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Populismo y Democracia en América Latina: convergencias y disonancias

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Carlos M. Vilas

Universidad Nacional de Lanús

Argentina(*)

 

Introducción

El tema de este seminario vincula dos conceptos respecto de los cuales periódicamente se suscita debate. Además, son conceptos a los que se asigna valoraciones opuestas: democracia  recibe siempre una calificación altamente positiva, mientras que populismo lleva consigo las más de las veces una fuerte carga peyorativa. La mejor prueba de esto es que ningún populista acepta ser catalogado como tal, pero a todo el mundo le encanta ser considerado democrático. El populismo vendría a ser, de acuerdo al saber convencional, una patología, una perversión de la democracia, y en el lenguaje cotidiano, un adjetivo descalificativo.

 

En esta presentación no voy a hablar de patologías ni de perversiones. Ante todo, porque si bien las metáforas no son inusuales en las ciencias sociales, si no se las administra con avaricia en vez de dar fuerza retórica al argumento lo debilitan. En segundo lugar, porque hablar de patología significa siempre partir de un concepto, por lo menos implícito, de salud, del mismo modo que hablar de deterioro implica poseer alguna idea plausible de la plenitud, y tratándose de regímenes políticos y de procesos sociales, las ideas de salud y de patología resultan particularmente ambiguas y más bien subjetivas. En tercer lugar, porque sería tomar partido por anticipado y mostrar como producto del análisis lo que ya se tenía desde el principio. Mi cometido aquí es otro: pasar revista a algunas caracterizaciones de la democracia y el populismo en la literatura dedicada a ellos en América Latina, y a la gravitación que en esas caracterizaciones tienen o han tenido algunos acontecimientos políticos en varios países de la región.

 

Para ello he organizado mi exposición en tres partes. En la primera señalo el modo en que el tratamiento de este asunto se reabrió a partir de ciertas reconfiguraciones en los escenarios políticos y socioeconómicos y a los términos en que las ideas hasta entonces más o menos aceptadas de populismo y de democracia han vuelto a ser revisadas –o como ahora se dice, revisitadas. En la parte siguiente destaco algunos rasgos constitutivos de un conjunto de regímenes políticos, generalmente considerados “populismos radicales”, surgidos en países de la región en lo que va de la presente década, poniendo el acento en los elementos del debate sobre democracia y populismo que, en mi interpretación,  están presentes en esos regímenes, desde la perspectiva de las que denomino democracias de transformación y de conflicto. Finalmente planteo algunas conclusiones que vinculan el asunto tratado con aspectos más amplios de la teoría y la sociología políticas.

 

1.  Democracia y populismo: conceptos y situaciones, proximidades y distancias 

            Los debates sobre la democracia, sus características y alcances se  reavivaron en la década de 1980 en el marco de las llamadas “transiciones a la democracia”. Esos debates fueron impulsados por el contraste que muchos académicos vimos entre el tipo de regímenes que estaban surgiendo de esas transiciones, y el modo en que la democracia era conceptualizada por un arco amplio de actores políticos y sociales y había alcanzado institucionalización en décadas anteriores en una variedad de regímenes políticos socialdemócratas, desarrollistas, populistas. 

En efecto: por una variedad de factores (ascenso de las luchas sociales, universalización del sufragio, revoluciones sociales y de liberación nacional, por mencionar sólo algunos) se instaló a lo largo del siglo XX en gran parte del mundo y no sólo en América Latina, la idea de que un régimen democrático implica -además de la libre e igualitaria participación de los ciudadanos en la elección del gobierno y de quienes ocupan los principales cargos públicos, y el reconocimiento institucional de derechos, libertades y obligaciones iguales y universales- la eficacia del entramado institucional para mejorar la calidad de vida de la población y del ejercicio de la ciudadanía. Es decir, identifica en la democracia una virtualidad reformadora, con un sentido de progreso, de la realidad socioeconómica, simplemente como corolario del principio del gobierno de las mayorías y postula como orientación normativa  la consecución de una coherencia entre ese principio y el mejoramiento, a través de acciones de política, de las condiciones y la calidad de vida de las mayorías sociales. En particular se afirma la responsabilidad del poder político en la promoción de las condiciones materiales y culturales requeridas para el pleno ejercicio de la ciudadanía política y especialmente en la eliminación de las desigualdades de hecho que conspiran contra ese ejercicio –lo que usualmente se conoce como “nivelar el terreno de juego”. El constitucionalismo social del siglo XX recogió este enfoque “expansionista” de la democracia. De cierta manera y sin perjuicio de las críticas a que ha sido sometido, el concepto de ciudadanía social de T.H. Marshall refiere a este mismo aspecto. 

 

En contraste, las “nuevas democracias” post-dictatoriales aparecieron como más circunscriptas a cuestiones institucionales y a una separación típicamente liberal entre lo político y lo económico-social. Se supone, en esta visión, que el desigual acceso a recursos y condiciones de vida son asuntos que los individuos “dejan atrás” cuando ingresan al espacio público de la deliberación política y se constituyen en ciudadanos. La objeción, frecuentemente formulada, de la falta de compatibilidad entre este supuesto y la realidad efectiva de la política, pues la deliberación pública sobre la libertad y la virtud cívica la hacen ciudadanos constituidos en tales a partir de sus diferentes inserciones en el mapa social y económico, fue resuelta con el advenimiento del “Consenso de Washington” y su afirmación de que “no hay alternativas” al diseño neoliberal de la sociedad y a las “democracias de mercado”, y remachada con un pretendido “fin de la historia”. En la medida en que un conjunto amplio de relaciones y servicios sociales y culturales se trasladaba al ámbito del mercado, la política fue marginada de la vida cotidiana de la gente y sustituida por la versión neoliberal de la “administración de las cosas”. Sabemos que esta concepción sirvió, en los hechos, para consolidar estructuras de concentración del poder económico, preservar privilegios y ahondar las desigualdades sociales, cuestiones todas abundantemente registradas en numerosos estudios e informes de organismos públicos, privados y multilaterales. Las crisis que estallaron en varios países de América del Sur a fines de la década pasada y comienzos de la actual fueron detonadas en gran medida por el funcionamiento de esas “democracias de mercado” y las recomendaciones del “Consenso de Washington” forzaron la salida anticipada de muchos de los gobiernos que las ejecutaron o contribuyeron a su derrota electoral y volvieron a poner en agenda la realización de cambios significativos en la organización económica de la sociedad y en los diseños institucionales. Asimismo, alimentaron la reapertura de una discusión académica y política sobre la democracia, sus supuestos y proyecciones sociales, así como sobre la caracterización de los regímenes políticos y estilos de gobierno surgidos de aquel conjunto de factores.  

 

Mutaciones conceptuales parecidas ocurren con el populismo. Después de las experiencias latinoamericanas de mediados del siglo pasado, el populismo reapareció como tema de estudio y debate en el marco de las reformas estructurales de la década de 1990, y más recientemente en torno a algunos regímenes políticos, heterodoxos desde la perspectiva de la democracia liberal y de la teoría económica neoclásica, surgidos como expresión de las crisis generadas o detonadas por aquellas reformas en varios países de América del Sur, normalmente referidos como “populismos radicales”.

 

El populismo como fenómeno complejo

La sociología política latinoamericana de la segunda mitad del siglo pasado puso el acento en lo que el populismo significó como expresión de la crisis del capitalismo primario exportador y de la sociedad que éste había producido, crisis que se manifestaba, entre otros aspectos, en las crecientes contradicciones entre distintas fracciones de la burguesía y entre éstas y las clases trabajadoras (asalariados urbanos y rurales, campesinos, artesanado, trabajadores por cuenta propia y otros). El populismo fue visto asimismo como una respuesta a esa crisis por la vía de la incorporación al mercado de trabajo y de consumo, a acciones institucionales de promoción económica y social  y al ejercicio activo de la ciudadanía, de clases y sectores sociales hasta entonces marginadas o subordinadas, con el consiguiente cambio en las relaciones de poder político y social.

