convocar al mayor apoyo posible de todos los actores sociales y políticos, pero como ya se señaló, no son suficientes. Por un lado, porque deben ser incorporadas a un diseño de políticas sociales integrales que apunten a vías de escape hacia escenarios más promisorios. Por ejemplo, el horizonte laboral y existencial de los compañeros y compañeras contempladas por el proyecto de ley de salario complementario no puede ser la reproducción simple de ese modo de inserción laboral. Es necesario impulsar acciones de política vinculadas al crédito, la capacitación técnica, mecanismos de comercialización, y otros, que impulsen hacia formas más complejas de actividad y de mayor rentabilidad. Pero hay que reconocer que en el fondo estas acciones son superestructurales, en el sentido que dependen en definitiva de un gasto fiscal condicionado por las relaciones de poder que se procesan en los organismos estatales y que depende de recursos generados en el aparato productivo ya descripto (concentrado, desarticulado, extranjerizado) o en endeudamiento externo.
Incluso desde la perspectiva de la teoría de la Economía Popular, el fortalecimiento de la misma como una lógica productiva y de sociabilidad distinta a la que predomina actualmente en la economía neoliberal de mercado (individualista, competitiva, depredadora del ambiente, supremacista en lo que refiere a la etnicidad eurodescendiente y al género masculino) requiere de transformaciones profundas en el capitalismo realmente existente y en las relaciones de poder que se asientan en él y lo reproducen.
Somos conscientes de que lo que en este momento está en juego son las urgentes necesidades de existencia de cientos de miles de compañeros, pero también somos conscientes de que solo la inserción de lo urgente dentro de lo necesario evitará que los esfuerzos organizativos que estamos desarrollando, queden enclaustrados en lo coyuntural inmediato.
Sobre todo para diferenciar nuestra propuesta de las estrategias del PRO y sus aliados de “enfriar el partido” ante la necesidad de ganar las elecciones legislativas del año próximo. Puestos en la necesidad de ganar o ganar –entre otras razones, para que finalmente sus aliados externos empiecen a poner plata y hacer negocios en serio- estarán dispuestos a doblar la apuesta apostando no a resolver urgencias populares, sino angustias electorales propias. Las políticas sociales enmiendan situaciones de injusticia y también ayudan a hacer más llevaderas las tribulaciones sociales. Los dos millones de planes del Programa Jefes y Jefas de Chiche Duhalde no sacaron a nadie de la pobreza, pero contribuyeron a aplacar el malestar social y permitieron a su marido llegar a las elecciones… que en primera vuelta ganó Menem.
Por lo tanto, hay que pensar en un enfoque de lo coyuntural que ponga la mira en las rigideces estructurales que son el nido del tero. Mucho más si pensamos que el empobrecimiento, la precariedad social, el ahondamiento de las desigualdades sociales, el neocolonialismo, son ingredientes estructurales de este capitalismo.
Pero así como debemos prevenir desviaciones de derecha –absolutizar la prioridad de lo inmediato sin mirar a los factores estructurales y políticos que lo generan y lo circundan- también debemos prevenirnos de las desviaciones de izquierda: postergar el tratamiento de las urgencias sociales al momento del cambio estructural. Lo mismo vale en el plano de la acción política: es perentorio prevenir la consolidación del “gobierno de ricos” del PRO y sus aliados, pero entre tanto debemos atender a las demandas sociales de los perjudicados por ese gobierno. Estar en contra de la guerra no significa dejar abandonadas a sus víctimas.
En uno de sus escritos dice Ché Guevara que “Es legítimo pedirle peras al olmo, si mientras tanto plantamos perales”. Es decir: es legítimo exigir a este sistema egoísta y utilitario mejores condiciones de vida para quienes menos tienen –fundamentalmente un asunto de administración y políticas públicas-, pero al mismo tiempo hay que pensar en proyectos y horizontes de democracia efectiva, justicia social y soberanía nacional –una cuestión de construcción de poder político en clave popular-.
1° de noviembre 2016
Referencias