 

Es un enfoque descriptivo tanto como explicativo, en cuanto además de plantear una versión de en qué consiste el populismo, desarrolla también una explicación de las causas de su surgimiento y desarrollo, de las modalidades asumidas, de su dinámica interna, de las tensiones que lo dinamizan  (por ejemplo Germani 1962, 1965; Di Tella 1965; Weffort 1973, 1978; Ianni 1975; Córdova 1979; Vilas  1988, 1994a). Existen variaciones importantes dentro de este conjunto de autores, pero en todos ellos destaca la interpretación del populismo como un fenómeno multidimensional, producto y articulación de un conjunto amplio de elementos en escenarios particulares.[1] Varios de esos ingredientes eran preexistentes y el populismo los resignificó; otros fueron el resultado de su propia dinámica.  En este sentido lo realmente novedoso y eficaz del populismo no son los ingredientes o dimensiones que están presentes sino el modo específico de articulación política de los mismos, por más que, desde una perspectiva analítica sea posible proceder a su desagregación.

 

i) En lo que toca a sus bases sociales, el populismo es policlasista. El peso mayoritario de los asalariados urbanos y rurales y el campesinado, de los pobres y los empobrecidos, es complementado con el apoyo de sectores medios urbanos en ascenso e incluso elementos aislados de la burguesía orientados hacia el mercado interno. De estos sectores más acomodados surgen normalmente los principales dirigentes iniciales de la experiencia –cuestión que tiene que ver más que con el populismo en sí mismo, con los efectos de la estratificación social. Sin embargo, en sociedades donde preexistía cierto nivel y experiencia de organización sindical, o partidos políticos de base laboral, dirigentes y elementos ligados a esas organizaciones han alcanzado posiciones de relevancia en la conducción política del populismo. En realidad las grandes organizaciones y expresiones políticas latinoamericanas siempre han sido policlasistas en lo que toca al perfil sociológico de sus contingentes, y hasta los partidos oligárquicos tuvieron un sustento importante en su habilidad para movilizar a las clases trabajadoras y empobrecidas rurales y urbanas, a las que convertían en masa de maniobra y en ejército de lucha en las contiendas políticas. Al contrario, la incorporación de las masas al populismo tiene lugar con marcados rasgos de clase (organizaciones sindicales y campesinas) y ejercicio activo de derechos de ciudadanía (participación electoral, integración a partidos políticos). Es en consecuencia una coalición policlasista en la que las clases trabajadoras y los grupos medios desempeñaron papeles mucho más activos y posiciones de poder más relevantes que en las experiencias tradicionales de dominación oligárquica, pero en función de una orientación de reformas adaptativas más que de transformaciones estructurales, y en esto se diferencian de opciones más radicales.

 

ii) Conjugación de mecanismos de democracia representativa, participación social y plebiscitaria, típica de escenarios en los que las instituciones y procedimientos de la democracia representativa ya no dan, o no dan todavía, expresión cabal de las demandas de cambio e inclusión política y social de los nuevos actores. La desconfianza hacia los partidos políticos o el parlamentarismo no es exclusiva del populismo pero presenta en él aspectos particulares. No se trata aquí, en todo caso no fundamentalmente,  de una desconfianza de tipo filosófico –por ejemplo, la idea de que el partido político, por ser expresión de una parcialidad, divide y fragmenta la voluntad general o la unidad sustancial del conjunto (idea que se encuentra en una variedad de corrientes de pensamiento, incluyendo a algunas variantes del liberalismo). El populismo confronta con las estructuras partidarias preexistentes por motivos más pragmáticos: esas estructuras forman parte de las configuraciones de poder con las que se enfrenta, o compiten con él por la movilización y la organización de los mismos sectores sociales a los que las organizaciones del populismo tratan de incorporar a sus filas, y que a veces tienen más experiencia en esos terrenos. Pero en la medida en que actúan en escenarios de democracia representativa, los movimientos y organizaciones de orientación populista no tienen más alternativa que organizar sus propios partidos políticos y participar de la competencia electoral para llevar a sus dirigentes al gobierno y ocupar la mayor cantidad posible de bancas en los cuerpos parlamentarios -es decir, lo que hacen todos los partidos políticos en sistemas democrático-representativos.[2]

 

Simultáneamente el populismo crea o reconoce espacios y canales de relación directa de la conducción política con las organizaciones de representación categorial de sus bases sociales: sindicatos, cámaras empresarias, organizaciones de reclutamiento identitario, u otras. Tampoco en esto es original el populismo: la socialdemocracia europea, el laborismo británico, e incluso el Partido Demócrata estadounidense, para citar los casos más notorios, plantean o plantearon modalidades de diálogo y articulación entre los partidos de base laboral y las organizaciones categoriales respectivas. En algunos países de Europa occidental se institucionalizó una relación tripartita entre las corporaciones empresarias, las organizaciones laborales y el gobierno (consejos económico-sociales, organismos de planificación, u otros) para el diseño de las estrategias de desarrollo económico y social. La fragilidad institucional del estado en el capitalismo periférico contribuyó a que el papel mediador que en aquellas experiencias corresponde a las burocracias públicas sea desempeñado en el populismo por el dirigente político y su más directo entorno. Sin embargo, el margen de autonomía efectivamente disponible para los trabajadores y sus representantes sindicales depende de su experiencia y habilidad negociadora con la conducción política, del tipo de inserción en el proceso productivo o de circulación, de sus experiencias anteriores; con estas características, el populismo fue visto también como un experimento de institucionalización, al mismo tiempo que acotamiento, del conflicto social.

 

También es distinto el ingrediente de clientelismo que algunos autores identifican en el populismo. El clientelismo tradicional era un sistema de relaciones asimétricas de reciprocidad entre señores y masas desorganizadas; en el populismo, si se va a hablar de clientelismo,  es en todo caso una relación mediada por estructuras orgánicas objetivas: agencias gubernamentales, sindicatos, ligas campesinas, organizaciones no gubernamentales; en consecuencia los beneficios obtenidos son presentados, y vistos, como conquistas populares y producto del ejercicio de derechos, y como aspectos de determinadas políticas públicas, más que como dádivas graciosas o voluntarias del poderoso hacia sus súbditos.

 

iii) Una estrategia de acumulación extensiva, entendiéndose por tal el acento puesto en la ampliación del mercado de trabajo, incorporación de nuevos recursos materiales, financieros y humanos a los procesos de producción, expansión de la frontera agrícola, incremento de los volúmenes de producción, desarrollo de nuevas ramas de la industria, ampliación de la cobertura de los servicios sociales y de la educación, etcétera, pero con menos énfasis en el incremento de la productividad, la eficiencia, la innovación –lo que podríamos denominar estilo de acumulación intensiva. La orientación reformista implicó la introducción, por acción del estado, de algunas modificaciones importantes en la asignación de los recursos –redireccionamiento del crédito, reforma agraria, nacionalizaciones, promoción industrial, mayor espacio para la organización de los sectores trabajadores y medios, políticas sociales de cobertura universal o significativamente expandida. Con ello se buscó dar satisfacción a un arco amplio de demandas de los trabajadores y los sectores medios así como a los requerimientos de fuerza de trabajo calificada para el mercado de trabajo. La distribución del ingreso tuvo lugar en términos funcionales por el crecimiento del empleo e indirectos (acceso a recursos y servicios) más que monetarios; fue vista como un instrumento de ampliación del mercado interno en el que se realizaba la producción (de ahí la frecuente vinculación del populismo a un determinado momento del proceso de desarrollo capitalista en las periferias del mercado mundial y sus afinidades con las teorías económicas de los populistas rusos y estadounidenses de la segunda mitad del siglo XIX) y fortalecimiento de la integración social. Presentar la política económica del populismo como fruto de una estrategia puede resultar excesivo en algunas de sus manifestaciones concretas; en algunos países (Argentina, Brasil, México) corresponden al populismo los primeros experimentos en planificación del desarrollo, pero en otros fue más bien resultado de un encadenamiento de acciones producto de las circunstancias, o la continuidad de enfoques que habían comenzado a tener presencia como respuesta a determinados estímulos externos. En general es admitido que, producto de programaciones articuladas o resultado de determinadas coyunturas, la macroeconomía del populismo presentó convergencias evidentes con una variedad de enfoques que en la misma época venían siendo puestos en práctica por las principales economías capitalistas –o con algunas de las acciones que en esas mismas economías se están adoptando para capear algunos de los efectos de la crisis presente.

 

iv) Derivadamente de lo anterior, la ampliación del papel del estado en la regulación y orientación del proceso económico y del conflicto social, incluyendo su intervención activa en áreas hasta entonces consideradas exclusivas del mercado, y la nacionalización de recursos y áreas considerados estratégicos desde la perspectiva de los objetivos perseguidos. Esta expansión de las capacidades y recursos estatales se expresó asimismo en una importante concentración de decisiones en el poder ejecutivo, que modificó en su favor el equilibrio de funciones de gobierno de la teoría constitucional liberal, más allá de lo que es frecuente en sistemas de presidencialismo fuerte al estilo del modelo estadounidense adoptado en la mayoría de los países de la región.

 

v) Una ideología altamente movilizadora, legitimadora del cambio y las demandas sociales, que enfatiza el principio de soberanía popular y la unidad sustancial del pueblo. La ideología populista concibe a la política como una relación de lucha entre proyectos antagónicos en los que se juegan destinos colectivos; reconoce el conflicto social pero tiende a presentarlo en términos éticos más que de intereses o de clases, ya que la explicitación del conflicto en estos términos cuestionaría el supuesto de la unidad sustancial del pueblo.  Éste no es una categoría sociológica sino política; sus integrantes provienen de una variedad de “lugares” de la estructura social. La ideología del populismo es antioligárquica, o anti élites, más que antiburguesa; no critica al capitalismo pero sí al capitalismo voraz, o especulativo, o egoísta, o inhumano. En esta ideología el poder político actúa como garante de la unidad popular; todo lo que divide es extraño al pueblo; el enemigo es siempre un enemigo externo, ya por su propia identidad –lo extranjero, el imperialismo, la “internacional del dinero”...—o porque por el hecho mismo de plantear una división, se coloca al margen del pueblo.

 

vi) Una especie de republicanismo práctico en cuanto levanta la bandera de la primacía de los intereses y el bienestar del conjunto (pueblo, nación, patria) por encima de los intereses y los privilegios particulares, y se expresa en la institucionalización de un arco amplio de derechos sociales y económicos y de regulaciones públicas. A diferencia del liberalismo en cualesquiera de sus variantes, en las que la prioridad del interés general sobre los intereses particulares o individuales no va, usualmente, mucho más allá de las formas legales o la retórica de circunstancias, en el populismo esa primacía se operacionaliza en una variedad de políticas públicas, programas de desarrollo y en la reglamentación y la regulación de algunos aspectos especialmente caros a los grupos de poder económico, como el derecho de propiedad privada, el contrato de trabajo, la recaudación tributaria. 

 

vii) Finalmente, la transformación de la cultura política por el reconocimiento de la dignidad de lo popular que se expresa en el ejercicio de derechos, en la apertura de espacios políticos y sociales, materiales y simbólicos a la participación amplia de los nuevos actores, muchas veces, y más por inexperiencia que por revanchismo, con estilos frontales carentes de las sutilezas y las buenas maneras convencionales de quienes los han ejercido “desde siempre”. Es un reconocimiento que no elimina las diferencias de clase pero que reduce su gravitación sobre las condiciones de ejercicio de los derechos, y que a menudo pone en tensión los marcos institucionales preexistentes o los que el propio populismo genera. Esto se advierte en el incremento de movilizaciones, demandas, reclamos, a través de los cuales la gente hace sentir su presencia en las nuevas instancias y ámbitos de participación ciudadana; en la ocupación física de espacios públicos hasta entonces transitados sobre todo por las clases medias y altas, en las nuevas formas de sociabilidad, en el surgimiento de nuevas expresiones literarias y artísticas, en las transformaciones del lenguaje cotidiano, todo lo cual se representa, ante los ojos de las élites y buena parte de los sectores medios mejor dotados de las conveniencias de la vida, como una avasalladora plebeyización de las instituciones y la cultura. Por encima de las transformaciones sistémicas o estructurales, lo que más destaca –y con frecuencia más ofende o molesta—es este corolario cultural, plebeyo y transgresor, del populismo: la masificación de lo que hasta entonces era patrimonio de una parcialidad.

 

No todas esas dimensiones estuvieron presentes de la misma manera o con la misma intensidad en todas las experiencias que la literatura producida en América Latina caracterizó como populistas y en todas ellas las características particulares de los escenarios, los actores y las coyunturas aportaron rasgos distintivos adicionales. Tampoco hubo consenso en las valoraciones. Para algunos de estos autores el populismo fue algo así como la versión criolla de la socialdemocracia europea y un proxy del “Estado de bienestar” en las condiciones históricas del capitalismo latinoamericano; para otros, fue el gambito que previno mayor radicalización de las clases trabajadoras y, por lo tanto, hizo posible la preservación del capitalismo a través de la transformación de sus estilos de acumulación y de la reorientación de las luchas sociales hacia formas no antagónicas. Ambas interpretaciones, y sus múltiples matices, coincidieron en reconocer en el populismo un efecto de democratización fundamental de las sociedades respectivas, es decir de ampliación de la integración social y del acceso de clases y grupos a recursos y condiciones de vida, y de participación política y social, hasta entones reservados a sectores mucho más reducidos y ubicados en los niveles superiores del poder económico y el prestigio social.

 

Hubo por lo tanto, en esta caracterización, una correspondencia fuerte entre el populismo y la “democracia expansiva” o social que mencioné más arriba. Esta democracia choca con muchas de las prácticas, las instituciones y los alcances de la teoría democrática del liberalismo, pero no mucho más, aunque sí en otros aspectos, que el conflicto entre esa misma teoría y el modo en que ella fue interpretada y puesta en práctica a lo largo de la historia política de América Latina y el Caribe -conflicto que, justo es reconocer, es una fuente de inspiración más bien esporádica en el ejercicio académico de la sociología política y disciplinas conexas.

 

Populismos unidimensionales y neopopulismos

La vinculación entre populismo y democracia se diluye o cambia de sentido y alcances  en las visiones unidimensionales que de una u otra manera reducen el populismo a alguno de sus aspectos constitutivos. Si la caracterización del populismo como fenómeno multidimensional fue criticada por restrictiva, el reduccionismo habilita conceptualizaciones extraordinariamente laxas a partir de la identificación de una o algunas de las características señaladas más arriba. El populismo dejó de ser visto como la articulación particular de una variedad de ingredientes históricamente situados para convertirse en el nombre, y a veces el adjetivo, propinado a una cantidad enorme y heterogénea de fenómenos respecto de los cuales los propios analistas están lejos de coincidir.

 

Según Hermet, para quien el populismo es un rasgo del dirigente antes que un tipo de régimen político o una forma de gobierno, la característica central es la ausencia de una visión de largo plazo; el dirigente populista está dispuesto a incorporar a la agenda política cualquier fantasía o ensoñación de la gente, aún a sabiendas que la realización no es posible, porque lo fundamental es juntar la mayor cantidad posible de votos, y después se verá (Hermet 2003). Hermet pasa por alto, llamativamente, la circunstancia ya señalada y bien conocida de que las primeras experiencias de planificación en esta parte del mundo tuvieron lugar durante regímenes considerados populistas. Para otros autores lo definitorio del populismo es su mala política macroeconómica que se desentiende de los equilibrios y los fundamentos de la teoría neoclásica y antes o después deriva en severas crisis que dan por tierra con la experiencia (Sachs  1989; Dornbusch y Edwards 1990, 1991; Dornbusch y Edwards 1991; Burki y Edwards 1996, entre otros). Es sabido sin embargo que descalabros y crisis tan severas como las que se diagnosticaron para el populismo también pusieron fin a varios experimentos de la sana macroeconomía recomendada por estos analistas; además, el propio pragmatismo de los gobiernos populistas les permitió ensayar, cuando fue necesario, una variedad de estilos de política macroeconómica, incluyendo algunas del tipo de ortodoxia aludido en esta versión. Otras veces el populismo es simplemente una ideología de exaltación de las virtudes cívicas y la pureza moral del pueblo, al que el dirigente se vincula simbólicamente dejando al margen a los partidos y otras estructuras políticas racionales, como estrategia para captar los votos de determinados sectores socialmente más vulnerables, y ganar y ejercer el poder (de la Torre 2000; Weyland 2001). En estos casos destaca la fuerte gravitación del dirigente y el personalismo de su conducción política, su oratoria e incluso lo que en la percepción de algunos analistas aparece como oportunismo y demagogia.  Correlativamente, el pueblo es presentado como una masa más bien estúpida, manipulable a voluntad del dirigente. [3]

 

Se advierte que, así unidimensionalizado, el populismo resulta cargado de valoraciones negativas a partir de un doble referente teórico-político, no siempre explicitado: la teoría política liberal y la teoría económica neoclásica. La conclusión, respecto del asunto que nos convoca, es inevitable: el populismo es una patología: algo así como una enfermedad tropical de la democracia.

 

Para otros autores en cambio, el populismo es un modo de interpelación política que constituye discursivamente al pueblo en una relación de confrontación con el bloque de fuerzas en el poder (por ejemplo Laclau 1978, 2005a; Kazin 1995; Taguieff 1997; Canovan 1999, 2002; Cammack 2000; Taggart 2002). Ese discurso se halla en una variedad de escenarios y de ideologías y es compatible con muchos regímenes y proyectos políticos (fascismo, nazismo, socialismo, comunismo, “populismo” latinoamericano). Ello así por la propia “ambigüedad constitutiva del pueblo” (Mény y Surel 2002:1-21) que la convierte en una especie de casillero vacío en la que diferentes actores “vuelcan” distintos contenidos en función de la confrontación con el poder establecido. Esta ambigüedad existe siempre porque, como destacó Michael Finley, pueblo designa a un mismo tiempo al todo (por ejemplo el “We the people” de la Constitución de Estados Unidos o el “pueblo de la Nación” de la Constitución de la República Argentina) y a la parte: el pueblo como categoría socioeconómica (Finley 1986:12). Los conflictos respecto del “llenado” de esos casilleros forman parte de la dimensión simbólica de la lucha por el poder: en este caso, el poder de nombrar (Bourdieu 1991). En la versión de Ernesto Laclau –sin duda, la más sofisticada desde la perspectiva metodológica-- el pueblo del populismo es una construcción discursiva a partir de las demandas, quejas y reclamos que  diferentes actores formulan, que son homogenizadas a partir de su oposición al estado como “asiento” del poder político; la polisemia característica del populismo se explica por ser éste uno de los tantos “significantes vacíos” de la política (Laclau & Zac 1994). En este sentido, argumenta Laclau, la política siempre es populista porque la lucha política siempre plantea, de alguna manera, ese tipo de oposición; el populismo no es otra cosa que “la política tout court” (Laclau 2005a:278, 279; también Laclau 2005b; Panizza 2005). Pero si la política es siempre populista, porque siempre plantea un conflicto entre “los de abajo” (pueblo) y “los de arriba” (poder, riqueza, prestigio): ¿cuál es la especificidad del populismo? El exceso de Laclau pone en evidencia una interpretación insatisfactoria de un rasgo fundamental del estado moderno: la tensión entre su condición de estado de una parcialidad –el grupo, clase, élite o como se lo quiera caracterizar, dirigente- y al mismo tiempo su condición de estado de toda la nación o de todo el pueblo. La lucha política moderna se da siempre, de una u otra manera, en estos términos. El populismo puede ser visto como un modo de manifestarse esa tensión; con su ideología a  un mismo tiempo conflictiva y conciliatoria, desempeña un papel parecido al que el concepto de hegemonía cumple en la construcción teórica de Gramsci.[4]

 

La constitución discursiva de dos universos antagónicos en los que la parte se asume como el todo no es exclusiva del populismo; hace a la naturaleza de la política en tanto competencia y lucha por el poder. Es necesario por lo tanto saber diferenciar el modo en que ese antagonismo es planteado por el populismo y el que se encuentra, por ejemplo, en procesos de tipo revolucionario. En aquél, el conflicto aparece siempre mediado por un agente externo (el dirigente, el estado) en quien el pueblo delega o reconoce ese papel; en éstos, el pueblo, constituído a partir de las mismas categorías socioeconómicas del mundo del trabajo, protagoniza el conflicto sin mediaciones ajenas.[5]

 

La reducción del populismo a una estrategia o estilo de acción política y de discurso, o el peso exagerado asignado a estos elementos, permitieron extender el concepto a una variedad de experiencias de gobierno que, surgidas de procesos electorales, eran la antípoda de lo que hasta entonces había venido siendo considerada la política social y económica característica del populismo latinoamericano: los que en la literatura de la década de 1990 se conoció como populismos neoliberales (por ejemplo  Dresser 1991; Roberts 1995; Weyland 1996, 1999; Gibson 1997;  Knight 1998; Demmers et al. 2001).

 

La expresión fue, como lo reconoce uno de esos autores, producto de una sorpresa inicial. Inesperadamente, las “transiciones a la democracia” conducían a gobiernos, partidos y dirigentes que ejecutaban ajustes recesivos, contracción del gasto público, ortodoxia monetaria, desregulación amplia de la economía, desmantelamiento de las estructuras y mecanismos de intervención del estado, pero que contaban con apoyo electoral socialmente amplio (por lo menos durante cierto tiempo) en contraste con un buen número de políticas similares que siempre recurrieron a golpes militares, fraudes electorales y una amplia variedad de proscripciones; gobiernos en los que destacaba además el fuerte personalismo del ejercicio presidencial y los estilos de conducción, centralizaban decisiones estratégicas en el ejecutivo, controlaban al poder legislativo y al judicial. El acento puesto en los estilos del liderazgo, en la transferencia de atribuciones legislativas al ejecutivo (lo que Guillermo O’Donnell denominó “democracias delegativas”), en la trasgresión a ciertos estilos y convencionalismos de la democracia representativa sirvió de puente simbólico para unificar bajo el rótulo “neopopulismo” políticas, estrategias, visiones y efectos opuestos en circunstancias diferentes. Y así como el reduccionismo discursivo permitió meter en el mismo saco a Adolfo Hitler,  Juan Domingo Perón y a Mao Zedong, así también el neopopulismo neoliberal metió en el mismo saco la promoción del crecimiento industrial y el desmantelamiento industrial, la nacionalización de las industrias, los servicios y los recursos básicos y la privatización de esas mismas industrias, servicios y recursos; el impulso al empleo productivo y a la organización sindical y la promoción de la “flexibilización laboral” y los despidos masivos; las políticas sociales universales y los planes asistenciales de emergencia; la acumulación extensiva y la acumulación excluyente.[6] Frente a este panorama, tiene sentido la afirmación de Roxborough acerca de la inutilidad de la categoría populismo, o su único valor como adjetivo descalificativo (Roxborugh 1987).

 

La ambigüedad de las caracterizaciones unidimensionales hizo posible asimismo incluir los casos latinoamericanos en el mismo conjunto de significado de una variedad de expresiones políticas neofascistas, xenófobas, “euroescépticas” y autoritarias que alcanzaron particular desarrollo y arraigo social en Europa después de la implosión de la URSS y las llamadas “democracias populares” en el Este y la crisis de los sistemas de bienestar en el Oeste (Skolkay 2000; Swank y Betz 2003; Rydgren 2005; etc.). El populismo latinoamericano, inicialmente interpretado como el equivalente de los procesos de “democratización fundamental” e integración social, es presentado ahora como una política de enfrentamiento radical (por derecha o por izquierda es, aparentemente, lo de menos) a las democracias de mercado y al capitalismo neoliberal.  

 

La crítica a estos estiramientos conceptuales destacó tanto la falta de precisión de los conceptos movilizados, como la fragilidad de la base empírica aportada para sustentarlos; sobre todo, la  insatisfactoria capacidad de comprensión de los intereses que están en juego en las diversas experiencias, de la identificación de sus bases sociales y, sobre todo, del sentido de los proyectos socioeconómicos y culturales implementados (di Tella 1997; Quijano 1998; Savarino 1998; Lynch 2000; Vilas 1994b, 2003, 2006). El formalismo de la mayoría de los enfoques reduccionistas permitió desentenderse de los contenidos y los efectos de las acciones y olvidar que en política lo que marca las identidades y las diferencias no son las intenciones o las formas, sino los resultados. Al contrario de la consigna de George W. Bush (read my lips), para entender la política suele ser más útil lo opuesto: watch my deeds. O, de acuerdo a la consigna de Perón: “Mejor que decir es hacer”.

 

2.  Democracias de transformación y de conflicto

Las crisis económicas y políticas que estallaron en varios países de América del Sur a fines de la década pasada e inicios de la actual crearon condiciones para que los procesos electorales permitieran el acceso al gobierno de nuevas coaliciones de fuerzas, muchas de las cuales habían sido protagonistas del enfrentamiento a los diseños macroeconómicos e institucionales del llamado “Consenso de Washington”. Me refiero particularmente a los casos de Venezuela, Ecuador, Bolivia, y en cierto sentido también a Argentina. La formación de estos gobiernos renovó el interés de los académicos tanto como la preocupación de algunos actores de la política respecto de lo que se considera el resurgimiento de un populismo (por alguno de los aspectos señalados en la sección anterior) radical (por la ejecución de ciertas políticas y algunas realineaciones geoestratégicas, y la intensificación del conflicto social). Los populismos “clásicos” (Panizza 2005) o “viejos” (Freidenberg 2007) del siglo veinte, que se creía liquidados por sus propios fracasos, por las reacciones conservadoras y los golpes militares y más recientemente por el neoliberalismo, y sucedidos por los “neopopulismos” del “Consenso de Washington”, resucitarían ahora, cual versión criolla del ave fénix, de entre los escombros de las crisis y las revueltas sociales.  

 

A su vez, estas experiencias formarían parte de un aparente giro de orientación de la política latinoamericana hacia lo que algunos califican de “nueva izquierda”, otros de “centro-izquierda”, otros más de “izquierda moderna”, por diferencia con la “vieja izquierda” comunista, socialista, revolucionaria, anticapitalista, pero que al mismo tiempo presentaría algunas reminiscencias, o resonancias, de los temas (¿viejos? ¿permanentes? ¿inacabados?) del populismo del siglo pasado: estímulo a la organización y la movilización social, nacionalización de empresas y recursos estratégicos, ampliación de las regulaciones e intervenciones del estado, articulación entre partidos políticos y organizaciones sociales, mayores márgenes de autonomía en política exterior, un discurso que pone énfasis en la soberanía popular como garante de la soberanía nacional  (Vilas 2001, 2005;  Roberts 2003; Ellner 2003; Tremblay 2004; Laclau 2006; Paramio 2006, 2008; Pelfini 2007; Archondo 2007; Calderón 2007; Laserna 2007; etc.).

 

Todos estos gobiernos surgieron de las crisis profundas que estallaron en la región como efecto de una variedad de factores entre los que destacan los resultados aportados por las políticas ejecutadas desde mediados de los años ochentas. La caída de los niveles de empleo formal y de los ingresos reales, la fragmentación de los mercados de trabajo y las altas tasas de desempleo o subempleo,  el deterioro de un amplio arco de servicios públicos, la crisis de los sistemas públicos de atención a la salud, educación y seguridad social impactaron en el crecimiento de la pobreza y la indigencia y agravaron severamente las desigualdades sociales. Durante los años del experimento neoliberal la desigualdad del ingreso aumentó significativamente en la región en su conjunto y, con algunas excepciones, en cada uno de los países, revirtiendo la tendencia que se había registrado hasta inicios de la década de 1980. El crecimiento de la pobreza y el ahondamiento de las desigualdades sociales tuvieron lugar al mismo tiempo que se recuperaba el crecimiento de la economía; además de desmentir la hipótesis del “derrame”, la percepción de la distribución desigual de esos frutos contribuyó a deslegitimar al sistema político que toleraba según algunos, promovía según otros, este resultado (Vilas 2007; De Ferranti 2004).

 

La conflictividad de los escenarios sociales se proyectó sobre los sistemas políticos. Los gobiernos más comprometidos en la ejecución del programa neoliberal cayeron como efecto de tremendas convulsiones sociales; debieron concluir sus mandatos antes de los plazos estipulados constitucionalmente o perdieron las siguientes elecciones generales. Junto a los gobiernos cayeron o sufrieron fraccionamientos o retrocesos electorales severos los partidos políticos que de una u otra manera habían apoyado los esquemas neoliberales y contribuyeron desde el gobierno o los parlamentos a su ejecución. Su responsabilidad en las políticas de ajuste neoliberal se combinó con la difusión pública de frecuentes casos de corrupción oficial –muchos de ellos directamente relacionados con el diseño e implementación de esas políticas—y potenciaron  la ira social. Partidos de larga trayectoria abandonaron el centro de una escena política que habían hegemonizado durante décadas (Movimiento Nacionalista Revolucionario en Bolivia, Acción Democrática y COPEI en Venezuela,  Partido Justicialista y Partido Radical en Argentina, Roldosismo en Ecuador...) y tuvieron que competir en desventaja con nuevas organizaciones (Frente Grande, Causa R, CONDEPA...) que a su turno también cayeron víctimas del torbellino político que no excluyó manifestaciones de violencia y masivas represiones de la protesta social. Ambas dimensiones –socioeconómica y política-- de la crisis contribuyeron a devaluar la opinión del público respecto de la política, sus instituciones (partidos, parlamentos, tribunales) y los políticos, sin perjuicio de la sostenida y mayoritaria valoración positiva de la democracia (por ejemplo Corporación Latinobarómetro 2006). La crisis de representación, que en la mayoría de los análisis era referida básicamente al impacto de la globalización económica y financiera y al surgimiento de actores y fuerzas transnacionales en las capacidades de gestión de los sistemas políticos, adquirió niveles exponenciales en los nuevos escenarios.   Pero en lugar del proclamado fin del estado (Ohmae)  o de la democracia (Guéhenno), dio paso a una recuperación de las capacidades regulatorias y de intervención del estado y a estas variantes de democracia insurgente sobre las que cobrarían forma los “populismos radicales”.

 

Ponerse de acuerdo sobre lo radical de estos experimentos es tan difícil, o trivial, como acordar sobre los conceptos de izquierda o derecha. Todos aluden a posiciones relacionales, y no siempre es posible deslindar con claridad, en la conclusión a que se arribe, entre los hechos objetivos y la subjetividad de los autores: cuanto más conservador es el observador, más izquierdistas o “radicales” descubre.[7] Por eso me parece más fructífero, y seguramente más serio, señalar simplemente que estos “populismos radicales” surgidos de las competencias electorales en esos escenarios llaman la atención no tanto por los estilos de hacer política de sus principales dirigentes, que ya hemos visto son frecuentes en una variedad amplia de gobiernos y sistemas políticos, como por las decisiones que toman y, en consecuencia, por la construcción de los apoyos y antagonismos que hacen posible la toma de ciertas decisiones.

 

Apuntando más a lo que tienen en común que a lo mucho que los diferencia, se trata de gobiernos, y más ampliamente de regímenes políticos, que podemos caracterizar como democracias de transformación.  Lo genéricamente democrático refiere a un conjunto de variables y procedimientos referidos a la participación ciudadana en la elección y renovación de los cargos políticos, a la conceptualización misma de la población como pueblo de ciudadanos, a la vigencia efectiva de derechos y deberes garantizados por el control de los medios de coacción por un estado legitimado por el origen del poder que él institucionaliza en la expresión libre de la voluntad ciudadana, y a la codificación de todo esto en textos constitucionales elaborados y redactados en asambleas públicas convocadas y elegidas, también ellas, por procedimientos electorales competitivos. Debe agregarse asimismo que se trata de democracias que han incorporado, o están haciéndolo, nuevas dimensiones de derechos a los tradicionales de la concepción individualista liberal o a los derechos sociales del constitucionalismo del siglo pasado: los llamados derechos “de tercera generación”.

 

La diferencia específica radica en que se trata de democracias orientadas a la transformación de las relaciones preexistentes de poder a través de la reasignación de recursos económicos e institucionales, materiales y simbólicos, e incluso a una nueva construcción estatal, en la medida en que el estado es siempre expresión de una estructura de poder: cambiando ésta, antes o después cambia también su expresión institucional como estado.  La profundidad, contenidos  y alcances (la “radicalidad”) de esas transformaciones presentan diferencias entre los diferentes casos, pero es en mi opinión el elemento que identifica al conjunto. En todos ellos la conflictividad se potencia, porque lo que está en juego no es tanto la administración de un esquema de poder introduciendo algunas modificaciones en aspectos puntuales, sino el reemplazo del esquema de poder hasta entonces establecido y su sustitución por otro.

 

La vehemencia de los discursos, la intensa emocionalidad de las acciones, ilustran los elevados niveles que alcanza la confrontación de intereses en estos escenarios. Si la política en tiempos normales se ajusta razonablemente bien al paradigma teórico de la deliberación entre iguales del liberalismo constitucional y los enfoques arendtianos o habermasianos, la política de estos tiempos extraordinarios se explicita en toda su contundencia como “pasión y lucha”, que decía Max Weber, entre otras causas porque los iguales son ahora muchos más. En consecuencia las democracias de transformación son, inherentemente, democracias de conflicto, y la intensidad del conflicto está vinculada a la profundidad y alcances de las transformaciones intentadas, a las resistencias que se le oponen, y a los estilos y las trayectorias de los actores que se ubican a uno y otro lado de las líneas de fractura. La construcción de consensos sólo parece posible una vez que las rupturas se cierran a partir de una nueva definición de quiénes se erigen como ordenadores del conjunto a partir de las transformaciones que se introducen en la sociedad y quiénes se ajustan a los nuevos términos de las relaciones de poder, acompañan y colaboran a través de las nuevas prácticas sociales y las instituciones así constituidas.

 

En ausencia de instituciones que gocen de una amplia y consistente legitimidad, la política se personaliza mucho más allá de lo usual. El proyecto político, sea cual fuere, ya o todavía no es el de un partido o coalición de partidos sino el de su dirigente máximo, constituído como tal por la acción colectiva y ratificado por la vía electoral; las instancias organizativas, que siempre existen, se desempeñan básicamente como mecanismos de legitimación formal y de operacionalización de las líneas de acción que son “bajadas” desde las altas esferas. Algunos autores han interpretado esto como un efecto persistente del tradicional caudillismo hispanoamericano (por ejemplo Wiarda 2004) cuando no de la impenitente incultura de las masas. En realidad la fuerte gravitación del poder personalizado es un rasgo recurrente en los momentos fundacionales de un nuevo estado o de un nuevo régimen político, cuando la propia volatilidad de los procesos porque aún no se ha consolidado la diferenciación entre ganadores y perdedores, no ofrece las condiciones necesarias para alcanzar una estabilidad que permitiría alcanzar un funcionamiento normal de las instituciones y a un prolijo cumplimiento de las normas. Pero la realidad demuestra, en primer lugar, que tal evolución no es inminente o visible en el corto plazo, por la magnitud de las transformaciones impulsadas y la fuerte oposición interna y externa que suscitan en quienes pierden poder con ellas. Tampoco es inevitable, porque las condiciones para la institucionalización formal no son de generación espontánea y la propia duración e intensidad del conflicto contribuyen a que muchos de esos liderazgos se extiendan en el tiempo, contribuyendo a generar un efecto de acostumbramiento colectivo. Este ida y vuelta –que no es exclusiva de los populismos, radicales o no-- entre una personalización fuerte producto conjunto de la intensidad y prolongación del conflicto y la debilidad institucional, y una debilidad institucional a la que de hecho contribuyen la fuerte personalización y el particularismo de las relaciones políticas, se encuentra en la base de la búsqueda de reelecciones ilimitadas como forma de dar continuidad a un programa que existe ante todo en el dirigente y en estructuras informales de poder.

 

En el constitucionalismo latinoamericano, diseñado en este y otros aspectos bajo la influencia de la Constitución de los Estados Unidos, un número importante de decisiones está asignado al Ejecutivo; esta asignación se amplía en las democracias encaminadas hacia la transformación social, y ello con independencia de su orientación ideológica. En las “democracias delegativas” del neoliberalismo de las décadas de 1980 y 1990 los presidentes se beneficiaron de prerrogativas delegadas formal o fácticamente por el parlamento al mismo tiempo que incrementaron el control sobre el poder judicial. Esto facilitó la implementación del programa del “Consenso de Washington” en Perú, México, Brasil, Ecuador, Argentina, y granjeó el apoyo del gobierno de Estados Unidos y de los organismos internacionales en los que ese gobierno posee fuerte capacidad de decisión. Hoy, al contrario, las democracias del populismo radical están dedicadas a avanzar el cambio en otras direcciones. El decisionismo de Hugo Chávez, de Néstor Kirchner o de Rafael Correa no es más intenso ni más evidente  que el de Carlos Menem, Alberto Fujimori o Carlos Salinas de Gortari. Sólo el contenido de las decisiones ha cambiado, como también cambió la identidad de los que ganan y los que pierden con esas decisiones. Es posible que sea esto lo que explique en definitiva las contradictorias valoraciones suscitadas por unos y otros “decisionismos”.

 

La conflictividad que rodea al populismo radical se registra asimismo en el plano regional e internacional. La reactivación de los mecanismos regionales de integración, la celebración de acuerdos de complementación energética o productiva, la coordinación de acciones de política exterior, el involucramiento conjunto en la resolución de crisis políticas en algunos países del área, entre otras, indican una revalorización del plano regional para potenciar el éxito de las estrategias nacionales e incrementar los márgenes de acción en el plano internacional. La construcción de espacios de mayor autonomía en la definición de los objetivos de la política exterior y en el desarrollo de capacidades decisorias implica asumir la diferenciación respecto de las perspectivas y los enfoques que presiden la política hacia América Latina y el Caribe de los actores dominantes en la globalización. Este viraje en las políticas internacionales explica las preocupaciones del gobierno de Estados Unidos respecto de estas experiencias –explicitadas, por ejemplo, en difundidos conceptos de la entonces Secretaria de Estado Condoleeza Rice (2005) o el Jefe del Comando Sur, el general James Hill (2003, 2004). Para el gobierno del ahora ex presidente George W. Bush, el “populismo radical” tenía  una estrecha relación de afinidad con los estados malandrines (rogue states) en los términos que los caracteriza la “Estrategia de Seguridad Nacional”, una especie de precursor político-ideológico del terrorismo internacional y el narcotráfico. El cambio de autoridades no parece haber modificado, hasta el momento de escribirse estas líneas, este aspecto de la política exterior de Washington hacia esta parte del mundo.

 

3.  Populismos y política representativa

            Los populismos, por las características señaladas, tienen una relación incómoda con la política representativa, pero no con la democracia. Puede objetarse  que desde hace por lo menos dos siglos la única manera de hacer más o menos efectiva la democracia es recurriendo a sistemas de representación política.  Esto es cierto, pero también lo es que el modo en que la democracia representativa ha funcionado y aún funciona por estos rumbos no es mucho lo que tiene que ver con lo que la teoría plantea, y esto cabe tanto para el populismo como para regímenes más convencionales. Gran parte de las confusiones respecto de esta relación se debe a que las disquisiciones tienden a circular por las amplias avenidas de una abstracción carente de polos a tierra, más que por los meandros pantanosos de la política realmente existente.[8] De tal modo que lo relevante para entender estos fenómenos la pregunta crucial que habría que tratar de responder, o el asunto a discutir, es por qué los regímenes considerados populistas plantean estos tensionamientos “por arriba” y “por abajo” con los formatos teóricos de la democracia representativa, y qué matriz de relaciones se teje, en determinados escenarios y en ciertos momentos, entre procesos sustantivos y explicitaciones formales.

 

Los “populismos radicales”, como el populismo en general, plantean ciertamente una situación ambigua respecto de la democracia representativa: son producto de su crisis pero al mismo tiempo los mecanismos de la democracia representativa les permiten llegar al gobierno; participan de la dinámica de partidos pero la incorporan a una matriz formal tanto como informal de articulaciones con organizaciones sociales que, por la dinámica de los acontecimientos, adquieren un notorio protagonismo público (sindicatos, organizaciones de desocupados, movimientos de identidad étnica, ecologistas, de mujeres, y todas sus combinaciones posibles) y que reivindican y ejercen autonomía respecto del poder político en una variedad cuestiones. Recurren a las elecciones para ratificar liderazgos que ya existen en los hechos, sumando a la legitimidad sustantiva del demos la legitimidad legal de las instituciones. Las disonancias que se registran se deben tanto a algunas concepciones ideológicas o doctrinarias de quienes conducen el proceso como a los condicionamientos planteados por los escenarios en que esos procesos se desarrollan; es en estos escenarios que se generan oportunidades para poner en práctica aquellas ideas. En sociedades  fragmentadas por profundas desigualdades socioeconómicas, regionales, étnico-lingüísticas y de género, no es suficiente ponerse de acuerdo sobre las “reglas del juego”, como usualmente se dice. Debe existir también y sobre todo un acuerdo sobre cuál es el juego en el que estamos participando: la preservación de una extraordinaria concentración de recursos que sectores grandes de la ciudadanía consideran injusta y ciertamente lo es, o las transformaciones sociales y políticas en consonancia con las aspiraciones de esas mayorías; escenarios en los que, ya se vio, esas aspiraciones encontraron cauces de expresión por las vías de los hechos más que de los procedimientos institucionales, y fueron encaradas por los actores del poder de la misma manera.

 

Cuando las inequidades sociales alcanzan la profundidad y la magnitud de los niveles que se registran en la mayoría de nuestras sociedades, es inevitable que quienes han sido forzados a cargar con los costos de la reestructuración capitalista del pasado reciente adhieran con entusiasmo a las perspectivas que se les abren de mejorar las cosas sin preguntarse mucho respecto de la compatibilidad de esas perspectivas con determinados formatos institucionales, del mismo modo que quienes preservaron o incrementaron su participación en los beneficios están determinados a defenderla con dientes y uñas sin hacerle asco a determinado procedimientos. Como señaló Herman Heller en vísperas de la debacle de la República de Weimar, “Hay un cierto grado de homogeneidad social sin el cual no resulta posible la formación democrática de la unidad. (...) Sin homogeneidad social, la más radical igualdad formal se torna la más radical desigualdad y la democracia formal, dictadura de la clase dominante” (Heller 1985:262, 265). Me parece ilustrativo que en un sondeo de alcance continental casi tres cuartas partes de los entrevistados respondieran que, cuando los poderosos ejercen el gobierno, éste funciona básicamente para el beneficio de ellos (Informe Latinobarómetro 2006:65-66). Como en una ocasión resumió el sociólogo brasileño Octavio Ianni “En América latina las élites no se comportan como dominantes, sino como conquistadores”.

 

La tensión manifiesta entre la democracia representativa y los populismos radicales no refiere únicamente a los gobiernos y sus dirigentes, a sus organizaciones políticas o sociales y al modo en que observan los procedimientos institucionales. Lo mismo cabe para quienes actúan como fuerzas de oposición. Perdida o reducida su gravitación institucional por efecto del ejercicio mismo de la democracia representativa, sin fuerzas para competir por mayorías parlamentarias o para disputar los cargos del ejecutivo, los grupos negativamente afectados por las transformaciones en curso ponen el acento en el despliegue de poderes fácticos: el golpe de estado, la desestabilización económica, la manipulación informativa. Las organizaciones que expresan intereses corporativos y las cadenas de multimedios desempeñan el papel que en escenarios más convencionales correspondía a los partidos políticos conservadores. 

 

La preocupación de Tocqueville respecto del peligro de que en la democracia la mayoría oprima a la minoría funciona generalmente al revés en estas latitudes. Para porciones mayoritarias de la población pobre, campesina, indígena, para los jóvenes y las mujeres, para los trabajadores, los criterios y los formatos del liberalismo actúan menos para promover su libertad y sus derechos que para preservar los mecanismos de su opresión.[9] Para una población para la que el acceso a la justicia y el ejercicio de los derechos individuales del liberalismo son poco más que frases vacías, no debe extrañar que el acotamiento de esos derechos para algunos sectores de las élites sea visto con indiferencia, o como una prueba de que ¡finalmente! algo de justicia ha llegado. Esto no es bueno ni malo: es inevitable, al menos por un tiempo, es decir hasta que las nuevas relaciones de poder se decanten y puedan ser sistematizadas y objetivadas como relaciones institucionales formales y las nuevas ideas de igualdad y de justicia adquieran positividad en leyes, constituciones, normas y procedimientos objetivos. Pero esto depende también, en el populismo como en todos los regímenes políticos, de la calidad del liderazgo y de la existencia de mecanismos y criterios y controles que contribuyan a optimizar esa calidad –mecanismos, criterios y controles cuya debilidad o inexistencia contribuye a sesgar más las cosas hacia el decisionismo y la subjetividad. Las democracias de transformación de los “populismos radicales” se desenvuelven así siempre tironeadas entre las prevenciones de Tocqueville, la tozudez y el anacronismo de las élites, y las fantasías del poder ilimitado. En consecuencia pueden ser interpretadas tanto como la creación de las condiciones para una democracia social de alta densidad representativa y participativa, o como el camino que conduce a formas crecientes de autoritarismo, y esto último tanto por el engolosinamiento de sus dirigentes con el poder a expensas del “proyecto”, como por la eficacia de las élites en preservar sus posiciones amenazadas.

 

Las disonancias entre populismos y política representativa pueden ser vistas también  como efecto del formalismo y las limitaciones de la segunda para dar cuenta de la dinámica de la política en momentos en que lo que se discute es la titularidad efectiva del poder también efectivo, y no ya, o no todavía, las formas en que ha de administrárselo. Los conflictos que el populismo expresa y a los que busca dar solución son de esta índole: no se trata de reformar el estado sino de crear un estado a partir de una nueva constelación de relaciones de fuerza que aún no está consolidada. En la perspectiva que he tratado de desarrollar en esta presentación, el momento populista –y ese momento puede ser prolongado- es un momento fundacional. Es un momento en el que están en juego concepciones antagónicas de los temas fundamentales de la política: el ejercicio de derechos, la concepción y la vigencia de la justicia y de la democracia, los fines hacia los que se ordena el conjunto social. La gravitación del debate y los choques acerca de los contenidos obliga a un repliegue de la preocupación por las formas y los procedimientos tanto por los que avanzan como por los que resisten o retroceden, hasta que nuevos equilibrios sean alcanzados.

 

Finalmente, quiero traer a colación una recomendación metodológica de John Rawls (no son tantas las ocasiones que tengo para coincidir con Rawls que no quiero dejar pasar ésta). Dice Rawls en su Teoría de la justicia  que, en las discusiones y análisis acerca de la justicia y la igualdad, debemos adoptar siempre “la perspectiva del más desfavorecido”, porque esa es la que permite llevar a la práctica una concepción más plena de justicia y de igualdad (Rawls 1979). En esta perspectiva del “más desfavorecido”, me parece evidente que más allá de las características personales, los estilos o la retórica de sus principales figuras públicas, el “populismo radical” también pude ser visto como el modo de hacerse efectivos los empeños emancipatorios de grandes sectores de la población obligados a hacerse cargo de los enormes costos sociales de la reestructuración capitalista del pasado reciente. Expresan por lo tanto su búsqueda de un trato justo y reparatorio, su inserción efectiva en un sistema de derechos ciudadanos y de bienestar abierto a sus necesidades y aspiraciones, el reconocimiento de su dignidad.

 

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REFERENCIAS

 



(*)  Presentado en el Seminario Internacional Populismo y democracia en el mundo contemporáneo. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y Programa de Postgrado Centroamericano en Ciencias Sociales. Antigua Guatemala, 12-14 de agosto 2009.

[1] Cuando los enfoques multidimensionales del populismo destacan su carácter histórico, o históricamente situado, no están aludiendo a una fijación cronológica del populismo sino a su condición de ser el resultado de la articulación contingente de una variedad de elementos producto de determinadas configuraciones socio-económicas, culturales, políticas, etc. nacionales e internacionales y del conflicto social resultante, que sitúa esos ingredientes en sus relaciones recíprocas y les acuerda significado. La confusión entre lo histórico y lo meramente crónico es común a la mayoría de las visiones unidimensionales del populismo a las que me refiero más abajo.

[2] Ha sido señalado que la única excepción a esto fue la del narodnichestvo ruso de la segunda mitad del siglo diecinueva (Taggart 2002a), pero me parece que esto expresa más que una limitación, o elección, ideológica, una elemental adaptación al escenario político de la Rusia zarista: si algo no puede predicarse de ésta, es la existencia de un sistema de democracia representativa.

[3] “¿Qué espera la gran mayoría de los ciudadanos? Sueñan, por supuesto; pero este sueño no es suyo. Es un espíritu menos cívico, sueñan con la supresión de la otra distancia, la que separa sus deseos personales o colectivos inmediatos de su realización siempre muy diferida, en nombre de las complicaciones de la acción política. Ahora bien, los populistas dicen que este deseo onírico podría verse satisfecho sin cambios profundos ni revolución dolorosa siempre y cuando confíen en ellos” (Hermet 2003).  En un texto reciente Silvia Sigal recurre al concepto weberiano de “relación carismática”, más que “liderazgo carismático” para llevar a cabo una acertada crítica al modo banal en que el “carisma” del líder es enfocado por la mayoría de los estudios sobre el populismo y en particular el papel pasivo que se asigna a las clases populares (Sigal 2008). Aunque referido al peronismo, su análisis es pertinente para otros casos similares.

[4] El problema de Laclau es su rechazo de la noción gramsciana de hegemonía en cuanto ve en ella una excesiva gravitación de los referentes de clase y, en definitiva, socioeconómicos (Laclau & Mouffe 1985). Pero si uno deja de lado la innecesaria complejidad de su estilo literario, queda claro que “populismo” cumple en el edificio intelectual de Laclau el mismo papel que la hegemonía desempeña en la construcción teórica de Gramsci. Vid también, en sentido parecido, Hermet (2001, cap. V).

[5] Es ilustrativa la comparación de la caracterización del pueblo en el discurso dirigido por Juan Domingo Perón el 17 de octubre de 1945 a la multitud de trabajadores en la Plaza de Mayo de la ciudad de Buenos Aires (Plotkin 2007:104-110) y en el alegato pronunciado por Fidel Castro en 1953 ante el tribunal que lo enjuició por el asalto al Cuartel Moncada (Castro 1981).

[6] La proliferación de neopopulismos también dio lugar a situaciones curiosas: un mismo caso bajo examen podía ser considerado populista y no populista, según el reduccionismo por el que se optara. En Sudamérica las presidencias de Carlos Menem en Argentina y de Alberto Fujimori en Perú fueron presentadas como sendos ejemplos de “neopopulismo neoliberal” en virtud de los estilos de conducción política, el fuerte personalismo de los presidentes y la concentración de las principales decisiones en los más altos niveles del ejecutivo; esos mismos casos fueron caracterizados en cambio por autores ligados al Banco Mundial como verdaderos titanes en el desmantelamiento del populismo, a causa de sus políticas macroeconómicas acertadas –es decir, neoliberales (Burki y Edwards 1996). Cammack es a mi juicio el intento más serio de sortear estas situaciones; su estudio vincula la funcionalidad de ciertas características personales del liderazgo político para la ejecución de los programas neoliberales, en escenarios en los que por varias razones no es posible recurrir a dictaduras militares o instrumentos similares (Cammack 2000). Pero su mirada se queda en lo descriptivo, sin indagar o plantear hipótesis de los motivos que llevaron a esos gobiernos a ejecutar políticas opuestas a las que ofrecieron durante las campañas electorales: ¿perversión, mendacidad o picardía de los dirigentes? ¿cambio sobreviniente de los escenarios? ¿fractura de las coaliciones electorales?

[7] Tengo la impresión que esto de lo radical –planteado también por algunos autores respecto de una “democracia radical”, una “ciudadanía radical”, etc.-- tiene que ver con el desencanto respecto de propuestas de enfrentamiento al capitalismo y sus modalidades de existencia política e institucional y su “superación” por algún tipo de socialismo. Los experimentos “radicales” plantearían la posibilidad de explorar y hacer efectivas todas las posibilidades de democracia, ciudadanía, etc. del liberalismo hasta tocar los límites del capitalismo; de ahí también el énfasis asignado a lo político por diferenciación con lo económico y lo social. Por supuesto, no son éstos el lugar ni la ocasión para desarrollar mi argumento pero no quería dejar de “tirar la piedra”.   

[8] Realidad que, manifestaciones institucionales o legales aparte, refiere siempre a lo mismo en cualquier  lugar del mundo: el poder. 

[9] En un libro reciente Ileana Rodriguez  desarrolla, con prosa intensa, nuevos argumentos sobre las funcionalidades y los límites del liberalismo político en estas sociedades (Rodriguez 2009).